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Tarija

Tras ser reprobados, alumnos de promoción en Tarija agreden a su maestra

En un lamentable incidente ocurrido en Tarija, tres estudiantes de último año agredieron físicamente a su profesora después de ser reprobados. La representante del magisterio en Tarija, Irma Ríos, informó sobre el suceso y expresó su preocupación por la conducta de los alumnos. Ríos destacó que la madre de uno de los estudiantes involucrados también es docente, lo que agrava la situación. “Muchos de nosotros somos padres de familia; hemos tenido durante toda la gestión para poder hacer el acompañamiento y no esperar el último trimestre, el último mes o la última semana para poder asumir que nuestros hijos pasen de curso”, señaló Ríos. La denuncia ha sido presentada ante la dirección distrital para que se tomen las acciones correspondientes. Este incidente se produce en un contexto en el que el ministro de Educación, Omar Veliz, anunció que las actividades educativas en Bolivia concluirán el 6 de diciembre. (LA PRENSA)

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Juez ordena la restitución de la exfiscal de Tarija y anula su destitución

Un juez de garantías constitucionales dejó sin efecto la destitución de Elizabeth Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, ordenada el 2 de octubre por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. La medida judicial obliga a la restitución de Gutiérrez en su cargo y pide al fiscal corregir la actuación que resultó en su destitución. El fallo se produjo tras una audiencia realizada el sábado por la mañana. El juez Iván Córdoba Castillo, quien presidió la audiencia, concedió la tutela solicitada por Gutiérrez, declarando que su destitución fue un acto arbitrario, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público. Según el fallo, el fiscal general interino, Mauricio Nava Morales, suscribió la resolución de destitución bajo la instrucción de Lanchipa, pero el juez destacó que este poder debe ser ejercido dentro del marco normativo vigente. La exfiscal Gutiérrez fue removida de su cargo por presunta negligencia al emitir una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata de personas agravada en un polémico caso que involucra a una joven que habría tenido una relación con él en 2015. La orden de aprehensión, elaborada por Gutiérrez, fue considerada defectuosa, lo que permitió que una jueza en Santa Cruz fallara a favor de Morales mediante un recurso de acción de libertad. (LA PRENSA)

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Por contaminación, productores preparan demanda contra cooperativa minera Azulejos por afectar cultivos

