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Minería ilegal

Santa Cruz: Intervienen actividad minera ilegal en Samaipata, hay 12 personas aprehendidas

FOTO: AJAM Después de que se registraran varias denuncias sobre explotación ilegal de minerales en Samaipata, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), logró desbaratar las operaciones extractivas en este municipio ubicado en la zona de los valles en el departamento de Santa Cruz. “Tras un trabajo de inteligencia, en coordinación y con apoyo efectivo de la Policía Boliviana,se realizó este viernes una acción operativa para desbaratar actividades mineras ilegales en el municipio de Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz”, señala un reporte institucional de la AJAM. En mayo, Alfonzo Banegas Rodríguez, miembro del Comité de Defensa y Protección de los Recursos Naturales y Turísticos de Samaipata, denunció que desde el año 2000, diversas empresas mineras han estado operando al margen de la ley, causando un impacto negativo significativo en la zona. La falta de licencias ambientales y el incumplimiento de las normativas vigentes han sido documentados por la Dirección del Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, la cual confirmó  que varias empresas operan sin las autorizaciones necesarias. Operativo Como resultado de este operativo se encontró en flagrancia a 12 personas realizando explotación ilegal de minerales en un área minera libre. Mediante el uso de la fuerza pública se procedió a su aprehensión  para que se realicen las investigaciones y definan su situación jurídica. Asimismo, se evidenció la existencia de 11 volquetas, una excavadora y otra maquinaria que se empleaba para la explotación de arcilla, equipos que fueron secuestrados por el personal policial. El movimiento de material, al margen de ser una explotación no autorizada, estaba generando contaminación medioambiental.   En su comunicado la AJAM sostiene que, en el marco de sus atribuciones, realiza inspecciones para verificar actividad minera ilegal, en resguardo de los recursos naturales.  “Razón por la cual se exhorta a estas personas a no incurrir en este delito que está tipificado en el art. 232 del Código Penal Boliviano y la sanción es de cuatro a ocho años de privación de libertad“, señala el documento.  Además de los daños ecológicos, la actividad minera en Samaipata ha deteriorado infraestructuras clave como carreteras y caminos vecinales, y ha afectado recursos hídricos esenciales para la agricultura local. (EL DEBER)

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BOLIVIA, EL PAÍS DE LA TIERRA ENVENENADA

