El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este miércoles que el Ministerio Público activará acciones penales frente a cualquier conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales, en un contexto marcado por el incremento de conflictos, paros y bloqueos en el país.
La autoridad se pronunció ante la actual coyuntura, caracterizada por una “escalada de bloqueos y daños a las vías de transporte en distintas partes del país”, situación que —según señaló— afecta la convivencia pacífica, pone en riesgo a la población y vulnera derechos esenciales. En ese marco, también hizo referencia a las demandas de sectores radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mariaca reflexionó que Bolivia atraviesa momentos complejos que exigen priorizar el interés nacional por encima de demandas sectoriales. En ese sentido, reafirmó el rol del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado.
“Garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz y en seguridad, a transitar libremente, y al goce pleno de sus derechos constitucionales” es parte de la labor institucional, sostuvo. Asimismo, enfatizó que “el Ministerio Público ejercerá con firmeza la acción penal, pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas”.
En medio de la tensión social, el Fiscal General también apeló al diálogo como vía para resolver los conflictos. “Hacemos un llamado sincero al Gobierno nacional y a todos los sectores movilizados, a agotar todas las vías posibles de diálogo, a escucharse mutuamente y encontrar caminos de entendimiento”, manifestó.
Finalmente, aseguró que la institución hará respetar la Constitución, la democracia y el orden legal vigente, subrayando que la defensa del país implica también resguardar sus instituciones y el derecho de la población a vivir en paz. “Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó.
(CORREO DEL SUR)