La presidenta de la Asociación de Productores de Hortaliza de los Valles del Sur de Bolivia (APROAVASUR), Silvia Rodríguez informó a El Andaluz que de acuerdo al mandato de sus bases en una resolución sobre la afectación a cultivos por la contaminación minera se trabaja para asumir acciones en este tema. En julio pasado se reportó el rebalse de una piscina de sedimentación de lodos de la Cooperativa Aurífera Azulejos de Esmoraca en el municipio de Tupiza del departamento de Potosí. Los residuos mineros llegaron hasta aguas del río en Esmoraca que desemboca en el río San Juan del Oro, cuenca que abastece del líquido elemento al sector productivo para el riego de sus cultivos. Mencionó que durante esta semana sostuvieron una reunión con autoridades del juzgado agroambiental para recabar información y consultar si puedan activar alguna acción ante esa instancia. Adelantó que la próxima semana se presentara una demanda en contra de la cooperativa minera de Esmoraca ante el Juzgado Agroambiental. Se recaba la documentación sobre el tema para cumplir con los requisitos para presentar la demanda por la afectación a cultivos de productores que se encuentran en la ribera del río y que utilizan sus aguas para riego. Recordó, que tras la denuncia presentada por la gobernación de Tarija, se ordenó que la cooperativa retire todos sus equipos del lugar en donde operaban y suspender todas las actividades en la explotación de minerales. Se prepara la demanda, para ello, se solicitó información a la gobernación de Tarija, entidad que hace seguimiento a este tema y que a través de la subgobernación facilitar la documentación solicitada. VOTO RESOLUTIVO Primero: Que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y leyes vigentes que norma la consulta previa, la Ley 535 de Minería y Metalurgia que dispone el procedimiento de la consulta previa en su artículo 210 y siguiente, la Ley 1333 Ley de Medio Ambiente y Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, Decreto Supremo 3549. Segundo: En fecha 21 de julio de 2024, tomamos conocimiento que en el municipio de Tupiza ocurrió un desastre ecológico a consecuencia de la explotación minera ilegal de la Concesionaria Minera Azulejos de Esmoraca, que llego a contaminar las aguas del río San Juan del oro con metales y sedimentos ocasionando daño a nuestros cultivos de las comunidades aledañas a la ribera del río San Juan del Oro, perjudicando de diferentes maneras como ser el trasplante de cebolla, el riego de nuestros cultivos, en otras zonas los cultivos de diferentes productos se secaron por la imposibilidad de regar, ya que nuestros cultivos estaban pequeños reiterando nuevamente porque las aguas del río San Juan del Oro se encontraban en un estado fuera de lo normal, oscuras con mucho sedimento. Tercero: Por la dejadez de nuestras autoridades competentes sin dar el apoyo para paliar este desastre y no socializar las consultas previas en nuestras comunidades afectadas, vulnerando derechos constitucionales, solicitamos a su autoridad una compensación económica que ira en beneficio de cada productor indígena originario campesino afectado por la contaminación del río San Juan del Oro por la minería ilegal. Cuarto: Por la situación de emergencia en la que nos encontramos los productores agropecuarios que somos afectados por la contaminación del río San Juan del Oro, solicitamos la suspensión inmediata de las cooperativas mineras, empresas privadas mineras que están explotando ilegalmente y que por ende no cumplen con los requisitos indispensables que establece la normativa actual vigente. Quinto: Delegamos a nuestras autoridades municipales, alcaldes, concejales, subgobernadores y otros, puedan garantizar y coadyuvar en que las diferentes comunidades se hagan presentes a una reunión de emergencia por la contaminación al río San Juan del Oro. Sexto: Finalmente de manera urgente, solicitamos que las autoridades departamentales, a la cabeza de los gobernadores de Tarija, Chuquisaca y Potosí, secretaria de Medio Ambiente y Agua de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí, secretaria de Minería y Metalurgia de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, a una reunión a llevarse a cabo el día martes 3 de septiembre de 2024 en la comunidad de Chayaza del municipio El Puente del departamento de Tarija, en la cual las autoridades e instituciones señaladas, precedentemente puedan traer información de la situación actual en cuanto a las acciones que se han tomado sobre la contaminación del río San Juan del Oro y hacer posible lo solicitado por los productores afectados, en caso de no hacerse presentes a la reunión señalada, nos veremos en la obligación de realizar movilizaciones, teniendo que llegar inclusive al bloqueo de carreteras nacionales. (El Andaluz)

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Autoridades no asistieron a reunión convocada por agrícolas que son contaminados por minería en Tarija

El pasado 26 de septiembre, los productores de hortaliza convocaron a autoridades del gobierno nacional, de las gobernaciones y alcaldías de Tarija, Chuquisaca y Potosí a una reunión en el municipio de El Puente para tratar el tema de la minería ilegal y la contaminación que se genera a afluentes de agua, afectando cultivos en varias comunidades. La presidenta de la Asociación de Productores de Hortaliza de los Valles del Sur de Bolivia (APROAVASUR), Silvia Rodríguez informó a El Andaluz que la reunión se llevó adelante, pero lamentó la ausencia de las autoridades. Recordó que inicialmente la reunión estaba prevista para el 3 de septiembre y pese a ser postergada para el 26 de septiembre, las autoridades no asistieron. En el caso de la gobernación de Tarija que había confirmado su participación, indicó que se delegó al subgobernador para estar presente. Agregó que solo se pudo avanzar con los dirigentes presentes, el tema de la comercialización de la cebolla y se determinó que durante esta semana sostendrán reuniones con representantes de mercados en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Rodríguez indicó que se mantienen en las determinaciones plasmadas en un voto resolutivo, entre los puntos se solicita una compensación al sector productivo, una indemnización, señalando que son los más afectados por la contaminación minera. Complementó que cuatro de los seis municipios en tres departamentos, que aglutina la asociación de productores de hortaliza, tienen cultivos en la ribera del río San Juan del Oro y que sus aguas no solamente se utilizan para riego o para consumo de los animales, también es la principal fuente para abastecer a las familias para el uso cotidiano. (El Andaluz)

