Economía

La ciudad de El Alto se prepara para vivir la primera edición de la Expo El Alto, un evento que reunirá productividad, cultura y celebración en un solo espacio. La cita será del 5 al 14 de marzo en la Terminal Metropolitana alteña, en el marco de los 41 años de aniversario de la capital de los Andes. Durante diez días, emprendedores, productores y artistas mostrarán el potencial económico y cultural que caracteriza a la urbe más joven y pujante del país. Los organizadores, Gary Saavedra y Paola Corihuanca, invitan a la población a ser parte de esta gran fiesta que busca impulsar el talento local y fortalecer la identidad alteña. YENNY TICONA-RTP

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que un primer lote de 17 toneladas de aditivos, que incluyen antioxidantes y detergentes, ya llega al país y será utilizado para reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución, desde su ingreso al sistema hasta su llegada al consumidor final. “Esta iniciativa forma parte de un programa integral de mejoras operativas en el sistema logístico de combustibles, impulsado por YPFB para fortalecer la calidad y desempeño de la gasolina que se comercializa en el mercado nacional. Los antioxidantes ayudan a evitar que la gasolina se degrade con el tiempo, manteniendo su calidad durante el transporte y almacenamiento. Por su parte, los detergentes contribuyen a optimizar el sistema de combustible de los vehículos, ayudando a mantener los motores en mejores condiciones de funcionamiento”, se lee en el comunicado de la estatal. Al respecto, el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia, Miguel Bonilla, explicó a RTP que todo el problema no es el etanol sino la baja calidad de la gasolina lo que daña los motores. ” Si tenemos una calidad de 85 de octanos con etanol no mayor a 12% no hay problema. El lío es que ahora tenemos calidad baja”. Según el Transporte Libre de La Paz, cerca de dos mil vehículos reportan serios daños y acordaron con el Gobierno un pago en efectivo. Con relación a los aditivos, dijo que si bien puede ayudar al rendimiento no se debe hacer de forma frecuente y que se deben realizar la pruebas pertinentes porque los motorizados de Bolivia son diferentes a las de otros países. “Las concesionarias tienen otro tipo de garantías”. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incorporará, desde la próxima semana, los aditivos en la gasolina con apoyo de la firma internacional Intertek, para mejorar el rendimiento y proteger los motores sin afectar la calidad del combustible, según publicó Visión 360. En tanto, Brújula Digital informó el 12 de febrero que la británica Intertek recibió tres notas de adjudicación para que cumpla con los “servicios de inspección en plantas de almacenaje para la importación de hidrocarburos – gestión 2026” en Perú, Paraguay, Argentina y Chile. El anuncio de los aditivos se da en medio de los problemas generados por la distribución de combustible de mala calidad. Los choferes del sector público denunciaron que más de 7.000 de sus vehículos fueron afectados por este combustible y lograron un acuerdo para un pago de daños en efectivo. YPFB admitió que el combustible tenía un grado superior de goma y manganeso. “Una multinacional” “Intertek es una multinacional con mucha experiencia en temas de dosificaciones, detergentes y antioxidantes en la gasolina y están previendo una dosificación para los combustibles. Esta es una medida adicional que refuerza los sistemas de almacenaje y transporte en cisterna, el efecto es inmediato y nos coloca en un nivel internacional de distribución”, explicó YPFB. Carlos Velasco, presidente de Latinoamérica y Global Building & Construction en Intertek, se reunió con el presidente de YPFB, Yussef Akly, y expresó que la multinacional coadyuvará a la empresa petrolera a contar con un sistema integrado no solo con los aditivos, sino también con laboratorios especializados. “Nos pusimos a disposición para poder tocar temas de transferencia de custodia, control de calidad y también sobre la necesidad de contar con capacidades de ensayos de laboratorio que hoy en Bolivia son limitadas”, afirmó Velasco. Intertek es una empresa global que tiene presencia en más de 100 países. Cuenta con 45.000 colaboradores y posee más de 1.000 oficinas y laboratorios en el mundo. Esta empresa es líder en el control de calidad y la supervisión de transferencia de custodia. Trabaja con empresas petroleras, traders, refinerías y otros. En Bolivia desarrolla actividades desde hace más de 20 años, según una nota institucional. YPFB, RTP y VISIÓN 360

El accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, que transportaba billetes de la serie B desde Santa Cruz a La Paz, desató incertidumbre en redes sociales y cuestionamientos sobre la validez de estas divisas. Usuarios, periodistas, economistas y abogados expresan opiniones mientras el Banco Central de Bolivia aclara que los billetes involucrados en el siniestro no tienen valor legal. Una usuaria de RTP relató que en Sucre no quisieron aceptar billetes de la serie B y preguntó con desconcierto: “¿Ahora qué podemos hacer?”. La periodista Claudia Soruco también expresó dudas en su cuenta de X: “Acabo de sacar del cajero billetes de Bs 10 de la serie B. Algo no cuadra, el accidente sucedió a las 18.00”. El economista Gonzalo Chávez explicó que quienes obtuvieron los billetes de forma legal deben canjearlos en el BCB por otra serie o su equivalente. Aclaró que los billetes recogidos tras el accidente “no sirven ni para comprar un chicle”, ya que el BCB tiene registrada la serie y número como inhabilitados. En X, un usuario identificado como Fernando señaló que el canje requiere acudir a una entidad financiera con los billetes obtenidos legalmente y presentar doble fotocopia del carnet. Otro internauta, Stefan Cruz, recordó que se trata de la nueva generación de divisas, denominada Primera Familia de Billetes, que comenzó a llegar al país el año pasado. Un especialista financiero sugirió modificar la configuración de los cajeros automáticos para impedir que acepten billetes de la serie B. El abogado Franz Barrios Gonzales criticó al BCB al afirmar que las máquinas están “inundadas de divisas de esas series inhabilitadas” y cuestionó que el presidente del ente emisor, David Espinoza, ya cumplió su interinato de 90 días. En X escribió: “Tras el incidente aéreo, el BCB anuncia la inhabilitación de los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de una misma serie ya en circulación. Una metida de pata que siembra mayor incertidumbre sobre una divisa sin poder adquisitivo”. Otros usuarios aclararon que los billetes de la serie B con numeración que comienza en “0” están en circulación desde el año pasado y deben ser canjeados en el BCB, mientras que los que inician con “1” y “2” corresponden a los cortes prohibidos vinculados al accidente. Incluso se cuestionó la decisión de quemar los billetes recuperados del siniestro. “Mejor era pintarlos, perdiendo así la única oportunidad de determinar cuánto es la masa monetaria que estaría ingresando ilegalmente a la economía”, opinó un internauta. Informe oficial El BCB emitió un comunicado el 27 de febrero en el que estableció que los billetes involucrados en el accidente “no tienen ningún valor legal y su tenencia o uso constituye un delito”. El ente emisor recordó que el 27 de enero de 2025 suscribió un contrato con la empresa Crane Currency Malta Limited para la provisión de 966,8 millones de piezas de billetes de la nueva familia Serie B, en cortes de Bs 200, Bs 100, Bs 50, Bs 20 y Bs 10. Hasta la fecha, Crane entregó 9 embarques por un total de 636,4 millones de piezas, quedando pendientes 4 embarques. El embarque N.º 10, con billetes de Bs 50, Bs 20 y Bs 10, llegó a Viru Viru el mismo 27 de febrero sin contratiempos. El accidente ocurrió durante el traslado de parte de ese embarque hacia La Paz. En un nuevo comunicado, el BCB precisó que quienes cuenten con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B obtenidos legalmente podrán canjearlos en el sistema financiero por otros de igual valor, de acuerdo con un calendario que será anunciado próximamente. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dijo a Visión 360 que las divisas quemadas estaban aseguradas y que su reposición no demandará costos al Estado, ya que la operación de traslado forma parte de la renovación normal del papel moneda importado para reemplazar billetes deteriorados. Según datos del mismo medio, se trataba de 78 mil piezas transportadas en el avión siniestrado. RTP

