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Minería ilegal

Gobierno investiga enfrentamiento minero en Sorata; ministro de Minería condena la violencia y anuncia acciones

Un violento enfrentamiento entre mineros cooperativistas en Sorata, departamento de La Paz, dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos. El conflicto, que se desató durante la madrugada, involucró el uso de armas de fuego y explosivos, lo que provocó la detonación de tanques de combustible. Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran escenas impactantes, incluyendo cuerpos desmembrados entre los escombros. También se reportan personas desaparecidas que podrían estar sepultadas. El enfrentamiento se produjo entre miembros de las cooperativas Señor de Mayo e Hijos de Ingenio. El ministro de Minería, Alejandro Santos, condenó enérgicamente los hechos y aseguró que el Gobierno no permitirá que este acto violento quede impune. Indicó que ya se están tomando medidas para identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, informó que se está recabando información para esclarecer lo sucedido y que se trabaja en coordinación con otras autoridades para aplicar medidas inmediatas. “No podemos permitir que entre compañeros se utilicen explosivos y armas de fuego”, afirmó el ministro. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Del Altiplano a la selva, la minería deja huellas en la sangre de indígenas

“Ya no hay vida, llevamos el veneno dentro”, sostiene Gabriela Flores, comunaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro. Hace más de un año que una serie de laboratorios en sangre detectaron arsénico en varios pobladores de su ayllu. Su denuncia no es aislada. “El veneno está en el aire, quema la garganta al respirar porque trae el polvo del dique de colas”, explica otra pobladora de Cantumarca, Potosí. Allí en 2023 se detectaron altos niveles de ese metal pesado en adultos mayores y niños. “Los indígenas del Norte de La Paz están intoxicados con mercurio, por los peces y el agua que la minería contamina. No hay una respuesta del Estado”, afirma el representante de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Lino Illimuri. Los casos no son recientes. Del Altiplano a la Amazonia, la minería -legal, ilegal, estatal o privada- va dejando una huella de contaminación y daño, no solo en la tierra, sino en el aire, el agua, los alimentos y los propios habitantes, que en diferentes puntos del país ya han dado positivo a la contaminación por diferentes metales pesados. Representantes de las comunidades y pueblos afectados por la contaminación llegaron el 21 de marzo a la sede de Gobierno para denunciar la situación en la que se encuentran. En conjunto, participaron en una Audiencia Pública de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no todos los legisladores llamados a actuar estuvieron presentes. AGUA QUE YA NO ES VIDA “Antes nuestro ayllu era lindo. Había pasto para los animales, harto pescado en el río y el lago. Sacábamos a la ciudad leche (…). Pero todo ha cambiado, la actividad minera ha dañado la tierra y el agua. Hay agua, pero ya no es buena, no sirve para tomar; es turbia, picante. Siembran peces, pero mueren. Ya no da vida”, afirma la comunaria Gabriela Flores. Dentro del Legislativo, junto con otras comunitarias, se turnan para hablar con los periodistas y mostrar a las cámaras una botella con agua algo amarillenta y sedimentos en el fondo. El aroma es ácido. “Si nuestros animales toman esta agua, se enferman, mueren”, dice la comunaria Gabriela Cruz, también habitante de San Agustín de Puñaca, a orillas del lago Poopó. Su compañera, Petronila, explica