Elva Arando tiene 47 años y creció frente a una montaña de 4,3 millones de toneladas de residuos mineros abandonados, también llamado pasivo ambiental. Es el depósito San Miguel de Cantumarca, en Potosí, uno de los 1.188 inventariados por el Estado en Bolivia. Aquí, en medio de la ciudad, el cierre perimetral de estos tóxicos consiste en unos postes de madera de metro y medio de altura, como si se tratase del lindero de una chacra. Pero en realidad el lugar contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Todos, nocivos para la salud y el medio ambiente. Mientras esta mujer camina, sus zapatos café pisan un material aceitoso marrón y amarillo que se ha acumulado al costado de la Ruta Nacional 5. Es el contaminante que dejó en 1985 la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la explotación de estaño durante 45 años, que se escurre por la carretera que une la ciudad imperial con el majestuoso Salar de Uyuni. El dique San Miguel contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Elva dice que sus abuelos y la gente de esa época permitieron instalar ese depósito ante la necesidad de dos piletas públicas de agua, sin pensar que con los años este y otros pasivos mineros de la zona se convertirían en los verdugos de sus hijos y nietos. Entre ellos, ella, que ahora tiene plomo en su sangre en niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que afecta al ser humano. Alrededor del millar de pasivos ambientales que envenenan la tierra en Bolivia viven 304 comunidades, detectadas mediante análisis de información geográfica para esta investigación de ACCESO y CONNECTAS, en alianza con El Deber, El País y Erbol. Los estudios sobre la afectación a los humanos en estos sitios también es una cuenta pendiente, porque el Estado tampoco invierte en ello. Pero en dos lugares donde sí lograron hacerse pruebas de laboratorio bajo esfuerzo de los vecinos y organizaciones no gubernamentales, el 45% de los estudiados, están afectados por metales pesados en su organismo. San Miguel no es el único problema de Cantumarca. A unos dos kilómetros hacia el oeste, Laguna Pampa I y Laguna Pampa II forman parte de otros 782 pasivos ambientales aún no inventariados, según cálculos del Servicio Geológico Minero (Sergeomin). Ambos son depósitos de residuos mineros en los que el Gobierno prorrogó su cierre y mitigación. Hay caseríos alrededor que no cambian su imagen apocalíptica: es un desierto de tierra plomiza con cúmulos de agua, verdosa o marrón, dispersa por todos lados; tuberías en desuso botadas a un costado; volquetas que entran y salen del lugar; y un viento de abril que levanta partículas de polvo contaminadas y las esparce por el vecindario. Diez minutos son suficientes para salir con los ojos rojos y un escozor en la garganta, como si se hubiese tragado gas pimienta que usa la policía en una represión. Aquí no se requiere contraseña para entrar al inframundo; se nace y se vive en él. En Bolivia, un país minero, se permite a los industriales exprimir la tierra y dejar una herencia tóxica. En los últimos 30 años, entre el Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías recibieron más de 5 mil millones de dólares por regalías e impuestos a la minería, mientras que los operadores produjeron minerales valuados en más de 52 mil millones de dólares. Además, esta actividad permaneció entre los tres primeros rubros de exportación con mayor valor económico. A cambio, el Estado mediante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sólo mitigó un pasivo ambiental con recursos propios y 12 con inversión de la cooperación Danesa. Los trabajos se realizaron entre 2004 y 2014. Ese último año, con la nueva Ley de Minería también se dejó de legislar sobre quién se hace cargo de los contaminantes mineros originados antes del 1992. Luego, los ministerios de Minería y el de Medio Ambiente tampoco generaron una normativa específica para la restauración de pasivos ambientales. Ríos, lagos, lagunas y quebradas, junto a su biodiversidad, también son víctimas de la tierra envenenada que deja la minería. Cerca de 400 fuentes hídricas —detectadas para esta investigación— están dentro del área de influencia (1 kilómetro) de los pasivos ambientales. En 20 ríos está demostrada su afectación por estudios científicos, donde es imposible la vida de la flora y fauna. Son prácticamente ríos muertos. LA SALUD AFECTADA Tiene dos años de edad y por sus venas corren 14,7 miligramos de plomo por cada decilitro de sangre (ug/dl); es la paciente afectada más joven de Cantumarca. La mina le ha marcado para el resto de su vida. Lo más probable es que su cerebro se vea afectado y desarrolle una discapacidad intelectual, porque la OMS advierte que esos son los efectos que puede tener un infante si tiene más de 3,5 miligramos de este tóxico en su cuerpo. Aunque también aclara que no existe ningún nivel de plomo en el organismo que se considere exento de riesgo. Vicente Arando, un tipo de tez colorada y un bastón de cacique, sabe bien que en Cantumarca la desgracia está en los pasivos ambientales mineros, porque de 116 personas sometidas a pruebas de laboratorio en el año 2023, el 80% tenía niveles de plomo en su sangre (unos con mayor grado que otros). Vicente Arando, cacique de Cantumarca. De fondo, residuos mineros secos depositados en el dique Laguna Pampa I y II. Esos test no los fueron a realizar el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud ni alguna institución de medio ambiente; los mismos pobladores recaudaron dinero y gestionaron ayuda del laboratorio privado Niño Jesús, porque el Estado siempre estuvo ausente. Las entidades públicas más bien les cuestionaron el por qué se hicieron estos estudios, recuerda Elva Arando aquel episodio ocurrido en Potosí; ella es agente comunal. Jael Aquilar, una bioquímica que antes había procesado muestras de sangre para

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Califican de “burla y ridículo” reconocimiento a fiscal Alave por “luchar contra la minería ilegal”

Parlamentarios de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) calificaron de “una burla” y “un ridículo” el reconocimiento que entregó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) al fiscal departamental de La Paz, William Alave, por su “lucha frontal” contra la minería ilegal. Junto a Alave, también fue reconocida la fiscal Anticorrupción, Grecia Callisaya Padilla, “por su aporte en la lucha frontal contra la explotación ilegal de minerales en varias regiones del departamento”. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena dijo que ese acto fue un despropósito, porque desde hace más de tres años, que trabaja en defensa del medioambiente desde el Parlamento nacional, no recuerda ninguna acción de Alave contra la minería ilegal. “No sé por qué le dieron un premio a una persona que sinceramente no creo que haya hecho nada importante, ni siquiera de oficio. Probablemente, el punto sea que no hizo nada”, afirmó Requena. El diputado de oposición Ingvar Ellefsen (CC) tildó de ridícula la acción porque en el fondo se puede observar que el “depredador le dio un reconocimiento a su perseguidor”. Informó que recientemente viajó a los Yungas del departamento de La Paz y constató el desastre medioambiental producto de la actividad minera, sea legal o ilegal. El diputado paceño Ramiro Venegas (MAS-evista) sostuvo que el reconocimiento a Alave es “una gran burla a la población”  y aseguró que es de conocimiento común que el fiscal departamental no actúa con imparcialidad porque tiene intereses económicos y políticos. “Obviamente que no ameritaba un reconocimiento (a Alave), porque la minería ilegal campea (en La Paz). Pienso que este señor se ha dedicado más a encubrir cosas ilegales”, subrayó Venegas. El diputado paceño Alejandro Reyes (CC) atribuyó la acción a una precampaña para la Fiscalía General del Estado, debido a que el mandato de Juan Lanchipa concluye en octubre. El norte del departamento de La Paz es uno de los lugares más golpeados por la minería legal e ilegal producto del uso del mercurio, dañino para el medioambiente. Los principales afectados son las comunidades indígenas que constantemente, también, sufren avasallamientos. (Anf)

