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Orden judicial libera a niño de 5 años detenido por ICE

Un juez federal ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y su padre, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, tras permanecer detenidos durante más de una semana en el marco de una operación migratoria que ha provocado una fuerte respuesta pública y política en Estados Unidos.  El fallo, emitido este sábado por el juez Fred Biery, establece que tanto el menor como su padre deben ser liberados a más tardar el próximo martes, mientras su caso migratorio continúa su trámite en el sistema judicial estadounidense. Esta decisión se da luego de una orden previa que también impidió su deportación o traslado fuera de la jurisdicción de Texas mientras avanza el litigio.  ¿Cómo fueron detenidos? Liam y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quien presentó una solicitud de asilo, fueron detenidos por agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) el pasado 20 de enero en la entrada de su casa en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, después de regresar de la guardería. La familia fue trasladada a más de 2 000 kilómetros de distancia hasta el centro de inmigración en Texas, provocando indignación cuando se hicieron virales imágenes del niño con una mochila de Spider-Man y un gorro de conejo azul mientras era escoltado por agentes.  El caso se convirtió en símbolo de las tensiones generadas por la política migratoria bajo la administración del presidente Trump, ya que organizaciones de derechos civiles, educadores y algunos legisladores han denunciado que el niño fue utilizado como “cebo” para intentar capturar a otros miembros de la familia, una acusación que ICE ha negado.  En días recientes, el congresista demócrata Joaquín Castro visitó al niño y a su padre en el centro de detención, describiendo al menor como “muy deprimido” y con problemas de salud emocional tras la detención, mientras explicaba que Liam extrañaba a su madre y a sus compañeros de clase.  La orden judicial que ordena su liberación ha sido celebrada por grupos defensores de migrantes, que argumentan que la detención prolongada de familias y especialmente de niños pequeños puede causar traumas significativos y violar acuerdos como el Flores Settlement, diseñado para limitar la detención infantil. La familia Conejo Ramos es originaria de Ecuador y, según su abogado, arribó a la frontera de Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, situación que hasta ahora sigue en trámite ante las instancias migratorias de Estados Unidos. AGENCIAS

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Tariquía: Procurador logra postergar dos audiencias clave

La inspección técnica programada para el 9 de febrero en Chiquiacá y la audiencia pública del 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos han sido postergadas tras la solicitud del Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, quien argumentó que los tiempos no fueron suficientes para que las entidades demandadas y Petrobras presentaran informes en la Acción Ambiental Precautoria que busca detener el proyecto Domo Oso X-3. El 29 de enero, el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero amplió el plazo de 10 a 20 días hábiles para la presentación de informes y dejó sin efecto las fechas de audiencia. La resolución señala que la Procuraduría fue citada el 27 de enero, cuando el plazo original ya estaba vencido, y que las comunidades de Chiquiacá aún no han sido citadas como terceros interesados. León La Faye argumentó que la notificación llegó 11 días después del Auto Interlocutorio, que la sede de la Procuraduría está en El Alto y que el caso es “complejo, de relevancia e interés social”. Solicitó “tiempos razonables” invocando el “principio de igualdad procesal” y el derecho a la defensa. “Una estrategia dilatoria” El Comité de Defensa de Tariquía cuestiona la postergación. “Evidentemente este tipo de accionar genera mucha susceptibilidad en la población. La información en controversia tiene muchas observaciones de legalidad, transparencia y legitimidad”, señala un defensor. “Se diría que es una estrategia para permitir que Petrobras y YPFB Chaco avancen con las obras mientras extienden el proceso judicial”, afirma. “Los documentos que se les solicitaron los tienen a mano. No hay motivo para tardar tanto”. Juan Mendoza, del Comité de Defensa, denunció que, pese a la orden judicial de paralización, “trabajadores de Petrobras llegan en horas de la noche” a comunidades de Chiquiacá para reunirse con dirigentes pro-petroleros, profundizando la división interna. “De momento no están trabajando con maquinaria, pero sí operando con autoridades y dirigentes que apoyan el ingreso de las petroleras”. Medida cautelar cuestionada El Auto Interlocutorio del 16 de enero dispuso pausa de 30 días en el proyecto Domo Oso X-3, ampliada por 10 días más a solicitud del Procurador. Sin embargo, defensores denuncian que vehículos y personal siguen ingresando a la zona. Tras la medida cautelar, los comunarios levantaron el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, aunque permanecen en estado de alerta. Las nuevas fechas de audiencia “serán señaladas una vez las instituciones demandadas remitan sus informes o venza el plazo otorgado”. Contexto La Acción Ambiental Precautoria fue presentada por el Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro contra el Ministro de Hidrocarburos, el Ministro de Medio Ambiente, el Viceministro de Medio Ambiente y el presidente de YPFB. El 6 de enero, un convoy de 13 vehículos de Petrobras escoltado por 40 policías ingresó al pozo Domo Oso X-3 en Chiquiacá, sobrepasando el punto de vigilia comunario. Este hecho desencadenó movilizaciones y la acción judicial. La Fiscalía activó un segundo proceso penal contra 17 personas (16 comunarios y un concejal) por asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo, a denuncia del asesor de Petrobras y YPFB. El 26 de enero, el Ministerio Público emitió resolución de rechazo a favor de todos los procesados. Petrobras tiene cinco días para objetar; si no lo hace, el proceso quedará cerrado. Un primer proceso penal de 2024 está en etapa de juicio. La Reserva de Tariquía (246.870 hectáreas) alimenta con agua al valle central tarijeño. El pozo Domo Oso X-3 está a 1,5 km fuera de los límites formales, pero organizaciones ambientales advierten que impacta el ecosistema completo. Las 22 comunidades resisten desde 2018 y denuncian consulta fraudulenta. EL PAÍS DE TARIJA

