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Ministro activará «leyes cortas» para salvar la inversión minera

Mientras la elaboración del nuevo código minero avanza lentamente, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció hoy la presentación de proyectos de ley cortos para incentivar la prospección y exploración en algunas áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el fin de consolidar proyectos de pronta inversión en el país. Explicó que los documentos serán presentados en breve para “evitar el Estado tranca en la Ley 535”, y desde esa repartición estatal se van a proponer cosas que puedan incentivar la producción, mayor productividad a varios sectores y garantizar mayor seguridad jurídica. “Fuera de ello, tenemos un incentivo para lo que viene a ser la prospección, específicamente en algunas áreas de Comibol, que tiene zonas importantes y muy interesantes, pero no suficiente data para poder hacer un proyecto que sea de pronta inversión”, afirmó. Sostuvo que el objetivo de estas nuevas normas, que serán presentadas ante la Asamblea Legislativa, es tratar de traer inversión en prospección, “es decir capital de riesgo, lo que necesita un país, para poder desarrollar precisamente una nueva minería”, a BTV. Anunció que las empresas que inviertan en el país tendrán un derecho preferente que puedan utilizar cuando encuentren valores interesantes del mineral que sean importantes en su búsqueda. Este anuncio se da en medio de las expectativas sobre la elaboración de un nuevo código minero, que debió salir de la Cumbre Nacional Minera 2026, realizada en medio de conflictos entre organizaciones de cooperativas mineras y la ausencia de los mineros asalariados, quienes aseguraron que el evento fracasó. En relación a la elaboración del proyecto de ley del nuevo código minero, en el marco de ese evento, la autoridad informó que lo que se está realizando son actas de socialización, debido a que se vio que hay temas que son muy importantes y fundamentales para poder llevar adelante estas tareas. Lee también: La Asunta, indefensa ante la minería ilegal: solo hay tres policías “Nos ha pasado que, en el caso en el que se quería hacer prospección y exploración con Sergeomin en algún lugar, dijeron que no había suficiente socialización. Cuando revisamos las actas, había suficiente socialización, pero había que dar marcha atrás porque había un compromiso. Ahora tenemos toda la precaución para poder tener las actas de todos los sectores, para que nadie pueda decir que no hubo socialización”, afirmó. Calderón manifestó que también se decidió incluir no solamente a actores mineros, sino tratar de incluir a comunidades, con el propósito de incluir a todos los sectores que son de los lugares en los que se realiza la actividad minera. “Cuando hicimos la cumbre minera, no le di la importancia suficiente porque pensé que era suficiente trabajar con actores mineros, pero me hicieron entrar en razón muy rápidamente. Uno puede cometer errores, pero no dos veces”, dijo. Con ese propósito, informó que se conversó con la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y con los ayllus y markas, entre otras organizaciones sociales. “Hemos estado recientemente con gente del norte de Potosí, por ejemplo, que es de regiones muy tradicionales, como Chuquihuta, Pocoata y Challapata. Entonces, tenemos que hacer toda esa tarea, que es importantísima: socializar con todos”, informó. En medio de los conflictos registrados en ese evento, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP) emitió un pronunciamiento en el que cuestionó que la construcción de un nuevo Código Minero solo identifique como actores a la minería estatal, a las cooperativas mineras, a las empresas mineras e instituciones del Estado. Los pueblos indígenas, víctimas de la contaminación y defensores del medioambiente, denuncian su exclusión, cuestionan los seis ejes temáticos y reclaman porque solo se reconoce a la minera estatal, privada y cooperativista. En cuanto a la redacción del nuevo código minero, Calderón explicó que será una “gran norma”, que va a tener dos libros: la parte que es sustantivas y la parte procedimental. “Tenemos que ver todavía la redacción, este tema tiene que ser hecho en consenso muy amplio con los sectores productivos mineros y después socializado con toda la sociedad boliviana”, informó. Informó que el trabajo está avanzando y que, a partir del próximo martes, se dará inicio Entonces, en lo que estamos avanzando en la próxima fase a partir del día martes, la cual es muy importante, para poder definir formas de acción, y quienes la redactan, principalmente juristas y expertos en minería. El pasado 23 de julio, Calderón anunció que la Cumbre Nacional Minera entró hoy en la construcción de propuestas para elaborar un borrador del Código Minero, en las que participaban representantes de varios sectores productivos del sector, en ausencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). VISIÓN 360

