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El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció este lunes que, en un operativo extraordinario, se identificaron 163 presuntos ítems fantasmas que habrían ocasionado una pérdida superior a Bs 20 millones durante los últimos tres años. «En este momento ya hay 163 personas que no marcaron, que no se acercaron a marcar ni tampoco firmaron. ¿Qué significa eso? Que hay 163 presuntos ítems fantasmas, que puede ir incrementándose de aquí en adelante», indicó en conferencia de prensa. Explicó que los resultados forman parte de una investigación que continúa en desarrollo y que la cifra podría incrementarse conforme avance la validación de la información recopilada en distintas dependencias municipales. La autoridad edil señaló que, en una revisión inicial de 850 casos, se detectó que 163 corresponden a personas que no registraron asistencia ni pudieron ser verificadas físicamente en sus lugares de trabajo, por lo que serán sometidas a un proceso de investigación individual. De acuerdo con el informe preliminar, estos contratos representarían alrededor de Bs 600.000 mensuales en salarios, cuyo destino deberá ser esclarecido mediante las auditorías correspondientes. Dockweiler recordó que, al inicio de la actual administración, existían aproximadamente 6.040 funcionarios registrados, mientras que en la actualidad se cuenta con 5.626. Además, anunció auditorías para establecer responsabilidades administrativas y penales, además de un censo general de funcionarios. Remarcó que el impacto económico de estos presuntos hechos afecta directamente la capacidad financiera del municipio. «Todo será absolutamente transparente. La ciudad sabrá cuántos funcionarios realmente trabajan en el Gobierno Municipal», aseguró. (ABI)

El vicepresidente Edmand Lara advirtió que liberar el tipo de cambio y dejar la cotización del dólar a las fuerzas del mercado, sin respaldo fiscal ni institucional, puede derivar en una devaluación de la moneda, pérdida del poder adquisitivo de la población y un deterioro del aparato productivo, tomando como referencia experiencias registradas en otros países. El mandatario se pronunció mediante un comunicado sobre la decisión del Ministerio de Economía de implementar un régimen cambiario flexible mediante la Resolución Ministerial 245, medida que –según sostuvo– deja al Banco Central de Bolivia (BCB) sin su rol de regulador de la divisa estadounidense y transfiere la formación del tipo de cambio al mercado. En el documento, la autoridad afirmó que Bolivia atraviesa «uno de los momentos económicos más delicados de las últimas tres décadas» y sostuvo que la escasez de dólares debe enfrentarse con «responsabilidad, legalidad y, sobre todo, humanidad». Si bien reconoció que un régimen cambiario flexible «no es bueno ni malo en sí mismo», remarcó que su éxito depende de las condiciones económicas en las que se aplica. Reservas debilitadas Lara argumentó que el país carece actualmente de los elementos necesarios para asumir esa transición. Citó como factores de riesgo unas reservas internacionales debilitadas, la escasez estructural de divisas por la caída de las exportaciones de gas y la elevada dependencia de las importaciones de combustibles, medicamentos, maquinaria y alimentos. A ello sumó que los salarios y las pensiones no crecen al mismo ritmo que los precios, por lo que advirtió que el primer impacto recaerá sobre el poder adquisitivo de las familias. «Sin disciplina fiscal, sin más dólares genuinos y sin confianza, el tipo de cambio flexible deja de ser estabilizador y se vuelve un acelerador de inflación e incertidumbre», señaló Lara, al advertir que un incremento en la cotización del dólar se trasladará de forma inmediata al costo de la canasta básica y elevará los costos de producción de las empresas. “Experiencia internacional” Para respaldar su posición, mencionó los casos de Zimbabue, Argentina (2018), Rusia (1998) y Turquía (2021-2023), países que –según indicó– liberaron el tipo de cambio sin el respaldo fiscal e institucional suficiente. «La experiencia internacional confirma que soltar el tipo de cambio sin respaldo fiscal e institucional termina en devaluación, pérdida de ahorros y quiebre del tejido productivo», sostuvo. Cuestiona legalidad En el plano jurídico, Lara cuestionó la legalidad de la Resolución Ministerial N° 245 y afirmó que la Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia establece que la administración del régimen cambiario corresponde exclusivamente al ente emisor. En ese sentido, acusó al Ministerio de Economía de invadir atribuciones reservadas al BCB y sostuvo que esa decisión constituye una «usurpación de competencias». Propuestas El Vicepresidente planteó al Gobierno reducir el déficit fiscal, incentivar las exportaciones no tradicionales y la sustitución de importaciones estratégicas, además de implementar mecanismos que impidan que el ajuste cambiario reduzca aún más el poder adquisitivo de la población, especialmente en alimentos y medicamentos. También exigió un «sinceramiento con el pueblo» para explicar con claridad los alcances, riesgos y eventuales medidas de compensación de la nueva política cambiaria. «De lo contrario, el régimen flexible será solo otro nombre para la incertidumbre y la devaluación», concluyó. (CORREO DEL SUR)