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Luego de múltiples denuncias públicas contra Jorge Luis Machicao Villarrubia (51), el padre Coco, desde el 2021, este miércoles fue sentenciado a ocho años de cárcel por el abuso sexual a una joven, a la que agredió el 2017 cuando la invitó a dictar el “Congreso por la familia” en la Universidad Católica Boliviana (UCB), donde él dirigía la oficina parroquial. Se trata de la primera sentencia en el país contra un sacerdote. El País publicó el 9 de marzo del 2021 el primer testimonio de una exestudiante que rompió el silencio en la página Confesionario UCB, hablando del docente de Cristianismo que trató de tocarla y besarla a la fuerza. En menos de una semana las víctimas sumaron al menos cinco. La presión social obligó a la justicia a abrir un proceso, pero se diluyó en el tiempo. Sentencia por abuso Aunque este caso se remonta al 2017, J.R. que ahora tiene 28 años se abstuvo de denunciar por temor a que su caso nunca avanzara. Sin embargo, tomó valor cuando en 2023 surgió el escándalo del jesuita Alfonso Pedrajas y decenas de personas revelaron las agresiones cometidas por religiosos de distintas órdenes. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, dio una conferencia de prensa al concluir el juicio y detalló los antecedentes. Sospechas Exestudiantes y gente de su entorno, sabían, o al menos sospechaban, de las conductas inaceptables del padre Coco J.R. en su vida universitaria participaba de un grupo religioso de la UCB Cochabamba y el padre Coco la invitó a replicar en  Tarija “El Congreso de la Familia” que ella dictó en su ciudad. La joven llegó junto a su amiga el 17 de octubre de 2017 y lideraron el evento que duró dos días. Antes de irse, quisieron despedirse de sus anfitriones, pero solo encontraron al sindicado en su oficina. Él despachó a la otra estudiante diciendo que quería hablar con la víctima. “Allí le comenzó a preguntar de su vida privada, si tenía novio, si era casada. La incomodó. Pero en todo momento le decía que iba a ayudarla. Cerró la puerta, para realizarle toques impúdicos. Comenzó a acercarse de forma morbosa, quiso tocar sus partes íntimas. Ella quiso retirarse, pero se volvió a acercar y seguía tratando de tocarla”, describió la fiscal. Media hora después su amiga comenzó a llamarla desde afuera para ir al aeropuerto y recién el religioso la dejó ir. La audiencia se instaló la anterior semana en el Juzgado de Violencia y Anticorrupción de Sentencia Primero a cargo de Candelaria Peñarrieta. Entre las pruebas, la parte acusatoria presentó declaraciones, informes psicológicos y otros que demostraron el delito de abuso sexual, establecido en el artículo 312 del Código Penal. “Es la primera sentencia que el Ministerio Público obtiene a nivel nacional contra un sacerdote. (…) Estamos dejando un precedente para que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables”, afirmó Gutiérrez. De las redes al estrado Al post titulado “Confesión 117” le siguieron varios más. La mayoría tenía un común denominador: temor al sacerdote que era una autoridad universitaria de la que dependían becas, notas o trámites institucionales. También se supo de una escuela que lo expulsó años antes por acosar a una niña de 12. Como un secreto a voces, cuando El País consultó a exestudiantes y gente de su entorno, varios sabían o al menos sospechaban de esas conductas. En medio de cierto hermetismo, la UCB  Tarija lo despidió en junio de ese año en virtud a tres denuncias recibidas en sus oficinas. Aunque él apeló, el Vicerrectorado Nacional ratificó su desvinculación por tener una “conducta inaceptable”. A pesar de que el entonces fiscal departamental, Wilson Tito, se comprometió a investigar, el proceso se cerró al poco tiempo. Para mitigar reclamos, el Obispado lo suspendió temporalmente y anunció un proceso dentro de la Iglesia. Pero el obispo Jorge Saldías, meses después, sin mostrar ninguna documentación, dijo que la justicia canónica lo había absuelto y eso lo habilitaba para retomar sus funciones. Así lo hizo a mediados de 2022, cuando asumió como párroco en el muncipio de El Puente. Saldías nunca dejó de respaldarlo, incluso cuando activistas lo cuestionaron y la alcaldesa de ese municipio, Sara Armella, pidió retirarlo presentando un memorial. Luego de que J.R. el 13 de junio denunciara a Jorge Machicao, la Fiscalía operó “en reserva”. El 22 lo aprehendieron y estuvo detenido en Morros Blancos, pero a los meses accedió a detención domiciliaria argumentando que debía cuidar a su padre. La condena aún no está ejecutoriada y su situación dependerá de los insumos que tenga su defensa para apelar en el plazo de 15 días. Sentencia, un mensaje para víctimas y agresores Como activista y parte de la Red Departamental de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, Mariel Paz, destacó el trabajo del Ministerio Público y el Órgano Judicial para sentar un precedente en este tipo de delitos. “Esperamos que sea una sentencia ejemplificadora, que siente un mensaje tanto para víctimas como agresores de que los asesores espirituales o religiosos no son impunes”. Al mismo tiempo recordó que la condena solo es por una de las denuncias contra el padre Coco y lamentó que las anteriores autoridades a cargo no hayan concretado resultados. Machicao tampoco es el único sacerdote procesado en  Tarija. Hay otros dos, incluyendo al padre Milton Murillo de la parroquia San Roque, quien espera de fecha para su juicio. (El País – Tarija)