contaminación minera

Contaminación de aguas con cianuro: Cabildo en Viacha determina expulsar a empresas mineras y “que se vaya el alcalde” Yahuasi

Un multitudinario cabildo que contó con la participación de comunidades originarias, juntas vecinales, asambleístas departamentales y miembros del Concejo Municipal, determinó exigir la renuncia del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. La población que se declaró en emergencia, también determinó crear una ley de expulsión de las empresas mineras que operan irregularmente en ese municipio, además de iniciar una auditoría ambiental. “Hermanos, se ha tratado que se vaya el alcalde (Yahuasi). ¿Aprobado?”, consultó la autoridad originaria que dirigió el cabildo realizado ayer en el municipio de Viacha. Inmediatamente y a viva voz, los centenares de asistentes respondieron: “¡Aprobado!”. La determinación fue una de las cinco que asumió la población a causa de varias irregularidades en la gestión de Yahuasi quien hasta la fecha no atendió los pedidos de contraparte de Visión 360, que envió cartas y lo llamó en varias oportunidades al funcionario, desde el mes de julio, sin obtener respuesta. Ayer, el cabildo de Viacha aprobó otras tres resoluciones sobre a la contaminación: una auditoría ambiental; la redacción de una ley para la expulsión de las empresas mineras, para declarar a Viacha un territorio libre de contaminación. Por último, también se aprobó iniciar procesos contra el alcalde Yahuasi y los funcionarios municipales que permitieron el asentamiento y no controlaron la contaminación minera. La presidente del Concejo Municipal de Viacha, Lizeth Villagómez, presente en el cabildo, explicó a la población que esa instancia “realiza los procesos administrativos correspondientes, en la vía administrativa y civil, pero las resoluciones aprobadas en este cabildo serán elevadas a las autoridades departamentales y nacionales, porque las resoluciones de este cabildo deben ser de cumplimiento obligatorio”. Visión 360 publicó el domingo un informe oficial, de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, en la que se confirma que 23 empresas dedicadas al reciclaje de minerales, operan de forma irregular en las comunidades Mamani, Contorno Bajo y Seke Jahuira. En esta última población, en julio, los funcionarios ediles se vieron obligados a cerrar un pozo de agua porque la empresa Jacha Kollo, provocó un derrame de cianuro que contaminó los bolsones de agua subterránea. Durante el cabildo, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina”, Juan Pablo Yujra, desmintió la información que la Alcaldía de Viacha dio un día antes a las autoridades originarias, sobre que se habían clausurado ocho empresas mineras ilegales. “El alcalde (Yahuasi) nos informa que hay ocho mineras selladas (clausuradas), pero solo han clausurado un pozo de agua, de la empresa Jacha Kollo, esa empresa sigue trabajando, eso es lo que queremos desmentir, nos está engañando. Nuestro alcalde nunca ha hecho nada por nosotros, desde 2021 nosotros hemos presentado diferentes notas, pero nunca nos dio una resolución, gracias a la prensa él (Yahuasi) ahora se mueve como un gran defensor del medioambiente, pero no es así”, manifestó Yujra. (Visión 360)

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Gobierno espera informe sobre contaminación de ríos en Viacha

El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, ha expresado su preocupación por la falta de acción de la alcaldía de Viacha en relación con la contaminación de varios ríos en la región. Hasta la fecha, dicha alcaldía no ha emitido el informe necesario que permita al Ministerio asumir acciones legales contra las presuntas fuentes de contaminación. Según información preliminar, se ha detectado un derrame de cianuro, un metal pesado conocido por su alto grado de toxicidad para el medio ambiente y la salud pública. Las investigaciones sugieren que este incidente podría estar vinculado a las operaciones de empresas mineras que, de manera extraoficial, se estarían llevando a cabo de forma irregular. Lisperguer ha señalado que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para evaluar y mitigar el impacto ambiental de esta contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente está en espera del informe oficial de la alcaldía de Viacha para poder avanzar con las medidas necesarias. Mientras tanto, se mantienen abiertos los canales de comunicación con las autoridades locales para garantizar una pronta resolución de la situación. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Unas 40 mineras ilegales explotan oro en el Madidi; la AJAM debería enjuiciarlas y desalojarlas

