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Minería ilegal

Autoridades no asistieron a reunión convocada por agrícolas que son contaminados por minería en Tarija

El pasado 26 de septiembre, los productores de hortaliza convocaron a autoridades del gobierno nacional, de las gobernaciones y alcaldías de Tarija, Chuquisaca y Potosí a una reunión en el municipio de El Puente para tratar el tema de la minería ilegal y la contaminación que se genera a afluentes de agua, afectando cultivos en varias comunidades. La presidenta de la Asociación de Productores de Hortaliza de los Valles del Sur de Bolivia (APROAVASUR), Silvia Rodríguez informó a El Andaluz que la reunión se llevó adelante, pero lamentó la ausencia de las autoridades. Recordó que inicialmente la reunión estaba prevista para el 3 de septiembre y pese a ser postergada para el 26 de septiembre, las autoridades no asistieron. En el caso de la gobernación de Tarija que había confirmado su participación, indicó que se delegó al subgobernador para estar presente. Agregó que solo se pudo avanzar con los dirigentes presentes, el tema de la comercialización de la cebolla y se determinó que durante esta semana sostendrán reuniones con representantes de mercados en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Rodríguez indicó que se mantienen en las determinaciones plasmadas en un voto resolutivo, entre los puntos se solicita una compensación al sector productivo, una indemnización, señalando que son los más afectados por la contaminación minera. Complementó que cuatro de los seis municipios en tres departamentos, que aglutina la asociación de productores de hortaliza, tienen cultivos en la ribera del río San Juan del Oro y que sus aguas no solamente se utilizan para riego o para consumo de los animales, también es la principal fuente para abastecer a las familias para el uso cotidiano. (El Andaluz)

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Con explotación cuestionada en la Amazonía, La Paz recaudó Bs 1.391 millones por minería

Los asambleístas de la Bancada de Somos Pueblo Israel Alanoca y Fernando Condori denunciaron que el gobernador de La Paz Santos Quispe recaudó más de 1.391 millones de bolivianos por regalías mineras durante su gestión, y que fue de la Amazonía -región de elevada sensibilidad ambiental- que recibió más recursos, pero a la fecha se desconoce el destino del dinero recaudado.  De acuerdo al reporte que envió el gobernador Quispe, ante la Petición de Informe Escrito que solicitó el asambleísta Alanoca, en 2021 el departamento de La Paz recibió 432.058.381 bolivianos por regalías mineras; en 2022 fueron 422.769.918 bolivianos; en 2023 un total de 373.915.537 bolivianos y hasta junio de este año 162.815.400 bolivianos, lo que hace una suma de más de 1.391 millones en lo que va de la gestión de Santos Quispe. No obstante, los legisladores departamentales cuestionan la falta de transparencia en el destino de estos recursos, debido a que el gobernador Quispe y el Secretario Departamental de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos, Edson Paco Guerra, evitan responder detalladamente en qué invirtieron las recaudaciones por regalías mineras. “Hay algo que nos preocupa, hemos preguntado de qué manera son invertidas las regalías mineras en La Paz, porque del 100%, el 85% se va a la Gobernación y el 15% se va al municipio productor de minerales. Nos dicen que en el caso de regalías mineras ‘no existe una norma que señale en que deben ser utilizados los recursos’, por tanto deberá ser el ‘Ejecutivo departamental, la instancia que deberá responder esta interrogante’, y quién es el Ejecutivo departamental, los que me remiten la documentación. Santos Quispe no sabe en qué se invierten las regalías o si lo sabe no lo quiere decir”, señaló el asambleísta Alanoca. Asimismo, cuestionó que la región amazónica sea la principal aportante de regalías mineras, desde hace muchos años cuando la explotación minera en esta zona implica una afectación a la biodiversidad y sus delicados ecosistemas, poniendo en riesgo la conservación de hábitats y especies únicas, además de que contraviene a la Constitución Política del Estado que remarca su protección. “En cuestión de regiones la región que más aporta en el tema de regalías es la región Amazónica; sin embargo, la Constitución Política del Estado en el artículo 390 menciona que la cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, dada la elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones. La Constitución protege la Amazonía y por lo tanto no debería haber explotación minera ahí, es algo que también tiene que llamar la atención y preocuparnos”, enfatizó Alanoca. La creciente amenaza de la minería ilegal En tanto, el asambleísta Fernando Condori considera que la minería ilegal se intensifica y expande en el departamento paceño sin que se asuman medidas efectivas para frenarla. El legislador departamental presentó un video sobre una reciente inspección realizada en la población de Unduavi, donde se identificó daños al medioambiente por minería ilegal, además de avasallamiento a los terrenos de los floricultores. “En una inspección in situ se ha podido evidenciar deforestación total, tala de árboles, desvío del cauce natural del río, vimos la contaminación del río cuya agua no es turbia porque la tierra es oscura, sino porque está contaminada con diésel y aceite sucio, que está pegado a la tierra”, expresó Condori. Asimismo, el asambleísta cuestionó que estas operaciones irregulares tengan acceso a combustibles como el diésel que son transportados de manera irregular, según las denuncias, y  exhortó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que cumpla con las acciones necesarias para frenar la expansión de la minería ilegal. “El diésel no puede ser transportando por turriles y sabemos eso, pero están llegando ahí, son grandes maquinarias, la gente nos está denunciando que hasta están avasallando incluso sus tierras. En este sector es de Unduavi  hay un sector de flores, la gente vive de cultivar flores, pero indican que ya no hay flores porque la minería ilegal ya ha deforestado esos terrenos, hectáreas, y es preocupante lo que pasa, por eso exhortamos a la AJAM que cumpla su rol, lo que indica la ley y se constituyan al lugar, que vean la magnitud de daño que hacen, porque el futuro ya es incierto”, subrayó. Condori anunció también que en las siguientes semanas se realizará una inspección en inmediaciones de la represa Incachaca debido a denuncias de explotación de wólfram que estaría contaminando el agua que se distribuye a la población paceña. RTP