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Milenio propone cuatro ejes de reforma para combatir el crimen organizado

La Fundación Milenio advirtió que Bolivia enfrenta una alta vulnerabilidad ante la expansión del crimen organizado y la captura de instituciones estatales, por la confluencia entre intereses políticos, económicos y redes criminales. Frente a ese diagnóstico, planteó cuatro ejes de reforma para una “estrategia democrática de seguridad pública”. La alerta está contenida en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado este jueves en La Paz junto con el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, impulsado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio. “No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia”, afirmó en la presentación  Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, quien demandó una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente y una UIF con autonomía real. Cuatro ejes de reforma El informe propone una “estrategia democrática de seguridad pública” sustentada en cuatro líneas de acción. La primera plantea la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, además de una nueva política penitenciaria. La segunda propone la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público mediante un “Pacto Nacional por la Justicia” destinado a garantizar su independencia. El tercer eje apunta a fortalecer la UIF y los mecanismos de rastreo del lavado de dinero, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Finalmente, la Fundación Milenio plantea aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, debido a que, según el informe, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que todavía carecen de este tipo de normas. El diagnóstico también aborda la nueva etapa de cooperación antidrogas de Bolivia con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, a partir del retorno de la DEA al país, y advierte sobre los desafíos que esta cooperación puede generar en materia de soberanía. Oporto sostuvo que el nuevo ciclo político representa una oportunidad para enfrentar las debilidades institucionales, pero advirtió que el desafío no se resolverá únicamente mediante cooperación internacional o detenciones. “La ventana de oportunidad de un nuevo ciclo político boliviano no se aprovechará solo con más cooperación internacional o más detenciones espectaculares”, afirmó, al plantear que el objetivo central debe ser fortalecer el Estado de derecho y cerrar las brechas de transparencia y gobernanza que, según el informe, facilitaron la captura institucional durante las últimas dos décadas. El estudio regional evaluó a 24 países de América Latina en 2021, 2023 y 2025 a partir de cuatro variables: fragilidad institucional, restricciones al espacio cívico, penetración criminal y exposición externa. Bolivia figura entre los cinco casos analizados en profundidad, junto con México, Colombia, Argentina y Venezuela. En el caso boliviano, el informe sostiene que durante el periodo 2006-2025 se produjo una expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Según el diagnóstico, ese crecimiento estuvo acompañado por una creciente influencia de facciones político-partidarias, organizaciones sindicales e intereses corporativos sobre instituciones y poderes locales, generando condiciones para la penetración del crimen organizado y la corrupción. El documento señala que las autoridades identificaron al menos 17 clanes narcotraficantes en 2025 y menciona como parte de este escenario los escándalos vinculados a los denominados “narcogenerales” dentro de la Policía, además de cuestionar la independencia del sistema judicial. Otro elemento de preocupación es el retorno de Bolivia, en junio de 2025, a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a deficiencias identificadas en la lucha contra el lavado de activos. El estudio “Grietas en el sistema” plantea que uno de los principales problemas no es la ausencia de instituciones, sino que varias de ellas funcionan principalmente “en el papel”. Entre los ejemplos menciona los mecanismos de control legislativo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y los organismos encargados de regular el comercio de minerales. La Fundación Milenio considera que estas estructuras requieren mayor autonomía, recursos y capacidad de aplicación efectiva, en lugar de la creación de nuevas entidades que terminen teniendo limitaciones similares. VISIÓN 360

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Presidente pide tomar decisión a Bolivia:¿subsidio de carburantes o mejor futuro?