que la contaminación entra por varios lados y contamina el río, el lago y también las aguas subterráneas. Pero el principal problema, afirma, proviene de la mina Huanuni, que contamina el río Desaguadero. “Echan las aguas de la copajira al río, sin tratamiento alguno. Todo está contaminado a simple vista; no es necesario que vengan con equipos o microscopios”, sostiene. “Hace 50 años, el lago era limpio”, coincide Prudencial Poma,  exmallku. “Pero, la minería creció y empezaron a usar químicos fuertes que comenzaron a secar todo, contaminar la tierra y todo el agua, ya no tenemos agua potable. Por eso, hemos hecho una demanda de Acción Popular y hemos ganado. Las autoridades han llegado para analizar las aguas y el suelo, han tomado muestras y después nos han dicho: No hay nada, no hay contaminación. Prácticamente nos dijeron mentirosos”, añade. Ante la afrenta de las autoridades, el 7 de septiembre de 2023, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, CENDA y el Laboratorio Cetox, de Perú, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 comunarios. El 100% de las muestras presentaron concentraciones de arsénico, que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro), valores muy superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Asimismo, cuatro personas presentaron niveles detectables de plomo en sangre; con 7,20 µg/L, una de ellas supera los niveles referenciales de 5 µg/L. Dos personas presentaron niveles detectables de cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L. “Pese a ello, no nos creen. Los laboratorios no mienten”, dice Petronila. La contaminación avanza al igual que la precariedad del ayllu para acceder al agua potable. No pueden tomar el agua del río o los pozos porque los enferma. Para su alimentación viajan en motos y camiones hasta el pueblo de Poopó. En bidones cargan lo suficiente para subsistir. “Pero ahora, que no hay diésel ni gasolina, ni eso podemos hacer. No hay en qué ir a buscar agua. Ya no es vida”, reitera Flores. RESPIRAR VENENO “Cuando hace viento se siente clarito. Quema la garganta al respirar”, sostiene una de las habitantes de Cantumarca, en Potosí. Cantumarca es una comunidad ubicada a los pies del Cerro Rico. Algunos documentos dan fe de que los primeros habitantes trabajaban en la mina incluso antes de la llegada de los españoles. Hoy, en el territorio del poblado original habitan más de  cuatro mil personas y otras 11 mil en las urbanizaciones colindantes que emergieron del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de  Potosí. Su vida siempre estuvo ligada a la actividad minera, lo que hizo que con el tiempo acabe cercada por tres diques de colas, destinadas a recibir los desechos de la explotación del Cerro Rico: Lagunas Pampa I, Lagunas Pampa II y San Miguel, este último de la Comibol. “Soy Hans Castillo, vengo en representación de Cantumarca”, sostiene el líder juvenil voluntario de Pasocap (Caritas Potosí), en medio del Legislativo nacional. “Al lado de Cantumarca está el dique de colas de San Miguel que opera desde 1965. Más abajo están los otros dos diques. Cantumarca está en medio. Pero no somos solo nosotros, a menos de un kilómetro está el hospital de tercer nivel de la ciudad de Potosí”. Los diques fueron construidos hace años, para evitar que los desechos tóxicos lleguen a las aguas del Pilcomayo. Pero el tiempo ha pasado y han rebasado su capacidad. Desde estos puntos, ayudado por la sequedad del ambiente, alienta que el polvo se levante del suelo y se esparza por el aire con los  fuertes vientos. El polvillo no solo se queda en los techos, ropa y patio de los habitantes,