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Tras 6 meses de detectarse plomo en sangre, afectados de Cantumarca no reciben atención

El Concejo Municipal de la ciudad de Potosí y la Defensoría del Pueblo lamentaron el poco interés y la dilación de las autoridades llamadas por ley a dar solución a este problema, al tratarse de un tema especializado de contaminación minera que corresponde al tercer y cuarto nivel de salud. “Lastimosamente no está muy ágil este proceso, no tiene la celeridad que nosotros quisiéramos y que también estaban esperando los comunarios”, dijo a la ANF Jackeline Alarcón, delegada Defensorial de Potosí. Camilo Vera, asesor jurídico de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, en el mismo sentido, refirió que “lamentablemente, al parecer a las instituciones llamadas por ley no les interesa este tema, no han hecho los estudios complementarios”. “La Defensoría del Pueblo se ha incorporado a esta demanda, de realizar acciones para el tema de los afectados por contaminación por plomo, pero Sedes de la Gobernación no, solamente nos ha enviado una nota solicitando los laboratorios, nada más, otras instituciones no han mostrado interés por el tema”, señaló Vera a esta agencia. Alarcón indicó que el Sedes tiene la responsabilidad de ver el tema y hacer algunos convenios mediante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo “para que se pueda conseguir estas pruebas —que certificarían o no la contaminación de plomo en sangre— porque son caras”. De 116 pruebas de laboratorio realizadas a comunarios de Cantumarca, que dan cuenta de la alta presencia de plomo en la sangre, 93 son adultos mayores y el 81% de ellos tiene problemas en la sangre. Del total de pruebas realizadas, 23 son niños, de los cuales 65% tiene presencia de plomo en la sangre. Según datos de los laboratorios realizados, una mujer de 81 años presenta 21,4 % microgramos de plomo en sangre, cantidad que pone en serio riesgo su vida, un varón de 56 años presenta 21%, y un niño de 6 años un nivel de 9,1% de microgramos de plomo en sangre. “Estamos en presencia de dos problemas: por un lado, la falta de cumplimiento a la sentencia constitucional (referida al cierre de los diques de cola Laguna Pampa I y II), y, por otro, el tema de salud (contaminación de plomo en sangre) que es necesario salvarlo inmediatamente”, afirmó el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya durante su visita a Cantumarca en abril de este año. La delegada defensorial informó que hace dos semanas se conformó un comité para la coordinación interinstitucional y a partir de eso esperan una segunda convocatoria para una reunión en la que se trate cuáles van a ser los planes y las estrategias para tener un resultado en el caso de la contaminación por minerales pesados. Debe ser “una información clara, concreta sobre quién se va hacer cargo y cuándo se harían estas nuevas muestras y hasta cuándo se tendrían los resultados”, apuntó. Indicó que al tenerse pruebas de un laboratorio que, si bien tiene el permiso para realizar este tipo de análisis, no está oficialmente acreditado como el INSO de La Paz, se deben realizar otras pruebas y están “a la espera de que el Sedes confirme cuál va a ser la estrategia para que ellos puedan volver a tomar estas muestras”. “Lo que nos ha manifestado el Sedes es que hay un solo instituto a nivel nacional que está certificado para hacer este tipo de pruebas y está en La Paz, es el INSO, que coordina con el Ministerio de Trabajo”, refirió Alarcón. El director del Sedes Potosí, Juan Carlos Camargo, confirmó la reunión interinstitucional, encabezada por la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo las acciones prioritarias como hacer un nuevo estudio debido a que el laboratorio que los realizó “no tiene la capacidad resolutiva para hacer ese tipo de estudios de plomo en sangre”. “Vamos a hacer un estudio cruzado para ver si se confirma o no, no nos olvidemos que son pruebas rápidas que se han tomado y en pruebas rápidas siempre hay falsos positivos o falsos negativos, no podemos nosotros certificar que esas pruebas son fidedignas, entonces, por todo aquello, para hacer alguna acción de tratamiento o rehabilitación, tendríamos que tener el diagnóstico certero”, dijo a la ANF. Indicó que se está gestionando de manera inmediata para tener algunos resultados e informará sobre aquello hasta la primera quincena de junio. “Las gestiones ya se está realizando, no nos olvidemos que es un problema municipal y seguramente con el presidente del comité municipal y todos ellos se está trabajando”, apuntó. (Anf)