El presidente Rodrigo Paz planteó este viernes a los bolivianos un dilema: decidir entre destinar recursos públicos a inversiones que permitan recuperar la producción de hidrocarburos y generar ingresos futuros o, por el contrario, mantener el gasto en combustibles importados hoy para sostener un precio en Bolivia más barato que el internacional. “Tenemos que tomar una decisión: o invertimos en nuestro futuro como son estos pozos para garantizar recursos en el futuro de la patria o nos gastamos esa platita en combustible hoy día para tener un precio que no es un precio comparable a nivel internacional”, afirmó Paz durante el acto de inicio de perforación del Pozo Junín-9D. Según explicó, parte de los recursos que podrían destinarse a necesidades de educación, salud y carreteras, deben utilizarse actualmente para financiar la compra de diésel y gasolina en el exterior. “Me dicen: necesito hospital, necesito colegio, necesito asfaltado, necesito ítem de educación, necesito ítem de salud, y yo les digo, yo les consigo la plata, pero ahora porque en Bolivia estamos pagando un combustible que afuera es más caro resulta que la platita que es para hospital, para salud, para el colegio, para ítems, se tiene que ir en el diésel, se tiene que ir en la gasolina”, sostuvo. Anteriormente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reveló que es insostenible el monto diferencial del precio que se importa el combustible respecto al precio que se vende en el país. Recientemente, el Gobierno duplicó a 2 mil millones de bolivianos el monto asignado de las arcas estatales para cubrir ese subsidio.     Paz defendió la inversión en exploración y perforación de pozos como una apuesta de mediano y largo plazo para recuperar la capacidad hidrocarburífera del país. Sostuvo que Bolivia debe volver a invertir en hidrocarburos después de años de reducción de la producción y de las reservas disponibles para explotación. Recordó que los grandes campos que, según dijo, generaron más de 60.000 millones de dólares para el país fueron descubiertos antes de los últimos 20 años y cuestionó que esos recursos no hubieran sido acompañados por una política sostenida de exploración. “El secreto del gas y de todo este tipo de industria es siempre seguir invirtiendo. Si dejas de invertir es como en el campo, si dejas de sembrar no vas a cosechar nada”, manifestó. El mandatario afirmó que su Gobierno pretende iniciar inversiones cuyos resultados podrían materializarse dentro de 10, 15 o más años, con el objetivo de garantizar seguridad energética para las próximas décadas. Culpó de esta situación a la falta de inversión de los 20 años de gobiernos anteriores. Acusó a esas administraciones anteriores de malgastar los recursos que tenían fruto del gas y no reinvertirlos. El mandatario insistió con el dilema sobre el destino de los recursos públicos: financiar el combustible subsidiado o destinarlos a infraestructura y servicios públicos. “Gastamos esa plata para que el combustible, el diésel, sea más baratito cuando afuera es más caro o esa platita la gastamos para que evidentemente Pando, Beni, Santa Cruz y el resto del país tenga electricidad”, cuestionó. También planteó que los recursos públicos deben evitar terminar beneficiando al contrabando de combustibles. “Gastamos la platita para la salud, para que la gente tenga médicos en sus comunidades o la gastamos para que unos cuantos se hagan millonarios contrabandeando el diésel. Esa es la pregunta que hay que hacer”, afirmó. ERBOL

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Alcaldía de La Paz alista plan de emergencia ante el cese del relleno de Sak’a Churu

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, alertó que el relleno sanitario de la ciudad tiene una vida útil solamente hasta octubre de 2026, por lo cual anunció un plan de emergencia para definir alternativas ante esta situación. Atribuyó esta situación a la “irresponsabilidad” de la anterior gestión municipal. “Nos han dejado el relleno sanitario con vida útil solamente hasta el mes de octubre del año 2026”, afirmó la autoridad, al advertir que, una vez concluido ese periodo, la ciudad no tendrá espacio disponible para continuar depositando sus residuos sólidos. El alcalde anunció que el lunes 31 de agosto la Alcaldía presentará, junto con expertos nacionales e internacionales, un diagnóstico sobre la situación del relleno sanitario y un plan de intervención de emergencia con alternativas de solución. La autoridad sostuvo que el problema no se limita a la acumulación de basura registrada durante los últimos días, sino que responde a una situación estructural que requiere una solución inmediata.  El alcalde rechazó además las declaraciones de algunos trabajadores que advirtieron sobre una supuesta presión adicional sobre el relleno sanitario debido al volumen de residuos trasladados. Explicó que la mayor cantidad de basura depositada corresponde a residuos que dejaron de ser recogidos oportunamente y que ahora están siendo trasladados de manera conjunta. La autoridad insistió en que la preocupación principal debe centrarse en la falta de espacio disponible en el actual relleno sanitario y responsabilizó nuevamente a la anterior administración municipal por haber dejado a La Paz con un margen reducido para resolver el problema. La presentación prevista para el lunes incluirá, según anunció, tanto la explicación de la situación crítica del relleno sanitario como las medidas que la Alcaldía pretende ejecutar para garantizar la continuidad del servicio de disposición de residuos sólidos. ERBOL