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Indígenas contaminados por minería exigen fondo compensatorio, atención médica y un alto a las concesiones mineras

Un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, son parte de las ocho demandas de tres comunidades y pueblos de Potosí, Oruro y La Paz, que se encuentran afectados por la minería. Este viernes denunciaron en una audiencia pública de la Asamblea Legislativa, que estudios en sangre y cabello muestran que están contaminados por plomo, arsénico y mercurio. Los afectados señalaron que en los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de las poblaciones y los territorios indígenas. Afirman que son testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista,  en muchos casos, ante una pasividad y silencios omisivos de los diferentes órganos del Estado. Ante la Comisión de Naciones  y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de la Cámara de Diputados, relataron  como en el Ayllu San Agustín de Puñaca, la contaminación del agua y suelo con metales pesados ha sido confirmada por estudios científicos. Asimismo, presentaron el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en el que el mercurio proveniente de la minería aurífera ilegal afecta al 75% de las personas evaluadas y en las que se encontró mercurio en proporciones alarmantes. Los comunarios de  Cantumarca, señalaron que el aire contaminado ha elevado los niveles de plomo en la sangre de niños y adultos mayores. Ante esta situación, en su pronunciamiento y petitorio, estas comunidades y pueblos exigen a las autoridades al menos ocho puntos para la atención de sus habitantes y sus territorios: a.         Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación b.         Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos. c.         Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales  y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas. d.         Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento. e.         Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y  medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción  o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación. f.         Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas. g.         Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes. h.         Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.

