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Bolivia

No quiero ser presidente de Bolivia, ni hacer negocios con los recursos naturales del país, afirma Claure

El empresario boliviano, Marcelo Claure, salió al paso de las dudas sobre el interés que existe detrás de su creciente protagonismo en la política boliviana, para afirmar, categóricamente, que no quiere ser presidente de Bolivia, ni hacer negocios con los recursos naturales del país. En entrevista concedida a un medio local, Claure, de 54 años, aseguró que ya cumplió todas sus metas empresariales, y que no le interesa el litio boliviano como un negocio personal. “Lo único que me interesa es afectar la vida de más de 11 millones de bolivianos, que si siguen por el camino que estamos yendo actualmente pueden terminar en una situación de pobreza”, dijo. El empresario señaló que lo que busca es retribuir a Bolivia, el lugar de su padre y de su madre, lo que el país le dio. “Gracias a Bolivia soy yo”, afirmó. Añadió que lo más fácil para él sería “alejarse del país” y concentrarse en sus actividades empresariales, pero que su sueño más importante ahora es ver que Bolivia sea administrada correctamente para tener “un futuro brillante”. Cambios profundos para marcar un nuevo rumbo Claure destacó que el año del Bicentenario, “si se hacen los cambios apropiados”, puede ser el de la “refundación” y el “comienzo de una nueva Bolivia”. “El momento del cambio es ahora.  Hay una oportunidad increíble. Si la oposición se une, puede llegar a casi un 75%% de la votación, ganar en primera ronda y tener un gobierno con la mayoría suficiente en la asamblea como para realizar todas las reformas que Bolivia necesita para salir de la crisis, romper su aislamiento y reinsertarse en el mundo”, explicó. El empresario subrayó que Bolivia no solo tiene recursos naturales y la mayor reserva mundial del litio, sino recursos humanos capaces de enfrentar el desafío de construir un mejor país. Reiteró que la mejor forma de elegir un candidato de unidad para las elecciones de agosto de este año es a través de unas primarias digitales y que continuará trabajando para convencer a todos los líderes de oposición sobre la importancia de optar por esa vía. Reveló que en las conversaciones que sostuvo la semana pasada con los candidatos opositores encontró actitudes positivas. “Samuel Doria Medina me aseguró que, en su modelo de unidad, si él pierde en la encuesta que piensan hacer, se retira y que espera que los otros integrantes del bloque hagan lo mismo. En el caso de Manfred, optaría por dar un paso al costado si pierde unas primarias”. Claure explicó con cierto detalle el funcionamiento del voto digital. Dijo que es una tecnología que se aplica en varios países del mundo, incluido Estados Unidos, que permite a todos emitir su voto, ya sea a través de su propio dispositivo digital o computadora o a través del de alguien que le facilite el acceso. “En Bolivia la gente está muy familiarizada con lo digital. Para participar en las primarias lo único que tiene que hacer es entrar a Internet, poner su número de cédula de identidad para que pueda verificarse si figura o no en el padrón de bolivianos habilitados, y emitir su voto. Esto garantiza que puedan participar cientos de miles de personas sin que haya posibilidad de fraude”, concluyó.

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ASFI reconoce “ataque de fuerza bruta” a tarjetas de débito del Mercantil Santa Cruz

