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El Gobierno de Javier Milei declaró este jueves persona non grata al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires y lo conminó a dejar el país. La tensión diplomática entre Argentina e Irán escala a medida que Milei exacerba su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en pleno conflicto bélico en Oriente Medio. La Casa Rosada había declarado como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní el martes y, en las últimas horas, Teherán había condenado “enérgicamente la acción ilegal e infundada del Gobierno argentino”. La expulsión del máximo representante diplomático iraní en el país sudamericano es el nuevo peldaño de la escalada. “La República Argentina ha declarado persona non grata al señor Mohsen Soltani Tehrani, consejero y encargado de negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, indicó en un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. La medida fue adoptada como respuesta al pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según el Ejecutivo argentino, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes”. El Gobierno de Milei indicó que la controversia “se suma a la persistente negativa” de Irán “a cooperar con la justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”. Por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires, en 1994, los tribunales locales acusan a altos funcionarios iraníes. Según el comunicado oficial, “Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”. El Gobierno de Benjamin Netanyahu celebró la expulsión del representante diplomático de Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, estimó este jueves que la medida es “valiente e inspiradora” y elogió a su incondicional aliado: “Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es un modelo en la defensa de los valores de la libertad y la lucha contra el terrorismo”. El enfrentamiento entre Argentina e Irán, enmarcado en el seguidismo de la política exterior de Milei a las definiciones de Donald Trump en Estados Unidos, ya tuvo varios capítulos desde la asunción del presidente ultra, a fines de 2023. El inmediatamente anterior fue en enero último, cuando el Ejecutivo argentino señaló como entidad terrorista a la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya entonces, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Ismail Baghaei, había tachado a la decisión como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”. Este miércoles, después de que Argentina incluyera también a la Guardia Revolucionaria entre las organizaciones terroristas, la cartera de Exteriores de Irán condenó la decisión y advirtió que dañaría las relaciones bilaterales. Milei se ha definido como “el presidente más sionista del mundo” y, sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha declarado: “Vamos a ganar”, “somos enemigos de Irán”. Dirigentes de distintos sectores de la oposición a la ultraderecha en Argentina han alertado sobre los riesgos que supone para el país la postura del mandatario, en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Los cuestionamientos a esa alianza geopolítica sin matices han sido formulados incluso por sectores que apoyan numerosas medidas de Milei, como el PRO, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri. En el último informe de la Fundacion Pensar, el secretario de Relaciones Internacionales del partido, Fulvio Pompeo, compartió el posicionamiento contra “el régimen dictatorial de Irán”, pero destacó: “Hay una gran diferencia entre tener una posición clara respecto al conflicto y querer participar activamente en él sin agregar capacidad real de influencia sobre el resultado de la guerra, y poniendo a nuestro país como un blanco de ataque”. (EL PAÍS)

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha destituido este jueves a la fiscal general, Pam Bondi, debido a su frustración con el liderazgo de la abogada, incluyendo lo que él percibe como una falta de agresividad a la hora de perseguir a sus enemigos, así como por su gestión de los archivos del caso Epstein, informan distintas fuentes. Bondi, que según el presidente pasará a ocupar un nuevo puesto, “sumamente necesario e importante”, en el sector privado, será sustituida interinamente por el fiscal general adjunto, Todd Blanche. Trump había conversado en los últimos días con sus colaboradores sobre la posibilidad de destituir a Bondi, y el miércoles habló personalmente con ella acerca de tal eventualidad. En dicha conversación —que una fuente describió como “dura”—, Trump indicó a la abogada que no le quedaba mucho tiempo en el cargo y que la reemplazaría próximamente. Asimismo, las mismas fuentes informaron de que se le comunicó que, más adelante, se le asignaría un puesto diferente pero en la órbita de la administración de justicia. Según dos de estas fuentes, durante la conversación Trump planteó la posibilidad de nombrarla jueza. Si bien Todd Blanche, que dirigió la defensa de Trump en dos juicios, entre ellos el del pago de dinero negro a una actriz porno, asume por ahora la dirección del departamento, varias fuentes han revelado que Trump está considerando nombrar al administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), Lee