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El rey Carlos III forzó esta semana el traslado de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, desde Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en el parque de Windsor, a una residencia más pequeña en el dominio privado de Sandringham, en un movimiento precipitado por una nueva oleada de documentos vinculados a Jeffrey Epstein y por la reactivación de pesquisas policiales en el Reino Unido. Los nuevos materiales difundidos en Estados Unidos —atribuídos a una tanda reciente de archivos del Departamento de Justicia— incluyen indicios de que Andrés habría mantenido contacto con Epstein después de su condena de 2008, un punto que reabre preguntas sobre el alcance de su relación. El cambio se ejecutó de noche, una señal de la urgencia con la que la Casa Real busca contener el daño reputacional que vuelve a golpear a la monarquía. El traslado coincide con la evaluación policial de una denuncia adicional: abogados de una mujer no británica sostienen que Epstein la habría enviado al Reino Unido en 2010 para un encuentro sexual con el entonces príncipe en Royal Lodge. La información fue divulgada por su abogado, Brad Edwards, en declaraciones recogidas por la BBC y amplificadas por medios británicos. La policía confirmó que está “evaluando información” relacionada con el caso. En paralelo, France 24 informó —en una nota basada en documentos— que Epstein habría ofrecido presentar a Andrés a una mujer rusa, un detalle que alimentó la presión pública y política. La situación reaviva una disputa interna de meses sobre Royal Lodge: Andrés sostenía un contrato de arrendamiento a largo plazo y había resistido intentos de su hermano por reubicarlo. Andrés abandonó la vida pública en 2019 y en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor, acusaciones que él negó. Giuffre murió el año pasado. El caso vuelve a colocar a la Casa Real bajo escrutinio en un momento de sensibilidad política para Londres. The Guardian señaló que ministros han incrementado la presión para que Andrés coopere con investigaciones en Estados Unidos, mientras la institución insiste en reforzar protocolos y evitar nuevas filtraciones o daños colaterales. Dejar Royal Lodge en Windsor significa que Andrés pierde el derecho a ocupar esa mansión histórica, que disfrutaba desde hace años casi sin pagar alquiler. En la práctica, Carlos III le está retirando uno de los últimos privilegios materiales que conservaba tras haber sido apartado de la vida pública. En 2025, Carlos III ya había despojado a Andrés de todos sus títulos nobiliarios y funciones públicas. La familia de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles del caso Jeffrey Epstein, expresó indignación por la forma en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente millones de documentos relacionados con el financiero. Aseguran que la difusión no protegió adecuadamente a sobrevivientes y que, por el contrario, expuso identidades y detalles íntimos que pueden resultar retraumatizantes. Las críticas se dan tras la última liberación de archivos ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que exige divulgar expedientes vinculados a Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell, indicó CBS News. Según informó The Associated Press, los abogados expusieron ante un juez de Nueva York que la vida de casi 100 víctimas había quedado “trastocada” por una edición descuidada. Un portavoz del DOJ dijo a CBS News que la institución “se toma muy en serio la protección de las víctimas” y que ha censurado miles de nombres en millones de páginas. ¿Permiten los archivos procesar a alguien? En su revisión, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que los archivos recientes “no nos permiten necesariamente procesar”. La familia de Giuffre rechaza esa conclusión y pide el mismo estándar que se aplicó a las víctimas. “Han declarado bajo juramento ante el Congreso; pediríamos lo mismo a los hombres posiblemente nombrados”, sostuvo Sky Roberts. En un comunicado conjunto, 20 sobrevivientes y familiares, entre ellos Sky y Amanda Roberts, afirmaron que el público “aún no tiene la verdad completa” sobre quién permitió, quién participó y quién fue protegido durante años. Los Roberts adelantaron que asistirán a una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde se espera el testimonio de la fiscal general Pam Bondi.“¿Por qué no debería ser declarada en desacato?”, cuestionó Sky Roberts, al reclamar que la palabra clave que falta es justicia. “Queremos más respuestas”, AGENCIAS