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Gremialistas exigen al Gobierno fortalecer la perforación del pozo Domo Oso-X3 y otros proyectos en el país.

El secretario ejecutivo de la Central de Trabajadores de Bolivia y ejecutivo de los gremiales de la ciudad de El Alto, Toño Siñani Medina, exigió hoy al Gobierno fortalecer la perforación exploratoria del pozo Domo Oso-X3, ubicado en el Área San Telmo Norte (Tarija) y otros proyectos hidrocarburíferos en el territorio boliviano. “Como sector gremial, como organizaciones sociales a nivel nacional, hemos pedido al gobierno que impulse la exploración de este pozo que se encuentra fuera del parque Tariquía. Además, pedimos que se realice esta actividad en los Yungas, en el norte paceño y en todo el territorio boliviano porque vemos que se está acabando nuestro petróleo y, automáticamente, quienes van a sufrir son las amas de casa porque el gas licuado ya no se producirá en los campos”, expresó Siñani. También se refirió al vicepresidente Edmand Lara, tras su visita a Chiquiacña. “Las versiones de Edmand Lara son pura payasada. Es un tiktokero que le miente y le hace daño al pueblo boliviano. Yo me voy a convertir en su fiscalizador para desenmascarar todas las mentiras que va diciendo”, expresó Siñañi. El dirigente gremial dijo que la posición que asume está respaldada por los jubilados, panificadores, transportistas y otros sectores. “Reprochamos la postura de algunos activistas ambientales y de las personas que están queriendo hacer un complot sobre el tema de las exploraciones hidrocarburíferas. Estamos muy preocupados porque el combustible se acabe de acá a dos o tres años, sin duda esta situación afectará al pueblo boliviano”, manifestó. A la fecha, hay una paralización de actividades petroleras tras una Acción Ambiental Precautoria, que fue presentada por el Defensor del Puebl, Pedro Francisco Callisaya Aro, contra el Ministro de Hidrocarburos, el Ministro de Medio Ambiente, el Viceministro de Medio Ambiente y el presidente de YPFB. Según activistas y analistas, “hay una ofensiva petrolera en la reserva de Tariquía, principal fuente de agua de Tarija”. Agencias

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Paz estrena firma digital con DS en hidrocarburos

