Panamá está tironeado por amenazas. Esta semana, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato de una empresa de Hong Kong para gestionar dos puertos en puntos estratégicos del Canal de Panamá ha puesto al país centroamericano como blanco de las presiones de China. No es la primera vez que Panamá enfrenta amenazas de una potencia por la operación del canal. Hace un año, el Gobierno tuvo que enfrentar las reiteradas advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que buscaría recuperar la vía interoceánica porque estaba bajo la “influencia maligna china”, algo que negaron tanto Panamá como China. Las nuevas presiones emergieron el martes desde Beijing: China aseguró que Panamá “pagará un alto precio político y económico” si no cambia de postura, luego que la Corte Suprema de Panamá anulara el contrato de los dos puertos que opera Panama Ports Company (PPC), amparada por la multinacional CK Hutchison, con sede en Hong Kong. El presidente José Raúl Mulino buscó atajar estas amenazas. “Yo espero que esta situación no escale, no tiene por qué. Pero Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra”, respondió este jueves el mandatario, quien dijo que “a diferencia de China, el Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia en nuestro país”. No hay vuelta atrás, dice Panamá En su conferencia de prensa semanal, Mulino insistió en defender el fallo de la Corte, con el argumento de que el Poder Judicial es independiente. “La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final y toca acatarla”, dijo el mandatario. “Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado, y a lo mejor, entonces sí para China, hubiese sido la mejor Corte Suprema del mundo”, insistió. Mulino dijo que, por ahora, la empresa sigue operando los puertos Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del canal, y que el proceso de transición, a cargo de AP Moller-Maersk, empezará una vez que el fallo que anula el contrato con PPC esté ejecutoriado. De su lado, la empresa insiste en defender sus intereses. En un comunicado, anunció un arbitraje contra Panamá y se quejó de que, que a pesar que el fallo aún no está ejecutoriado y PPC sigue operando, el Gobierno ha querido entrar y pedir información. Una transición y dos concesiones Consultado sobre el tema, el exadministrador del Canal de Panamá y asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, quien lidera al equipo de Gobierno para la transición, dijo a CNN que la Autoridad Marítima de Panamá “tiene todo el derecho de ir y pedir información, estar claros de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo”. Por su parte, el presidente Mulino reconoció el derecho de PPC de ir a un arbitraje, pero negó que Panamá esté hostigando a la empresa como esta aseguró. El mandatario dijo este jueves que se optó por la empresa Maersk para el período especial de transición porque esta compañía ya está en ese puerto, es el usuario más importante del puerto de Balboa y es una firma de rango mundial, con capacidad y experiencia. Mulino detalló que, cuando termine el período de transición, el Gobierno de Panamá tomará la decisión de bajo qué esquema serán concesionados los puertos, por separado. “No volverá a haber una concesión de dos puertos bajo una misma empresa, se va a dividir”, dijo, y adelantó que ambos puertos serán “soberanos”. El peso de la amenaza Frente a las recientes amenazas, el analista político Edwin Cabrera expuso que, por su ubicación estratégica y el canal, Panamá está en medio de una pelea entre EE.UU. y China. Dice que Panamá no puede actuar distinto a la decisión de la Corte porque es un Estado de derecho y que solo le queda esperar si China cumple su promesa de repercusiones económicas y políticas. “¿Qué va a hacer China? ¿Va a coger otra ruta que no sea la del canal? ¿Va a penalizar a los barcos que pasan por el canal? No lo entiendo porque China, en buena medida, depende de la utilización del canal”, planteó. El analista no descarta que China busque sancionar a Panamá, pero dice que “sería injusto al no entender cómo funciona el Estado panameño” y que al Gobierno no le queda otra salida que acatar el fallo. A las posibilidades anteriores de castigo, se suma que, en Panamá, actualmente empresas chinas construyen dos obras importantes: el cuarto puente sobre el canal y una tercera línea para el Metro. Ambas son nuevas alternativas de conexión entre la Ciudad de Panamá con el oeste del país. El arbitraje como última carta Por separado, el analista político José Antonio Stoute consideró que “Panamá está en una situación muy complicada desde el punto de vista legal como geopolítico”. “Ha enfurecido, por usar ese término, a una gran potencia con la que hemos mantenido una relación de amistad”, dijo. Sin embargo, compara las relaciones de Panamá con China y EE.UU. y estima que la sociedad con Washington hoy tiene mayor peso en territorio panameño. “El Gobierno de los Estados Unidos tiene una gran influencia en la República de Panamá y la ha tenido siempre. Eso es indudable. La República Popular de China no ha tenido ni tiene el mismo nivel de influencia que tiene el Gobierno de los EE.UU. en Panamá”, aseguró. A pesar de ello, dice, el Gobierno panameño hace bien en mantenerse en la neutralidad y “Panamá no tiene que escoger y tampoco tiene que enfrentarse, ni lo ha buscado, con la República Popular China”. Pero asegura: “La República Popular China está jugando pelota con los Estados Unidos y, para ello, nos amenaza a nosotros”. Stoute subraya que la única esperanza de China para un cambio sobre el fallo es que la empresa demandante gane el arbitraje internacional. (CNN)