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Unas 40 mineras ilegales explotan oro en el Madidi; la AJAM debería enjuiciarlas y desalojarlas

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta y debe ser un gran orgullo nacional. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como autoridad competente en áreas protegidas bolivianas, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no permite paralizar la actividad ilícita en la región. Existe la documentación que evidencia las vulneraciones a las normas ambientales vigentes. “Además la AJAM no pudo demostrar que alguna de estas actividades mineras sea preconstituida, es decir que haya obtenido su derecho minero y ambiental antes de la creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que fue el 21 de septiembre de 1995 a través del Decreto Supremo 24123”, según el Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEABO). Las aproximadamente 40 operaciones mineras auríferas se encuentran en las cabeceras y curso del río Tuichi, un afluente del río Beni, con unos 260 kilómetros de extensión, se origina en la cima de la cordillera de Apolobamba y conecta los Andes con la Amazonía. Atraviesa por el corazón del Madidi, un área protegida con cerca de dos millones de hectáreas y considerada la más biodiversa del planeta. Según información proporcionada por guardaparques, que prefirieron no ser identificados, las operaciones mineras auríferas ilegales que tienen procesos administrativos establecidos por el Sernap, “se les anunció con la respectiva notificación de paralización de actividades como la apertura de caminos y minería mecanizada, pero ninguna cumplió, y es más, el número se ha ido incrementando cada vez, superando inclusive la cuarentena de operaciones identificadas, todas ilegales”. En otras operaciones mineras no se puede realizar la verificación en el lugar, porque tienen instaladas trancas y acuerdos con las comunidades locales para evitar el paso del personal de protección, además la “amenaza permanente de conflicto social y la intimidación inacabable a la integridad personal de los guardaparques”. En una entrevista anterior el dirigente de la Federación Regional de Cooperativistas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que existe el compromiso con el presidente Luis Arce de “no realizar ninguna operación minera dentro de las áreas protegidas”. Pero es muy evidente que esto no se ha cumplido, en el caso del Madidi y otras áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata, Manuripi, hay más en otras regiones, que también están sufriendo el embate de la actividad minera ilegal en sus jurisdicciones. Por otra parte, el dirigente Raúl Silva de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), anunció públicamente la semana pasada que, su sector apoyará la candidatura del expresidente Evo Morales porque “extrañan el bajo precio del mercurio” y otros beneficios que existían en su gestión. PROCESOS ADMINISTRATIVOS El Sernap en aplicación del artículo 99 de la Ley del Medio Ambiente y en la sustanciación de los procedimientos de infracciones o contravenciones, tiene la potestad de dictar resoluciones administrativas fundamentadas en base a un informe técnico, imponiendo sanciones administrativas, cuando se demuestre la responsabilidad del infractor y dictaminar resoluciones disponiendo medidas precautorias para evitar perjuicios o mayores daños al área protegida y sus recursos naturales. Los procesos administrativos que siguió el Sernap a las operaciones mineras ilegales que explotan oro al interior del Madidi, no posibilitaron paralizar sus actividades ilegítimas, porque las sanciones administrativas implican sólo el cobro de una multa. “Se hace imprescindible que la AJAM con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo de toda operación minera por encontrarse en la ilegalidad y por tener acciones administrativas previas. También es primordial que se inicien los procesos penales en contra de los titulares de estas operaciones por el daño al patrimonio natural de los bolivianos”, sentenció COPDEAPBO. Al margen de ello, en la Resolución Judicial de la Acción Popular que favoreció a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, determinó la paralización de todas las actividades mineras ilegales y de todas aquellas que no cuenten con licencias ambientales en el río Beni y sus afluentes, entre los que se encuentra el río Tuichi. ¿Y EL MINISTERIO? Algunos juristas ambientalistas recuerdan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene entre sus más de cuarenta funciones y atribuciones específicas, la de “formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico”. Asumen que es necesario que el MMAyA asuma la responsabilidad en los impactos negativos en contra del medio ambiente, la contaminación hídrica con mercurio y otros contaminantes, la deforestación, la remoción y vertido de ingentes cantidades de sedimentos y material (tierra, arena y rocas) que ocasionan impactos negativos y significativos en los cauces y cursos de los ríos de la Amazonía boliviana. (ANF)