El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N° 5533, que reglamenta la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos automóviles y diésel oíl, conforme a lo establecido en el Presupuesto General del Estado (PGE) de las gestiones 2025 y 2026, según BTV. La norma, firmada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, da cumplimiento al Artículo 9 de la Ley N° 1613, incorporado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 1705, que reconoce este beneficio tributario para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. El decreto precisa que la exención del IVA se aplicará a la importación de los citados hidrocarburos, siempre que estos correspondan a las subpartidas arancelarias detalladas en el anexo que forma parte del propio decreto supremo. De acuerdo con el contenido de la norma, la exención tributaria se sustenta en el marco legal vigente, que establece que únicamente la ley puede otorgar o suprimir beneficios fiscales, y que la exención constituye una dispensa expresa de la obligación tributaria. Finalmente, el Decreto Supremo N° 5533 encarga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la ejecución y cumplimiento de la medida, la cual ya se encuentra en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. El presidente Rodrigo Paz emitió, en enero de 2026, el Decreto Supremo 5519 que establece la creación del “Despacho Virtual del Presidente” como canal de comunicación oficial. El objetivo del decreto es fortalecer y garantizar la implementación de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia y hace modificaciones e incorporaciones en el Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, modificado por el Decreto Supremo N° 3900, de 15 de mayo de 2019. LOS TIEMPOS

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Jhiery Fernández denuncia encubrimiento tras exclusión de exfiscal Blanco

El médico Jhiery Fernández, protagonista de uno de los casos más emblemáticos de injusticia en Bolivia, denunció un nuevo episodio de encubrimiento judicial luego de que jueces decidieran apartar al exfiscal Edwin Blanco del proceso iniciado en su contra por las irregularidades cometidas en el denominado caso bebé Alexander. Según Fernández, esta decisión confirma la persistencia de un sistema que protege a quienes vulneraron derechos fundamentales desde el poder. “Los pasillos judiciales son pasillos del infierno. Ahí no se busca justicia, se ejecutan decisiones políticas”, afirmó al recordar que Blanco, entonces fiscal departamental de La Paz, “orquestó y armó” el proceso penal que lo llevó a pasar casi cuatro años en prisión por un delito que no cometió. Fernández cuestionó que, pese a las denuncias presentadas ante el Ministerio de Justicia, el sistema terminó “premiando” a Blanco, quien en 2021 fue designado juez de Sentencia. “Mis denuncias evitaron que sea Fiscal General, pero el sistema le devolvió el favor dándole un juzgado”, señaló en el programa Sin Concesiones de radio Fides. Críticas al Ministerio de Justicia El galeno calificó al anterior Ministerio de Justicia como un “brazo operativo de opresión”, que no buscaba esclarecer la verdad sino presionar y hostigar a jueces para que actúen conforme a los intereses políticos de turno. “No era un ministerio para garantizar derechos, era un mecanismo de control”, denunció. Falta de reparación Aunque recuperó su libertad en 2018 tras revelarse un audio en el que la jueza Patricia Pacajes admitía que lo condenó sin pruebas, Fernández lamentó que hasta hoy no ha recibido resarcimiento económico ni reparación integral por los años que pasó encarcelado injustamente. “Mi vida fue destruida y el Estado no ha hecho absolutamente nada para reparar ese daño”, expresó. Acciones internacionales Ante la exclusión de Blanco del proceso y los recientes reveses judiciales, Fernández anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos y la violencia institucional ejercida en su contra. Subrayó que su lucha busca visibilizar la situación de miles de personas que permanecen en detención preventiva sin sentencia, en condiciones precarias y sin acceso real a la justicia. Antecedentes El caso se remonta a noviembre de 2014, cuando murió el bebé Alexander en una casa de acogida de La Paz. Pese a la falta de pruebas científicas, el Ministerio Público, encabezado por Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, acusó a Fernández de violación seguida de muerte. En 2018 fue condenado a 20 años de prisión, hasta que un audio filtrado reveló que la jueza reconocía su inocencia, lo que derivó en su liberación. Posteriormente, se iniciaron procesos contra Blanco y Boyán por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, las audiencias fueron postergadas reiteradamente y ahora, con la exclusión de Blanco, resurgen las denuncias de impunidad y encubrimiento en uno de los casos más graves de la justicia boliviana. ANF

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China quiere ampliar comprar más a Bolivia

Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification & Inspection Group (CCIC), llegó al país con el “objetivo de consolidar mecanismos que permitan ampliar las ventas bolivianas”, según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). “Esta visita se da en el marco de las gestiones orientadas a la integración de mercados y el fortalecimiento del sector agroindustrial y pecuario boliviano (…). El objetivo es consolidar mecanismos que permitan ampliar las exportaciones bolivianas bajo el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente”, informó el Senasag en sus redes sociales. La institución resaltó que la presencia de esta comisión oficial, acompañada por empresarios internacionales, autoridades nacionales y representantes del sector privado, marca un paso estratégico en el proceso de cooperación técnica e institucional entre China y Bolivia. Durante su visita, el CCIC realizará inspecciones técnicas y visitas a plantas con perfil exportador, en coordinación con el Senasag y las entidades competentes del Estado. El CCIC de China es un organismo estatal líder en inspección, certificación y control de calidad. Arribó al país el miércoles 28 de enero. Además de productos tradicionales como minería e hidrocarburos, Bolivia exporta variedad de productos no tradicionales como la soya y sus derivados, carne, banano, castaña a mercados de diferentes partes del mundo. EJU TV

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Bolivia, Brasil y Paraguay acuerdan proyectos conjuntos

Autoridades de Santa Cruz, representantes del Gobierno nacional y delegaciones de Brasil y Paraguay participaron en la Cumbre Internacional de Integración Regional en San Ignacio de Velasco, donde se comprometieron a ejecutar proyectos conjuntos en infraestructura, comercio, medio ambiente, cultura, educación, seguridad y salud. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la conectividad terrestre entre los tres países, con Santa Cruz como eje estratégico. El gobernador Luis Fernando Camacho destacó el respaldo del gobierno central y la oportunidad de articular tramos viales que unan fronteras, mercados y personas. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, subrayó que la cumbre ratifica la visión del presidente Rodrigo Paz sobre las cinco fronteras estratégicas de Bolivia, proyectando al país como un “gran puerto en el corazón de Sudamérica”. Las conclusiones incluyeron compromisos para mejorar carreteras y corredores logísticos, facilitar trámites aduaneros, proteger reservas naturales, impulsar programas de intercambio cultural y educativo, y coordinar acciones contra el crimen transfronterizo y emergencias sanitarias. EJU TV

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COB ratifica rechazo a proyecto antibloqueo y a renta vitalicia

La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su estado de emergencia y pidió la anulación de los anteproyectos de ley que penalizan los bloqueos, además de declarar ‘enemigos’ a los parlamentarios que los impulsan. También exigió la eliminación de la renta vitalicia para exmandatarios y la reducción de los salarios de legisladores y altos cargos políticos. “Ha sido contundente y claro el ampliado nacional. Estamos en estado de emergencia. Si surge cualquier anormalidad o decreto atentatorio que afecte los derechos constitucionales y la economía magra del pueblo, se deben tomar medidas”, dijo Mario Argollo,  ejecutivo de la COB, en Sucre. Reiteró que el proyecto antibloqueos es “nefasto, antiobrero y anticonstitucional” Sobre la eliminación de la renta vitalicia y la reducción de salarios de legisladores y altos cargos políticos indicó que “si vamos a compartir la crisis, lo haremos todos. Pedimos eliminar la renta vitalicia porque no vinimos a servirnos del pueblo, sino a servir al pueblo boliviano” OTRAS DEMANDAS Limber Onofre, secretario de Conflictos, dio lectura a otros acuerdos, entre ellos el apoyo moral al Comité Ejecutivo Nacional y la reposición del aumento salarial perdido por la pérdida del poder adquisitivo.  EL POTOSÍ

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Viceministro anuncia auditoría al INRA por “encubrir avasallamientos”