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Denuncias por contaminación en Viacha movilizan compromisos interinstitucionales

Tras la reciente protesta liderada por la asambleísta departamental Samanta Coronado, los representantes del Organismo de Gestión Microcuenca (OGC) Pallina y pobladores de Viacha por la inacción de autoridades frente a la contaminación de 23 lixiviadoras mineras, la Defensoría del Pueblo articuló una reunión interinstitucional en la que se acordó trabajar en una propuesta integral para enfrentar los graves daños ambientales. En el encuentro participaron representantes de la OGC microcuenca Pallina, la Unidad de Gestión de la Cuenca Katari dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Coronado. “Hemos sido convocados por la Defensoría del Pueblo a raíz de las denuncias que hemos estado realizando durante esta semana sobre la contaminación que vive el municipio de Viacha en las comunidades de Seke Jahuira y aledañas. Tenemos ya el compromiso de la Defensoría del Pueblo para que podamos reunirnos a fin de mes o la primera semana de febrero y podamos ya presentar una propuesta con todos los informes y evaluaciones que está presentando el Gobierno Departamental de la Paz, el Ministerio de Medio Ambiente, la empresa de aguas de Viacha, el municipio de Viacha y otros actores que han estado involucrados”, señaló Coronado. La asambleísta informó que, en la reunión, se expuso la crítica situación ambiental provocada por el tratamiento de residuos mineros (diques de cola) y la presencia de metales pesados en los recursos hídricos y resaltó que, aunque la denuncia por derrame de cianuro se hizo pública en agosto de 2024, los afectados peregrinan denunciando contaminación minera aproximadamente desde hace dos años, ante diferentes instancias gubernamentales. Asimismo, Coronado subrayó que pese a que existe un informe que señala que 15 de las 23 lixiviadoras mineras opera sin licencia ambiental, ninguna instancia procede a clausurarlas o por lo menos paralizar sus actividades. “Lastimosamente desde agosto del año pasado no se ha tomado ninguna acción con relación a esta denuncia. Entendemos que ha habido varias mesas técnicas donde se ha pedido información a las diferentes instituciones que han participado, pero que al momento no se han paralizado las actividades en estas empresas mineras y tampoco se ha trabajado en una propuesta inmediata”, manifestó. El pasado 6 de enero los comunarios de la microcuenca Pallina alertaron que la contaminación minera podría afectar incluso al lago Titicaca y presentaron varias fotografías en la que muestran que el ganado presenta malformaciones. También exigieron que se garantice que las muestras de agua para su estudio sean tomadas de la región afectada.

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Contaminación minera en Viacha: De 23 empresas, 15 operan sin licencia