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Defensoría del Pueblo denuncia condiciones inhumanas en campamentos zafreros

La zafra azucarera en Bermejo, Tarija, es una actividad económica crucial que cada año atrae a cientos de trabajadores temporales y sus familias. Sin embargo, detrás de las cifras de producción y los beneficios económicos para la zona, se esconde una realidad alarmante que persiste desde hace años: las condiciones de vida y trabajo infrahumanas en los campamentos zafreros. La delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Cecilia Bolívar, realizó una visita a tres de los más de 100 campamentos zafreros existentes en Bermejo. Lo que encontró fue una situación que, lejos de mejorar desde los informes defensoriales de 2016, parece haberse estancado en un ciclo de precariedad y vulneración de derechos humanos básicos. VIVIENDAS IMPROVISADAS Y CONDICIONES INSALUBRES Uno de los aspectos más impactantes revelados durante la visita es la falta de espacios físicos adecuados para el alojamiento de los trabajadores y sus familias. En algunos casos, se observó que los zafreros se ven obligados a dormir en las carrocerías de camiones viejos, expuestos a las inclemencias del clima y sin el mínimo confort necesario para un descanso digno. Las infraestructuras existentes, cuando las hay, son antiguas y precarias. Algunas están construidas de ladrillo, mientras que otras son simples estructuras de madera. En ninguno de los casos se cuenta con colchones adecuados ni frazadas suficientes para protegerse del frío nocturno característico de la región. Esta situación no solo afecta la salud física de los trabajadores, sino que también impacta negativamente en su desempeño laboral y bienestar emocional. LA FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS Quizás uno de los problemas más graves y urgentes es la falta de acceso a servicios básicos, especialmente agua potable y saneamiento. De los cuatro campamentos visitados, solo tres contaban con suministro de agua potable. Sin embargo, incluso en estos casos, la situación está lejos de ser ideal. La ausencia de baños en todos los campamentos obliga a los trabajadores y sus familias a utilizar el campo abierto para sus necesidades fisiológicas, una práctica que no solo atenta contra la dignidad humana, sino que también representa un grave riesgo sanitario. La falta de duchas agrava aún más la situación, dificultando la higiene personal básica después de largas jornadas de trabajo físico intenso. En uno de los campamentos, la situación es aún más crítica, los trabajadores se ven obligados a beber agua de una quebrada cercana, sin ningún tipo de tratamiento previo. Esta práctica expone a las familias zafreras a un alto riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y otras afecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. NIÑOS NO TIENEN ACCESO A LA EDUCACIÓN Un aspecto particularmente preocupante es la presencia de niños, niñas y adolescentes en los campamentos zafreros. La Defensoría del Pueblo constató que muchos de estos menores no están asistiendo a la escuela, a pesar de la existencia de unidades educativas con internados en las cercanías. En uno de los campamentos, se identificó la presencia de entre siete y ocho niños, mientras que en otro se encontraron niñas de 9, 5 y 3 años de edad. Al ser consultados, algunos de estos menores manifestaron que no habían sido admitidos en las escuelas locales o que no habían podido realizar el traspaso necesario para continuar su educación. Esta situación no solo viola el derecho fundamental a la educación, sino que también perpetúa el ciclo de pobreza y marginación al privar a estos niños y adolescentes de las herramientas necesarias para un futuro mejor. Además, la presencia de menores en los campamentos los expone a condiciones de vida insalubres y potencialmente peligrosas. Mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad La visita de la Defensoría del Pueblo también reveló la presencia de mujeres embarazadas en los campamentos. Esta situación es particularmente alarmante dado que estas mujeres no tienen acceso a atención médica adecuada ni a las condiciones mínimas necesarias para un embarazo saludable. La falta de agua potable, servicios sanitarios y una alimentación adecuada pone en riesgo no solo la salud de las madres, sino también el desarrollo de los fetos. Además, la ausencia de servicios de salud cercanos complica aún más la situación, dejando a estas mujeres sin la posibilidad de recibir controles prenatales regulares o atención de emergencia en caso de complicaciones. LA MALA ALIMENTACIÓN Otro aspecto crítico de la vida en los campamentos zafreros es la alimentación. Las familias se ven obligadas a cocinar en ollas comunes, utilizando recursos limitados y en condiciones poco higiénicas. En muchos casos, la comida preparada no alcanza para alimentar adecuadamente a todos los miembros de la comunidad, lo que lleva a situaciones de desnutrición y malnutrición, especialmente entre los niños y las mujeres embarazadas. La falta de una alimentación balanceada y suficiente no solo afecta la salud de los trabajadores y sus familias, sino que también impacta directamente en su capacidad laboral, creando un círculo vicioso de pobreza y precariedad. Lo más alarmante de esta situación es su persistencia en el tiempo. Según la Delegada Bolívar, los informes defensoriales desde 2016 han venido señalando estas mismas problemáticas sin que se hayan observado mejoras significativas. Esto sugiere una falla sistémica en la protección de los derechos de los trabajadores zafreros y sus familias, así como una falta de voluntad política para abordar el problema de manera integral. La magnitud del problema es aún más preocupante cuando se considera que los campamentos visitados por la Defensoría del Pueblo representan solo una pequeña fracción del total. Según información proporcionada por la Federación de Zafreros, existen más de 100 campamentos en la región, muchos de los cuales podrían estar en condiciones aún más precarias que las observadas. (El Andaluz)

