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El vocero presidencial José Luis Gálvez indicó que “no hay manera de negociar” con los sectores movilizados que, mediante marchas, buscan la ruptura del orden democrático del país y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Al ser consultado sobre la marcha evista que prevé llegar este lunes 18 de mayo a la sede de gobierno, el vocero respondió: “hay que diferenciar aquellos que vienen con propósitos políticos de ruptura del orden democrático, que se niegan a conversar y que están cometiendo un delito al pretender derrocar a un gobierno que es legítimamente elegido por el voto popular; con ellos no hay manera de dialogar, ellos no lo quieren y no hay forma de que se dialogue”. Sin embargo, señaló que el gobierno está convencido de que el diálogo y el trabajo son la vía para resolver los problemas que enfrenta el país, y aseguró que conversarán con quienes estén dispuestos a “dialogar y construir soluciones”. La marcha que llevan adelante afines a Evo Morales, partió de Caracollo el pasado martes 12 de mayo y su pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Gálvez señaló que existen organizaciones sociales que son ejemplo en la defensa de los derechos de los bolivianos y aseguró que con ellas están “totalmente alineados, en el mejor de los sentidos”. No obstante, afirmó que mantienen profundas discrepancias con quienes no valoran el voto popular ni están dispuestos a respetar la Constitución y la democracia. “Con ellos tenemos que ser firmes. Además de todo ello, en realidad hay personas que han cometido, que se les acusa de delitos muy fuertes y que tienen que rendir cuentas ante la ley, a eso hay que sumarle estas intenciones de ruptura del orden democrático”, agregó.  Ayer, el vocero advirtió que quienes “conspiran contra la democracia” tendrían un vínculo con el narcotráfico, pero no presentó pruebas de ello. Además de la marcha de Morales, las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, también piden la renuncia de Paz. Estas dos organizaciones llevan adelante bloqueos en el país desde inicios del mes. (BRÚJULA DIGITAL)

El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirmó que la protesta es un derecho legítimo dentro de la democracia. Sin embargo, aclaró que los bloqueos y hechos vandálicos deslegitima, las movilizaciones por constituir actos criminales. Bascopé advirtió que detrás de estos conflictos existirían células terroristas y grupos antisociales organizados. Según el jurista, estas acciones buscan generar zozobra, confusión e incertidumbre entre la población boliviana. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe recuperar el orden constitucional y garantizar la seguridad ciudadana. Además, señaló que las autoridades deben detener a quienes intenten atentar contra la democracia, sin descartar un estado de sitio en La Paz. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este miércoles que el Ministerio Público activará acciones penales frente a cualquier conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales, en un contexto marcado por el incremento de conflictos, paros y bloqueos en el país. La autoridad se pronunció ante la actual coyuntura, caracterizada por una “escalada de bloqueos y daños a las vías de transporte en distintas partes del país”, situación que —según señaló— afecta la convivencia pacífica, pone en riesgo a la población y vulnera derechos esenciales. En ese marco, también hizo referencia a las demandas de sectores radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Mariaca reflexionó que Bolivia atraviesa momentos complejos que exigen priorizar el interés nacional por encima de demandas sectoriales. En ese sentido, reafirmó el rol del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado. “Garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz y en seguridad, a transitar libremente, y al goce pleno de sus derechos constitucionales” es parte de la labor institucional, sostuvo. Asimismo, enfatizó que “el Ministerio Público ejercerá con firmeza la acción penal, pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas”. En medio de la tensión social, el Fiscal General también apeló al diálogo como vía para resolver los conflictos. “Hacemos un llamado sincero al Gobierno nacional y a todos los sectores movilizados, a agotar todas las vías posibles de diálogo, a escucharse mutuamente y encontrar caminos de entendimiento”, manifestó. Finalmente, aseguró que la institución hará respetar la Constitución, la democracia y el orden legal vigente, subrayando que la defensa del país implica también resguardar sus instituciones y el derecho de la población a vivir en paz. “Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó. (CORREO DEL SUR)

El vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, denunció este miércoles que sectores radicales vinculados a exgobernantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizan los bloqueos y movilizaciones registrados en el país para desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. “No hay la más mínima duda de una intencionalidad estrictamente política, estructurada por los exgobernantes que buscan una desestabilización, porque su propósito es claro y su ruta crítica está definida de antemano”, afirmó. Según la autoridad, las medidas de presión se concentran principalmente en el departamento de La Paz y, aunque reconoció que existen demandas legítimas de algunos sectores, aseguró que grupos radicales se sumaron a esas movilizaciones con el objetivo de generar convulsión política en la sede de gobierno. “El drama es que ellos buscan confundirse con las otras manifestaciones. En algunos casos hay reivindicaciones que deben ser escuchadas y atendidas, pero hay muchas otras que son estrictamente políticas para impulsar objetivos desestabilizadores y generar zozobra. Están aprovechando estas situaciones o las están configurando de tal manera que les sirva para sus fines”, sostuvo. Gálvez remarcó que el Gobierno mantendrá el diálogo con sectores sociales, productivos y sindicales, y aseguró que varias organizaciones accedieron a negociar y avanzar en soluciones conjuntas. “Todos los días, 18 o 20 horas al día, el Gobierno está conversando con los sectores. Muchos de los que se mediatizan no son los que están dialogando, son los que quieren crear zozobra”, afirmó. También señaló que el Ejecutivo actuará en el marco de la Constitución Política del Estado para resguardar la democracia y el mandato otorgado por el voto popular. “La Constitución dice que se puede usar la fuerza. Es una de las opciones, siempre está presente, pero probablemente es justamente lo que apetecen los más radicales porque viven de la violencia. La violencia constitucional será usada de manera medida y conforme a ley cuando corresponda”, indicó. Gálvez aseguró finalmente que las movilizaciones radicales no tendrán respaldo ciudadano y afirmó que los marchistas encontrarán “un repudio generalizado” de la población. “La gente quiere trabajar, quiere que dejen las imposiciones y entiende que la vía que nos plantean no es la correcta”, concluyó. (ABI)