El informe preliminar de la inspección interinstitucional, realizada entre agosto y octubre de 2024 a 21 empresas mineras asentadas en el municipio de Viacha, revela que 15 de ellas operan sin licencia ambiental. Según el documento al que Visión 360 tuvo acceso, solo dos fueron sancionadas con la suspensión temporal de su trabajo y una no estaba en funcionamiento al momento de la revisión. “Dentro del área de operación de la actividad minera no existe una adecuada medida de mitigación ambiental para las partículas (polvo) en dispersión. La materia prima para el proceso de concentración se encuentra dispersa en toda el área de la operación minera. La piscina de sedimentación al momento de la inspección estaba colmada, se desconoce si fue impermeabilizada; así también se observó acumulación de residuos mineros metalúrgicos (colas) los mismos (están en espacios que) no cuentan con las características técnicas necesarias”, señalan tres de las nueve observaciones que se realizaron a la empresa minera Fine Gold SRL, que no cuenta con licencia ambiental, pero se dedica a la “lixiviación de oro por cianuro”. Más adelante, el documento revela que en los predios de dicha empresa existe un pozo de agua “artesanal”, de donde se proveen de este líquido para sus operaciones, acción que se catalogó como un riesgo de impacto al medio ambiente. No obstante, otro punto alarmante es el mal manejo de los residuos y de los químicos empleados para la extracción del oro. “Se observó que el cianuro se encuentra fuera de su área de almacenamiento, la cual está cubierta con una carpa; el mismo (espacio) no cuenta con las características técnicas necesarias para su almacenamiento. Las áreas del proceso (de lixiviación) no cuentan con las características técnicas para su funcionamiento. En el predio de la actividad minera se identificó la excavación de un calicanto (obra de mampostería para cerámica). Se observó que la materia prima (con características de material fino) está cubierta parcialmente y el suelo no está impermeabilizado”, se indica en el documento. Inicialmente, la inspección pretendía inspeccionar 23 empresas mineras, pero en el informe detalla 21 casos; otras dos, se presume, estarían funcionando bajo otra razón social y en el mismo espacio que otras. Las empresas mineras inspeccionadas y que no contaban con licencia ambiental son: Dinamyco SA, Cooperativa Minera Aurífera 15 de Agosto, Minera Rupaibmin SRL, Minglag, Minera Cruz del Sur, Korimaya Planta Piro T y T, Minera Asunción Totoral, Procesos Metalúrgicos Torrelio SRL, Empresa Fine Gold SRL, Planta de Sulfato de Cobre Antaqhuyamine, Minera Abimar, Planta de lixiviación Bolsa Negra, Empresa Minera Jofrel, Minera Jacha Mallcu SRL y Minera Palmis. Las otras empresas, que cuentan con licencia ambiental, pero que también fueron observadas en la inspección, son: Comercializadora de minerales Viacha – CMV, Ingenio Minero Mayta Indumay, Minera Urkuminig, Empresa Minera Goldming, Planta Metalúrgica de Viacha, Minera Agua de Mina y Jacha Kollo SRL (donde se reportó un derrame de cianuro en julio). ANTECEDENTES Visión 360 publicó el 28 de julio un reportaje sobre la contaminación a sus fuentes de agua que sufren nueve comunidades del municipio paceño de Viacha, debido a la basura, desechos industriales y hospitalarios, entre otros, vertidos en el río Pallina en la ciudad de El Alto. El 25 de agosto, en otra nota, se reveló que además de la basura, las poblaciones también padecen los efectos de la contaminación generada por 23 empresas que reciclan minerales y operan en la zona, en medio de una serie de irregularidades. En dicho reportaje se precisó que, en los predios de una de estas empresas, Procesadora Jacha Kollo SRL, se detectó el derrame de cianuro. Depósitos de una de las empresas mineras que operan de forma ilegal en Viacha. El presidente del Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina, Juan Pablo Yujra, informó que este nivel de contaminación se agravó desde hace más de una década y provoca la enfermedad y muerte del ganado, además de la degeneración de sus cultivos. Por ello, su organización ha iniciado una cruzada para obligar a las autoridades de la Alcaldía de Viacha y al Gobierno a dar una solución. Las comunidades originarias, afectadas por la basura que llega desde El Alto por los ríos Seke y Seco son: Contorno Pallcoso, Contorno Bajo, Ch’alla Jahuira, Granja Convento, Mamani, Pallina Grande, Pallina Centro, Pallina Chico y Seque Jahuira, que forman parte de la Marka Batalla de Ingavi y Marka Contorno, de la Jacha Marka Ingavi, con una población aproximada de 4.200 personas; son parte de los distritos 3 y 6 del municipio de Viacha. Sin embargo, la contaminación de las empresas mineras se centraliza en los espacios de la comunidad Mamani, a minutos de la plaza principal y de la Alcaldía de Viacha. Ante las denuncias publicadas y la movilización de las comunidades, el 2 de septiembre del año pasado, representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, la Dirección de Medio Ambiente, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha (Emapav), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y la Secretaría Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de La Paz conformaron un comité e iniciaron una inspección interinstitucional. Dicha inspección concluyó el 10 de octubre, pero las comunidades recién lograron que se les entregara un informe preliminar el 2 de diciembre, aunque el documento, emitido por la Secretaría Departamental de Madre Tierra, tiene la fecha del 13 de noviembre. DATOS ALARMANTES Debido a que el informe no tiene un formato uniforme y se desconocen los criterios de valoración, los datos que figuran en el informe son escuetos. “No han tomado en cuenta nada de nuestras denuncias, el dolor, enfermedades y la mala calidad de vida que nos trae esta contaminación a toda la población, tampoco menciona cuánto afecta a los vecinos. Vamos a seguir luchando hasta que nos den una solución”, aseveró Yujra. La protesta del dirigente se justifica por los datos alarmantes en otra parte del informe. “Se