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Encuentran molde de lingote de oro en poder de empresa aurífera ilegal 

En la intervención participó la Fiscalía de Tarija. La empresa se denomina “Bombori SRL”, operaba en Paicho Candelaria, en el área denominada Oroya III, informó el secretario de la gobernación, Efraín Rivera. Encontraron un molde para lingote de oro entre los objetos decomisados a la empresa aurífera ilegal intervenida por varias autoridades en el río Camblaya, en la zona de Paicho Candelaria, Tarija. La información fue confirmada por el secretario de desarrollo productivo de la gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez, al mostrar fotografías de la zona, objetos decomisados y el molde para el lingote de oro, se desconoce si fue o no utilizado. La autoridad informó que junto a representantes de otras instituciones efectuaron una inspección ocular e incautación por el delito de exploración ilegal de minerales, (oro aluvional). La Fiscalía también informó de esta acción. La empresa intervenida se llama “Bombori SRL” dedicada a la explotación aurífera artesanal en una zona del departamento de Tarija, en el municipio El Puente, en la comunidad Paicho Candelaria, en el río Camblaya. El río Camblaya desemboca en el Pilaya y posteriormente en el Pilcomayo. Se confirmó que la empresa no tiene licencia ambiental, no obstante, tiene certificado de trámite del contrato administrativo minero. Este documento fue emitido por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM). La gobernación de Tarija se apersonó al proceso como víctima, participó en la audiencia de inspección ocular y registro del lugar del hecho. En esta inspección e incautación además estuvo la Fiscalía, el Comando de la Policía, con seis vehículos y 55 efectivos policiales, la Procuraduría General del Estado, el gobierno municipal de El Puente y miembros de la AJAM. Se intervino a la empresa en el área denominada Oroya III y se procedió al desmontaje total del campamento a Requerimiento del Fiscal, secuestro y posterior incautación de herramientas, objetos y maquinaria pesada. Varios de estos objetos utilizados para la explotación y refinación de oro, como una volqueta de 12 cubos, dos retroexcavadoras y una pala cargadora que quedaron bajo custodia del sereno, 17 turriles de combustible (3.200 litros de diésel). LOS DATOS Un generador de soldadura industrial, una motobomba, se destruyó de lavador de material, se evidenció materiales como bórax y crisoles utilizados para la refinación de oro, lo que hace presumir el uso de mercurio, contaminante y nocivo para la salud. La Fiscalía departamental de Tarija paralizo la actividad minera en el área denominada Oroya III en la comunidad citada, las comunidades posiblemente afectadas en el departamento de Tarija, está todavía por determinarse. (El Periódico – Tarija)