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Caso Cerimedo: Fiscal lanza advertencia al Ejecutivo y revela nexo con policía de alto rango

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió este viernes a los altos funcionarios del Gobierno y de otras instituciones públicas que intenten intervenir o frenar las investigaciones relacionadas con el consultor argentino Fernando Cerimedo que deberán “atenerse a las consecuencias”. La autoridad aseguró que la Fiscalía continuará con las pesquisas y que ninguna presión impedirá esclarecer los hechos. “Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, afirmó Mariaca, según informó la red Unitel.  La advertencia surge en medio de los cuestionamientos sobre los presuntos vínculos de Cerimedo con funcionarios e instituciones estatales. El consultor argentino se encuentra actualmente con detención preventiva por la investigación de la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, ocurrida el 17 de agosto en Santa Cruz. En el marco de las pesquisas, la Fiscalía también comenzó a profundizar en las relaciones que Cerimedo mantenía con distintas personas. Entre las actuaciones recientes se encuentra la declaración de un teniente coronel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de apellido Correa González, quien reconoció que conocía al asesor argentino y que tuvo contacto con él. De acuerdo con la explicación de Mariaca, el efectivo policial declaró que Cerimedo le habría delegado asuntos relacionados con seguridad y que incluso le proporcionó material, entre ellos un dron. Además, confirmó haber recibido una llamada del consultor el 17 de agosto, fecha en la que Beller ya había sido víctima del ataque. Aunque desde el Gobierno se ha negado que Cerimedo haya ocupado un cargo formal en la administración pública, distintas declaraciones públicas mantienen bajo cuestionamiento el nivel de acceso que habría tenido a autoridades y funcionarios. Ante este escenario, Mariaca aseguró que continuará supervisando el trabajo de los fiscales y les dará garantías para desarrollar la investigación. “Nada nos va a parar para investigar este hecho y que sepan, somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que hay dentro del territorio nacional”, sostuvo. Consultado sobre las acusaciones de Cerimedo en contra del fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, a quien acusó de direccionar las preguntas dirigidas al primer mandatario, Mariaca dijo que los fiscales son una comisión y que pueden realizar las preguntas que consideren necesarias, en el marco de la investigación. “Es un hecho complicado, es un hecho en el cual nosotros debemos tener la responsabilidad de preguntar lo que consideremos, porque es el momento en el que también el investigado tiene la posibilidad de defenderse ante el Ministerio Público”, explicó. Afirmó que no existe ninguna irregularidad en la toma de su declaración y que el imputado fue notificado legalmente, en presencia del abogado, y anunció que el policía que se encontraba en el lugar emitirá un informe, debido a que no se pudo concluir la investigación por diferentes aspectos que no fueron atribuidos al Ministerio Público. La relación de Cerimedo con un teniendo coronel Mariaca reveló que, además, se tomaron declaraciones informativas a un teniente coronel de la Policía, el pasado lunes, Erick C. G., quien informó que conoce a Cerimedo y que tuvo contacto con él el día del ataque contra Beller. “Él manifiesta haber recibido la llamada, primero, en fecha 17 de agosto, porque supuestamente la persona que fue herida, hoy víctima, tendría que haber recibido una información muy importante y reservada, lo que no ocurrió. Asimismo, manifiesta que en fecha 17 de agosto ellos, principalmente él, no estuvo en el departamento de Santa Cruz, sino que se encontraba en La Paz”, informó. También dijo que Cerimedo le habría pedido ayuda para verificar por qué Beller no contestaba el teléfono celular y que le habría respondido que no se encontraba en el departamento de Santa Cruz y que no contaba con personal para brindar seguridad personal, debido a que pertenecía a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Asimismo, negó su participación en el hecho que se investiga como intento de feminicidio. Mariaca informó que otra de las diligencias realizadas fue la toma de declaraciones de otra persona, quien ayudó a ubicar un domicilio donde se realizó un allanamiento, en cercanías de Porongo, y otros domicilios. VISIÓN 360