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Tarija: Ausencia de la AJAM da cabida a la minería ilegal

La minería ilegal es una realidad en el departamento de Tarija, expertos en el área aurífera validan las versiones que destacan el potencial que tiene el departamento en esta industria, sin embargo, advierten que la ausencia de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), sumado el desconocimiento de las autoridades municipales, está dando cabida a este ilícito. El exdirigente de las cooperativas mineras, Víctor Rojas, detalla que la visión con la que se ha trabajado hace tiempo con la industria minera, era generar fuentes de empleo y desarrollo sostenible, además que haya una relación de compensación en cuanto a la explotación con regalías mineras y la parte impositiva. Cabe recordar que en la gestión 2014, durante el interinato de Lino Condori, la Gobernación de Tarija firmó un convenio con el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) para la prospección y exploración geológica y minera. Estos resultados fueron dados a conocer en la gestión 2019, durante la gestión del exgobernador Adrián Oliva. Sin embargo, Rojas cuestiona que a casi cinco años de este suceso, el Gobierno siendo conocedor del estudio de Sergeomin no haya asumido acciones para precautelar los minerales que existen en el departamento de Tarija. “Sabemos también que la Gobernación tiene dos proyectos concluidos en O’Connor y en la zona alta (de Tarija) con una cuantificación de una zona calcárea donde también se ha visto la presencia de minerales metálicos”, dijo Rojas, a tiempo de señalar que se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación para efectuar un análisis aurífero de lo que sucede en la región del río San Juan del Oro, colindancia con el municipio de Villa Abecia y Las Carreras del departamento de Chuquisaca. Rojas refirió que en la zona alta se viene llevando adelante explotación y exportación ilegal de la minería, ya que no cuentan con un contrato administrativo minero, pero que al no haber autoridades competentes que puedan efectuar un control, da lugar al ilícito. El exdirigente minero señaló que se ha hecho la denuncia respectiva al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, a la Gobernación de Tarija, además de haber entregado un ruteado a los gobiernos municipales para advertir de la fuga de “muchos” recursos naturales no renovables. Cuestionó la dejadez que existe en el departamento de Tarija y lo comparó con lo que sucede en Chuquisaca, en donde los municipios de Villa Abecia y Las Carreras tienen el marco normativo necesario para incluso iniciar un proceso penal en contra de quienes realicen la actividad minera de forma ilegal. Ya con anterioridad, han sido varias autoridades, entre ellas, la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Esther Sánchez, quien cuestionó que la AJAM no haya puesto la mirada en este ilícito, refirió que se están haciendo las gestiones para que pueda abrir una oficina en Tarija. En noviembre de 2023, el Gobierno Departamental de  Potosí identificó más de 200 operaciones extractivas ilegales de oro en la cuenca del río San Juan del Oro del municipio de Tupiza, que es compartido con el municipio de El Puente, en Tarija. (El País – Tarija)

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Activistas ambientales en Ixiamas enfrentan la destrucción de la Amazonía