La Fundación Tierra examina el proyecto de Ley 157 que se encuentra en el Legislativo. La institución advierte que la conversión de pequeña a mediana propiedad puede romper dinámicas culturales ligadas a la tierra, que hay riesgo de ampliar la frontera agrícola y “blanquear” predios que evadieron la FES, que quedará suspendida por 10 años. Aquì las 12 preguntas de Fundación Tierra 1. ¿Qué plantea el Proyecto de Ley N° 157/2023-2024? El proyecto de ley propone habilitar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad en mediana propiedad mediante un procedimiento excepcional y alternativo al régimen jurídico vigente para la clasificación de la propiedad agraria en Bolivia. Para comprender su alcance es importante distinguir algunos conceptos: • La pequeña propiedad agraria está orientada al sustento del productor y su familia, vale decir, cumple una función social y, por lo tanto, es divisible, inembargable, irreversible y no está sujeta al pago de mpuestos. Su tamaño puede variar en función de la actividad realizada y la zona especifica del país donde esté localizada. En el caso de las tierras bajas del país, la pequeña propiedad agricola puede llegar a tener como máximo 50 hectáreas, mientras que la pequeña propiedad ganadera tiene un tamaño máximo de 500 hectáreas en la misma zona. • Por otro lado, la mediana propiedad agraria, que en tierras bajas puede llegar a tener 500 o 2500 hectáreas si se dedica a la agricultura o a la ganadería respectivamente, es entendida como aquel predio que, además de sustentar a la familia del propietario, está destinado a la producción para el mercado. Por ello, la mediana propiedad agraria puede dividirse e hipotecarse; odemós, debe pagar impuestos y es susceptible a la verificación de la Función Económico – Social (FES) cada dos años. Con base en estas definiciones se intentó justificar el proyecto de ley afirmando que permitirá el acceso a crédito para miles de productores en Bolivia. 2. ¿Cuáles son las modificaciones añadidas por la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado? Dicha comisión ha introducido modificaciones de fondo al Proyecto de Ley N° 157/2023-2024 que consisten en: a. La eliminación de la demostración de producción agropecuaria. La conversión de pequeña a mediana propiedad se basa únicamente en la declaración jurada del propietario y dejo de lado otros elementos objetivos como el valor económico del predio o sus niveles de producción. Peor aún, descarta la demostración de incremento de los volúmenes de producción agropecuaria de manera sostenida y sustentable por parte del propietario, que es necesaria para demostrar ante el Estado que la pequeña propiedad en cuestión tiene las condiciones como para ser considerada mediana propiedad (Artículo 4. II.) b. La aplicación de la ley sin más trámite. Se elimina la verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En su lugar, se dispone trámite gratuito a simple solicitud escrita y declaración jurada voluntaria del propietario (Artículo 4. I.) c. La conversión en 10 días. Modifica el Artículo 3 para que el INRA realice la conversión “en un plazo máximo de 10 días”. d. La postergación de la Función Económico – Social (FES) por 10 años. Se establece que las pequeñas propiedades convertidas a mediana propiedad recién estarán sujetas a verificación de la FES 10 años posteriores a su conversión (Artículo 4. III.). Estos ajustes reducen el rol del INRA a un mero tramitador administrativo, debilitando su función de verificación de la FES y de protección de la pequeña propiedad. Esto abre la puerto a procesos de legalización exprés que favorecen intereses privados por encima del mandato constitucional de redistribución y control social de la tierra. Los cambios propuestos también reflejan el rechazo del sector agroindustrial a cualquier intento de verificación de la FES de la propiedad en el país. 3. ¿Es verdad que el Proyecto de Ley N° 157/2023-2024 beneficiará a más del 90% de los productores del país? Los promotores sostienen que el proyecto de ley favorecerá a más del 90% de los pequeños productores del país; sin embargo, las cifras no sustentan esta afirmación. Asumiendo que la cantidad de pequeñas propiedades agrarias refleja en buena medida la existencia de pequeños productores en el país, la información estatal muestra que en Bolivia existen 1,4 millones de pequeñas propiedades que suman