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Mercurio en la Amazonía: 951 comunidades indígenas de Brasil, Bolivia y Perú en riesgo

“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana.  Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire». La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista. Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú. El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares. Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central. Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar. ¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países.  Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación. El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias. La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude. “La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca. Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar. “Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”. Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una comunidad indígena en la Amazonía boliviana.  “Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir

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Cerimedo tendrá nueva audiencia por enriquecimiento ilícito

Fernando Cerimedo enfrentará este sábado una nueva audiencia de medidas cautelares de manera virtual. La Fiscalía buscará que sea enviado a prisión preventiva dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó que la audiencia fue reprogramada para las 09:30 de este sábado. “Ya tenía que llevarse la audiencia de medidas cautelares con el juez de La Paz, la cual se ha suspendido por hechos no atribuidos al Ministerio Público». La Fiscalía ya presentó la imputación formal contra Cerimedo y pidió su detención preventiva por seis meses después de que el asesor político argentino prestara su declaración informativa en Palmasola, hasta donde acudió una comisión fiscal para hacerle conocer la resolución de aprehensión y el correspondiente mandamiento. Mariaca explicó que, dentro de la investigación desarrollada en La Paz, los fiscales realizaron diferentes diligencias y se trasladaron hasta el penal de Palmasola para notificar a Cerimedo con la resolución de aprehensión. Posteriormente, el argentino acudió a declarar acompañado por dos abogados defensores. Una vez concluida esa actuación, el Ministerio Público presentó la imputación formal ante el juzgado cautelar correspondiente. La defensa de Cerimedo, sin embargo, cuestionó el procedimiento y aseguró que durante la declaración no se profundizó en el origen del dinero que es objeto de investigación. También sostuvo que el acusado cuenta con documentación para justificar sus recursos. La Fiscalía mantiene una posición distinta y considera que existen elementos que deben ser valorados durante la audiencia cautelar. El fiscal general recordó que la investigación ya tiene dos personas cauteladas: una es un exmilitar Fritz Junior G. A. con detención preventiva en la cárcel de San Pedro y la otra es la pareja de este, Claudia Inés L. C., que se benefició con detención domiciliaria. La audiencia de este sábado deberá definir si Cerimedo también queda sometido a una medida cautelar de carácter personal dentro de esta investigación. El nuevo proceso se suma a las otras causas que enfrenta el argentino en Bolivia, entre ellas la investigación por el ataque armado contra Nadia Beller, por la que permanece con detención preventiva en Palmasola. Cerimedo ha negado las acusaciones en su contra y su defensa sostiene que continuará presentando elementos para demostrar su inocencia. EL DEBER

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INTI se consolida como un referente en desarrollo sostenible en la Cumbre de Pacto Global

INTI participó en la “III Cumbre Empresarial por los ODS: un Pacto por Bolivia”, un evento que tiene como objetivo generar un diálogo entre líderes empresariales para debatir estrategias de bienestar, igualdad de género, salud, nutrición e inclusión. Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad y la resiliencia empresarial. En el marco de este encuentro, la farmacéutica recibió formalmente el reconocimiento Big Changer de la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas. El distintivo destaca a las organizaciones que traducen sus metas de sostenibilidad en resultados tangibles e impulsan, mediante acciones de alto impacto, la agenda Forward Faster y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hugo de Grandchant, gerente general de INTI, señaló que la empresa inició hace más de 11 años su camino hacia la sostenibilidad. En ese proceso, asumió un rol activo en la construcción de entornos seguros, el acompañamiento ante situaciones difíciles, así como en la escucha y prevención de riesgos para sus colaboradores. Asimismo, resaltó que las empresas no pueden considerar problemas como el feminicidio como algo ajeno. Por ello, destacó la implementación de programas como Valórate, que funciona como un sistema de contención y acompañamiento contra la violencia hacia las colaboradoras de la empresa. “Dejamos de mirar únicamente qué beneficios ofrecíamos como empleador y comenzamos a preguntarnos cuál era la realidad que vivían nuestros colaboradores, fuera y dentro de la organización, qué situaciones podían afectar su bienestar y qué responsabilidad podíamos asumir desde nuestro ámbito de acción”, explicó Grandchant. El panel reunió a destacados referentes del sector empresarial boliviano. El encuentro permitió abordar el impacto directo de las políticas corporativas en la transformación social del país y transmitir el mensaje de que invertir en las personas es invertir en la sostenibilidad del negocio. En este sentido, el ejecutivo de INTI comentó que las empresas pueden generar beneficios mediante la prevención y asistencia a sus colaboradores. Indicó que por cada dólar invertido en atención se pueden generar cuatro dólares en salud y capacidad de trabajo, además de fortalecer la confianza, el compromiso, la colaboración, la retención y la resiliencia dentro de la empresa. En esta línea, INTI expuso sus acciones orientadas a eliminar barreras de género. El 54% de sus cargos directivos son ejercidos por mujeres gracias al mérito y al desarrollo profesional, con el respaldo de iniciativas concretas como una guardería propia en planta, esquemas de trabajo flexible y una red interna de contención. Estas medidas reflejan una gestión que ubica el cuidado de las personas y la inversión en el desarrollo humano como pilares para construir una organización más resiliente y competitiva en el país. INTI