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Tarija: Contaminación minera afecta a unas 20 comunidades de la zona alta

El subgobernador de El Puente, Daniel Osorio, ha denunciado que más de 20 comunidades en los municipios de El Puente y Yunchará están siendo afectadas por la contaminación del río San Juan del Oro, que es atribuida a las actividades de empresas mineras. La denuncia ya fue presentada ante el Juez Agroambiental en el municipio de San Lorenzo. Osorio explicó que la denuncia fue admitida tras una inspección realizada el pasado viernes, en la que participaron el Defensor del Pueblo, el técnico de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Gestión Ambiental. “El juez ambiental nos ha solicitado un plazo de una semana para obtener respuestas de las autoridades del departamento de Potosí”, informó el subgobernador, y añadió que después del plazo fueron informados que las empresas que operaban ilegalmente han suspendido sus actividades y actualmente están inactivas. El proceso está radicado en San Lorenzo, y tanto la Subgobernación de El Puente como la Gobernación del Departamento de Tarija están respaldando la demanda. “Se ha tomado todos los requisitos, todos los temas administrativos y legales para poner esa demanda en el departamento del Potosí y municipio de Tupiza”, afirmó Osorio. En total, se estima que unas 14 comunidades en el municipio de El Puente y entre 8 y 9 comunidades en Yunchará están siendo impactadas por la contaminación. Las autoridades locales están tomando medidas para abordar esta situación y proteger los recursos naturales de la región. “Nos perjudican, ya que a nosotros no nos llega regalías de ese departamento. A nosotros nos contaminan, nos perjudica al tema productivo”, dijo Osorio. (El País – Tarija)

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TARIJA: Acuerdan frenar minería ilegal tras derrame y contaminación del río San Juan del Oro

El derrame de lodos proveniente de la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca ha revelado serias irregularidades en las operaciones de dicha empresa, que ha llevado a contaminar la cuenca del río San Juan del Oro, generando preocupación en los municipios de la zona alta de Tarija por la contaminación que este suceso supone. Esta situación ha reunido a autoridades nacionales en el municipio de Tupiza en Potosí, donde determinaron parar las actividades mineras de quienes no cuenten con licencia ambiental. En la reunión llevada a cabo el 13 de agosto en Tupiza, el viceministro de Medio Ambiente, Diversidad y Cambio Climático, Franz Quispe, confirmó que la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca no posee licencia ambiental, condición necesaria para operar legalmente. Por ello, según informó la autoridad, se ha decidido paralizar todas las actividades de los operadores mineros que no cuenten con licencia ambiental. Además, se han programado inspecciones en los seis distritos de Tupiza, con el objetivo de detectar y erradicar la minería ilegal en la región. Además, se ha recomendado al Gobierno Municipal de Tupiza que, dentro de los informes de inspección, se incorpore el término ‘peligro inminente’, medida que busca, que la Gobernación tome acciones inmediatas de acuerdo con la normativa vigente, suspendiendo las actividades mineras que representen un riesgo ambiental. En cuanto al ámbito judicial, el viceministro Quispe señaló que el Viceministerio de Medio Ambiente se adherirá al proceso penal iniciado por el Ministerio Público. Este proceso busca sancionar a los responsables por los delitos relacionados al medioambiente. Si bien tras este suceso había sido la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Esther Sánchez, quien acusó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber autorizado la actividad minera, pese a que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han parado el tratamiento de los contratos mineros, Quispe dijo no estar al tanto del tema y que a quien compete dar explicaciones en todo caso es a la AJAM. (El País – Tarija)