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TARIJA: Acuerdan frenar minería ilegal tras derrame y contaminación del río San Juan del Oro

El derrame de lodos proveniente de la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca ha revelado serias irregularidades en las operaciones de dicha empresa, que ha llevado a contaminar la cuenca del río San Juan del Oro, generando preocupación en los municipios de la zona alta de Tarija por la contaminación que este suceso supone. Esta situación ha reunido a autoridades nacionales en el municipio de Tupiza en Potosí, donde determinaron parar las actividades mineras de quienes no cuenten con licencia ambiental. En la reunión llevada a cabo el 13 de agosto en Tupiza, el viceministro de Medio Ambiente, Diversidad y Cambio Climático, Franz Quispe, confirmó que la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca no posee licencia ambiental, condición necesaria para operar legalmente. Por ello, según informó la autoridad, se ha decidido paralizar todas las actividades de los operadores mineros que no cuenten con licencia ambiental. Además, se han programado inspecciones en los seis distritos de Tupiza, con el objetivo de detectar y erradicar la minería ilegal en la región. Además, se ha recomendado al Gobierno Municipal de Tupiza que, dentro de los informes de inspección, se incorpore el término ‘peligro inminente’, medida que busca, que la Gobernación tome acciones inmediatas de acuerdo con la normativa vigente, suspendiendo las actividades mineras que representen un riesgo ambiental. En cuanto al ámbito judicial, el viceministro Quispe señaló que el Viceministerio de Medio Ambiente se adherirá al proceso penal iniciado por el Ministerio Público. Este proceso busca sancionar a los responsables por los delitos relacionados al medioambiente. Si bien tras este suceso había sido la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Esther Sánchez, quien acusó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber autorizado la actividad minera, pese a que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han parado el tratamiento de los contratos mineros, Quispe dijo no estar al tanto del tema y que a quien compete dar explicaciones en todo caso es a la AJAM. (El País – Tarija)

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Diputada Sánchez: Cooperativa minera en Tupiza no cuenta con licencia ambiental 

La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada Esther Sánchez indicó a El Andaluz que la cooperativa aurífera Azulejos que opera en Tupiza en el río Esmoraca, afluente que desemboca en el río San Juan del Oro y que en pasados días se denunció el derrame de residuos minero, no cuenta con una licencia ambiental. Agregó que el rebalse de la piscina con lodos afecta de manera directa el río, situación por la que autoridades de Tarija iniciaron con diferentes acciones de manera inmediata. En la zona se extrae oro y la actividad minera estaría en el mismo río Esmoraca en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Tupiza del departamento de Potosí. La legisladora nacional dijo que lo que más preocupa es que la secretaria Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí habrían entregado una certificación que se dan a las cooperativas mineras para autorizar la actividad, para que trabajen y uno de los requisitos para esta certificación es contar con la ficha ambiental, documento con el que no cuenta la cooperativa aurífera Azulejos. La certificación que se otorga por la gobernación es para que trabajen, mientras se aprueban los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB). Para esta certificación también se debe cumplir con la consulta previa aprobada. “Lo que más preocupa es que la cooperativa no cuenta con la licencia ambiental”, expreso. Menciono que el 2023, la gobernación de Potosí realizo una inspección en el lugar a la cooperativa y se realizaron observaciones que debían ser subsanadas, pero no se habría dado solución por parte de la cooperativa, en el tema de mitigación ambiental. La diputada pregunto, que como es que la gobernación de Potosí no ha suspendido la actividad de esta cooperativa, si no contaba con la licencia ambiental. Remarco que la gobernación de Potosí, tiene que responder muchas interrogantes. También indico que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) igual habría dado el permiso a la cooperativa, por lo que también debe explicar esta situación. “Como es posible que una cooperativa trabaje sin licencia ambiental”, apunto la legisladora. Destacó la decisión de la gobernación de Tarija de iniciar con las acciones pertinentes en este tema. Explico que la contaminación de las aguas en el río San Juan del oro genera un daño económico y ambiental, puesto que en los municipios de Yunchará y El Puente de Tarija, tiene como principal actividad la producción agropecuaria. Adelanto, que se ha convocado a autoridades nacionales a una reunión para el 10 de agosto en Tarija, para tratar el tema de la minería y confirmo su presencia el ministro de Minería y el viceministerio de Medio Ambiente. (El Andaluz)