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Embajada de EEUU ve al general Sokol como “verdadero luchador contra el crimen”

El comandante de la Policía, Mirko Sokol, tiene una buena imagen en la legación diplomática de Estados Unidos. El encargado de Negocios estadounidense, Erik Martini, lo calificó de “verdadero luchador contra el crimen”. Martini y Sokol se reunieron en las últimas horas en la legación diplomática en La Paz, como parte de una agenda de fortalecimiento del relacionamiento bilateral activada tras la asunción al poder del presidente Rodrigo Paz. «Fue un placer reunirme con un verdadero luchador contra el crimen, el Gral. Mirko Sokol”, aseguró el diplomático en un post de la legación en X, junto con una fotografía del saludo entre ambas autoridades. La administración estadounidense de Donald Trump y el gobierno de Paz encaminan una renovada relación, con el compromiso de reponer embajadores, luego de que en 2008 fueran rotas las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Evo Morales. Los ejes de la agenda  Los temas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado son algunos de los ejes centrales de la agenda bilateral. En este marco, en julio estuvo en Bolivia F. Cartwright Weiland, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado. En esa ocasión, junto con Sokol, concretó un apoyo de $us 20 millones en asistencia de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Ambos se volvieron a reunir el 18 de agosto. “Un placer volver a ver a nuestro gran amigo, el general Sokol. Desde que el presidente Paz asumió el cargo, la cooperación en seguridad entre EE. UU. y Bolivia ha regresado con fuerza —y esta amistad es una gran razón de ello—”, afirmó el jefe de la INL. Sokol fue posesionado el 28 de noviembre como comandante de la Policía y, en las últimas semanas, estuvo en el foco de la polémica por un audio en el que se le escucha decir que policías recaudaron $us 2 millones para sacarlo del cargo, además de una entrevista en la que señaló que no es prioridad la captura de Morales. Visión 360

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Gobierno amplía hasta Bs 2.000 millones los recursos para garantizar la provisión de combustibles

El presidente Rodrigo Paz dispuso ampliar de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) asignará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para cubrir el diferencial de importación de combustibles, con el fin de garantizar el abastecimiento en todo el país. “En el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos y la ampliación del periodo transitorio para los precios de los productos derivados del petróleo y Petróleo Crudo, se modifica el inciso a) de la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo N.º 5652, de 9 de julio de 2026, con el siguiente texto: a) De hasta Bs 2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)”, señala el artículo único del decreto. La norma modifica el Decreto Supremo N.º 5652 que había autorizado, de manera excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), la asignación de recursos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial entre los costos correspondientes a la importación y el precio preterminal o precio de paridad de importación del petróleo crudo, por un monto de Bs 1.000 millones. Ahora, se resolvió ampliar ese monto hasta Bs 2.000 millones, con el fin de contar con los recursos suficientes para garantizar el abastecimiento de combustibles. La medida se da en el marco de la coyuntura económica que atraviesa el país, en la que es necesario mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo. ABI

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