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Ministerio de Minería y la AJAM confirman presencia en Tarija en reunión por contaminación de ríos

FOTO REFERENCIAL Para este sábado 10 de agosto se convocó a una reunión para tratar el tema de la minería ilegal y la contaminación de ríos que afectan a comunidades en el departamento de Tarija. La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada Esther Sánchez indicó a El Andaluz que varias autoridades confirmaron su presencia. La reunión se convoca después que en semanas pasadas, se registró el desborde de desechos mineros de una piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en Tupiza, llegando a afectar al río Esmoraca que desemboca en el río San Juan del Oro. La reunión se llevará a cabo en oficinas de la Brigada Parlamentaria de Tarija este sábado a las 9:00 de la mañana. La legisladora nacional indicó que desde el Ministerio de Minería confirmaron su presencia y dijo que fue a solicitud de esa cartera de Estado que se programó la reunión para este 10 de agosto. Menciono que también se confirmó la presencia de autoridades del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, enviarán un técnico y también a la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN). Desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) también estarán presente en la reunión convocada para este sábado. La diputada Sánchez dijo que se ha notificado a autoridades del departamento para que estén presentes, al Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija y al Comité Cívico Juvenil, entre otras instituciones. El 21 de julio pasado se registró el rebalse en una piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en Tupiza, en el departamento de Potosí. Autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, de la secretaria Madre Tierra junto con varias autoridades de Tarija realizaron una inspección en el lugar y en el informe se indica que la cooperativa no cuenta con una licencia ambiental, pero si contaría con la autorización de la AJAM para realizar actividades mineras en la zona. Sánchez indicó que se ha solicitado información a la gobernación de Tarija, de los trabajos de monitoreo realizados en el río San Juan del Oro. En la pasada jornada, la gobernación envió la respuesta con la información solicitada por la legisladora nacional. En el informe de la gobernación se indica que se realizaron tres monitoreos con toma de muestras en el río Pilcomayo y tres monitoreos en el río San Juan del Oro. La diputada dijo que revisa la documentación enviada por la gobernación de Tarija. También se consultó a las autoridades sobre las muestras tomadas en el río en la comunidad de Ovando en Yunchará, pero aún no se tendría todavía los resultados del análisis de laboratorio. PARALIZAN ACTIVIDADES EN ESMORACA Por otra parte, la legisladora nacional indicó que desde el Ministerio de Minería se instruyó que se paralicen las actividades mineras de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca tras lo ocurrido en julio pasado. La diputada no descarta que se pueda realizar una nueva visita en el lugar para verificar si realmente están paralizadas las actividades mineras. Remarcó que se tiene documentación de respaldo, sobre la autorización emitida por la AJAM para que la cooperativa realiza actividades mineras y que esta certificación fue otorgada a pesar de que no se cuenta con una licencia ambiental. En medios nacionales, se habría desmentido esta situación y desde la AJAM se indicó que no habrían emitido alguna autorización. Sánchez dijo que en el documento de autorización está firmada por el director de la AJAM. Este y otros temas deberán ser respondidas por autoridades de la AJAM que estarán presentes en la reunión convocada para este sábado. Desde la gobernación de Tarija, en semanas pasadas se anunció el inicio de acciones legales por esta situación, inicialmente ante el Juzgado Agroambiental. (El Andaluz)

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26 comunidades afectadas en Tarija: Inician acciones legales por contaminación en el río San Juan del Oro