Desde Washington, la posibilidad de una intervención militar en Irán no se explica únicamente por el programa nuclear del régimen islámico ni por su antagonismo histórico con Israel. Detrás de la creciente tensión subyace una ecuación mucho más amplia: la disputa por la hegemonía global con China, la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo, el control de rutas energéticas críticas y la necesidad estadounidense de impedir la consolidación de polos de poder hostiles capaces de desafiar el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Hace un año, al arribar nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste en su competencia por la primacía global frente a China. No se trataba solo de indicadores económicos o comerciales, sino de una percepción estratégica más profunda: el avance sostenido de Pekín sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del perímetro de influencia estadounidense. El gigante asiático ha construido su proyección internacional sobre una combinación de expansión económica, aseguramiento de materias primas estratégicas y penetración financiera en mercados emergentes. América Latina, África y, en menor medida, la Unión Europea se convirtieron en escenarios privilegiados de esa ofensiva silenciosa. A través de inversiones en infraestructura, créditos blandos y acuerdos energéticos, China fue consolidando una red de dependencias que inquietó crecientemente a Washington. Sin embargo, Pekín nunca concibió su expansión como un fenómeno exclusivamente económico. Como advirtió hace más de un siglo el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, “las factorías y las flotas comerciales solo prosperan cuando están respaldadas por el poder naval”. China pareció asumir esa máxima al pie de la letra: mientras extendía sus rutas comerciales, desarrollaba de forma acelerada su capacidad militar, en especial su flota oceánica, y tejía alianzas estratégicas con regímenes dispuestos a cuestionar el orden liderado por Estados Unidos. En el plano militar, esa arquitectura se apoyó fundamentalmente en la Rusia de Vladímir Putin, pero también en Irán, Corea del Norte y una constelación de gobiernos hostiles a Washington en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el terreno económico, China impulsó el bloque de los BRICS como plataforma alternativa al sistema financiero dominado por el dólar, incorporando a países de peso regional como India, Brasil y Sudáfrica, junto a aliados más alineados con Pekín. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina coqueteó con esa órbita, convirtiéndose además en el único país sudamericano que alberga una base espacial china en su territorio. Convencido de que una confrontación directa con China sería costosa e incierta, Trump optó por una estrategia indirecta: debilitar su entramado de alianzas. En una primera etapa, apuntó a reducir la presencia comercial china en Sudamérica y a disminuir la dependencia estadounidense de las tierras raras provenientes del gigante asiático, consideradas insumos críticos para la industria tecnológica y militar. Para ello, no dudó en recurrir a todo el instrumental de las guerras híbridas combinando presión diplomática, aranceles selectivos y demostraciones de fuerza. Washington forzó a Panamá a revisar los acuerdos que permitían a empresas chinas operar infraestructuras vinculadas al canal interoceánico, respaldó con decisión al presidente argentino Javier Milei —en un país clave por sus reservas de litio y minerales estratégicos— y endureció su política hacia Venezuela y Cuba, dos aliados históricos de Pekín en el hemisferio occidental. Como resumió en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “no se puede permitir que China controle los recursos y las rutas que sostienen la economía global”. Ese activismo regional no impidió a Trump proyectar poder en otros escenarios. Presionó a sus socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que, según él mismo declaró, buscaba “corregir décadas de desequilibrios”. Autorizó ataques selectivos contra instalaciones iraníes, impulsó un plan de paz para Gaza, respaldó el nuevo equilibrio de poder en Siria —que redujo drásticamente la presencia militar rusa en Tartus y Jmeimim— y desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre Moscú y Kiev. A ello se sumó una venta de armamento sin precedentes a Taiwán, desafiando abiertamente las advertencias de Pekín. El patrón es claro: detrás de muchas de las maniobras internacionales de la Administración Trump subyace un denominador común, la erosión sistemática de la influencia china. En lugar de un choque frontal entre superpotencias, Washington optó por debilitar los eslabones más frágiles de la red tejida por Pekín, al tiempo que intentaba atraer a Rusia hacia una posición más ambigua respecto de Occidente. En ese marco debe leerse la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán. Pero reducirla a la lógica de la rivalidad con China sería insuficiente. Existen factores regionales y estratégicos propios que convierten a