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta y debe ser un gran orgullo nacional. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como autoridad competente en áreas protegidas bolivianas, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no permite paralizar la actividad ilícita en la región. Existe la documentación que evidencia las vulneraciones a las normas ambientales vigentes. “Además la AJAM no pudo demostrar que alguna de estas actividades mineras sea preconstituida, es decir que haya obtenido su derecho minero y ambiental antes de la creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que fue el 21 de septiembre de 1995 a través del Decreto Supremo 24123”, según el Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEABO). Las aproximadamente 40 operaciones mineras auríferas se encuentran en las cabeceras y curso del río Tuichi, un afluente del río Beni, con unos 260 kilómetros de extensión, se origina en la cima de la cordillera de Apolobamba y conecta los Andes con la Amazonía. Atraviesa por el corazón del Madidi, un área protegida con cerca de dos millones de hectáreas y considerada la más biodiversa del planeta. Según información proporcionada por guardaparques, que prefirieron no ser identificados, las operaciones mineras auríferas ilegales que tienen procesos administrativos establecidos por el Sernap, “se les anunció con la respectiva notificación de paralización de actividades como la apertura de caminos y minería mecanizada, pero ninguna cumplió, y es más, el número se ha ido incrementando cada vez, superando inclusive la cuarentena de operaciones identificadas, todas ilegales”. En otras operaciones mineras no se puede realizar la verificación en el lugar, porque tienen instaladas trancas y acuerdos con las comunidades locales para evitar el paso del personal de protección, además la “amenaza permanente de conflicto social y la intimidación inacabable a la integridad personal de los guardaparques”. En una entrevista anterior el dirigente de la Federación Regional de Cooperativistas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que existe el compromiso con el presidente Luis Arce de “no realizar ninguna operación minera dentro de las áreas protegidas”. Pero es muy evidente que esto no se ha cumplido, en el caso del Madidi y otras áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata, Manuripi, hay más en otras regiones, que también están sufriendo el embate de la actividad minera ilegal en sus jurisdicciones. Por otra parte, el dirigente Raúl Silva de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), anunció públicamente la semana pasada que, su sector apoyará la candidatura del expresidente Evo Morales porque “extrañan el bajo precio del mercurio” y otros beneficios que existían en su gestión. PROCESOS ADMINISTRATIVOS El Sernap en aplicación del artículo 99 de la Ley del Medio Ambiente y en la sustanciación de los procedimientos de infracciones o contravenciones, tiene la potestad de dictar resoluciones administrativas fundamentadas en base a un informe técnico, imponiendo sanciones administrativas, cuando se demuestre la responsabilidad del infractor y dictaminar resoluciones disponiendo medidas precautorias para evitar perjuicios o mayores daños al área protegida y sus recursos naturales. Los procesos administrativos que siguió el Sernap a las operaciones mineras ilegales que explotan oro al interior del Madidi, no posibilitaron paralizar sus actividades ilegítimas, porque las sanciones administrativas implican sólo el cobro de una multa. “Se hace imprescindible que la AJAM con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo de toda operación minera por encontrarse en la ilegalidad y por tener acciones administrativas previas. También es primordial que se inicien los procesos penales en contra de los titulares de estas operaciones por el daño al patrimonio natural de los bolivianos”, sentenció COPDEAPBO. Al margen de ello, en la Resolución Judicial de la Acción Popular que favoreció a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, determinó la paralización de todas las actividades mineras ilegales y de todas aquellas que no cuenten con licencias ambientales en el río Beni y sus afluentes, entre los que se encuentra el río Tuichi. ¿Y EL MINISTERIO? Algunos juristas ambientalistas recuerdan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene entre sus más de cuarenta funciones y atribuciones específicas, la de “formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico”. Asumen que es necesario que el MMAyA asuma la responsabilidad en los impactos negativos en contra del medio ambiente, la contaminación hídrica con mercurio y otros contaminantes, la deforestación, la remoción y vertido de ingentes cantidades de sedimentos y material (tierra, arena y rocas) que ocasionan impactos negativos y significativos en los cauces y cursos de los ríos de la Amazonía boliviana. (ANF)

