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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó hoy de reprochable e inaudito el anuncio realizado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSJ), Romel Saucedo, de declarar un paro de 24 horas de todo el sistema judicial, medida que después será escalonada hasta el paro general e indefinido. Consultado sobre si el Órgano Ejecutivo estaría dispuesto a incrementar el presupuesto, manifestó que el pueblo boliviano enfrenta una crisis económica, y que “el esfuerzo más bien es por el recorte de un Estado obeso hecho a semejanza de Evo Morales”. Sostuvo que se necesita recortar los gastos públicos, pero eso no inhibe la necesidad de atender aquellas cosas que son relevantes y que será bueno sentarse a conversar para encontrar una solución en el marco de esta crisis que enfrentan. Esta mañana, Saucedo, a nombre de los tribunales de Justicia, Agroambiental y Constitucional, se pronunció para reclamar la atención del Órgano Ejecutivo y cuestionó que quienes respetan el Estado de derecho, los que son garantes de la justicia, no son atendidos, mientras que los que bloquean y los que paran sí, en relación a los más de 50 días de bloqueo de carreteras instruido por la Central Obrera Boliviana (COB). “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente a un paro de 48 y de 72 horas y, de ser necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, advirtió. Ante estas declaraciones, Gálvez dijo que se escucharon las declaraciones del magistrado Saucedo en sentido de que enviará una nota al Poder Ejecutivo para expresar la necesidad de contar con un mayor presupuesto y así poder atender los problemas que enfrenta la justicia y la amenaza de asumir medidas de protesta. “Con el mayor de los respetos, pero con la mayor firmeza al mismo tiempo, porque así lo amerita el caso, el Poder Ejecutivo debe remarcar en esencia que el anuncio de un paro en el Poder Judicial es un hecho inaudito y su sola mención o sugerencia es reprochable”, afirmó. Sostuvo que la sociedad boliviana estará de acuerdo en que la “profunda crisis del sistema judicial no se soluciona con un paro y, desde ahora, queremos dejar en claro que, de llegarse a ese extremo, las consecuencias serán de entera responsabilidad de quienes convoquen a esa medida”. Afirmó que nunca en la historia del país, en toda la historia republicana, sucedió algo así. “Nunca pasó que magistrados de los más altos tribunales de justicia convoquen a una medida que le prive a nuestro pueblo de un servicio tan importante como es la justicia, pero aún deberíamos cuestionarnos la motivación si es que esta se centra específicamente en un tema estrictamente presupuestario”, manifestó. Gálvez manifestó que el Gobierno quiere expresar con total contundencia que respeta plenamente la independencia de poderes, pero que, ante este hecho inédito, es su deber pronunciarse. “Los órganos del Estado deben ser administrados, en nuestra visión, con plena responsabilidad y mucha madurez. No estamos de acuerdo en que se apliquen lógicas corporativas, de corte sindical, que ya le hicieron mucho daño al país, y justamente estamos saliendo de un largo proceso de más de 50 días de paros y bloqueos generados por intereses corporativos, sindicales y, en este caso, antidemocráticos”, sostuvo. Consideró que todos los bolivianos son conscientes de la profunda crisis en la que dejó al país el anterior régimen y de que los temas administrativos, a pesar de esa crisis, se pueden y se deben resolver en el marco de la coordinación y el respeto entre los órganos del Estado. “Esperamos recibir la nota anunciada y, pese a la gran crisis económica que heredamos, nuestro Gobierno siempre estará dispuesto a discutir todos los temas y a construir soluciones, como lo hemos reiterado desde el inicio de esta gestión”, afirmó. Sin embargo, advirtió que, como Gobierno, están convencidos, junto con el pueblo boliviano, de que el eje ordenador de ese debate en dicha reunión “no puede ser lo presupuestario; tendrá que tratarse, pero el eje ordenador de la discusión cuando hablamos de la justicia debe ser la reforma de la justicia”, aseguró. Manifestó que el uso de los recursos económicos debe ser destinado a resolver los problemas de fondo y, en ese marco, sostuvo que es bienvenido el diálogo. Además, remarcó que el país vive un momento histórico de transformaciones democráticas que requiere que todos y cada uno de los bolivianos, especialmente los que tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones y órganos del Estado, actúen con madurez y fortalecimiento institucional. (VISIÓN 360)

Jueces y vocales de todo el país determinaron en Sucre asumir un paro de actividades en caso de que no se cumpla la reivindicación del Órgano Judicial, que exige un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General del Estado. En la Reunión Nacional de Emergencia, las autoridades jurisdiccionales demandaron, además, la promulgación de sus proyectos de ley presentados para la modernización tecnológica de la justicia en beneficio de la población, entre otros pedidos. “Si el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no responden de manera institucional a la institucionalidad del Órgano Judicial: paro, colegas (…) Ha llegado el momento de hablar, de discutir y de hacernos respetar como Poder Judicial”, afirmó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega. El Órgano Judicial determinó crear una comisión nacional conformada por sus máximas autoridades nacionales y departamentales, además de solicitar una audiencia pública a los órganos Ejecutivo y Legislativo, en Sucre, para exponer de manera detallada cada uno de sus pedidos. “Los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de derecho, los que somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos, pero a los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden; entonces, ante esta situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta ir a medidas de protesta de manera escalonada”, explicó el presidente del TSJ, Romer Saucedo. El Órgano Judicial otorgó un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo respondan a sus pedidos. (ABI)

El diputado Alejandro Reyes, de Unidad, observó que este lunes ya no existen las largas filas para la compra de gasolina y diésel en los diferentes surtidores de La Paz, pero reiteró el pedido de que tanto la ANH, YPFB o el Ministerio de hidrocarburos puedan realizar el control adecuado del B-SISA, el carguío repetitivo y la venta en galones que van a parar a la reventa. Para el diputado del PDC Macedonio Vargas, este control repetitivo no debería alcanzar al transporte pesado, que por los grandes trayectos interdepartamentales y hasta internacionales requieren de tener un carguío adicional en bidones para dar certidumbre a entregar la carga que llevan a su destino, calificando este control como vulneración a este sector. Según un comunicado de la ANH, el registro en SIScarguío carga de gasolina en bidones constituye un requisito previo para autorizar y controlar la venta de gasolina fuera del tanque de los vehículos, en cumplimiento de la normativa vigente y de los mecanismos establecidos para garantizar la trazabilidad y el uso adecuado del combustible. Esta institución exhortóa las personas que requieran adquirir gasolina en bidones a realizar el registro con anticipación, a fin de evitar inconvenientes al momento de la compra.