Publicado el martes 17 de diciembre de 2024 y actualizado el 2 de enero de 2025.- Los débitos no autorizados que sufrieron este año clientes del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) fueron causados por “un ataque de fuerza bruta dirigido a través de comercios fraudulentos”, reveló la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La reguladora proporcionó la información a Guardiana el 29 de noviembre, un día después de que este medio publicara un reportaje titulado Hermetismo institucional frente a problemas de seguridad en tarjetas de débito. ¿Qué pasó? Gente que no había hecho determinadas compras con su tarjeta de débito, de pronto advirtió que le faltaba dinero por supuestas adquisiciones que aseguraba no haber realizado. En uno de los casos, la víctima identificó con sorpresa 48 pagos no reconocidos por un total de 6.734,38 bolivianos. Eran “consumos no reconocidos a través de compras por internet en plataformas digitales del exterior” que se hicieron públicos en abril pasado. Juan Fernando Rocabado, abogado de una de las víctimas y uno de los principales iniciadores de un movimiento que logró organizar vía WhatsApp a 1.000 posibles afectados en Santa Cruz, a 200 en Cochabamba, a 150 en La Paz y a 50 en Tarija, contó que ni el Banco Mercantil Santa Cruz ni la ASFI dieron antes, durante o después de los ciberataques una explicación clara sobre lo ocurrido. Esto fue corroborado por Hugo Miranda, oficial de Economía Digital de la Fundación Internet Bolivia (FIB), un experto en tarjetas electrónicas de la banca y otros afectados. En el caso del Banco Mercantil Santa Cruz, “el problema se originó en un ataque de fuerza bruta dirigido a través de comercios fraudulentos”, informó la ASFI, en respuesta a un cuestionario enviado por Guardiana el 5 de noviembre. Este método de piratería informática “consiste en intentos masivos y sistemáticos para identificar números de tarjetas válidos de la entidad, con el propósito de realizar transacciones no autorizadas a través de plataformas digitales”, explicó la reguladora, después de subrayar que “no existió hermetismo alguno respecto a la información solicitada mediante cuestionario” y que la demora en la respuesta obedece a las diversas tareas que la institución realiza. “Los ataques de fuerza bruta son muy comunes y fáciles de realizar”, indicó Mauricio Sánchez, gerente de Ciberseguridad de Every TI y coordinador del Centro de Ciberseguridad de Bolivia. Sánchez explicó que este tipo de ataques pueden concretarse principalmente a través de dos vías: con pruebas secuenciales para identificar los números de las tarjetas a través de plataformas comerciales que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias y por medio de una filtración de números de tarjetas desde algún sector operativo a cargo de la seguridad de esos datos. “Incluso en la Deep Web hay páginas que venden lotes de tarjetas que podrían ser de cualquier banco””, expresó. Rocabado y otros afectados van más allá, pues sostienen que llegaron a identificar datos de lotes de tarjetas a la venta en grupos de Telegram, información que incluye el nombre del propietario, el número de la tarjeta y su código de seguridad. “Una de las cosas que se hace en estos casos es comprar (la información de) algunas de esas tarjetas, para ver si están dentro de los lotes asignados al banco y si se tiene alguna filtración”, apuntó Mauricio Sánchez, quien trabajó en la Unidad de Investigaciones Financieras y es asesor de ciberseguridad y riesgo operativo en la banca. UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO Tras manifestar su compromiso con la transparencia y el derecho a la información, la ASFI reportó también que, durante abril y mayo de este año, el Banco Mercantil Santa Cruz “realizó un análisis exhaustivo de las transacciones sospechosas, lo que permitió determinar el número de personas afectadas y el valor de las transacciones no reconocidas, resultado de lo cual se implementaron acciones correctivas pertinentes, de manera inmediata”. Fruto de este proceso, el Mercantil, que tiene más de 1 millón de clientes activos, informó que el “0,0069% del total de las tarjetas de sus clientes fueron afectados por estas transacciones”. No se precisó si se trata sólo de las tarjetas de débito o de todas sus tarjetas electrónicas. La ASFI puntualizó que ese banco “asumió la responsabilidad completa y llevó a cabo la devolución íntegra de los montos a todos los clientes afectados”. Lo ocurrido en el Banco Mercantil Santa Cruz precedió a cambios técnicos al interior de ese banco, indicó Rocabado. Una vez que se comenzó a devolver el dinero perdido en consumos no reconocidos (esto ocurrió el 3 de mayo), la entidad eliminó la prehabilitación de sus tarjetas de débito; cerró el sistema de tarjetas y de compras por internet por aproximadamente una semana, alegando que se estaba “modernizando su sistema de seguridad” y bloqueó las transacciones en páginas web de comercios observados. “Empezaron a hacer cosas que antes no hacían. Ahora, por ejemplo, mandan mensajes SMS al celular o llaman (al cliente) para preguntar si están haciendo esa transacción”, detalló el abogado. De acuerdo con Nicole Sánchez, coordinadora de Protección de Datos de la FIB, el ajuste o reestructuración de sistemas o procesos vulnerados “lleva de 6 a 12 meses”, dependiendo del tamaño de la institución. “Es un trabajo minucioso que tiene que ver con la detección, prevención, cambio de procedimientos, implementación de seguridad y medidas de contingencia”. PIRATERÍA INFORMÁTICA Ésta no es la primera vez que los bancos bolivianos afrontan ataques cibernéticos. El 23 de mayo de 2022, RedTiseg publicó en su sitio web el artículo “Ransomwere (secuestro de datos) en Bolivia”, que indicaba que “las entidades financieras bolivianas” sufrían ese tipo de ataques. En un segundo artículo difundido esa misma fecha, la empresa de ciberseguridad informó que “una organización boliviana está siendo atacada más de 1.500 veces por semana en los últimos seis meses”. “El ransomwere, que principalmente entra por el pishing, ha estado impactando bastante en los últimos años a distintas entidades, no sólo del sector financiero”, reconoció Mauricio Sánchez. En respuesta a estos ataques –según RedTiseg– la Comisión Técnica y de