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Tarija: Contaminación minera afecta a unas 20 comunidades de la zona alta

El subgobernador de El Puente, Daniel Osorio, ha denunciado que más de 20 comunidades en los municipios de El Puente y Yunchará están siendo afectadas por la contaminación del río San Juan del Oro, que es atribuida a las actividades de empresas mineras. La denuncia ya fue presentada ante el Juez Agroambiental en el municipio de San Lorenzo. Osorio explicó que la denuncia fue admitida tras una inspección realizada el pasado viernes, en la que participaron el Defensor del Pueblo, el técnico de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Gestión Ambiental. “El juez ambiental nos ha solicitado un plazo de una semana para obtener respuestas de las autoridades del departamento de Potosí”, informó el subgobernador, y añadió que después del plazo fueron informados que las empresas que operaban ilegalmente han suspendido sus actividades y actualmente están inactivas. El proceso está radicado en San Lorenzo, y tanto la Subgobernación de El Puente como la Gobernación del Departamento de Tarija están respaldando la demanda. “Se ha tomado todos los requisitos, todos los temas administrativos y legales para poner esa demanda en el departamento del Potosí y municipio de Tupiza”, afirmó Osorio. En total, se estima que unas 14 comunidades en el municipio de El Puente y entre 8 y 9 comunidades en Yunchará están siendo impactadas por la contaminación. Las autoridades locales están tomando medidas para abordar esta situación y proteger los recursos naturales de la región. “Nos perjudican, ya que a nosotros no nos llega regalías de ese departamento. A nosotros nos contaminan, nos perjudica al tema productivo”, dijo Osorio. (El País – Tarija)

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TARIJA: Acuerdan frenar minería ilegal tras derrame y contaminación del río San Juan del Oro

El derrame de lodos proveniente de la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca ha revelado serias irregularidades en las operaciones de dicha empresa, que ha llevado a contaminar la cuenca del río San Juan del Oro, generando preocupación en los municipios de la zona alta de Tarija por la contaminación que este suceso supone. Esta situación ha reunido a autoridades nacionales en el municipio de Tupiza en Potosí, donde determinaron parar las actividades mineras de quienes no cuenten con licencia ambiental. En la reunión llevada a cabo el 13 de agosto en Tupiza, el viceministro de Medio Ambiente, Diversidad y Cambio Climático, Franz Quispe, confirmó que la Cooperativa Minera Azulejos de Esmoraca no posee licencia ambiental, condición necesaria para operar legalmente. Por ello, según informó la autoridad, se ha decidido paralizar todas las actividades de los operadores mineros que no cuenten con licencia ambiental. Además, se han programado inspecciones en los seis distritos de Tupiza, con el objetivo de detectar y erradicar la minería ilegal en la región. Además, se ha recomendado al Gobierno Municipal de Tupiza que, dentro de los informes de inspección, se incorpore el término ‘peligro inminente’, medida que busca, que la Gobernación tome acciones inmediatas de acuerdo con la normativa vigente, suspendiendo las actividades mineras que representen un riesgo ambiental. En cuanto al ámbito judicial, el viceministro Quispe señaló que el Viceministerio de Medio Ambiente se adherirá al proceso penal iniciado por el Ministerio Público. Este proceso busca sancionar a los responsables por los delitos relacionados al medioambiente. Si bien tras este suceso había sido la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Esther Sánchez, quien acusó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber autorizado la actividad minera, pese a que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han parado el tratamiento de los contratos mineros, Quispe dijo no estar al tanto del tema y que a quien compete dar explicaciones en todo caso es a la AJAM. (El País – Tarija)

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ALERTA: Expertos confirman presencia de metales pesados cancerígenos en aguas de La Paz, El Alto y Viacha