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), Efraín Rivera informó que tras conocer del colapso de la piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en el municipio de Tupiza, que afectaron las aguas del río San Juan del Oro se iniciaron varias acciones. Esta situación, dijo que provoca un daño ambiental, que afecta a alrededor de 26 comunidades de los municipios de Yunchará y El Puente del departamento de Tarija. El Gobierno Departamental fue parte de la inspección que se realizó en pasados días, en el lugar, en la comunidad de Esmoraca en el municipio de Tupiza del departamento de Potosí. Entre las observaciones que se realizan tras la inspección realizada el pasado viernes, se indica que la cooperativa no cuenta con licencia ambiental, pero a pesar de ello, la AJAM otorgó la certificación que autoriza realizar actividad minera temporal. También se señala que no se cuentan con las medidas de seguridad en las áreas de explotación. En el acta de inspección ambiental, también se menciona que las piscinas de sedimentación no cumplen con las condiciones técnicas necesarias. Se verificó la ruptura de la piscina de sedimentación y no cuenta con las condiciones técnicas mínimas, deficiencias en el manejo de material de descarte, entre varias otras observaciones que se realizaron después de la inspección en el lugar en donde se registró el desastre ambiental. La gobernación de Tarija realizó la toma de muestras de las aguas del río San Juan del Oro, para el análisis físico, químico y biológico en laboratorio. “Hemos verificado que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), otorgó el permiso correspondiente a la empresa para que pueda realizar operaciones sin tener los contratos aprobados por la Cámara de Senadores”, dijo Rivera Indicó que se inician las acciones legales correspondiente con el objetivo de que se pueda paralizar la actividad minera de la cooperativa aurífera de Esmoraca en Tupiza. La acción legal se hace efectiva ante el juzgado agroambiental con un petitorio de medida cautelar precautoria, para la paralización de la actividad minera. “Nosotros vamos a presentar el día de hoy la denuncia ante el juez, y con los resultados que vayamos a tener del agua, vamos a presentar ante la Fiscalía un proceso penal a estas personas, que sin contrato están incumpliendo y generando problemas medio ambientales”, manifestó el secretario de la Gobernación. Mencionó que desde otras instancias se habría iniciado con un proceso administrativo, lo que significa la aplicación de una multa, pero no soluciona el problema central que se tiene por la afectación de la sedimentación que se derramó y genera daños ambientales en el río. Con la presentación de una acción legal ante el juzgado agroambiental se busca paralizar la actividad minera de la cooperativa. Por otra parte, Rivera dijo que una vez que se tengan los resultados de laboratorio sobre el análisis de las muestras que se tomaron de las aguas del río San Juan del Oro se formalizará denuncia para iniciar con un proceso penal ante el Ministerio Público, en contra de la cooperativa. Remarcó que se están incumpliendo con varios temas y se genera problemas medio ambientales por parte de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en Tupiza. Ampliado en El Puente La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada Esther Sánchez informo a El Andaluz que en la pasada jornada se realizó un ampliado de la Central Campesina del municipio de El Puente, en donde se informó sobre el trabajo de fiscalización que realiza la legisladora sobre la minería ilegal y el daño ambiental que se genera. También se informó sobre los estudios que se habrían realizado sobre la calidad del agua en el río San Juan del Oro. Sánchez dijo que se hizo conocer el informe de la inspección realizada en la comunidad de Esmoraca en Tupiza, tras la ruptura de la piscina de sedimentación de la cooperativa Azulejos que genera daños ambientales en el río. Anunció que se sumarán a las acciones legales que inicia la gobernación de Tarija. Recordó que ya se tiene un proceso en la Fiscalía del departamento de Potosí, por la rotura del dique de colas del ingenio minero en la comunidad de Agua Dulce que genera daños ambientales en el río Pilcomayo y a la fecha no se conoce resultados. Se pedirá informe sobre ese tema y dijo que para que no ocurra lo mismo con lo ocurrido en Tupiza, se podría pedir una reunión con el Ministerio Público y con el Ministerio de Justicia, para abordar el tema. (El Andaluz)

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