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Director del SERNAP fue castigado en el cepo por ser cómplice del extractivismo, recuerda diputada Lero

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Toribia Lero (CC), recordó este martes que el expresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y actual director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez Cobo, fue sancionado con el cepo, en 2015, por ser cómplice del extractivismo. “Johnson Jiménez siendo dirigente (en 2015), en vez de defender (a los indígenas…), apoyaba estos proyectos extractivistas que vienen del gobierno. Inclusive había una denuncia de los hermanos que le habían puesto al cepo al señor Johnson Jiménez cuando era dirigente (…) porque era cómplice de que se estaban vulnerando los derechos colectivos (de los pueblos indígenas)”, declaró Lero a la ANF. En septiembre del 2015, el entonces presidente de la Cpilap fue sometido al cepo como parte de la justicia comunitaria del pueblo Tacana por respaldar el sí al estatuto autonómico paceño y el Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de petróleo en áreas protegidas del país. Según un reporte de la radio Erbol, de ese año, el hecho ocurrió en la comunidad La Mercedes del municipio Ixiamas, que es parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, cuando los indígenas del lugar inmovilizaron a Jiménez durante una hora en el cepo. Jiménez fue elegido diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para el periodo 2020-2025, pero en septiembre del 2023 dejó la diputación para asumir el cargo como director ejecutivo del Sernap. Actualmente la autoridad es blanco de críticas por los despidos “injustificados” a cuatro guardaparques: Marcos Uzquiano Howard, Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfredo Alfaro Vega. Uzquiano afirmó la semana pasada que esa determinación tiene el objetivo de encubrir la mala gestión del Jiménez al frente del Sernap que, en vez de defender a los guardaparques, se convirtió en su verdugo y dejó de lado las políticas públicas de lucha contra el tráfico de fauna silvestre, la minería ilegal y los avasallamientos. La diputada Lero recordó que Jiménez tiene antecedentes negativos en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; por ejemplo, mientras fungió como diputado nacional se nominó como el portavoz único y oficial de los indígenas. “Jiménez, y lo siento mucho, es un déspota. Cuando fungía de diputado me ha prohibido públicamente mencionar sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonia, se creía el dueño absoluto, él se creía el portavoz oficial y único”, denunció Lero. Dijo que conoce el recorrido que tiene Jiménez, que en su criterio siempre estuvo al servicio del gobierno del MAS. “Por eso decimos que el gobierno instrumentaliza a los indígenas y usa a Johnson para abrir las puertas de las áreas desprotegidas para que ingrese la minería ilegal”. La ANF desde la pasada semana ha venido insistieron para una entrevista con el director ejecutivo del Sernap, sin embargo, el área de comunicación con diferentes argumentos sigue alargando la espera. (Anf)

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SERNAP despide a guardaparques que denunciaron minería ilegal en áreas protegidas del país

El presidente de la Asociación de Guardaparques de Bolivia, Marcos Uzquiano, informó que, en los últimos días, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), despidió a su persona y a otros tres protectores de las áreas protegidas. Uzquiano agregó que, en los últimos meses, entre cuatro y cinco guardaparques con amplia trayectoria también fueron desvinculados del SERNAP. Los activistas calificaron estas acciones como un retroceso en la defensa de los ecosistemas y recursos naturales del país. Según Uzquiano, los despidos se producen luego de que denunciaran actividades mineras ilegales en áreas protegidas, lo que generó indignación entre sectores medioambientalistas y la sociedad civil. La representante del Movimiento Agroecológico Boliviano, Rota Saavedra, aseguró que los guardaparques son víctimas de hostigamiento, intimidaciones y procesos legales, lo que dificulta su labor y los silencian frente a irregularidades. En marzo de 2023, Uzquiano denunció un intento de ingreso de maquinaria pesada al Parque Nacional Madidi, lo que desencadenó procesos legales en su contra por parte de Ramiro Cuevas Echave, exdirigente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, que los acusó de difamación y calumnias, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Activistas consideran que estos despidos benefician intereses privados y a mineros debilitando más la protección de áreas naturales. Según ellos, estas acciones reflejan una falta de compromiso del Gobierno con la gestión sostenible de las reservas. Intentos por obtener declaraciones del SERNAP no tuvieron éxito, ya que las llamadas telefónicas y mensajes enviados no fueron respondidos. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Uzquiano denuncia su desvinculación del SERNAP por intereses mineros y de grupos de poder