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Cooperativa que contaminó al río San Juan del oro no tiene licencia

Desde la jornada del miércoles, habitantes de los municipios de El Puente y Yunchará del departamento de Tarija, notaron un fenómeno poco habitual en el río San Juan del Oro, pues sin ser temporada de lluvias, las aguas registraron un grado elevado de turbidez, casi de color rojizo. El pasado viernes autoridades de la Gobernación confirmaron el derrame de lodos de una cooperativa minera en Potosí, sin embargo, información preliminar recabada por la diputada Esther Sánchez, señala que esta empresa operaba sin licencia ambiental. El secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera, expresó que existe preocupación por el derrame minero en la localidad de Esmoraca, perteneciente al departamento de Potosí, misma que se encuentra situada a 150 kilómetros al sur de Tupiza y colindante con la frontera de Argentina. “Este derrame que ha tenido esta cooperativa o empresa que no la conocemos, estamos haciendo las averiguaciones, y por lo que sabemos es una cooperativa minera aurífera. Estas cooperativas, como lo hemos denunciado hace bastante tiempo atrás, tienen grandes problemas en lo que son los diques de cola, entonces, al no contar con diques de cola, producen roturas y lo que hacen es contaminar, porque nos mandan los lodos y todos los residuos minerales que se generan”, expuso. Rivera, mostrando imágenes satelitales, explicó que existe alrededor de un kilómetro sobre la cuenca del río San Juan del Oro en donde se registra actividad minera, la cual está emplazada al medio del río, poniendo en riesgo la calidad del recurso hídrico que aguas abajo es utilizado para riego de parcelas agrícolas e incluso para el consumo humano. “¿Ustedes se imaginan una actividad minera haciendo el lavado de minerales al medio del río? Lamentablemente esa es una responsabilidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que es la autoridad ambiental y la que genera las licencias, hemos mandado al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Medio Ambiente, hemos mandado las notas a la Gobernación de Potosí y Chuquisaca, y hemos activado inmediatamente el protocolo de la Gobernación de Tarija”, afirmó. La autoridad indicó que el miércoles las aguas estaban de color café, medio rojo, y tras activar el protocolo, el jueves ya se procedió a la toma de muestras en los municipios de Yunchará y El Puente en comunidades como La Verdiguera, Ovando, Carrisal y Carretas, las cuales fueron enviadas al Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo (Ceanid) dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), para que se hagan las pruebas de laboratorio. Rivera manifestó que también se conformó una Comisión de Inspección in situ que ya se trasladó al lugar, misma que está conformada por la Subgobernación de Yunchará, Gobierno Municipal de Yunchará, Subgobernación de El Puente, Gobierno Municipal de El Puente y secretarios ejecutivos de las comunidades. Sin licencia ambiental La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) y vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria, Esther Sánchez, confirmó que la cooperativa responsable de este desastre no cuenta con licencia ambiental. Mencionó que el hecho habría sucedido por el rebalse de una piscina que terminó contaminando el río Esmoraca que termina conectando con el río San Juan del Oro. “Lo que nos preocupa, es que la Gobernación de Potosí realizó una inspección en 2023 a la cooperativa, que inclusive tenía que solucionar el problema de mitigación, al cual han hecho caso omiso”, cuestionó. Sánchez manifestó que van a solicitar a la Gobernación de Potosí que pueda explicar cómo es que esta empresa sigue trabajando sin contar con licencia ambiental. Cabe recordar que con anterioridad, El País ya había advertido de un estudio realizado en laboratorio, que confirmó la presencia de metales pesados en el río San Juan del Oro, contaminación que justamente se da por la actividad minera en las cabeceras de este afluente. (El País)