Zeldin, aunque hay otros candidatos bajo consideración. La posibilidad de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero, pero luego se evaporó a medida que la cobertura mediática sobre el caso Epstein perdía relieve en las noticias, para alivio de la Casa Blanca. Sin embargo, el lunes comenzó a circular nuevamente en el Ala Oeste el rumor de que Trump deseaba sustituir a Bondi por Zeldin, muy criticado por secundar el negacionismo climático del republicano. En los últimos días, Bondi había preguntado en privado a sus colaboradores si veían su puesto en peligro —según revelaron fuentes a la CNN—, lo que sugería que no tenía claro su futuro. Bondi estuvo presente durante el discurso a la nación que Trump pronunció en la noche del miércoles sobre la guerra de Irán, al igual que horas antes, por la mañana, en la audiencia del Tribunal Supremo sobre la revocación del derecho de ciudadanía por nacimiento, a la que asistió Trump. Su cese es el segundo en un mes en la cúpula de la Administración republicana tras el de la secretaria de Seguridad Nacional y responsable de la política migratoria, Kristi Noem, el pasado 5 de marzo. Trump se ha mostrado frustrado con Bondi en múltiples frentes, según diversas fuentes. En particular, está molesto por la gestión que hizo de los expedientes del caso Epstein y también ha manifestado su enfado por lo que considera falta de celo a la hora de investigar y procesar a sus adversarios políticos. Leal colaboradora del republicano, Bondi no obstante trastocó la cultura de independencia del Departamento de Justicia respecto a la Casa Blanca, supervisó despidos masivos de funcionarios de carrera y actuó con agresividad —no suficiente, al parecer— para perseguir a los adversarios de su jefe. Bondi, ex fiscal general de Florida, asumió el cargo el año pasado prometiendo que no haría política al frente del Departamento de Justicia; sin embargo, rápidamente ordenó investigaciones contra los adversarios de Trump, desatando una ola de indignación ante la sospecha de que la agencia encargada de hacer cumplir la ley estaba siendo utilizada como herramienta de venganza para promover la agenda política y personal del presidente. Contradicciones sobre el ‘caso Epstein’ Algunos miembros del círculo íntimo de Trump llevaban tiempo molestos por la gestión que Bondi hizo de los expedientes de Epstein, al considerar que sus declaraciones sobre el asunto contribuyeron a alimentar la impresión de que la Administración estaba reteniendo indebidamente material, ocultándolo a la opinión pública. El delicado caso convirtió a Bondi en blanco de la ira de los más conservadores, a pesar de su estrecha relación con Trump. A muchos les frustró, en particular, que en una entrevista concedida a Fox News en febrero de 2025 afirmara que tenía una lista de clientes de Epstein sobre su escritorio, “lista para ser revisada”, y que posteriormente el departamento asegurara que tal lista no existía. Consciente de la contradicción, Bondi aclaró que se refería a toda la documentación relacionada con la investigación del caso —como los registros de vuelos— y no a una lista de clientes específica. Pese a que la mayoría de los medios de comunicación daban por hecha la inminente caída en desgracia de la fiscal general, al ser preguntado el miércoles acerca del posible cese por The New York Times, Trump dijo: “La fiscal general Pam Bondi es una persona maravillosa y está realizando un buen trabajo”. Con respecto a la persecución de adversarios políticos, los críticos denuncian que el republicano ha desdeñado normas vigentes desde hace décadas, diseñadas para blindar a las fuerzas del orden federales frente a las presiones, y en su caso injerencias, políticas. Cuando hizo campaña para la reelección, prometió represalias contra quienes le habían sentado en el banquillo, en referencia a los tres juicios que afrontó —y perdió— en el interregno entre su primer mandato en la Casa Blanca y su reelección en noviembre de 2024: por abuso sexual a una columnista, por pago de dinero negro a una actriz porno y por inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades. Fue declarado culpable en todos ellos, pero su reelección dejó en suspenso la condena por el caso Stormy Daniels. Ya de vuelta en la Casa Blanca, el republicano ha continuado señalando públicamente a quienes percibe como sus adversarios y ha presionado al Departamento de Justicia que dirigía Bondi para que presente cargos contra ellos: mostrar poco celo en la ofensiva ha sido, según las fuentes, un pecado mortal que Trump no ha perdonado a Bondi. Desde que asumió la presidencia por segunda vez en enero de 2025, los fiscales federales han puesto en la mira al exdirector del FBI James Comey,

