Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) denunciaron el incumplimiento por parte de las autoridades del Estado a los compromisos que asumieron en 2023, luego de que la UMSA presentó resultados alarmantes de contaminación por Mercurio en un estudio denominado “Impacto de la Minería en Comunidades Indígenas”.
Entre los principales compromisos asumidos figuran el ingreso de las FFAA, el apoyo de brigadas médicas y el cumplimiento a la acción popular que protege sus derechos. Aclararon que en caso de no ser atendidos recurrirán a instancias internacionales.
Respecto a la acción popular presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, los pueblos indígenas solicitaron un apersonamiento ante este este Órgano Judicial, exigiendo la ratificación de la acción popular para proteger sus derechos contra la minería ilegal.
Según datos de las 36 comunidades indígenas que viven en las orillas de los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes los ríos Kaka, Alto Beni, Tuichi y Quiquibey cuatro comunidades están seriamente afectadas por la minería ilegal.
(RTP)
