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COR El Alto pide transparencia en caso maletas

El dirigente de la COR, Marcelo Mayta, manifestó que es fundamental que las autoridades actúen con transparencia y celeridad, sin encubrimiento en el caso maletas. El juez Hebert Zeballos fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola por 120 días, es acusado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, en el caso narcomaletas. relacionado con el hallazgo de droga en un galpón de su propiedad. Mientras que la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, este lunes fue aprehendida luego de brindar su declaración como testigo en el caso ante el Ministerio Público. Aunque informes recientes señalan que la mencionada fue trasladada a una clínica. El caso maletas estalló en Bolivia tras el arribo de un vuelo chárter privado desde Estados Unidos con 32 maletas, solo 31 registradas, que ingresaron sin supuesto control en Viru Viru (Santa Cruz). La investigación involucra a una exdiputada, Laura Rojas, a un juez anticorrupción Hebert Zeballos, entre otros funcionarios de Aduana. Al respecto, la Cancillería dijo que presentará una denuncia penal contra la exdiputada por uso irregular de pasaporte diplomático. En tanto, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, dijo a la prensa que “no hay intocables, nadie está por encima de la ley” en el mencionado caso. YENNY TICONA-RTP

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Policía investiga abandono de una bebé en El Alto

Una bebé de cuatro meses fue abandonada en la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, hecho que generó profunda preocupación entre vecinos y autoridades. La menor fue encontrada en situación de vulnerabilidad y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para resguardar su vida e integridad. Actualmente, la infante permanece internada en el Hospital del Norte, donde recibe atención médica especializada y se recupera favorablemente. El coronel Carlos Valencia, comandante regional de la Policía en El Alto, informó que se inició una investigación para identificar a los familiares de la bebé. La autoridad hizo un llamado a la población para que cualquier persona que tenga información pueda colaborar, con el objetivo de restituir a la menor su derecho a crecer en un entorno familiar seguro. YENNY TICONA-RTP

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Experto pide volver a restringir uso del pasaporte diplomático

Un Decreto Supremo promulgado en 2013 por el expresidente Evo Morales amplió la lista de beneficiarios del pasaporte diplomático. Tras el caso de las 31 maletas que ingresaron al país bajo este privilegio, un especialista en temas internacionales plantea revisar y modificar la normativa. El analista Álvaro del Pozo explicó que el origen del problema está en el DS 1762 del 14 de octubre de 2013, que permitió que más servidores públicos accedan al pasaporte diplomático sin considerar la responsabilidad que implica portar este documento. “Se amplió indiscriminadamente la lista de beneficiados, lo que abrió la puerta a abusos y a incidentes que dañan la imagen internacional del país”, señaló. En ese sentido, Del Pozo considera que la Cancillería debe tomar la iniciativa para modificar la norma y restringir el número de autoridades con acceso al pasaporte diplomático, limitándolo únicamente a quienes cumplen funciones estrictamente vinculadas con la representación internacional del Estado. El especialista acotó que esta revisión es necesaria porque el uso indiscriminado del pasaporte diplomático debilita la credibilidad del país en el ámbito internacional, expone a Bolivia a cuestionamientos por falta de control y genera riesgos de que se repitan casos como el de las 31 maletas. ÁNGEL LOZANO.-RTP

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Defensores de Tariquía logran frenar segunda denuncia de Petrobras, pero aún enfrentan juicio

El Ministerio Público rechazó el segundo proceso penal contra 17 defensores de la Reserva de Tariquía, anulando la denuncia presentada por la empresa Petrobras al no existir pruebas suficientes para sustentar una imputación formal. La Fiscalía concluyó que Petrobras no presentó memoriales ni pruebas testificales o documentales que acrediten responsabilidad penal, por lo que determinó el rechazo al cumplirse el plazo de 20 días de la etapa preliminar de investigación. Entre los delitos denunciados figuraban impedir el ejercicio de funciones públicas, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa. De acuerdo con el procedimiento penal, la empresa tiene cinco días hábiles para apelar la resolución, aunque la normativa permite una eventual reapertura dentro de un año si surgen nuevos elementos probatorios. La decisión, confirmada por el abogado Roger Ibarra, representa una primera victoria judicial para comunarios y activistas, aunque recordó que aún sigue pendiente un primer proceso que derivará en juicio oral. El activista José Humacata reiteró en RTP que estas acciones constituyen persecución judicial y criminalización, generando un desgaste moral en los habitantes, pues los procesos se activan y reactivan constantemente. Además, espera la inspección del 9 de febrero para evidenciar las denuncias de la ofensiva petrolera, y el 19 de febrero la justicia definirá si se mantiene la restricción de trabajos hidrocarburíferos que fueron paralizados tras una Acción de la Defensoría del Pueblo. Los activistas y comunarios afirman que la resistencia de Tariquía se sostiene en la defensa de su biodiversidad única y de las fuentes de agua que abastecen a Tarija. Recientemente, denunciaron que Petrobras prepara la perforación de seis pozos en la zona de Chiquiacá, considerada el núcleo de la reserva. ÁNGEL LOZANO-RTP-LA REGIÓN