Tan solo escuchar la palabra cáncer genera pánico en cualquier persona. Y aunque muchos también ven lejana la posibilidad de ser diagnosticados con esta enfermedad, la alerta debe activarse porque expertos en química y medicina confirman la presencia de metales pesados altamente tóxicos y cancerígenos en fuentes de agua de La Paz, El Alto y Viacha. La extracción minera, la industria, las empresas clandestinas y los desechos de humanos y animales en cercanías de las tres urbes y ríos que las atraviesan han generado una crítica situación para la salud pública. Con estudios y casos, se detectó que fuentes de agua para el consumo de las personas y para el riego de productos agrícolas tienen presencia de mercurio, arsénico, cobalto, níquel y plomo, todos altamente tóxicos y cancerígenos. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y otras instituciones independientes realizan permanentes estudios científicos sobre la calidad de agua en las urbes mencionadas y sus cercanías, estos confirmaron la presencia de metales y sustancias toxicas para el ser humano que llegan incluso a los cultivos agrícolas, como es el caso de Río Abajo. “En El Alto se bota mucha cantidad de metales y no metales. Hay cargas elevadas de cadmio, plomo, cobalto. Y hay curtiembres que hacen el tratamiento de curtido de la piel con una sustancia química que se llama dicromato de potasio, ahí se genera un ion metálico que es el cromo+6 (Cr6+) que es extremadamente cancerígeno. A ese cromo hay que hacerle un tratamiento químico para reducirlo, pero no se lo hace y se lo bota tal como está al agua, a los ríos cercanos y se va a ir dispersando y en algún lugar alguien lo va a consumir. Y esto pasa todos los días. Por eso el riesgo”, detalla el experto y director de la carrera de Ingeniería Química de la UMSA, Jorge Vásquez. La International Agency for Research on Cancer (IARC) incluyó en el Grupo I (Agentes carcinógenos en humanos) al arsénico, berilio, cadmio, cromo y níquel. Circunstancias de exposición clasificadas en el mismo grupo son la producción de aluminio y la fundición de hierro y acero. En el caso del mercurio, no hay pruebas científicas en Bolivia que determinen casos específicos de haber producido cáncer, sin embargo, en países como España pruebas epidemiológicos analizaron la mortalidad o la incidencia del cáncer y su relación con la exposición laboral de mineros con el mercurio. LEVANTAMIENTOS Y RESULTADOS CIENTÍFICOS En mayo de 2023, la investigación “Conflictos ambientales en la microcuenca Hampaturi” en La Paz, realizada por especialistas en hidroquímica del instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA estableció que en los cuerpos de agua del sector había presencia de metales pesados como zinc, arsénico, hierro, manganeso y cobre además de sulfatos, bicarbonatos y cloruros. “Lo que hemos hecho es evaluar cationes y aniones mayoritarios que son para evaluar modelos hidroquímicos que serían sodio, potasio, calcio, magnesio, además de aniones serían como que sulfato, bicarbonato, cloruro y además de como oligoelementos que básicamente son o metales pesados: hierro, manganeso, cobre, zinc y arsénico”, señaló a los medios Rommel Aruquipa, químico de la UMSA. Es importante mencionar que este sector donde se identificaron estos elementos y metales pesados está ubicado a la salida de la ciudad de La Paz, en la carretera que conecta a los Yungas y a pocos kilómetros de la represa de Incachaca, que abastece de agua potable a la Zona Este y a la Zona Sur de la urbe paceña. En cercanías de esta microcuenca también se registra una importante cantidad de actividad minera. Waldo Vargas, ingeniero civil y docente de la UMSA dio a conocer que, en octubre de 2023, justamente docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil encaminaron un estudio en el sector de Hampaturi y corroboraron esta presencia de metales pesados.  “Hay incumplimiento de calidad de normas. Y nos es posible que en una fuente de agua tengamos actividades extractivas como la minería que desecha este tipo de metales pesados y la planta de tratamiento cercana a la zona no está diseñada para separar esos metales pesados, así que el riesgo para nosotros es latente”, dijo. Ya desde el 2017, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) viene advirtiendo de este riesgo potencial en el agua y por tanto en la salud pública. En el caso de El Alto, por ejemplo, el investigador Óscar Campanini confirmó la presencia de contaminación por la minería y otras actividades en las aguas abastecidas de la represa Milluni y su embalse que abastece a la urbe alteña y parte de La Paz. “El drenaje ácido que expulsa Milluni contiene sedimentos de casiterita, siderita, pirita, blenda, cuarzo, arsenopirita, marcasita, pyrrotita, galena, wolframita, etanita, hermatina, apatita, calcopirita, esfalerita; presencia de cadmio, zinc, arsénico, cobre, niquel, plomo y estaño; además de ph (acides y alcalinidad) de 2,8 a 2,4 en Milluni Chico y de 3 a 2,7 en Milluni Grande, que está por encima de los niveles permitidos”, sostuvo. Señaló que estos elementos contaminantes también son producto de los resabios que dejó la mina Milluni, que detuvo sus operaciones hace más de 35 años, pero sigue generando impactos ambientales como efecto de los residuos pasivos. En el caso de Viacha, el director de la carrera de Química de la UMSA, detalló la presencia alarmante de cianuro, altamente tóxico y usado cada vez más para las operaciones mineras.  “Hacen acomplejamiento con cianuro, pero luego no se hace una recuperación adecuada y se infiltra en la tierra y luego va al agua. Esto lo hemos visto y evaluado en Viacha con el río Pallina, donde hay empresas de personas peruanas realizando ese procedimiento. El cianuro al tener contacto con el agua forma un ácido, el cianhídrico, que es extremadamente tóxico y venenoso, es el ácido con que se mataba presos en la cámara de gas.  Este queda en los cuerpos de agua y se está arrastrando junto con los ríos, incluso hasta la bahía de Kohana”, afirma. En 2023, el Centro de Estudios para el Desarrollo