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Se estima que el 90% de la actividad minera en Tarija se realizaría de manera ilegal

FOTO REFERENCIAL La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Esther Sánchez informó a El Andaluz que envió una nota al gobierno para que puedan participar de la reunión convocada para el 10 de julio para abordar la problemática por la actividad minera ilegal en el departamento. Indicó que la carta se mandó al ministro de Minería y recibieron una respuesta, confirmando su participación y que se hará presente el viceministro de Minería. Mencionó que también se convoca a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) nacional y de Tupiza para que presenten un informe en la reunión en la Brigada Parlamentaria de Tarija. Sánchez dijo que también se invita a la reunión a autoridades de la gobernación de Tarija y a autoridades de gobiernos municipales de la zona alta de Tarija. Será una reunión interinstitucional y se realizará el sábado, debido a la agenda ocupada de las autoridades durante la semana. Son varias las autoridades que denunciaron que se registra actividad minera ilegal en el departamento y que en algunos casos generan contaminación. Según la diputada Esther Sánchez del 100 por ciento de la actividad minera que se registra en el departamento de Tarija, estima que alrededor del 90 por ciento de esa actividad se la realiza de manera ilegal. “Del 100 por ciento, un 90 por ciento es de manera ilegal”, expreso la legisladora nacional. El departamento de Tarija, no percibe regalías mineras por la actividad que se realiza de manera ilegal. Sánchez mencionó la actividad minera que paga regalías y que se desarrolla de manera legal, en su mayoría es de minerales no metales, por la explotación de yeso, cal, piedra caliza, entre otros. Recordó que se tienen denuncias de que se extrae minerales de manera ilegal en la zona alta de Tarija, en el río San Juan del Oro, por la comunidad de Paicho, en donde estaría operando una empresa China. Contaminación La legisladora nacional indicó que para el estudio se tomaron muestras de las aguas en la comunidad de San Pedro y en la comunidad de Sausalito Pueblo Viejo en el municipio de Yunchará. En las muestras tomadas en la comunidad de San Pedro el análisis de laboratorio indica que se tiene una clasificación “D” y se identifica la presencia de metales pesados. Para que esas aguas puedan usarse para consumo humano, animal o para riego deben ser antes, realizar un tratamiento adecuado. En las aguas se identificó la presencia de cromo, hexavalente, antimonio, cobre, arsénico, estaño, cadmio, cianuro libre, mercurio, plomo. De estos metales pesados, cromo, hexavalente y arsénico están catalogados como cancerígenos. Remarcó que el estudio se realizó el año 2022 y el informe con los resultados se entregaron a la alcaldía de Yunchará el 2023. La legisladora nacional indico a El Andaluz que se solicitará información a la Gobernación de Tarija, sobre otros estudios que se habrían realizado sobre el nivel de contaminación en las aguas del río San Juan del Oro. Remarcó que en el informe del 2022 se indica que sería el tercer estudio y se busca conocer los datos de los dos estudios anteriores. Mencionó que también se solicitará información al Ministerio de Salud y Deportes, sobre las enfermedades pulmonares y cáncer, para ver la situación actual por municipio en el departamento de Tarija. En las últimas semanas la gobernación informo sobre acciones que se realizan respecto a la actividad minera, inspecciones, entre otras acciones. De la misma manera, la alcaldesa del municipio de El Puente, Sara Armella se pronunció sobre el tema y pidió un mayor control. La diputada Sánchez dijo que tanto la gobernación, como la alcaldía de El Puente deben denunciar a esas empresas que estarían trabajando ilegalmente y las que trabajan con autorización, pero afectan al medio ambiente. Se deben presentar como víctimas y hacer que se procesen a esas empresas y se suspenda la actividad. La legisladora nacional dijo que también se pedirá a la gobernación que informe cuantas denuncias se ha presentado por esta situación, de acuerdo a las visitas que realizaron y en qué situación se encuentran los procesos, de la misma manera, se hará las mismas consultas con la alcaldía de El Puente. La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, indico que el tema de la actividad minera está afectando a nivel nacional en varias regiones del país. Algunas cooperativas, empresas privadas, empresas unipersonales trabajan de manera ilegal y otras trabajan con licencia, pero no se estaría haciendo un trabajado adecuado para cuidar el medio ambiente. Aclaró que no está en contra de la actividad minera, pero que en muchos casos no se hace un trabajo adecuado y eso es lo que más preocupa. Señaló que el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente ya tendrían que haber asumido acciones. (El Andaluz)