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Inspeccionan proyecto Hidrovía Ichilo – Mamoré

Con la finalidad de integrar Cochabamba y Beni, autoridades, empresarios privados y representantes de la Cámara agropecuaria, llegaron hasta el municipio de Puerto Villarroel para participar de una reunión e inspección a la Hidrovia Ichilo – Mamoré. Autoridades destacan la importancia del proyecto como alternativa de conexión entre Cochabamba – Beni y Brasil para poder realizar un intercambio comercial de los valles al oriente y generar un polo de desarrollo.  El área de influencia del tramo 1 del proyecto abarca los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni con 14 municipios, 7 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y 154 comunidades. El gobernador Humberto Sánchez, señaló que se convocará a la empresa consultora que realiza el Estudio de Diseño Técnico de Preinversion (EDTP) del proyecto para que pueda socializar los avances a las autoridades y directos beneficiarios de Puerto Villarroel. Por su parte, el alcalde de Puerto Villarroel, Limbert Cossío informó que desde su municipio se proyecta la construcción de una planta de áridos y agregados para poder comercializar los productos en el departamento de Beni y Brasil. JOSEFINA FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Senamhi: Sobrepasó la cantidad de lluvias en comparación de años pasados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta la fecha, la cantidad de lluvias registradas en más de 18 regiones del país ha sobrepasado los niveles habituales en comparación con años anteriores. Esta situación ha generado preocupación debido a los efectos negativos en diversas zonas vulnerables. Además, se confirmó que las precipitaciones continuarán en los próximos días, afectando tanto a áreas urbanas como rurales. Asimismo, el Senamhi mantiene vigente una alerta meteorológica por fuertes vientos en el oriente del país y una alerta hidrológica ante el riesgo de desbordes de ríos en distintas regiones. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar posibles emergencias. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Hermetismo institucional frente a problemas de seguridad en tarjetas de débito