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26 comunidades afectadas en Tarija: Inician acciones legales por contaminación en el río San Juan del Oro

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), Efraín Rivera informó que tras conocer del colapso de la piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en el municipio de Tupiza, que afectaron las aguas del río San Juan del Oro se iniciaron varias acciones. Esta situación, dijo que provoca un daño ambiental, que afecta a alrededor de 26 comunidades de los municipios de Yunchará y El Puente del departamento de Tarija. El Gobierno Departamental fue parte de la inspección que se realizó en pasados días, en el lugar, en la comunidad de Esmoraca en el municipio de Tupiza del departamento de Potosí. Entre las observaciones que se realizan tras la inspección realizada el pasado viernes, se indica que la cooperativa no cuenta con licencia ambiental, pero a pesar de ello, la AJAM otorgó la certificación que autoriza realizar actividad minera temporal. También se señala que no se cuentan con las medidas de seguridad en las áreas de explotación. En el acta de inspección ambiental, también se menciona que las piscinas de sedimentación no cumplen con las condiciones técnicas necesarias. Se verificó la ruptura de la piscina de sedimentación y no cuenta con las condiciones técnicas mínimas, deficiencias en el manejo de material de descarte, entre varias otras observaciones que se realizaron después de la inspección en el lugar en donde se registró el desastre ambiental. La gobernación de Tarija realizó la toma de muestras de las aguas del río San Juan del Oro, para el análisis físico, químico y biológico en laboratorio. “Hemos verificado que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), otorgó el permiso correspondiente a la empresa para que pueda realizar operaciones sin tener los contratos aprobados por la Cámara de Senadores”, dijo Rivera Indicó que se inician las acciones legales correspondiente con el objetivo de que se pueda paralizar la actividad minera de la cooperativa aurífera de Esmoraca en Tupiza. La acción legal se hace efectiva ante el juzgado agroambiental con un petitorio de medida cautelar precautoria, para la paralización de la actividad minera. “Nosotros vamos a presentar el día de hoy la denuncia ante el juez, y con los resultados que vayamos a tener del agua, vamos a presentar ante la Fiscalía un proceso penal a estas personas, que sin contrato están incumpliendo y generando problemas medio ambientales”, manifestó el secretario de la Gobernación. Mencionó que desde otras instancias se habría iniciado con un proceso administrativo, lo que significa la aplicación de una multa, pero no soluciona el problema central que se tiene por la afectación de la sedimentación que se derramó y genera daños ambientales en el río. Con la presentación de una acción legal ante el juzgado agroambiental se busca paralizar la actividad minera de la cooperativa. Por otra parte, Rivera dijo que una vez que se tengan los resultados de laboratorio sobre el análisis de las muestras que se tomaron de las aguas del río San Juan del Oro se formalizará denuncia para iniciar con un proceso penal ante el Ministerio Público, en contra de la cooperativa. Remarcó que se están incumpliendo con varios temas y se genera problemas medio ambientales por parte de la cooperativa aurífera Azulejos de Esmoraca en Tupiza. Ampliado en El Puente La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada Esther Sánchez informo a El Andaluz que en la pasada jornada se realizó un ampliado de la Central Campesina del municipio de El Puente, en donde se informó sobre el trabajo de fiscalización que realiza la legisladora sobre la minería ilegal y el daño ambiental que se genera. También se informó sobre los estudios que se habrían realizado sobre la calidad del agua en el río San Juan del Oro. Sánchez dijo que se hizo conocer el informe de la inspección realizada en la comunidad de Esmoraca en Tupiza, tras la ruptura de la piscina de sedimentación de la cooperativa Azulejos que genera daños ambientales en el río. Anunció que se sumarán a las acciones legales que inicia la gobernación de Tarija. Recordó que ya se tiene un proceso en la Fiscalía del departamento de Potosí, por la rotura del dique de colas del ingenio minero en la comunidad de Agua Dulce que genera daños ambientales en el río Pilcomayo y a la fecha no se conoce resultados. Se pedirá informe sobre ese tema y dijo que para que no ocurra lo mismo con lo ocurrido en Tupiza, se podría pedir una reunión con el Ministerio Público y con el Ministerio de Justicia, para abordar el tema. (El Andaluz)