un total de 9,4 millones de hectáreas. La gran mayoría de estas parcelas se encuentran en departamentos de valles y altiplano como la Paz, Cochabamba y Chuquisaca, zonas en general caracterizadas por elevados niveles de pobreza, con una marcado presencia de minifundios. Especificando más el análisis, un 74% de estas pequeñas propiedades son parcelas minifundiarias que miden menos de dos hectáreas (0,43 hectáreas en promedio] y que, por sus propias características en cuanto a bajos precios, tamaño y calidad, no son susceptibles de convertirse voluntariamente a mediana propiedad y menos aún, en un activo que pueda ser hipotecado para acceder a créditos productivos bancarios. Por lo tanto, no es cierto que la mayoría de los pequeños productores del país serán beneficiados con el proyecto de ley. En realidad, la mayoría será excluida de su alcance por la elevada presencia de minifundio en las tierras altas de Bolivia. 4. ¿El acceso a crédito hipotecario resolverá el problema de la pobreza y el desarrollo en el área rural del pais? La generación de condiciones de crecimiento y desarrollo en el área rural del país no solo depende del acceso a crédito hipotecario, sino también de asistencia técnica, infraestructura, acceso a mercados, calidad de suelos, acceso a agua, etc. Es un error plantear que la posibilidad de acceder a préstamos, hipotecando las tierras, es la única y más determinante condición para capitalizar la pequeña producción agropecuaria. Es más, ya sea en tierras altas o en tierras bajas, el acceso a crédito se ha resuelto de diversas formas, sin la necesidad de tener que hipotecar las tierras, acudiendo al sistema bancario o por fuera del mismo, como, por ejemplo, con empresas prestadoras de servicios, acopiadoras o intermediarias o instituciones de

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó al Gobierno un paquete de proyectos estratégicos que abarcan conexión vial, férrea, fluvial y aeroportuario. La propuesta se dio en el marco del Congreso Empresarial Cochabamba 2026 – Inversión, Integración y Oportunidades para Todos, con la presencia del presidente Rodrigo Paz y gran parte de su Gabinete. Una de las propuestas es la Doble Vía Caracollo – Colomi, de 103 kilómetros, con una plataforma de 26 metros, pavimento rígido de 25 centímetros, distribuidores estratégicos y separación de tránsito pesado-urbano. Se prevé una reducción estimada de tiempos de entre el 20% y el 30% en el eje occidente-oriente y mayor seguridad vial. Mientras tanto, el corredor Cochabamba – Beni considera una distancia actual de 1.070 kilómetros, que con el corredor director disminuiría a 540 kilómetros, es decir, entre 49% y 50% de reducción. El tiempo de tránsito bajaría de entre 48 y 72 horas a entre 18 y 24 horas. El costo logístico se reduciría entre 35% y 45%; mientras, las exportaciones amazónicas aumentarían entre 25% y 35% en cinco años. El proyecto carretero Aguirre – Kaluyo – Santiváñez – Vila Vila toma en cuenta componentes como la pavimentación estructural, protección de derecho de vía y consolidación del puente Vila Vila. El impacto estructural se refiere a la reducción directa de costos industriales y conectividad logística al polo productivo. La vía Cochabamba – Potosí, de aproximadamente 100 kilómetros, propone la integración de un corredor ‘minero del sur’, la articulación interdepartamental y un flujo exportador más eficiente. Quillacollo – Covendo es otro de los proyectos, lo que coadyuvaría a la conectividad hacia el occidente, como alternativa a la actual ruta. FÉRREA Por otro lado, está la conectividad férrea estratégica para reactivar el ferrocarril nacional. Para esto, se toma en cuenta la importancia de la reactivación y extensión de líneas férreas como eje del sistema logístico nacional, la integración con el Corredor Ferroviario Bioceánico y nodos intermodales, además de terminales. FLUVIAL La Hidrovía Ichilo – Mamoré también está considerada en este paquete de planes, resaltando que se trata de una plataforma fluvial atlántica, la integración amazónica, el impacto en más de 2.5 millones de habitantes y la alternativa estructural de “salida soberana”. AEROPORTUARIA Se toma en cuenta el aeropuerto Jorge Wilstermann en el nodo aeroportuario logístico nacional. Aquí se expone la necesidad de la plataforma ampliada de carga, la