Estados Unidos ha levantado este miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según figura en la página digital del Departamento del Tesoro. La Administración ha eliminado el nombre de Delcy Rodríguez de “la lista principal de sanciones de Estados Unidos, sección de nacionales especialmente designados (SDN, en sus siglas en inglés)”, en la que figuran aquellos mandatarios o personajes sometidos a sanciones financieras por parte de Estados Unidos. La lista principal de nacionales especialmente designados está gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Se le conoce popularmente como Lista Clinton, por el presidente que la estableció para combatir el narcotráfico. Rodríguez ha respondido en sus redes sociales al presidente Trump por el gesto. “Valoramos la decisión como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió la presidenta encargada. “Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva”, agregó. La inclusión en la llamada Lista Clinton tiene graves consecuencias, como el aislamiento financiero y el bloqueo total de activos financieros e inmobiliarios. La persona incluida en esta lista no podrá tener cuentas corrientes, inversiones u otros bienes en suelo estadounidense. Si los tuviera, serían congelados por las autoridades. De esta forma, no podrá realizar compras, ni siquiera pagar un café. El Tesoro prohíbe a empresas, bancos o cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones financieras, comerciales o de negocios con las personas incluidas en la lista. Estas personas tienen, además, la prohibición de viajar a Estados Unidos. Podrá viajar a Estados Unidos De esta forma, el levantamiento de sanciones sería el primer paso para que Delcy Rodríguez viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, con el que mantiene una relación cordial. Rodríguez fue incluida en la lista OFAC el 25 de septiembre de 2018, cuando el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra integrantes del círculo cercano de Nicolás Maduro. Era el primer mandato de Donald Trump, cuando se impusieron restricciones financieras a varios funcionarios y operadores acusados de sostener al régimen venezolano y beneficiarse de redes de corrupción. Entonces, el Tesoro argumentó que Maduro “ha dado a Delcy Eloína Rodríguez Gómez y a Jorge Jesús Rodríguez Gómez posiciones de alto nivel dentro del gobierno para ayudarlo a mantener el poder y solidificar su control”. Ese año Rodríguez había sido nombrada vicepresidenta. La decisión se produce cuando aún no han cumplido tres meses desde la operación militar del ejército estadounidense para capturar al expresidente Nicolás Maduro en una espectacular misión en Caracas. El líder del régimen chavista fue arrestado y trasladado a una cárcel de Nueva York acusado de narcoterrorismo en menos de 24 horas. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió la dirección del país latinoamericano a la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien ha estrechado las relaciones diplomáticas. El mandatario estadounidense mantiene una cierta tutela sobre Caracas y, a menudo, alaba la gestión de Rodríguez. Ambos países han alcanzado acuerdos para restablecer relaciones y para la reapertura del mercado petrolero venezolano a las compañías estadounidenses. Mientras tanto, el Tesoro ha levantado las sanciones para que las empresas inviertan en el país caribeño. Trump ha instado a las empresas estadounidenses a que inviertan en la rica industria energética venezolana. El país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero su industria está descuidada tras años de abandono por las sanciones estadounidenses, la mala gestión y la corrupción. La presidenta interina está tratando de abrir el país en esta nueva época. La semana pasada participó por videoconferencia en un congreso de empresarios e inversores reunidos en Miami. Les instó a regresar a Venezuela y les ofreció garantías de que las épocas de expropiaciones han quedado atrás. “Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”, dijo la líder venezolana desde Caracas. “Así que estamos en un proceso de estabilización de ejecución de reformas que se requiere para ese entorno productivo y para recibir inversiones que permitan diversificar los motores productivos de la economía venezolana, como lo estamos viendo, no solamente crecimiento importante en el ámbito de los hidrocarburos, sino también de la construcción, de banca, de seguro, de la minería, de la manufactura”, agregó en un intento claro de atraer inversión extranjera. Estados Unidos, por su parte, ha abierto la mano para que las empresas puedan volver a Venezuela. Durante las últimas semanas, el Departamento del Tesoro ha dictado autorizaciones a empresas energéticas estadounidenses y europeas, entre ellas la española Repsol, para que vuelva a operar en el país caribeño. El chavismo en el poder mantiene su reclamo sobre el levantamiento total de las restricciones aún vigentes sobre funcionarios, instituciones y empresas. Washington ha hecho movimientos puntuales a través de licencias en su engranaje sancionatorio contra Venezuela, pero no termina de levantarlas del todo. Ambos países han restablecido la operación de sus sedes diplomáticas con equipos instalados en las capitales. Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, pedía “paciencia” a los venezolanos que exigen la convocatoria de elecciones que permitan elegir un presidente legitimado a través de los votos y no únicamente con el visto bueno de Trump. “Tendrá que haber elecciones libres e imparciales en Venezuela. Y ese momento tendrá que llegar”, vaticinó en una entrevista el martes en Fox. “Tenemos que ser pacientes, pero sin caer en la complacencia”, añadió. (EL PAÍS)