En lo recóndito de la Amazonía boliviana, en una población al norte del departamento de La Paz, donde la autoridad del Estado apenas se hace notar, un grupo de activistas ambientales asumió la labor de combatir la depredación de los bosques y el abuso de poder, en una continua búsqueda para dar ejemplo a las nuevas generaciones. Nacieron hace casi cuatro años, aproximadamente, justo después de la pandemia, como una respuesta ante el avance de la minería, el desmonte ilegal, la agroindustria y otras actividades extractivas que, si bien generan ingresos, son poco sostenibles con el medio ambiente y a la larga dejan pobreza y abandono. Conformaron la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde, un grupo compuestoa por más de 40 personas, liderados por Paola Guerra, una mujer que le hace honor a su apellido. «En los inicios no fuimos muchos, somos personas que tenemos como prioridad en la cabeza, en el alma y en el corazón, cuidar nuestro bosque, porque ese es el futuro, no sólo de Ixiamas, sino de todo el mundo, porque esto es para que nosotros y nuestra decendencia podamos vivir tranquilos», manifestó Guerra en una visita al área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi, donde una empresa maderera ha comenzado a talar árboles. La activista Paola Guerra. La plataforma de Ixiamas también logró crear un subgrupo conformado por jóvenes y niños con el objetivo de inculcarles el valor del cuidado de la naturaleza y el suelo donde viven. Reunión de activistas en Ixiamas. Otro de los defensores de este grupo es Ignacio Ángelo Racua, un hombre de más de 70 años con sangre indígena Tacana, quien se crió en el bosque con padres que aún cazaban con arco y flecha. Es por ello que le tiene un especial cariño y respeto a la Madre Tierra, y actualmente trabaja con la Plataforma para frenar el desmonte en Satariapo, una región próxima al pueblo de Ixiamas. «Sigo con gran dolor al ver toda esta depredación y la afectación a nuestros ojos de agua y manantiales (…), estos árboles tan hermosos que seguramente van a ser víctimas del trabajo ilegal», manifestó a orillas del río Satariapo, donde se extrae la madera de antiguos y gruesos árboles, con y sin autorización de las autoridades. Racua, quien también es presidente del Consejo Indígena de Comunidades Tacanas de Ixiamas (Cicoti), advirtió que como autoridad comunal pondrá un alto al desmonte en Satariapo. «Yo soy uno de los que jamás me voy a rendir (…) Si no se paraliza esto, yo voy a ir a meterle el candado porque tengo todo el derecho, toda potestad como ciudadano y como autoridad originaria». Ignacio Ángelo Racua, miembro de la Plataforma y presidente de Cicoti. Los activistas coinciden en que antes no tenían tantas amenazas como ahora, y que éstas no sólo vienen de empresas o cooperativas mineras, madereras o de la agroindustria, sino también de las esferas políticas a nivel local y nacional, con funcionarios municipales ligados a la minería y autoridades nacionales que buscan convertir a Ixiamas en un centro de producción de monocultivos. Por ello es que decidieron unir fuerzas. Jorge Howard Málaga, exalcalde de Ixiamas, rememora que los alcaldes que llegaron después de él intentaron anular la ley municipal que protege los bosques de Ixiamas, y a raíz de esto se creó la Plataforma, de la que también es miembro. «Las principales amenazas son los desmontes descontrolados, el no respetar la división de nuestras áreas protegidas municipales, porque a la gente que viene de afuera no le interesa eso, sólo le interesa desmontar. Las tierras amazónicas no son para cultivos extensivos, muy poco dura la tierra, se va a degradar rápidamente; y el tema de la minería, el río Tequeje está completamente contaminado, y todo es con mercurio», enfatizó la exautoridad. Apertura de caminos dentro del área de amortiguamiento del Madidi. Jorge Howard, miembro de la Plataforma y exalcalde de Ixiamas. Visita in situ a lugares afectados por la deforestación dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi, en el municipio de Ixiamas. Jorge Adolfo Haensel fue otro de los alcaldes municipales de Ixiamas que, durante su gestión, defendió su región del extractivismo, y ahora lo sigue haciendo, pues forma parte de la Plataforma. Reflexiona que la minería es «desoladora» con la naturaleza, pues su paso sólo deja «miseria y devastación», tal como ocurrió en Guanay, Teoponte y otras regiones de Los Yungas de La Paz. «Esa misma gente (mineros) está viniendo a Ixiamas y reúnen a cuatro o cinco personas para formar una cooperativa, y nos hacen pelear entre propios ixiameños», dijo. Asimismo, informó que el Gobierno nacional pretende introducir la plata de palma aceitera en la Amazonía boliviana a fin de contar con materia prima para la producción de agrodiésel, cuando hay plantas nativas que pueden tener mayor rendimiento y un menor impacto en el medioambiente. Jorge Haensel, miembro de la Plataforma y exalcalde de Ixiamas. Deforestación en Ixiamas. Estos activistas por la naturaleza, con los pocos recursos que cuentan, le hacen frente al poder y a las políticas estatales, pues saben que al cuidar su territorio no sólo protegen su vida, sino también la de su descendencia. (La Nube y Sumando Voces)

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Identifican “9 zonas de sacrificio ambiental” en el país

