La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechaza el Decreto Supremo 5676 y considera que la norma castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que se supone debe atacar. Afirma que la medida golpea al pequeño, mediano y grande agricultor mientras deja intacta la cadena irregular que desvía diésel subvencionado hacia el mercado ilegal. El nuevo precio de Bs 18 por litro, que comprende a quienes adquieren arriba de 120 litros por mes, representa el consumo de un solo tractor pequeño trabajando pocos días. “Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, enfatiza Abraham Nogales, presidente de Anapo. El representante de casi 14.000 productores se soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol que cultivan suelo cruceño denunció que existe una cadena de comercialización irregular de diésel, que opera desde hace meses sin que las autoridades la hayan desmantelado, y que ese circuito es el que debería ser objeto de la medida gubernamental para tener una solución estructural al problema de desabastecimiento. “Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esa cadena ilegal de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, lamenta el Presidente de Anapo. Para los productores, las instancias de control no pueden seguir tolerando a quienes lucran con las irregularidades alrededor de la distribución del diésel. “Exigimos que esto sea investigado y esclarecido”, afirma Nogales. Por otro lado, a través de un comunicado, Anapo enfatiza que el sector productivo representa el 17% del consumo nacional de diésel. Por tanto, la medida no significa la eliminación de la subvención ni tendrá un impacto económico importante en la reducción del presupuesto del Estado destinado a la compra de ese combustible. En línea con lo manifestado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la dirigencia del sector oleaginoso considera que el impacto del incremento se trasladará a toda la cadena de alimentos, justo en pleno proceso de cosecha de granos estratégicos como el sorgo, el maíz, el trigo y el girasol producidos en la campaña de invierno y cuando se acerca el inicio de la campaña de verano, la más importante del país. La institución aclara que su rechazo no apunta a mantener el actual esquema de subvención, sino a un decreto que afecta de forma radical al eslabón más débil de la cadena. “Probablemente habrá unidades productivas que se cierren, pequeños y medianos productores que dejarán de producir; eso se traducirá en una menor oferta”. El comunicado de Anapo afirma que, si bien el sector oleaginoso es tomador de precio, la menor oferta de productos significará un incremento en la canasta familiar, ya que la soya, el trigo, el maíz y el sorgo son granos dirigidos a varias cadenas de producción de alimentos como la carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, leche, huevo y otros, indispensables para la seguridad alimentaria del país. Es decir, “las personas que hoy se sienten a salvo de la medida serán quienes terminen pagándola en el precio final de los alimentos”, advierte la entidad “El sector manifestará esta posición en el Congreso Extraordinario, convocado por nuestra entidad matriz, la CAO, para próximos días”, anuncia Nogales. ANAPO