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Turismo: alza de pasajes aéreos afectará al Carnaval

Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo y de Hotelería, advirtió que el Carnaval 2026 será una de las primeras actividades en sentir los efectos del incremento de los pasajes aéreos anunciado por la ATT. Señaló que la medida afectará directamente al sector turístico y reprochó que haya sido intempestiva y sin socialización con los actores involucrados. El incremento de pasajes aéreos en Bolivia fue justificado por la ATT como una medida transitoria de 180 días debido al retiro de la subvención al jet fuel y al aumento del precio del combustible en un 288%. El Gobierno sostiene que busca garantizar la sostenibilidad de las aerolíneas, mientras surgen reproches de varios sectores como la hotelería. Al respecto, la Defensoría del Pueblo observó el incremento de pasajes aéreos y exigió una explicación a la ATT. Puso como ejemplo los perjuicios en Cobija, tras el ajuste provisional de las tarifas máximas de hasta Bs1.552 desde La Paz. ÁNGEL LOZANO-RTP Y LA RAZÓN

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Choferes a Yungas amenazan con no pagar peajes por mal estado de vías

Choferes del sector de Los Yungas se declararon en estado de emergencia debido al grave deterioro de las carreteras, provocado por las intensas lluvias que ocasionaron derrumbes y mazamorras, dejando incluso a Chulumani incomunicada. El sector advirtió que dejará de pagar peajes si no existe una intervención inmediata de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El dirigente de la Federación Volantes a Yungas, Freddy Avirari, denunció que el mal estado de las vías pone en riesgo constante a transportistas y pasajeros, además de generar pérdidas económicas por los bloqueos y retrasos en el tránsito vehicular. Avirari advirtió que, de persistir esta situación, los choferes asumirán medidas de presión, entre ellas el no pago de peajes, al considerar que no se justifica el cobro cuando las rutas no reciben el mantenimiento adecuado. ROLY FLORES-RTP

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Alza de tarifas aéreas afectarán las ventas, dice Turismo

La presidenta de la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), María Benavides, calificó como “bastante elevados” los costos máximos fijados para los pasajes aéreos que rigen desde este lunes 26 de enero y advirtió que la medida podría afectar la demanda de vuelos. “Esto ha sido un poquito de agua fría porque sí están bastante elevados los precios. Sinceramente están muy elevados y los costos operativos para las operadoras de turismo también se elevan. Esto afecta al bolsillo del boliviano especialmente porque para un carnaval que se viene pronto está planificando con cierto presupuesto”, afirmó Benavides en entrevista con Unitel.  Señaló que, aunque aún no existe un cálculo del impacto económico para el sector, la demanda de boletos aéreos disminuirá debido a los precios. Añadió que la medida no fue coordinada con la cámara que representa. Nuevas tarifas El domingo, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) publicó las nuevas tarifas máximas transitorias para el transporte aéreo en 22 rutas, incluidas cinco nuevas, que estarán vigentes por 180 días calendario. Benavides indicó que el sector solicitará una reunión con el director de la ATT, Carlos Ágreda, con el objetivo de impulsar viajes a precios más bajos ante la cercanía del Carnaval. “Tenemos que orientar a las autoridades como cámaras y como sector turístico para poder conversar con ellas y determinar cuáles van a ser las acciones a futuro con la experiencia que se vayan a tener en estos días y si es posible intervenir en los próximos feriados para que estos precios sean más accesibles sobre todo para las familias bolivianas”, agregó.  La dirigente cuestionó el alza de las tarifas, ya que aseguró que el precio del combustible de aviación no registró incrementos. Este domingo, el excandidato presidencial de alianza Unidad y empresario, Samuel Doria Medina, también se pronunció en similar sentido y aseguró que el combustible para aviones “nunca estuvo subvencionado”, por lo que consideró que el ajuste no se justifica. Además, expresó su preocupación por un posible impacto en la inflación. Obras Públicas: Sí había subvención del combustible para aviación Fuentes del Ministerio de Obras Públicas refutaron la versión de Doria Medina y aseguraron que tanto el jet fuel como la gasolina de aviación estaban subvencionados y se vendían a menos de una cuarta parte de su valor real de mercado. Datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos indican que, antes del Decreto Supremo 5503 —posteriormente abrogado—, el litro de gasolina de aviación costaba 4,57 bolivianos y el de jet fuel, 2,77 bolivianos. Tras la aprobación de la norma, que eliminó la subvención al combustible, los precios por litro subieron a 10,57 bolivianos para la gasolina de aviación y a 10,74 bolivianos para el jet fuel. Brújula Digital