El exjefe de Protección del Área Protegida Estación Biológica Biósfera del Beni, Marcos Uzquiano, denunció que su reciente desvinculación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), responde a su labor en defensa de estas zonas frente a intereses de grupos de poder, cooperativistas y la minería ilegal. Según Uzquiano, su cese estuvo motivado por su lucha contra el avasallamiento minero, así como por denunciar actos de corrupción vinculados a algunas autoridades y sectores como los cooperativistas mineros. Reconocido por su valentía y trayectoria como defensor de las áreas protegidas, Uzquiano enfrentó hostigamiento, amenazas y procesos judiciales que describió como injustos, debido a su firme posición contra actividades extractivas ilegales. Pese a ser un profesional altamente calificado y símbolo de la defensa ambiental, su retiro del SERNAP generó indignación entre sectores comprometidos con la protección de la biodiversidad. Uzquiano anunció que emprenderá acciones junto con instituciones de la sociedad civil y guardaparques que también fueron despedidos, con el objetivo de visibilizar las amenazas que enfrentan las áreas protegidas y exigir una gestión transparente en el SERNAP. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Tragedia minera: 119 vidas perdidas en 2024 por la minería informal en Bolivia

La minería informal en  Bolivia ha cobrado un alto precio en vidas humanas durante el año 2024, con un total de 119 muertes registradas hasta la fecha. Esta cifra, que representa un aumento alarmante respecto a años anteriores, ha dejado enlutadas a casi 120 familias, reflejando una crisis de seguridad y derechos laborales en el sector. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, Marco Antonio Dávalos, ha señalado que la mayoría de estos decesos se han producido en operaciones ilegales o desreguladas, donde las condiciones de trabajo son extremadamente peligrosas. La situación en Potosí es particularmente grave, con 113 muertes reportadas en esta región, donde la minería es una actividad económica clave, especialmente en el famoso Cerro Rico. Las causas más comunes de fatalidades incluyen explosiones de dinamita, asfixia por gases tóxicos, desplomes y caídas desde alturas significativas. En contraste con la minería formal, donde se aplican estrictos protocolos de seguridad, las operaciones informales carecen de medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad y seis mujeres. La tragedia más reciente ocurrió el 26 de noviembre, cuando un trabajador fue aplastado por un derrumbe mientras verificaba una carga de dinamita. Otro caso impactante involucró a una joven de 21 años que cayó desde una altura de 60 metros en una mina operada por la cooperativa Ollerías. AUMENTO DE ACCIDENTES Comparando con el año anterior, la cifra de muertes ha casi duplicado la de 2023, cuando se registraron 63 fallecimientos. Este aumento dramático resalta la falta de regulación y supervisión en el sector minero informal. Según expertos como José Carrión, es fundamental mejorar las medidas de seguridad para prevenir incidentes y proteger a los trabajadores. La minería informal no sólo afecta a los trabajadores directamente involucrados; también tiene repercusiones más amplias para las comunidades locales y el medioambiente. Las cooperativas mineras que operan sin licencia a menudo ignoran las normativas ambientales y laborales, contribuyendo a un ciclo de explotación y vulneración de derechos. EN OTRAS REGIONES Aunque Potosí concentra la mayor parte de las muertes relacionadas con la minería informal, otras regiones como La Paz también han reportado incidentes fatales. En junio, dos trabajadores perdieron la vida tras un deslizamiento mientras realizaban trabajos en el cantón Yani. Además, en agosto, una mujer fue aplastada por un derrumbe mientras lavaba oro aluvial en Mapiri. Las muertes no se limitan a accidentes laborales; también están vinculadas a conflictos entre cooperativas mineras. En mayo, un enfrentamiento entre las cooperativas Gran Poder y Primero de Mayo resultó en un muerto y varios heridos. En julio, dos policías murieron durante otro conflicto entre cooperativas en Sorata. Estos eventos son indicativos de la falta de control y regulación en el sector minero informal. VULNERACIONES Los trabajadores en la minería informal no sólo enfrentan riesgos físicos, también sufren vulneraciones a sus derechos laborales. Testimonios recientes han revelado casos alarmantes de intimidación y agresiones por parte de mineros ilegales hacia comunidades locales. En Yanacachi, por ejemplo, se han reportado amenazas y agresiones físicas contra los habitantes que se oponen a la presencia minera. Isaac Catacora, líder comunitario en Tres Marías, ha denunciado a la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) agresiones graves hacia su familia y amenazas por parte de mineros ilegales. Estos incidentes reflejan un patrón preocupante donde los derechos humanos son sistemáticamente ignorados. RESPUESTA GUBERNAMENTAL El Gobierno boliviano ha comenzado a tomar medidas contra la minería ilegal. Recientemente se llevaron a cabo operativos que resultaron en la destrucción de dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro y arrestos relacionados. Sin embargo, estas acciones han encontrado resistencia por parte de las comunidades locales que dependen económicamente de estas actividades mineras. A pesar del esfuerzo gubernamental por regular el sector y proteger los derechos laborales y ambientales, persisten desafíos significativos debido a la corrupción y la falta de recursos para implementar efectivamente las regulaciones existentes. La minería informal en  Bolivia representa una crisis multifacética que no sólo ha resultado en un número trágico de muertes, sino que también plantea serias preguntas sobre los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental. A medida que el país enfrenta este desafío creciente, es crucial que tanto el Gobierno como las comunidades trabajen juntos para encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y promuevan prácticas mineras responsables. La situación actual exige atención urgente para evitar más tragedias y garantizar que todos los bolivianos tengan acceso a condiciones laborales seguras y dignas. La lucha contra la minería ilegal no es sólo una cuestión económica; es una cuestión fundamental de derechos humanos que necesita ser abordada con seriedad e inmediatez. (Los Tiempos)