En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) llamó a reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y alertó que existen nueve “zonas de sacrificio ambiental” en Bolivia, que fueron identificadas en el Estado Socioambiental 2023, elaborado por Marco Octavio Ribera. “Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo. En Bolivia se identifican al momento nueve zonas de sacrificio ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada”, señala el documento del Estado Socioambiental 2023. El informe explica que “las zonas de sacrificio ambiental se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, y de medios de vida de poblaciones locales, lo cual implica perdida de seguridad alimentaria”. Las áreas consideradas de sacrificio ambiental son: 1) La cuenca del río Pilcomayo, por efecto de la minería. 2) Cuenca del lago Poopó, por acción de la minería. 3) Las bahías de Cohana y el lago Menor (lago Titicaca), por los residuos urbanos. 4) La cuenca de los ríos Mapiri y Kaka, por la explotación de oro. 5) Cuenca Laguna Suches y Área de Manejo Integrado de Apolobamba, por la extracción del oro. 6) Cuenca de Lata del río Tuichi y Virgen del Rosario, por explotación de oro. 7) Sector sudoeste del Tipnis, en el polígono 7, por las plantaciones de coca. 8) Megaminería San Cristóbal, por el método open pit (a tajo abierto). 9) Región agroindustrial Noreste y Norte de Santa Cruz. LLAMADO A LA REFLEXIÓN Mediante una nota de prensa, Lidema “llama a reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos socioambientales y la destrucción y contaminación de los ecosistemas”. En ese marco urge “a construir una nueva visión de país, que asuma la imperiosa necesidad de valorar, rescatar y conservar el patrimonio natural y cultural nacional”. El año 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia impulsó el cambio del Día Mundial del Medio Ambiente, por el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde entonces, cada 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran este día que busca promover un enfoque holístico con la naturaleza y superar la persistente visión antropocéntrica que la especie humana tiene ante todo lo que la rodea. Sin embargo, este avance conceptual, repetidamente planteado en las políticas y planes de desarrollo nacional, “ha sucumbido ante una visión de crecimiento de corto plazo, poniendo en un riesgo cada vez mayor las posibilidades de adoptar un modo de producción armónico con la Madre Tierra”, indica Lidema. De acuerdo a la presidenta de esa entidad, Magdalena Medrano, “la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de los derechos socioambientales de quienes defienden la Naturaleza, pero también de todas las personas que habitamos Bolivia, tienden a empeorar aceleradamente, debido, principalmente a las actividades extractivistas (soya, ganadería, minería, hidrocarburos y otras), pero también por la omisión o aquiescencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como por la indiferencia de la mayor parte de la población boliviana.” Medrano agrega que en 2023, a través de 582 casos registrados por el Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia, se han identificado 7.070 vulneraciones a los 5 derechos que se hace seguimiento: Derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, el derecho de las presentes y futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y el derecho de un entorno propicio para quienes defienden el ambiente. En ese marco, llama a los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva visión de país, que considere el largo plazo, los límites biofísicos de la Naturaleza y a las sociedades como parte de ella. (Brújula Digital/Sumando Voces)

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Observan 19 contratos aprobados por el Congreso a favor de los cooperativistas mineros

Surgen observaciones a los recientes contratos aprobados por la Asamblea Legislativa a favor de cooperativas mineras. La senadora de oposición, Cecilia Requena, ha levantado la voz contra la aprobación de 19 acuerdos mineros en el norte de La Paz, denunciando que se ha obviado la Ley Minera y se ha pasado por alto la normativa ambiental pertinente, según reporte de Erbol. Entrevistada por Erbol, Requena informó que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de cada contrato, encontrando y que estos estarían incumpliendo con la normativa vigente. Entre las violaciones señaladas, la senadora destacó que se vulnera el artículo 93 de la Ley Minera, el cual prohíbe realizar actividades mineras en zonas cercanas a fuentes de agua, sitios arqueológicos o poblaciones. La senadora enfatizó la importancia de contar con estudios ambientales integrales, conforme lo establece el artículo 93 de la Ley Minera, lamentando que estos contratos carezcan de dicho estudio. Además, cuestionó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por su respuesta de que el estudio no estaría “reglamentado” cuando fue consultada al respecto. Requena expresó su preocupación por la posible legalización de la minería ilegal en condiciones que podrían resultar devastadoras, advirtiendo que la aprobación de estos contratos tendría un impacto significativo en la provincia de Inquisivi durante las próximas tres décadas. La senadora hizo un llamado a las autoridades para que no se inclinen ante los intereses mineros y exigió valentía para enfrentar esta situación, en lugar de ser cómplices o participar en los negocios mineros por temor. En este contexto, el  experto en minería y expresidente de Comibol Héctor Córdova afirma que el control más efectivo, para las operaciones en minas dejadas por Comibol y que posteriormente son operadas por cooperativas, es el descentralizado. Sostiene que, si fuera efectuado por los tres niveles del Estado, las gobernaciones y las alcaldías sabrían cuánto sale de sus territorios y podrían aspirar a una regalía justa. Córdova enfatizó que la descentralización del control minero permitiría supervisar las operaciones y garantizar una distribución justa de las regalías ya que, a pesar de su crecimiento, el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) es una entidad débil. Apuntó a que, desde las gobernaciones y alcaldías, deberían regularse las acciones de las cooperativas mineras, ya que muchas aumentaron sus ganancias sin pagar impuestos de ley y en asociación con empresas extranjeras de dudosa reputación. (El Deber)