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Contaminación del río San Juan del Oro: AJAM autorizó actividad minera de cooperativa aurífera azulejos de Esmoraca en Tupiza

El pasado domingo 21 de julio se registró que en la comunidad de Esmoraca en Tupiza colapsó la piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa aurífera Azulejos que extrae minerales en la zona, provocando que residuos mineros afectando el río San Juan del Oro. La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada Esther Sánchez en una anterior entrevista con El Andaluz informó que la cooperativa minera no cuenta con licencia ambiental para realizar actividades de extracción. En octubre del 2023 la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) emitió el Certificado de Trámite de Contrato Administrativo Minero AJAM-TP-TJ/DR/CETCAM-RM-142/1/2023 a favor de la Cooperativa Minera Aurífera Azulejos de Esmoraca R.L. El certificado autoriza a la cooperativa a realizar temporalmente las actividades mineras de aprovechamiento y comercialización, con una vigencia de seis meses. Son 20 cuadriculas solicitadas por la cooperativa minera para realizar actividades en la comunidad de Esmoraca. Ante el colapso de la piscina de sedimentación de lodos de la cooperativa, una comisión de la secretaria de Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí realizado una inspección en la zona. La inspección se realizó el pasado viernes y en el momento de la visita en la zona estaba sin actividad minera. De la inspección ambiental se coordinó con la secretaria de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la gobernación de Tarija, la subgobernación de Yunchará y El Puente, concejales, Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, asambleístas departamentales de Tarija, entre otras instituciones. Este colapso genera preocupación y despierta una alerta de autoridades de Tarija por los lodos, residuos mineros que se derramaron en el río Esmoraca, que desemboca en el río San Juan del Oro. Entre las observaciones que se realizan en la inspección realizada el pasado viernes, se indica que la cooperativa no cuenta con licencia ambiental, pero a pesar de ello, la AJAM otorgo la certificación que autoriza realizar actividad minera temporal. También se señala que no se cuentan con las medidas de seguridad en las áreas de explotación. En la acata de inspección ambiental, también se menciona que las piscinas de sedimentación no cumplen con las condiciones técnicas necesarias. Se verifico la ruptura de la piscina de sedimentación y no cuenta con las condiciones técnicas mínimas, deficiencias en el manejo de material de descarte, entre varias otras observaciones que se realizaron después de la inspección en el lugar en donde se registró el desastre ambiental. (El Andaluz)