El nuevo viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), proporcionó información, protegió y encubrió a grupos dedicados al avasallamiento de tierras. “Nunca más en este país puede ser utilizado, por ejemplo, el INRA, como instrumento de información para que las mafias incrustadas dentro del INRA, y en su momento en lo que fue el Ministerio de Tierra, en estos 20 años masistas, daban información, protegían y solapaban a estas mafias incrustadas en el Estado para traficar la tierra”, afirmó Vaca Díez en entrevista con BTV. Restitución de la propiedad El viceministro aseguró que su despacho trabajará para garantizar el cumplimiento de la ley y restituir el derecho de propiedad de las unidades productivas avasalladas. Señaló que para ese objetivo resulta indispensable ejecutar las órdenes de desalojo y los mandamientos de aprehensión emitidos por el Ministerio Público. “Vamos a pedir que el Ministerio Público tenga celeridad y pueda actuar de acuerdo a norma y hacer rápidamente los desalojos (…) y si hay órdenes de aprehensión que sean ejecutadas”.  Institucionalidad en el INRA Vaca Díez afirmó que resulta clave recuperar la institucionalidad del INRA, para lo cual se realizarán cambios tanto en los cargos jerárquicos como en el resto del personal, en el marco de la normativa que establece los perfiles requeridos para cada puesto. “Eso es volver a la institucionalidad, eso es volver a que el INRA sea eminentemente técnico para poder hacer su trabajo para el que fue creado, saneamiento de tierra. Nosotros tenemos dentro todavía un 6 % que falta por cumplir para sanear la tierra en Bolivia y para lo que fue creado el INRA es para eso”, aseguró. Auditoría y alcance de los avasallamientos El viceministro informó que se realizará una auditoría en el Instituto Nacional de Reforma Agraria para conocer la situación real de las tierras, ante la preocupación de que los datos oficiales hayan sido alterados. Indicó que, si bien el 85 % de los avasallamientos se registra en Santa Cruz, también existen casos en Cochabamba, Beni y Tarija. “Entonces, hay un sinnúmero de avasallamientos tanto en unidades productivas, propiedades privadas, pero también dentro de áreas que son de reserva del estado, que han sido avasalladas”, agregó.  Contexto y acciones recientes Hormando Vaca Díez fue posesionado el miércoles como viceministro de Tierras por el ministro de la Presidencia José Luis Lupo. La problemática de los avasallamientos fue el eje de una reunión interinstitucional realizada la semana pasada en Santa Cruz, con la participación del presidente Rodrigo Paz, autoridades regionales, representantes del Órgano Judicial, de la Fiscalía cruceña y del sector agropecuario. El martes, un contingente policial, junto a funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz y de la Fiscalía, se trasladó a la zona de Las Londras para recuperar predios avasallados. Al día siguiente, los ocupantes ilegales abandonaron el lugar. En los próximos días se prevé la ejecución de acciones de mayor alcance para desalojar más de 300 predios que cuentan con órdenes judiciales. BRÚJULA DIGITAL

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Ministra anuncia mejoras en el SUS

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, anunció que el Gobierno trabaja en una modificación del Sistema Único de Salud (SUS) con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones, garantizando que no se alterará la gratuidad ni las condiciones de acceso para la población. “Jamás podríamos ir en contra de la población. No se va a modificar la gratuidad ni el acceso, solo la presentación del carnet de identidad, nada de eso. Lo que vamos a hacer es mejorar las prestaciones”, afirmó la autoridad. Flores explicó que se realiza una evaluación integral del SUS para identificar fallas estructurales. Un equipo técnico y otro financiero analizan los “flujos críticos” y los “cuellos de botella” que limitan la distribución de recursos y la calidad de los servicios. Problemas detectados Uno de los principales obstáculos es la falta de actualización del SUS frente a los avances médicos, lo que restringe tratamientos más efectivos para enfermedades crónicas. “En el mundo la medicina cambia día con día y en el SUS, para darle tratamiento antihipertensivo, solo tiene un medicamento para elegir. Hace unos 10 años que los cardiólogos no curan la hipertensión con un medicamento, se trata con dos, se debe hacer una combinación”, señaló. La ministra añadió que lo mismo ocurre con pacientes diabéticos e hipertensos, quienes deberían contar con controles periódicos más completos dentro del sistema. Limitaciones estructurales Flores sostuvo que el SUS “es mal llamado único”, ya que en Bolivia coexisten diferentes sistemas sanitarios según la financiación y la cobertura. Esta fragmentación provoca un desorden estructural que termina colapsando los hospitales de tercer nivel. “Los segundos niveles tienen infraestructura y recursos humanos, pero no se les permite realizar determinadas atenciones. Entonces sí o sí derivan al tercer nivel. Los primeros niveles, además, solo funcionan seis horas, con un médico, una enfermera y un odontólogo, sin laboratorio ni exámenes complementarios. Para un paciente significa ir por lo menos cinco veces”, lamentó. URGENTE.BO

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