Teherán en un objetivo central de la política exterior estadounidense. El Irán chií es, desde hace décadas, un actor profundamente desestabilizador en Oriente Próximo y el enemigo declarado del Estado de Israel, principal aliado de Washington en la región. Durante más de veinte años, Teherán construyó una red de milicias y organizaciones armadas destinadas a cercar a Israel mediante lo que sus propios estrategas denominaron un “círculo de fuego”: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en Siria. Ese corredor estratégico, que conectaba Irán con el Mediterráneo, comenzó a resquebrajarse en 2024, tras la derrota de Hezbollah, la caída del régimen de Bashar al Asad y los bombardeos israelíes que dañaron severamente los sistemas de defensa iraníes. A ello se suma el programa nuclear iraní, considerado por Israel como una amenaza existencial. El acuerdo internacional para supervisar las actividades nucleares de Teherán quedó virtualmente desactivado, y en 2024 el entonces secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán podría producir material fisible suficiente para un arma nuclear en cuestión de semanas. “La situación actual no es positiva”, afirmó entonces. Para Jerusalén, el riesgo no reside solo en una eventual bomba iraní, sino en el efecto dominó que desencadenaría en la región: Arabia Saudí, Egipto y Turquía podrían verse empujados a desarrollar sus propios arsenales nucleares. La posibilidad de un

Los brasileños se han familiarizado a toda prisa con el acrónimo Enamed. Corresponde a las iniciales en portugués de un examen nacional con el que el Ministerio de Educación ha evaluado por primera vez la formación de los futuros médicos. Los resultados han escandalizado. Resulta que un tercio de las licenciaturas de medicina analizadas no prepara a los alumnos para ejercer la profesión en unas condiciones mínimas aceptables para el ministerio. También suspende un 25% del alumnado. Resultados que causan alarma y aprensión entre la ciudadanía además de un intenso debate sobre dos cuestiones: la facilidad para implantar facultades universitarias y cómo lograr médicos aceptablemente formados para atender a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos sin Alaska. Ningún otro país tiene un sistema de sanidad pública mayor que el brasileño. La primera edición del examen Enamed evaluó 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, a través de un examen a casi 90.000 alumnos. Suspendieron aquellas universidades con menos del 40% de los estudiantes capaces de demostrar los conocimientos básicos para ejercer como médico. Especial temor y preocupación ha causado el dato de que 13.000 estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial. Es decir, si nada cambia, en breve estarán pasando consulta. El Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo. Las facultades con las peores notas son, sobre todo, de titularidad municipal (creadas y gestionadas por los ayuntamientos) o dependientes de entidades privadas con ánimo de lucro. Más allá del escarnio público, los alumnos no serán sancionados, pero sus escuelas universitarias sí. Tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que es su nota. En 1988, acabada la dictadura, Brasil creó el Sistema Único de Salud (el SUS), la mayor sanidad pública del mundo. Un proyecto extremadamente ambicioso que, con todas sus imperfecciones, significa que la atención médica básica alcanza hasta en el rincón más remoto del territorio mediante un humilde puesto sanitario o un profesional que llega por tierra, mar o aire. “Ningún otro país con más de 100 millones de habitantes osó ofrecer acceso universal a la salud”, recuerda en Folha de S.Paulo Drauzio Varella, uno de los médicos más influyentes del país. Descomunal es el desafío de surtir de médicos ese amplio sistema, sobre todo en las plazas menos apetecibles. La falta de médicos llegó a ser tan acuciante que hubo un tiempo en que había un agitado mercado de fichajes. Los ayuntamientos más alejados competían ferozmente a golpe de chequera. El corporativismo y la politización contaminan muchas discusiones sobre la sanidad brasileña. Como este es un país tremendamente desigual, el extenso brazo público convive con un potente y puntero sector privado. En la pandemia algunos colegios profesionales avalaron la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro. Pero antes de eso, el programa Mais Médicos, con médicos cubanos, levantó ampollas. Incluso en los pueblitos brasileños peor comunicados suele haber un puesto de salud con por lo menos un enfermero. Más difícil es llevar médicos de familia y, peor aún, especialistas a esos municipios. Por eso, en 2013, la entonces presidenta Dilma Rousseff creó el programa Mais Medicos, con el que reclutó a miles de profesionales cubanos dispuestos a instalarse en regiones despreciadas por los profesionales locales, que se concentran en las zonas más ricas. El programa cerró con Bolsonaro, que criticaba que el régimen cubano se quedaba con buena parte del salario de los médicos. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, reformuló y amplío el programa Mais Médicos, con preferencia para profesionales brasileños. En estos tres años ha logrado duplicar la cifra de médicos desplegados hasta más de 27.000. Los resultados del examen Enamed ha llevado a los colegios de médicos y otras organizaciones profesionales a poner el grito en el cielo ante lo que consideran “un escenario alarmante”. Un médico sin la formación mínima imprescindible “solicita pruebas incorrectas, hace recetas inadecuadas y, a menudo, recomienda procedimientos [médicos] innecesarios”. “Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas [judiciales] contra los hospitales”, declaró a Folha Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, el sindicato de hospitales, clínicas y laboratorios privados de São Paulo. Ante la polémica abierta, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió que el examen oficial es positivo pese a los malos resultados obtenidos por uno de cada tres cursos. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, dijo Santana, del Partido de los Trabajadores. “Para que ustedes se hagan una idea, entre 2016 y 2022, prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de medicina en Brasil”, reveló el ministro. A nadie le ha sorprendido que las universidades públicas federales hayan sacado las mejores notas, son universalmente reconocidas como las de mayor calidad. Pero la evaluación de los cursos de medicina también ha puesto en evidencia que el precio de la matrícula puede ser inversamente proporcional a la calidad ofrecida. Las facultades que sacaron 1 o 2 (en una escala 1-5) cobran a cada alumno entre 1.100 y 2.600 dólares al mes, según el detallado análisis de la revista Veja. Una auténtica fortuna en un país donde el salario mínimo es de 313 dólares mensuales. EL PAÍS DE ESPAÑA

México enviará esta semana un cargamento de alimentos y productos básicos a Cuba como ayuda humanitaria, ha revelado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La mandataria ha confirmado que los envíos de petróleo desde las costas mexicanas a la isla están suspendidos, pero ha afirmado que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra negociando con su contraparte en Washington para que el suministro de hidrocarburos se pueda reanudar. “Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, ha mencionado Sheinbaum este domingo, durante su gira por el Estado de Sonora. El cargamento con alimentos, enseres y productos básicos será administrado por la Secretaría de Marina. La Administración de Trump publicó esta semana un decreto que impone aranceles a los países que entreguen petróleo a Cuba. El presidente estadounidense ordenó, tras la intervención de su país en Venezuela, detener el envío de crudo a la isla. México se convirtió entonces en el mayor proveedor de hidrocarburos del país caribeño, sin embargo, detuvo los cargamentos a mitad de enero ante las amenazas del republicano. Trump y Sheinbaum hablaron por teléfono el jueves por la mañana sobre la revisión del tratado de libre comercio (TMEC). Horas más tarde, la Administración de Trump publicó el polémico decreto que se interpretó como un mensaje al Gobierno mexicano. Sheinbaum negó el viernes que el tema hubiese sido abordado en la llamada telefónica. Sin embargo, Trump aseguró el sábado que él le pidió a Sheinbaum detener los cargamentos. “Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo el estadounidense a la prensa. “No hablamos nunca con el presidente Trump del petróleo que se envía a Cuba”, insistió la mandataria este domingo. “Cuando sí se tocó el tema”, ha señalado Sheinbaum, “fue en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, [Juan Ramón de la Fuente] con el secretario [de Estado de Estados Unidos], Marco Rubio”. México envía petróleo a Cuba desde 1993, pero desde el 2024 ha aumentado significativamente el volumen de los cargamentos. Sheinbaum ha explicado en las últimas semanas que el Gobierno mexicano hace dos tipos de envíos: los de ayuda humanitaria y los de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex) con el régimen cubano. Los pocos datos disponibles sugieren que México enviaba una quinta parte del petróleo que la isla necesita, unos 17.000 barriles diarios. Sheinbaum ha advertido de que la prohibición de Estados Unidos puede agravar la crisis que desde hace meses se vive en Cuba. La presidenta mexicana afirmó el viernes que su Gobierno iba a seguir buscando alguna forma de ayudar a Cuba ante la profunda escasez que ya padece la población de la isla caribeña. EL PAÍS DE ESPAÑA