Evo Morales

El Estado boliviano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acusado de vulnerar los derechos de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron procesados en el país dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud del Estado boliviano de una prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones del informe Nº394/21 sobre el proceso que sigue Mario Tadic por el caso Hotel Las Américas en Bolivia. “Me permito informar al Gobierno de su Excelencia que la prórroga solicitada no ha sido otorgada. En consecuencia, cumplo con comunicarle que, en la fecha, la CIDH presentó el Caso Nº 13.546 – Mario Francisco Tadic Astorga y otros ante la Corte IDH, de conformidad con los artículos 51.1 de la Convención Americana y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana”, reza la nota enviada a la Cancillería boliviana, un documento al que accedió Unitel. La Comisión ya había extendido el plazo para que el Estado boliviano llegue a un acuerdo hasta este 26 de julio y avance con el resarcimiento económico para los afectados por estos hechos registrados durante el gobierno de Evo Morales; sin embargo, la Cancillería pidió otra prórroga que finalmente no fue aceptada. En el informe Nº394/21, la CIDH concluye que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados en el caso Hotel Las Américas. El caso Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en Santa Cruz concluyó con la muerte de tres extranjeros, a quienes el Gobierno acusó de estar involucrados en actividades terroristas y separatistas; sin embargo, el caso fue extinto en medio de cuestionamientos de la legalidad y la transparencia de la operación, así como el trato a los sobrevivientes y a las familias de los fallecidos. COMUNICADO En un comunicado, la Procuraduría confirmó que la CIDH comunicó el viernes 26 de julio la presentación del caso N°13.546 Mario Francisco Tadic Astorga y otros a la Corte Interamericana para el inicio de la fase contenciosa. “La Abogacía del Estado definirá la estrategia procesal y asumirá la defensa de los intereses del Estado, interponiendo incidentes, excepciones, proponiendo y produciendo prueba y, formulando los alegatos previos a la Sentencia final”, refiere el documento emitido por la PGE. Aclaró que este trámite internacional fue iniciado por “un grupo de peticionarios contra el Estado Plurinacional de Bolivia y no contra alguna persona, autoridad o ex autoridad en específico, por lo que el fallo que eventualmente se emita también involucrará al Estado, cuya defensa fue encomendada a esta institución de creación constitucional frente a evidentes actos separatistas planificados, empero oportunamente detectados antes de su consumación”. “La Procuraduría General del Estado, actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política el Estado, compromete una defensa técnica inclaudicable y en procura de honrar los más altos sentimientos de Patria”, aseguró la entidad. EXTORSIÓN El exfiscal Marcelo Sosa encabezó las investigaciones que, a lo largo de 20 meses, estuvieron envueltas de hechos de extorsión. Zvonko Matkovic Fleig, empresario y exprefecto de Santa Cruz, denunció en 2013 que Sosa le sonsacó 90 mil dólares con el compromiso de liberar a su hijo, Zvonko Matkovic Rivera, uno de los 39 acusados. Cómo inició el caso en la CIDH En 2022 se conoció un informe de la CIDH realizado ante una petición formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y por la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009 en Santa Cruz que dio lugar al llamado “caso terrorismo”. La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba la “responsabilidad internacional” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas”, es decir, Dwyer, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza. Mario Tadic, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Gelafio Santiesteban y Zvonko Matkovic, estuvieron detenidos preventivamente por aproximadamente 10 años dentro del caso terrorismo en las cárceles de La Paz y Santa Cruz. Denunciaron que los plazos de detención preventiva se sobrepasaron y no había sentencia. Absueltos del “caso terrorismo” En abril de 2009, una operación policial en un hotel de Santa Cruz se saldó con tres extranjeros muertos, incluido Michael Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019). En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2020, casi 11 años después de ese acontecimiento, que dio paso al denominado caso terrorismo, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictó una sentencia absolutoria en favor de 33 de los 39 acusados y puso fin al caso. El retiro de la acusación del Ministerio de Gobierno y Ministerio Público son los principales argumentos para la determinación judicial. (Correo del Sur)