terminal logística y cadena de frío, el acceso vial exclusivo para carga y el sistema digital de trazabilidad. Esto permitiría ser el centro nacional de consolidación y redistribución aérea, y daría impulso a las exportaciones. Respecto al centro logístico y de servicios a la exportación, la FEPC sostiene un impacto que apunta a la reducción de tiempos de exportación, mayor eficiencia y una cultura exportadora regional. Para hacer realidad estos proyectos, la FEPC plantea que se establezcan los corredores de Cochabamba como infraestructura estratégica nacional mediante decreto supremo, con protección jurídica de derecho de vía y régimen especial de accesos. Propone también aprobar un fondo de inversión en conectividad nacional con un horizonte mínimo de cinco años. Agrega la firma de un convenio de comercio interinstitucional; y también menciona, entre otros, la creación de una entidad de coordinación formal que articule lo vial, lo férreo, lo fluvial y lo aeroportuario. Estas propuestas darían paso a 1.300 kilómetros “estructurantes priorizados con efectos acumulativos”. Se resalta que la integración multimodal genera mayor competitividad de exportaciones mineras y agroindustriales, posicionamiento de Bolivia como nodo logístico continental alternativo e incremento del Producto Interno Bruto (PIB) regional por efecto en servicios logísticos. Los empresarios remarcan la posibilidad de un 40% de reducción de costos logísticos regionales, -30% de tiempo de tránsito interdepartamental y mayor empleo. Acotan la importancia de pasar de infraestructura fragmentada a un sistema logístico integrado, de tramos aislados a corredores estructurantes. OPINIÓN

Una delegación del Ministerio de Obras Públicas, liderada por el ministro Mauricio Zamora, sostuvo dos jornadas de reuniones técnicas en la sede regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Lima, Perú, para gestionar asistencia especializada que permita implementar la política de cielos abiertos en Bolivia. El encuentro contó con la participación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Área y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). El director de la Oficina Regional Sudamericana (SAM) de la OACI, Fabio Rabbani, destacó el compromiso del gobierno boliviano con el desarrollo del sector. “Ha sido un gran privilegio tener la presencia del ministro Mauricio Zamora en nuestra oficina regional. De hecho, tener su presencia demuestra el gran compromiso que tiene el Estado de Bolivia en el proceso de crecimiento de la aviación en el país, pero para toda la región”, remarcó. OACI La política de cielos abiertos es una estrategia de liberalización del transporte aéreo que elimina restricciones en rutas, frecuencias y tarifas, permitiendo que aerolíneas nacionales y extranjeras operen con mayor flexibilidad. El gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsa esta medida como parte de su plan de reactivación económica, buscando atraer más operadores aéreos, reducir costos de pasajes y fortalecer la conectividad del país con el mundo. Rabbani subrayó que la visita demuestra “una visión de largo plazo que empieza ahora con la implementación de medidas en los aspectos de políticas de cielos abiertos, de crecimiento de la infraestructura, desarrollo de las instituciones y asegurar la debida inversión en los recursos humanos”. Transporte aéreo El representante de OACI agregó que “vemos ahí una gran oportunidad de colaboración y que proyectos nuevos surgirán en este esfuerzo conjunto entre el Estado de Bolivia y la Organización de Aviación Civil Internacional”. El ministro Zamora explicó que la asistencia técnica solicitada a la OACI permitirá al país avanzar con responsabilidad en la apertura del mercado aéreo, garantizando que las nuevas operaciones cumplan con los estándares internacionales de seguridad. La implementación gradual de la política buscará equilibrar la desregulación con el fortalecimiento de la institucionalidad aeronáutica. La OACI es el organismo especializado de Naciones Unidas encargado de establecer estándares globales para la aviación civil. Su respaldo técnico resulta clave para países que emprenden procesos de liberalización, asegurando que las reformas se realicen en el marco de las normas internacionales y con la debida supervisión estatal. EJU TV