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Acción depredadora de los cooperativistas salta del oro a otros minerales

FOTO REFERENCIAL En 2023, el 99,5% de la producción aurífera de Bolivia provino del sector minero cooperativista, considerado uno de los mayores depredadores del medioambiente. Sus operaciones ya no se limitan al oro, se expandieron a otros minerales como el zinc, wólfram, estaño -entre otros-, con lo que hoy cubren el 58% de toda la producción minera del país. Los datos fueron obtenidos del “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. El documento fue publicado en marzo de 2024. “Lo que pasa con el oro se está repitiendo en otros minerales. El sector cooperativista ya superó a la empresa privada y en algunos casos a la estatal. Desafortunadamente toda la desregulación que generó el sector cooperativista en temas laborales, impositivos, ambientales y sociales se está ampliando, de alguna manera, a todo el sector minero”, afirmó el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini. El pasado 7 y 8 de junio, representantes de más de 200 comunidades de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando participaron en el encuentro “Minería en tierras bajas: impactos y desafíos”. En conjunto, emitieron un pronunciamiento en el que se declararon en estado de emergencia y rechazaron el avance de las operaciones mineras, legales e ilegales, por los atropellos en los que incurren. LAS COOPERATIVAS Y EL ORO “En nuestra región, de la noche a la mañana, las cooperativas mineras se multiplicaron, Aparecieron los denominados interculturales para convencer a la gente de que la minería es buena y trae desarrollo; llegaron con miras de entrar al parque nacional Madidi y destruir todo lo que encuentren a su paso en busca de oro”, señaló Paola Guerra, de la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde. De acuerdo con un boletín institucional del Viceministerio de Cooperativas Mineras, de 2021, en el país se reconocen tres actores productivos: el estatal, el privado y las cooperativas (cuentapropistas). Estas últimas, de 2006 a 2021, aumentaron en número y el registro pasó de las 911 cooperativas a 2.388, de las que su gran mayoría son auríferas. Es de este sector del que proviene el 99,5% de la producción de oro de toda Bolivia, según datos del “Anuario Estadístico 2023” el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Este casi monopolio de la producción aurífera es una constante desde 2013, al igual que todos los problemas que contrae. “Empiezan convenciendo a gente del lugar, dividen a los pueblos y afirman que la cooperativa tiene una función social, porque están los lugareños. Al final acabas peleando con el vecino o tu familia porque unos están de acuerdo y otros no. Ahí empiezan los problemas, no solo ambientales. A los que no están de acuerdo los demandan, a otros los avasallan y otros sufren las consecuencias de la contaminación”, afirmó Guerra. El interés por la explotación de oro tiene que ver con el alza de los precios del mineral a nivel internacional, la falta de recursos para las regiones y pueblos indígenas, el movimiento de los colonos de occidente a oriente (Interculturales), el desempleo. “En 2021 las cooperativas eran 2.388. De estas, aproximadamente 1.500 cooperativas se dedican a la explotación de oro; el grueso está en el norte de La Paz, donde existe un modo de explotación depredador, que en los últimos años se está replicando en Beni y Pando”, señaló el investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Añade que a esto se suma que en los últimos 18 años la normativa ha sido asimétrica, desde la CPE, seguida de la ley minera, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales. “La flexibilización de las normas económicas y ambientales ha permitido que muchos opten por hacer una cooperativa. Las mismas comunidades indígenas se organizan en cooperativas e ingresan en la actividad minera”, afirma el investigador. A su parecer, una consecuencia de esta flexibilización es que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, por lo que solo pagan regalías mineras. Los ingresos por regalías son bajos y no llegan al Estado central, dado que se distribuyen entre gobernaciones y municipios. Según Zaconeta, la discusión de un pago de impuesto sobre la explotación de oro está pendiente. Preocupada, Guerra sostuvo que el daño ya es notorio en sus fuentes de agua y que no hay impuesto o regalía que lo remedie. “Nuestras comunidades ya no pueden ni comer, no hay pescado en el río, las aguas tienen mercurio y contaminan el arroz, la yuca. Al mover la tierra colapsan los chacos de los pobladores y nadie dice nada”. LOS OTROS MINERALES Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020, el actor productivo minero privado fue el mayor productor con 1,5 millones de toneladas de mineral, 89,9% de toda la producción. Le seguían las cooperativas -con 102.970 toneladas- (6,1%) y el actor estatal con 66.880 toneladas (4%). Sin embargo, en cuanto al valor de producción, las cooperativas ocupaban el primer lugar por la explotación de oro en el norte de La Paz, en Beni, Pando y Santa Cruz. Solo el 2020 el valor de su producción llegó a 1,54 millones de dólares, apenas mayor al valor de la producción del sector privado que llegó a 1,51 millones de dólares, pese a tener el 89,9% de la producción minera del país. Para el 2023, el sector cooperativista pasó de cubrir el 6% de la producción a generar el 58%, superando al sector privado que pasó de producir el 89,9% en 2020 a 36% en 2023. “Las cooperativas mineras son las principales productoras de minerales, con el 58% del valor de producción, mismas que en los últimos años fueron incrementando su producción de oro. El valor de producción del actor minero privado alcanzó al 36% del total, con la producción de minerales complejos. Por último, la producción de la minería estatal representa el 6%”, detalla el “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. “Desde 2021 el