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Vorágine aurífera contamina el agua con mercurio y destruye el bosque de montaña en Yanacachi

La vorágine de la fiebre del oro se abre paso destruyendo la selva de montaña entre hermosas caídas de agua, en el municipio de Yanacachi; bajo la denominación de cooperativas, especialmente ilegales, ocultan la explotación humana y el impacto devastador en el medio ambiente, seguido de la contaminación del agua, animales y personas con mercurio, un metal que se transforma en veneno por su mala manipulación. En esta región en medio de la vegetación de los bosques de helechos sobresalen improvisados pequeños campamentos mineros y bocaminas, en cuyas entrañas se atesora el oro; el municipio de Yanacachi, esta ubicado en la provincia Sud Yungas, distante a unos 157 kilómetros de La Paz. “Este territorio enfrenta importantes desafíos debido a la contaminación hídrica causada por actividades humanas, principalmente la minería y el vertido de aguas residuales sin tratamiento”, señala un estudio realizado por la Fundación Pueblo, que cuenta con el apoyo de la República Federal de Alemania, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Defensoras de Derechos Humanos en su lucha contra la minería ilegal”, al que tuvo acceso la Agencia de Noticias Ambientales (ANA). Este trabajo fue expuesto el viernes 6 de diciembre, en Yanacachi, por el ingeniero Héctor Córdova, sobre la “Situación de las cooperativas mineras”, además del “Deterioro de la calidad del agua para consumo humano y riego”, que fue presentado por el biólogo, Antonio Daza. Estuvieron presentes los representantes de las comunidades que valoraron el aporte de la Fundación Pueblo, que trabaja en esta región desde hace 33 años. CONTAMINACIÓN POR MERCURIO Aunque es innegable que las cooperativas son fuente de empleo y de subsistencia importante, “pero se han vuelto una actividad depredadora  y que bajo la denominación de cooperativas oculta explotación humana y del recurso aurífero, provocando un gran impacto social y ambiental”, dijo Córdova en la exposición. En relación a este aspecto, “por parte de las cooperativas mineras, el agotamiento de los yacimientos, y/o la disminución del tamaño de las partículas auríferas, mueven a las cooperativas a utilizar medios alternativos a los gavimétricos para aumentar la recuperación del metálico. Así,  el uso del mercurio se ha expandido entre las cooperativas y, al mismo tiempo, el medio ambiente  ha comenzado a transformarse”, señala un acápite del documento sobre esta temática. La práctica minera es extremadamente agresiva, cambia cursos de ríos, destruye la selva, remueve miles de toneladas de tierra, abre caminos, usa mercurio y no toma medidas para prevenir el impacto negativo. Como las cooperativas no tienen licencias ambientales, no hay compromiso para cumplir la ley, y su acción es devastadora. Las inundaciones inusuales, son cada vez más frecuentes y el cambio del curso de los ríos. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN “Cuando la gente empieza a contaminarse siendo ya adulta los daños neurológicos son graduales. Al principio, la persona empieza a comportarse de una manera agresiva, le afecta más al sistema nervioso y empiezan a temblarles las manos, además de perder la capacidad de concentración  y retención de memoria; y puede  incluso derivar en la muerte. En cambio, cuando hay contaminación en la etapa de gestación, siendo un feto el resultado es terrible, pueden nacer con deformaciones; pero sobre todo con una insuficiencia de atención y concentración, al final, son gente que nace con discapacidades para poder enfrentar la vida normalmente”, explicó Córdova en una entrevista con ANA. COOPERATIVAS En cuanto a las características de las cooperativas mineras de Yanacachi, de las 26 que operan en el municipio, ocho tienen derechos preconstituidos que deben ser adecuados  a la nueva ley. Las otras 18 están tramitando sus contratos y no deberían estar  explotando minerales; tampoco han cumplido la consulta previa, requisito para tener los derechos mineros. En cuanto a los recursos ingresaron en los últimos tiempos a las arcas de la comuna 5.248 bolivianos como resultado de una producción  de 5,76 kg de oro con un valor de 335,133 bolivianos; de estos, las regalías fueron 34.988 Bs, de los cuales llegaron a la Alcaldía de Yanacachi apenas 5.248 bolivianos. En materia de explotación de oro La Paz tiene 1.873 cooperativas, Cochabamba, 131; Potosí, 314; Oruro, 58; Santa Cruz, 38; Chuquisaca, 30; Beni, 20; Tarija, 10 y Pando 4. Las ventas anuales de mineral, alcanzan 300 millones de dólares, dejando al Estado, un monto cercano a $us 60 millones, entre impuestos y regalías. CONTAMINACIÓN DEL AGUA Por otra parte, la contaminación  del agua en esta localidad representa un riesgo significativo para la salud pública, los ecosistemas y el desarrollo local. Este estudio destaca la urgencia de implementar acciones coordinadas para mitigar la contaminación, garantizar la sostenibilidad del recurso y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. El biólogo, Antonio Daza, señaló que “los ríos del municipio de Yanacachi sufren una contaminación media, tendiendo a elevada en forma general”. Explica “que en las subcuencas del río Yanacachi  que vendría a ser desde el rio Unduavi, Takesi, Junko Uma se encuentra una mayor contaminación en la parte del rio Unduavi. Ahora  esta combinación es por reducción de sólidos que  pueden ser en el rio o externos al rio; que entre la tierra al rio,  entonces, por los parámetros fisicoquímicos obtenidos, microbiológicos y biológicos, podemos indicar que el encause del rio Unduavi esta muy contaminado, pero las otras cuencas no se salvan de la contaminación aunque no es tan alta”. Además la población de Yanacachi carece en gran medida de sistemas de tratamiento de aguas residuales. La minería  ilegal que explota oro, utiliza productos químicos tóxicos, como mercurio y cianuro. La disposición inadecuada de estas sustancias y de residuos mineros como los relaves ha llevado a la contaminación  de los cuerpos de agua con metales. CRITERIOS DIVIDIDOS Se percibe que la población del municipio no sabe todavía qué actitud asumir, porque algunos habitantes se suman a la minería, otros quieren evitarla y el resto se organizaron en cooperativas para que no sea gente de afuera quienes aprovechen de la riqueza del territorio. Edwin Yujra, expresa su preocupación por las minúsculas regalías que percibe el municipio, mientras otros

Vorágine aurífera contamina el agua con mercurio y destruye el bosque de montaña en Yanacachi Leer más »

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