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Indígenas del Ayllu Cala Cala en Potosí denuncian que cooperativistas contaminan vertientes de agua y ríos

El suroeste de Potosí, una de las regiones más áridas del altiplano sud de Bolivia, también es inundada por la actividad minera ilegal. Comunarios e indígenas del ayllu Cala Cala realizaron una protesta en la ciudad de Uyuni en contra de una cooperativa minera que contamina vertientes y un río de agua dulce de la región. La molestia de los indígenas no solo es contra los mineros que avasallan la región, sino también contra el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que según denuncia de los dirigentes, procesa penalmente a cuatro indígenas de las comunidades del ayllu. “Nosotros como Ayllu Cala Cala defendemos la Pachamana y los recursos hídricos que están contaminando una supuesta cooperativa de nombre Mollepata. Hemos denunciado varias veces y no nos hacen caso en la Alcaldía de Uyuni, ni los de la Gobernación. Nosotros como pueblos indígenas estamos defendiendo nuestro derecho a tener acceso al agua. Todos vivimos de ese río”, protestó ante los medios locales, Antonio Copa Flores, curaca del Ayllu Cala Cala. Copa agregó que en vez de que la justicia y la Fiscalía les defiendan, por proteger los recursos hídricos frente a las actividades mineras que contaminan el agua, los indígenas son detenidos y procesados. “Tantos procesos que nos hacen, ahorita cuatro de nuestros hermanos están siendo procesados en la Fiscalía”. Es por eso que un grupo de indígenas del Ayllu Cala Cala realizó este viernes una marcha de protesta en la ciudad de Uyuni, misma que llegó hasta las oficinas del Ministerio Público. “No nos vamos a dejar. Si ellos nos quieren contaminar con amarillo, nosotros les vamos a contaminar con el rojo de nuestra sangre”, advirtió el dirigente. Los indígenas también protestaron contra la AJAM regional Potosí que les dicen a los comunarios: “Ustedes no aportan nada al Estado, pero la minería sí aporta”. En horas de la noche, llegó un reporte a EL DEBER en sentido que indígenas del ayllu Cala Cala habrían retenido a funcionarios de la AJAM y a cooperativistas mineros que, aprovechando la audiencia judicial en Uyuni, ingresaron a la región a inspeccionar la mina. Este medio conoció de forma extraoficial que la AJAM debía realizar la restitución de los derechos mineros que supuestamente ganaron los cooperativistas en un proceso penal contra los indígenas del Ayllu Cala Cala. El hecho no se confirmó hasta el cierre de edición puesto que la Policía provincial de Uyuni se dirigía al lugar a verificar la denuncia. (El Deber)

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Guardaparques son amenazados e intimidados por mineros que denuncian abandono del Gobierno