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Cooperativa que contaminó al río San Juan del oro no tiene licencia

Desde la jornada del miércoles, habitantes de los municipios de El Puente y Yunchará del departamento de Tarija, notaron un fenómeno poco habitual en el río San Juan del Oro, pues sin ser temporada de lluvias, las aguas registraron un grado elevado de turbidez, casi de color rojizo. El pasado viernes autoridades de la Gobernación confirmaron el derrame de lodos de una cooperativa minera en Potosí, sin embargo, información preliminar recabada por la diputada Esther Sánchez, señala que esta empresa operaba sin licencia ambiental. El secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera, expresó que existe preocupación por el derrame minero en la localidad de Esmoraca, perteneciente al departamento de Potosí, misma que se encuentra situada a 150 kilómetros al sur de Tupiza y colindante con la frontera de Argentina. “Este derrame que ha tenido esta cooperativa o empresa que no la conocemos, estamos haciendo las averiguaciones, y por lo que sabemos es una cooperativa minera aurífera. Estas cooperativas, como lo hemos denunciado hace bastante tiempo atrás, tienen grandes problemas en lo que son los diques de cola, entonces, al no contar con diques de cola, producen roturas y lo que hacen es contaminar, porque nos mandan los lodos y todos los residuos minerales que se generan”, expuso. Rivera, mostrando imágenes satelitales, explicó que existe alrededor de un kilómetro sobre la cuenca del río San Juan del Oro en donde se registra actividad minera, la cual está emplazada al medio del río, poniendo en riesgo la calidad del recurso hídrico que aguas abajo es utilizado para riego de parcelas agrícolas e incluso para el consumo humano. “¿Ustedes se imaginan una actividad minera haciendo el lavado de minerales al medio del río? Lamentablemente esa es una responsabilidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que es la autoridad ambiental y la que genera las licencias, hemos mandado al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Medio Ambiente, hemos mandado las notas a la Gobernación de Potosí y Chuquisaca, y hemos activado inmediatamente el protocolo de la Gobernación de Tarija”, afirmó. La autoridad indicó que el miércoles las aguas estaban de color café, medio rojo, y tras activar el protocolo, el jueves ya se procedió a la toma de muestras en los municipios de Yunchará y El Puente en comunidades como La Verdiguera, Ovando, Carrisal y Carretas, las cuales fueron enviadas al Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo (Ceanid) dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), para que se hagan las pruebas de laboratorio. Rivera manifestó que también se conformó una Comisión de Inspección in situ que ya se trasladó al lugar, misma que está conformada por la Subgobernación de Yunchará, Gobierno Municipal de Yunchará, Subgobernación de El Puente, Gobierno Municipal de El Puente y secretarios ejecutivos de las comunidades. Sin licencia ambiental La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) y vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria, Esther Sánchez, confirmó que la cooperativa responsable de este desastre no cuenta con licencia ambiental. Mencionó que el hecho habría sucedido por el rebalse de una piscina que terminó contaminando el río Esmoraca que termina conectando con el río San Juan del Oro. “Lo que nos preocupa, es que la Gobernación de Potosí realizó una inspección en 2023 a la cooperativa, que inclusive tenía que solucionar el problema de mitigación, al cual han hecho caso omiso”, cuestionó. Sánchez manifestó que van a solicitar a la Gobernación de Potosí que pueda explicar cómo es que esta empresa sigue trabajando sin contar con licencia ambiental. Cabe recordar que con anterioridad, El País ya había advertido de un estudio realizado en laboratorio, que confirmó la presencia de metales pesados en el río San Juan del Oro, contaminación que justamente se da por la actividad minera en las cabeceras de este afluente. (El País)

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