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Muere la voz que inmortalizó con ternura a Topo Gigio

El actor de doblaje y comediante Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido principalmente por ser la voz del emblemático personaje infantil ‘Topo Gigio’, falleció este fin de semana a los 57 años, informó el humorista Jorge Falcón mediante sus redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. Jorge Falcón fue quien dio a conocer la noticia del fallecimiento de Garzón con un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, en el que expresó su pesar por la pérdida del actor y destacó su trayectoria artística. En su publicación, Falcón no detalló los motivos del deceso. «Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo», escribió. ¿Quién fue Gabriel Garzón?Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un reconocido actor de doblaje que también brilló dentro del mundo del entretenimiento en México como comediante, titiritero y productor, pero es especialmente recordado por ser la voz oficial de Topo Gigio, uno de los personajes infantiles más entrañables para el público mexicano. A lo largo de su carrera, se desempeñó en proyectos para la radio y televisión, teniendo participación en programas emblemáticos como Una sonrisa con Cepillín y El espacio del tío Gamboín, dejando una marca importante en la cultura popular. Su talento para crear y dar vida a personajes, así como su cercanía con la audiencia, lo convirtieron en alguien querido por distintas generaciones. El actor atravesó por momentos difíciles en su vida personal, como la amputación de su pierna izquierda tras un accidente en 2016. Reportaje sobre Garzón: https://www.facebook.com/reel/3733882293392607 AGENCIAS

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Europa en el nuevo orden mundial de Donald Trump