La madrugada del 2 de febrero de este año (2024), mientras Lucía dormía, le descontaron 1.800 bolivianos de su cuenta bancaria debido a dos “consumos no reconocidos”. Ella no se percató de esas transacciones hasta las 10:20, cuando no pudo pagar por un servicio con su tarjeta de débito. Su saldo era insuficiente. Ese 2 de febrero también empezó el calvario de idas y vueltas de Lucía, de reclamos y de respuestas del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), que tres meses después resultaron en el reconocimiento de “transacciones no reconocidas” por parte de ese banco, ya que su caso no fue el único. Entre abril y mayo de este año, se conformaron grupos de afectados en WhatsApp en Santa Cruz (1.000 personas), Cochabamba (200), La Paz (150) y Tarija (50), muchos de ellos clientes del Banco Mercantil Santa Cruz. La respuesta oficial de lo que pasó aún no se conoce, pero testimonios de los afectados, datos y análisis de profesionales permiten concluir que la seguridad de los datos de un grupo de clientes del banco se vio comprometida. Y lo sucedido también permitió identificar debilidades de diferente tipo en el seguimiento y manejo de estas contingencias. La adecuada, oportuna y completa atención de esta clase de problemáticas es hoy imprescindible en un contexto de mayor uso de tarjetas electrónicas y de avance vertiginoso de la tecnología. Los ciberdelincuentes, por su lado, no se quedan atrás y van adquiriendo más conocimientos y destrezas para cometer delitos. Desde que comenzaron a operar con chips de seguridad, el número de tarjetas de débito aumentó en Bolivia de 2,34 millones en 2014 a 6,4 millones el año pasado. Las razones, la mayor cantidad de establecimientos y comercios que aceptan pagos a través de estas herramientas, la implementación de la tecnología contactless y de los dispositivos POS, y el creciente dinamismo del comercio electrónico, según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB). En 2022, el 17% de los usuarios utilizaron estas herramientas para compras por internet, un porcentaje que va creciendo con el paso del tiempo, de acuerdo con encuestas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). ¿UNA BRECHA DE SEGURIDAD? “Podríamos estar viendo una brecha de seguridad dentro de la entidad bancaria o más”, apuntó Nicole Sánchez, coordinadora de Protección de Datos de la Fundación Internet Bolivia. El 5 y 8 de noviembre, respectivamente, Guardiana solicitó a la ASFI y al Mercantil Santa Cruz conocer las causas de lo que les ocurrió a clientes de ese banco en al menos cuatro departamentos del país, pero ni la entidad supervisora ni la empresa atendieron este requerimiento. La ASFI es una entidad del Estado que tiene entre sus responsabilidades velar por los derechos del consumidor financiero, por lo que las operaciones a través de medios electrónicos de la banca “deben cumplir las medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio” (Art. 124, Ley 393). Todos los bancos, por su lado, están obligados por ley a ser transparentes. PAGOS A CUENTAS EXTRANJERAS Los dos débitos no reconocidos por un valor de 1.800 bolivianos del 2 de febrero no fueron los únicos que alarmaron a Lucía (nombre cambiado por solicitud de la víctima). Tras una primera revisión a sus extractos de cuenta, ella identificó con sorpresa 48 pagos no reconocidos por un total de 6.734,38 bolivianos. Estos desembolsos irregulares con su tarjeta de débito fueron realizados a sitios que ofrecen servicios premium como ChatGPT, Telegram y YouTube, pagos que hasta entonces no habían sido notados porque se trataba de montos menores y porque ella no revisaba sus extractos mensuales. Lo mismo sucedió, en general, con los otros afectados, que también reportaron débitos a cuentas extranjeras como Google, Uber y TikTok. A continuación, el detalle de transacciones no reconocidas de otro de los afectados: Juan Fernando Rocabado, abogado de Lucía, contó que el mismo 2 de febrero presentaron un primer reclamo ante el Mercantil Santa Cruz. Sin embargo, pese a que la tarjeta de su cliente estaba asegurada y “cubría fraudes de compras por internet”, la respuesta que recibieron no fue la esperada. Lo mismo pasó con la ampliación de reclamo que presentó el abogado el 9 de febrero, con el segundo reclamo del 15 de marzo y con el recurso ante la ASFI registrado el 22 de marzo. En ese interín y ya con dos rechazos del banco a su primer reclamo, el abogado Rocabado buscó en redes sociales a personas que hubiesen sufrido también este tipo de débitos, para hacer causa común y adjuntar esta información al recurso que luego presentó ante la entidad reguladora. Así se constituyó rápidamente el grupo de WhatsApp de Santa Cruz –el más numeroso (1.000 personas)–, en el que varios miembros llegaron a organizar una protesta ante la agencia del banco en el mall Las Brisas, en la capital cruceña. La movilización, efectuada el 29 de abril, hizo público el problema y llamó la atención de algunos medios. Esa misma fecha y mientras se organizaba una segunda protesta, esta vez en Cochabamba, el Mercantil reconoció “inconvenientes… causados por ciertas transacciones no reconocidas en plataformas digitales en el exterior” e informó que estaba atendiendo cada reclamo para proceder a la devolución “si correspondiera” a la brevedad posible. “Estos son eventos inusuales ajenos al banco, que están siendo atendidos con máxima prioridad”, aclaró. Esta respuesta difiere de la que ofreció dicho banco como respuesta al primer reclamo de Lucía (la carta completa se la puede ver más abajo): “…para evitar ser víctimas de transacciones fraudulentas, no deseadas o phishing, se pusieron anuncios preventivos en nuestra página web y redes sociales, exhortando a los clientes a tomar los recaudos necesarios que eviten ese tipo de eventos (…). Es importante mencionar que la diferencia de las transacciones no reconocidas…están siendo gestionadas a través de la compañía aseguradora. Al respecto, debemos aclarar que la responsabilidad de nuestra entidad se limita en, una vez recibida su comunicación, transmitir dicha información junto con la documentación de respaldo a la aseguradora…” (BMSC,