FOTO: El Deber En Bolivia, los guardaparques del Parque Nacional Madidi, Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, fueron absueltos el 29 de febrero de 2024 en un caso legal en el que un cooperativista minero los acusaba de difamarlos en un proceso iniciado en abril de 2023. No obstante, el día de la audiencia una familiar del minero los amenazó, según dijo en prensa Raúl Santa Cruz, con la advertencia ‘Raúl, cúidate, no sabes lo que te va a pasar’. Una semana después, los guardaparques del Parque Nacional Cotapata, cercano a La Paz, fueron amenazados durante una acción preventiva contra la minería. Marcos Uzquiano, el funcionario ambiental absuelto en el caso, que además es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación junto con expertos de la organización ambiental Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señalan que la minería ilegal en las áreas protegidas de Bolivia es una amenaza grave. No sólo porque afectan los ecosistemas en estas zonas sino porque sus operadores intimidan a los trabajadores de los parques nacionales. Además de las agresiones de los mineros que invaden las áreas protegidas, algunos guardaparques en el país dicen que la entidad encargada de defenderlos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), los ha olvidado y los ha dejado solos a la hora de tomar acciones de control contra los mineros y de defenderse de las demandas judiciales que éstos interponen. “Tristemente no hemos recibido ningún tipo de respaldo, ni siquiera anímico, ni una sola llamada, ni un mensaje de texto por parte de la Dirección Ejecutiva del SERNAP o de otros funcionarios de la unidad central”, dice el guardaparques Uzquiano en conversación con Mongabay Latam. LA SOLEDAD DE LOS GUARDAPARQUES En el caso de los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, el primero no solo rechaza la intimidación legal y con amenazas de sectores mineros, sino también la desprotección estatal respecto del caso judicial en el que los guardaparques fueron  absueltos recientemente, Uzquiano sostiene que “es lamentable la posición asumida por la Dirección Ejecutiva del SERNAP que no coadyuvó en el proceso. Porque según la interpretación legal que ellos le dieron al caso, se trataba de un delito de orden particular o privado”. También dice que nunca tuvo pruebas de que el Estado boliviano hubiera denunciado al minero Ramiro Cuevas, el que los demandó. “La indiferencia de los ejecutivos de nuestra institución fue clave para saber de qué lado están y cuál es la posición que tienen respecto a la minería ilegal y el respaldo que deberían dar a los Guardaparques”, agrega Uzquiano y dice que esta posición de la entidad hará que los funcionarios ambientales piensen dos veces antes de intervenir contra la minería ilegal. Pero las amenazas contra los guardaparques en Bolivia no se han limitado al caso judicial contra Uzquiano y Raúl Santa Cruz. Tan solo en el Parque Madidi, Uzquiano ha contado más de cinco casos de amenazas. También está el caso del Parque Nacional Cotapata, cerca de La Paz, cuyos guardaparques fueron amenazados en la primera semana de marzo cuando realizaban una caravana contra la minería ilegal en la que detuvieron maquinaria y capturaron a siete personas. Los mineros se interpusieron a la caravana e intentaron recuperar las retroexcavadoras. Medios bolivianos publicaron, además, que en medio del enfrentamiento uno de los mineros advirtió a los guardaparques que era familiar del ministro de Minería, Alejandro Santos, lo que fue negado por la autoridad. “Fuimos amedrentados e intimidados. A los guardaparques nos duele, disculpen por la emoción, psicológicamente nos afecta y nos da miedo. Pedimos garantías, tenemos familias, somos de carne y hueso, recibimos amenazas”, dijo uno de los guardaparques de Cotapata con un pasamontañas para proteger su identidad, durante la rueda de prensa. Otros parques también presentan situaciones preocupantes. Los parques nacionales Toro Toro —en Potosí— y Tunari presentan avasallamiento u ocupaciones ilegales de tierras, según Jimmy Torrez Muñoz, el vicepresidente de la asociación de guardaparques (ABOLAC). “Muchas veces hemos sido secuestrados e incluso nos han amenazado con la quema de nuestros coches”, dijo el guardaparques y vicepresidente de ABOLAC, sobre el tema al medio de comunicación Los Tiempos. Aunque en una rueda de prensa el director del SERNAP, Johnson Jiménez Cobo, dijo que los guardaparques siempre van a estar protegidos por la entidad, Uzquiano sostiene que el estado boliviano debería protegerlos más sobre todo ahora que el país ha ratificado el Acuerdo de Escazú. “Preocupa el grado de amenaza y la falta de garantías para el trabajo de los Guardaparques, pero también de nuestras familias”, agrega. El director de la organización ambiental Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Oscar Campanini, comparte la visión de Uzquiano en cuanto a que “hay una situación de riesgo muy alta para los guardaparques” y denuncia la permisividad de las autoridades para con los mineros. “Se han generado contradicciones y conflictos con los funcionarios que quieren cumplir sus funciones”. También dice que el traslado de guardaparques intimidados por solicitud de los mineros no debe ser la respuesta, sino controlar la actividad ilegal. Franco Albarracin, investigador del CEDIB, señala que detrás de la minería ilegal, por lo menos en el Parque Madidi, hay “actores chinos” que deben ser vigilados y que además también han estado detrás del tráfico de colmillos de jaguar. Resalta que la contaminación con mercurio en el área protegida con fines de minería de oro ha afectado el ecosistema en general con algunos focos como el río Tuichi, en donde dice que hay comunidades indígenas con “niveles bastante elevados (de mercurio)”. Albarracín agrega que la impunidad para los mineros es alta y que por eso “se sienten en la total y absoluta libertad para incurrir en acciones criminales como las amenazas, los hostigamientos que atentan contra la vida y la integridad personal”. Además, denuncia “la desinstitucionalización del SERNAP, donde han despedido a guardaparques de amplia experiencia de manera irregular y donde algunos guardaparques han sido amenazados y criminalizados, como en el caso de Marcos Uzquiano”. Mongabay Latam envió preguntas al

Guardaparques son amenazados e intimidados por mineros que denuncian abandono del Gobierno Leer más »

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