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato presidencial con una visión del mundo que rompe de forma explícita con los consensos básicos que, con mayor o menor coherencia, han estructurado el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El giro no es solo retórico ni coyuntural: afecta a los cimientos del orden liberal construido en torno a instituciones multilaterales, alianzas estables y normas compartidas, pilares sobre los que Europa ha asentado su seguridad y prosperidad durante más de siete décadas. Para el presidente republicano, Estados Unidos se encuentra ante una amenaza existencial: la posible pérdida de su primacía global frente al ascenso sostenido de China, el desafío estratégico de Rusia y, de forma cada vez más explícita, la competencia económica y regulatoria de la Unión Europea, hasta ahora considerada un aliado natural. Bajo el lema de hacer “América grande otra vez”, Trump ha desplegado una política exterior agresiva, basada en la presión económica, el uso instrumental de los aranceles comerciales y la lógica de los hechos consumados. En su concepción, ya no existe una distinción clara entre aliados históricos y adversarios geopolíticos: todos son sometidos a un cálculo estrictamente utilitarista de costes y beneficios. El resultado es un clima internacional belicista, caracterizado por la militarización de las relaciones internacionales y el relanzamiento de carreras armamentísticas que evocan las tensiones más oscuras del siglo XX. El propio Trump explicitó esta visión en su discurso inaugural, donde anunció ambiciones abiertamente expansionistas. La idea de convertir a Canadá en el Estado número 51, la apropiación de Groenlandia y la recuperación del control del Canal de Panamá —con el objetivo declarado de desplazar a los operadores chinos de ese enclave estratégico del comercio mundial— no fueron meras provocaciones retóricas, sino señales de un giro doctrinario profundo. En ellas subyace una concepción del poder internacional basada en la fuerza y el dominio territorial, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional contemporáneo. Trump no ha dudado en recurrir al arma de los aranceles para forzar a los países de la OTAN a incrementar su gasto en defensa, orientándolo hacia la compra de armamento estadounidense. Del mismo modo, ha autorizado acciones militares directas contra Irán, con el argumento de poner fin a la llamada guerra de los trece días con Israel, y ha impulsado operaciones en Venezuela con el doble objetivo de capturar a Nicolás Maduro —a quien acusa de narcotráfico— y asegurar el control de las mayores reservas de petróleo del planeta. Estas políticas han generado tensiones en múltiples regiones del mundo, pero su impacto ha sido particularmente corrosivo en Europa, el principal aliado estratégico y socio comercial de Estados Unidos desde 1945. Washington parece haber olvidado no solo la historia compartida, sino también la densa red de interdependencias que incluye decenas de bases militares estadounidenses en suelo europeo y cerca de 80.000 efectivos desplegados de manera permanente. La marginación de Europa de las grandes negociaciones internacionales se ha convertido en una constante. Los gobiernos europeos han sido excluidos de los contactos clave sobre una eventual salida negociada a la guerra de Ucrania, del rediseño del equilibrio de poder en Oriente Próximo tras el conflicto entre Israel, Hamás, Hezbolá e Irán, del futuro de Gaza y de las discusiones sobre la neutralización del programa nuclear iraní. Para Trump, las alianzas tradicionales son una rémora si no producen beneficios inmediatos y cuantificables. El mundo que imagina el presidente estadounidense es, en sus propias palabras, un escenario “gobernado por la fuerza, gobernado por el poder, gobernado por el dominio”. Esta visión remite a la concepción hobbesiana del estado de naturaleza, en la que el hombre es el lobo del hombre y la ausencia de una autoridad superior convierte la violencia en regla. En el plano internacional, esta lógica se traduce en la normalización de la impunidad del intervencionismo: ataques extrajudiciales, cambios de régimen, privatización de la paz y desprecio por los mecanismos multilaterales. Con ello, Trump ha abandonado la tradición principista de la política exterior estadounidense, basada en la defensa de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, impulsada por presidentes como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt o Jimmy Carter. Incluso supera el realismo clásico de figuras como Hans Morgenthau, Richard Nixon, Henry Kissinger o Ronald Reagan, quienes reconocían la necesidad de reglas compartidas para evitar el caos sistémico. En este contexto, Trump ha rescatado la Doctrina Monroe (1823) y su reinterpretación imperialista del corolario Roosevelt. El 2 de septiembre de 1901, Theodore Roosevelt proclamó: “Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”. Aquella consigna justificó décadas de intervenciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Trump ha actualizado ese legado bajo lo que analistas denominan la “Doctrina Donroe”. Su objetivo: convertir a América Latina en una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, cerrada a la expansión de China. El giro unilateral y expansionista del presidente estadounidense reabre viejos fantasmas en el continente y obliga a la Unión Europea a repensar su seguridad, su autonomía estratégica y su lugar en un sistema internacional cada vez más regido por la fuerza. Simultáneamente, Trump ha exigido a Dinamarca y a la Unión Europea la cesión de Groenlandia, territorio autónomo danés y aliado histórico en la OTAN. Las amenazas de aranceles diferenciados y la presión militar han puesto en cuestión la supervivencia de la Alianza Atlántica. Para Trump, el control del Ártico, sus rutas comerciales y sus recursos naturales —incluidas las tierras raras— justifica cualquier coste político. La guerra de Ucrania es otro punto central de fricción. Mientras la Administración Trump busca una salida rápida, incluso a costa de concesiones territoriales y garantías de seguridad para Moscú, los países europeos mantienen una postura más dura. Informes de inteligencia anticipan un enfrentamiento directo con Rusia hacia 2030. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comparó el escenario actual con las guerras mundiales del siglo XX: “Somos el próximo objetivo de Rusia”. En países como Polonia y España, la percepción de riesgo es elevada. Ante este panorama, Europa

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Gobierno rastrea patrimonio de los Arce y más de 70 personas

