El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que Bolivia ya no enfrenta únicamente un conflicto interno, sino una amenaza con componentes transnacionales, vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico y financiamientos oscuros. Ante ese escenario, aseguró que la respuesta del Estado no será improvisada, sino institucional, democrática y enmarcada en la legalidad. “Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo. Esta no será una respuesta improvisada, será una respuesta institucional, democrática y de Estado”, afirmó Justiniano. La autoridad hizo estas declaraciones durante el acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la entrega de la medalla Eduardo Abaroa, en un contexto marcado por la prolongación de los bloqueos, la crisis de abastecimiento y las denuncias sobre el uso de armas de fuego en puntos de conflicto, particularmente en San Julián, donde el sábado 6 de junio dos policías resultaron heridos por disparos con arma de fuego. El presidente Rodrigo Paz promulgó el lunes la Ley 1740 para la regulación de los estados de excepción. En ese contexto, el mandatario anticipó que ya existe “un plan” para enfrentar la crisis provocada por los bloqueos y los conflictos que ya derivaron en el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes. Ante ese escenario, el Jefe de Estado respaldó las acciones de las fuerzas del orden, aunque hasta el momento no declaró formalmente el estado de excepción que le faculta la Constitución y la nueva ley que se debatió y aprobó el pasado fin de semana en la Asamblea Legislativa. El ministro advirtió en todo caso que algunos sectores pasaron de los bloqueos a la violencia y de “la piedra a la bala”, con métodos que, según dijo, buscan generar terror, promover acciones de rebelión y sedición e imponer por la fuerza aquello que no pudieron conseguir por la vía democrática. “Hay que decirlo con claridad: la protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”, remarcó en el acto que tuvo lugar en el Colegio Militar. “La prudencia no es ausencia del Estado, la contención no es debilidad y la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia”, afirmó el ministro ante los reclamos de varios sectores que piden la declaratoria del estado de excepción como la salida al conflicto que ha cercado particularmente a la ciudad sede del Gobierno. Alianzas internacionales El ministro sostuvo, además, que las amenazas actuales ya no siempre “visten uniforme”, sino que cruzan fronteras, se financian desde economías ilegales, operan mediante redes criminales y buscan capturar territorios, instituciones y voluntades. Frente a esa realidad, afirmó que Bolivia está reconstruyendo la confianza internacional y recuperando cooperación, coordinación e inteligencia con países amigos y con instituciones comprometidas con la seguridad regional. “Bolivia vuelve a ocupar su lugar en la defensa democrática del continente. Somos parte de un esfuerzo mayor para proteger a nuestros pueblos del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo y de toda forma de violencia que amenace la libertad y la paz”, sostuvo. En ese marco, Justiniano afirmó que Bolivia “es y debe seguir siendo parte del Escudo de las Américas”, para referirse a un espacio de cooperación, defensa democrática, seguridad regional y lucha conjunta contra las amenazas transnacionales del que son parte 13 naciones de la región, incluyendo Argentina, Chile y Ecuador, además de Estados Unidos. En ese contexto, tanto la administración de Donald Trump como las naciones de esta alianza han respaldado al gobierno de Rodrigo Paz, rechazando la posibilidad de que sea derrocado a merced de protestas y bloqueos que exigen acortar su mandato. Desde el trópico de Cochabamba, donde ya se instalaron “vigilias” en los cuarteles militares, surgieron varias amenazas contra el Gobierno. Este martes, desde Shinaota, los dirigentes aseguraron que no van a permitir que ingresen “infiltrados”, declararon un “estado de sitio” civil y amenazaron “a los gringos” que sean hallados en esa zona. “No nos haremos responsables”, señalan a través de un video divulgado este martes. (EL DEBER)