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Cámara Minera exige oficinas de la AJAM en Tarija

La Cámara de la Minería del Departamento de Tarija exige que la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) tenga sus oficinas en esta ciudad para evitar la minería ilegal. De acuerdo al presidente de esta Cámara, Rodolfo Meyer Barrasa, solamente de esa manera podrá fiscalizarse y controlarse la minería en este departamento, especialmente en la zona alta, donde hay minería artesanal ilegal. “Es urgente que la AJAM tenga sus oficinas en Tarija”, enfatizó Meyer al indicar que además del control y la fiscalización, la explotación legal de minerales generará regalías para el departamento, a través de la gobernación. De acuerdo a Meyer, esta exigencia de Tarija, de que la AJAM tenga oficinas en esta ciudad, data de hace mucho, incluso en una oportunidad llegaron sus directivos y estuvieron a punto de instalar sus oficinas, sin embargo, el intento se frustró. Meyer informó de gestiones efectuadas incluso con el secretario de desarrollo productivo de la gobernación, Efraín Rivera, quien también está interesado en este pedido que será de beneficio para todo el departamento. El presidente admitió que hay minería ilegal en la zona alta de Tarija, aunque no hay información certera y precisa al respecto, porque si bien no se ve maquinarias o equipos grandes, artesanalmente alguna gente está extrayendo minerales, sobre todo oro. Agregó que la Cámara y la Federación de Cooperativas Mineras de Tarija, que está surgiendo con fuerza, tendrán que coordinar acciones para darle más impulso a la exigencia de que la AJAM tenga oficinas en Tarija, incluso podría recurrirse a la presión. Meyer Barraza incluso dijo que su Cámara, de algún modo fue impulsora para la formación de la Federación de Cooperativas Mineras, porque hay organismos que ayudan con financiamiento a este tipo de organizaciones, no así a las Cámaras. “Eso está bueno, porque después del gas la alternativa productiva para Tarija podría ser la minería”, comentó Meyer al añadir que rubro alternativo para este departamento tiene que ser el turismo como está viéndose. LOS DATOS Consultado cuánto de regalías paga la minería en el país, Meyer contestó que es poca en el país, “estamos hablando de un millón, dos millones de bolivianos, depende del año, cuando deberíamos pagar 50, 60 veces más”. Preguntado si es evidente que en Tarija solo se dedicarán a extraer el mineral y que no habrá refinación para no impactar el medio ambiente, respondió que para refinar se necesita tecnología, lo que todavía no hay en este departamento. (El Periódico)

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Esse Ejja: Contaminación por mercurio y falta de oportunidades obliga a miembros de 2 comunidades a vivir entre desechos