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realiza un rastreo patrimonial en las cuentas de bancos de 72 personas involucradas con presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre esas solicitudes están los casos que investigan a los dos hijos del presidente Luis Arce: Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira y también al propio ex jefe de Estado. El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que su cartera de Estado solicitó dicha información a la UIF, en el marco de las pesquisas que realiza en todos los procesos de investigación tras las denuncias que llegaron a su despacho. “Desde esta instancia se han requerido 72 informes de investigación patrimonial y que a la fecha están pendientes de remisión. Esperamos que en los próximos días podamos tener el rastreo patrimonial de estas personas particulares”, informó la autoridad. El rastreo patrimonial que se realiza a los hermanos Arce Mosqueira es por distintos casos de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito con bienes del Estado. En noviembre de 2025, pocos días después del cambio de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz instruyó una auditoría general a todas los ministerios y entidades dependientes del Estado. El 13 de noviembre en un primer diagnóstico, el jefe de Estado afirmó que encontró “una cloaca de dimensiones extraordinarias”, en alusión a hechos de corrupción detectados en todo el gobierno central y que vinculaban a las exautoridades como es el caso del expresidente Luis Arce y de su entorno familiar. El rastreo patrimonial que realiza la IUF es un paso esencial para Transparencia porque de acuerdo a los datos que emita esta unidad, se presentarán las denuncias por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas y por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. ¿Entre estas 72 investigados están exautoridades del anterior gobierno?, consultó este medio a García, y el viceministro respondió: “Son exautoridades del anterior gobierno y también son allegados de las exautoridades del anterior gobierno”, respondió. Con sus declaraciones se puede deducir que estos 72 casos involucran personas vinculadas hechos de presunta corrupción en distintos niveles del Estado entre ellos del sector de hidrocarburos, Emapa y Fondo Indígena. No obstante, se abstuvo de dar más detalles de quiénes están entre los investigados. “Es un listado que está en reserva en la UIF, sin embargo, una vez que tengamos el reporte o el resultado de estos casos, y presentemos la denuncia ante el Ministerio Público, por supuesto que vamos a brindar toda la información de nombres de personas, entidades, fechas y montos en donde se han producido estas operaciones”, explicó. Los hijos de Arce Los hijos varones del expresidente Luis Arce Catacora – detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por un caso de desfalco del Fondo Indígena – Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, son investigados, en distintos casos y grados, por el Ministerio Público. Mientras, la Fiscalía sigue los pasos y acciones de Marcelo y su presunta participación en entidades estatales del sector de hidrocarburos, Rafael tiene al menos tres investigaciones penales también por corrupción y que ya están con imputación formal. Entre esos casos están la compra de un predio (Adán y Eva) por $us 3.3 millones, el segundo caso es porque se detectó un «patrimonio inusual» en La Paz con más de $us 755.000 y la tercera investigación penal es porque Arce Mosqueira generó «movimientos económicos millonarios» de unos Bs 7 millones y la transferencia de tres inmuebles en la pasada gestión. “Nosotros creemos que debe haber mucho más patrimonio y nuestro trabajo justamente es apoyar todas las instituciones que están a cargo para que podamos ir rastreando todo el patrimonio que hubiera sido consecuencia y resultados de corrupción”, dijo García. El jueves 22 de enero debía realizarse la audiencia de medidas cautelares de Arce Mosqueira en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no obstante, el sindicado no se presentó ni envió un justificativo de su ausencia. Por lo tanto, la justicia lo declaró en rebeldía, se emitió el mandamiento de aprehensión y se solicitó a Interpol que se active el sello rojo para capturar a Arce Mosqueira. “Este mandamiento habilita que se pueda activar el sello rojo o notificación roja, de tal manera que con ese mandamiento, todos los mecanismos policiales internacionales van a tener la facultad de poder conducir a este ciudadano ante un juez por la fuerza pública independientemente del lugar donde se encuentre, así esté fuera del país”, explicó a este medio el viceministro García. En el caso de Marcelo, la autoridad precisó que “también está en investigación” pero el proceso está en la parte inicial y aún no se estableció el grado de su presunta participación en hechos de corrupción estatal. “Hasta que no se tengan los resultados de la información financiera y patrimonial, dar a conocer los mecanismos que se está generando el Ministerio Público y la UIF, podría generar algún tipo de entorpecimiento (a la investigación)”, explicó. No obstante, adelantó que se realiza el rastreo patrimonial de Marcelo Arce por su rol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya que es de conocimiento público “que este ciudadano con otro esquema de personas, tenía inclusive un piso exclusivo e YPFB desde donde se daban órdenes y se tomaban decisiones sobre recursos públicos en el área de hidrocarburos”. En ese marco el viceministro de Transparencia invitó a la ciudadanía que conozca estos hechos, haya sido funcionario, técnico, o parte de alguna comisión vinculada al caso de hidrocarburos, que brinde información al respecto y el Gobierno se compromete a protegerlos como testigos y víctimas de esos hechos. “Consideramos que todavía está en fase preliminar la investigación en hidrocarburos, pero con seguridad, en esta etapa, vamos a establecer los nexos existentes de manera documentada”, afirmó García. EL DEBER Y OPINIÓN

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