Dos comunidades del pueblo indígena amazónico Esse Ejja se han visto afectadas no solo por la contaminación de sus ríos por mercurio, sino también por la pobreza extrema, que los ha llevado a buscar entre desechos: alimentos, ropa y zapatos, entre otros. Se trata de la comunidad Eyiyoquibo o “Pie de montaña”, ubicada en la provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz, y la otra, Puerto Salinas, en el municipio de Los Santos Reyes, provincia José Ballivian Isarola, del Beni. En un recorrido por el vertedero municipal de Rurrenabaque (Beni), se observó cómo entre ganado vacuno y suchas (aves carroñeras), habitantes de dichas comunidades buscaban qué comer, y latas de aluminio y cobre para reciclar y vender. La familia de Lucio Parada, quien nació en la comunidad Eyiyoquibo, cuenta que por un kilo de latas le pagan un boliviano, mientras que el kilo de cobre está en Bs 35. “Desde las siete de la mañana trabajo y me quedo con mi familia hasta las cinco de la tarde, cuando termina de llegar el camión recogedor de basura. Soy como un empleado del municipio pero sin sueldo”, asegura. Indígena Esse Ejja y su familia empujados por la necesidad rebuscan entre la basura para encontrar latas de cerveza y cobre para sobrevivir. Mientras los padres buscan, los niños tratan de ayudar y se les olvida que están en medio de desperdicios, por lo que se llevan las manos a la boca. “A veces les aparecen carachas en la piel y diarreas. Pero debemos estar cada día trabajando en este vertedero”, dice Lucio con aire de preocupación. Este hombre tiene una hija estudiando en la universidad indígena y otros cuatro en la escuela. La pesca, principal modo de vida de su pueblo, ha disminuido debido a la contaminación por mercurio. “Nosotros también somos seres humanos, también somos bolivianos, no tenemos ni tierra suficiente para desarrollar otro tipo de actividad económica”, lamenta el miembro Esse Ejja. Sin oportunidades Según cuenta, su comunidad recibió 900 hectáreas para más de 500 personas. Tras 18 años lo único que llegó fue un proyecto de cacao que poco o nada aporta a su economía Por ello, Lucio y su familia se levantan muy temprano para llegar al vertedero de Rurrenabaque. Lo hacen en su desvencijada motocicleta Haojin de origen chino, desde su comunidad Eyiyoquibo, en San Buenaventura, población paceña situada al frente del municipio beniano. Los Esse Ejja son una nación indígena de primer contacto que habitan en las riberas de los ríos de la Amazonia de Bolivia y Perú. “Los pueblos en contacto inicial son aquellos que no fueron sometidos por la colonia, ni por las misiones religiosas ni el Estado republicano (como los Esse Ejja y Tsimanes). Por eso mostraron dificultades para entender y afrontar los requerimientos de la burocracia del proceso de saneamiento de tierras. En consecuencia, quedaron excluidos, sin tierra ni territorio para reproducir su cultura y modo de vida tradicional”, dijo Alcides Vadillo, abogado expertos en temas indígenas, en una entrevista concedida en mayo de 2022. En la actualidad, las 900 hectáreas a las que Lucio se refiere, están en una zona que no les corresponde, totalmente lejos de donde pertenecen, ya que ellos desarrollan sus actividades a orillas de los ríos. Políticas de Estado que dejan a estos pueblos sin posibilidad de desarrollarse. En la otra acera Mientras comunidades Esse Ejja buscan su sustento entre residuos, habitantes de un barrio de Rurrenabaque también sufren el impacto ambiental de vivir cerca de un vertedero. El barrio Macuti, fundado el 28 de octubre de 2014 como el segundo grupo de familias damnificadas por el deslizamiento del cerro Macuti, este villorio está conformado por 26 familias. Los olores que despide la basura y los lixiviados son el pan de cada día para estos vecinos, quienes exigen al municipio busque otra área que sirva para un manejo responsable. Carmen Castro cuenta que cuando llueve o llegan los vientos, el olor “es insoportable” Los lixiviados descienden atravesando las viviendas y contaminando sus espacios, Carmen indica que su hija sufre salmonella, una enfermedad que no la deja vivir en paz. “Cuando fuimos trasladados a esta zona, estaba libre de basura. Este basurero municipal funcionaba un kilómetro más arriba, en un terreno prestado”, recuerda. Al respecto, el responsable de Medio Ambiente de Rurrenabaque, David Justiniano Ortiz, explica que actualmente se recoge 12 a 15 toneladas de basura por día, mientras que, en días festivos, la cifra se eleva a 20 toneladas. “La ley 755 indicaba que hasta 2021 había que realizar el cierre de botaderos, pero como nadie, ningún municipio ha cumplido, tenemos plazo hasta 2026. Estamos tratando de conseguir un financiamiento de una planta de relleno sanitario y contemplar la separación de los residuos”, afirma. Hasta el cierre de este reporte, no había ni fecha de cierre y ni del traslado del botadero municipal. Mientras, miembros del pueblo Esse Ejja, como Lucio y su familia, continúan acudiendo cada día para buscar sustento. En contraparte, vecinos del barrio esperan el traslado. Ambos se exponen a contaminación y enfermedades, pero saben que no tienen otras oportunidades. (La Región)

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