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Fabriles definirán propuesta de incremento salarial en ampliado nacional

El secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Mario Segundo, informó que el salario mínimo nacional es insuficiente para enfrentar la actual crisis económica. Señaló que los trabajadores nunca renunciarán a su derecho de exigir un incremento salarial que refleje sus necesidades. Segundo destacó que la Confederación Nacional de Fabriles, junto a la Central Obrera Boliviana (COB), analizarán las dificultades económicas del país, incluyendo factores externos que, según el sector, responden a intereses políticos. La propuesta de incremento será definida en un ampliado nacional, donde se buscará representar las demandas y necesidades del sector laboral. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Tucabaca: paraíso amenazado por incendios, minería, asentamientos y sequías extremas

Entre finales de agosto y principios de septiembre de 2024, una serie de explosiones pusieron en vilo a un grupo de bomberos voluntarios que combatían incendios forestales en Roboré, al este de Santa Cruz. Aunque hasta el momento no se abrió una investigación oficial para saber qué causó los estruendos, lo sucedido fue corroborado por varias fuentes durante la elaboración de este reportaje. “Fueron más de 60 detonaciones”, dice Juanito Cuéllar, comandante de cuadrillas de bomberos comunitarios y responsable de Gestión de Riesgo de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar), con la certeza de haber sido testigo directo de los hechos. La primera explosión ocurrió en la serranía de San Lorenzo Viejo y se sintió hasta Naranjo, a varios kilómetros de distancia. Ambas comunidades indígenas chiquitanas se encuentran en el límite externo o área de amortiguamiento de la Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS) y Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca. Esta área protegida, con una extensión de 262.305 hectáreas, está ubicada en Roboré y forma parte del Valle de Tucabaca, un territorio de 600.000 hectáreas que se extiende hasta los municipios de Roboré, San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Tórrez. “(La explosión) fue fortísimo. Yo estaba en una laja, de más o menos 40 metros a la redonda, y la piedra se movió”, describe Cuéllar, de hablar pausado y mirada firme. Lo sucedido pudo haber quedado como un incidente aislado en medio de la emergencia por el fuego en Bolivia, de no ser por la susceptibilidad de comunidades chiquitanas. En julio pasado, dichas comunidades rechazaron la incursión de la minera Walfremar SRL justo en la misma zona donde se oyó el estruendo. La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas, que abarcan las comunidades de Aguas Calientes, Yororobá y Quitunuquiña; la primera, situada en la zona de amortiguamiento del área protegida, y las otras dos casi en el límite de la misma. Según denuncia de la diputada María René Álvarez (Creemos), la actividad contaba con el aval de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como se lee en un documento oficial, aunque la entidad gubernamental negó tal situación ante la protesta ciudadana. El otro elemento que aún genera molestia entre autoridades indígenas y el comité de gestión del área protegida es la falta de una respuesta oficial. Quince días después de la primera explosión, ocurrieron otras en el mismo lugar. “Esperamos hasta el último momento la información de oenegés y el Gobierno Municipal, pero no tuvimos ninguna respuesta”, lamenta Nardy Velasco, cacique de la Cichar. La Región también solicitó una entrevista con el responsable de Medio Ambiente del municipio, quien no respondió a mensajes ni llamadas. “Después de la primera explosión, hubo una lluvia, que supuestamente había controlado el fuego. Pero a los 15 días vimos un foco de calor, en la serranía de San Lorenzo Viejo, que baja al Valle”, relata Cuéllar. Los bomberos organizaron un ascenso a la serranía para controlar lo que finalmente se evidenció como un incendio forestal. Partieron a las 8.00 y llegaron al sitio a las 21.00, debido a la topografía complicada, que describieron como un “laberinto encajonado”. Durante el trayecto encontraron piedra picada. “Sabemos que eran mineros, encontramos la pica. Creemos que estaban trabajando hace un mes”, señala Cuéllar. Esa noche, a cien metros de las llamas, los bomberos se dividieron en dos grupo. De pronto, se escucharon nuevas explosiones. Inicialmente se pensó que eran piedras cayendo. La gente entró en pánico. Con un escenario hostil de la noche y muros de piedra, los bomberos intentaron escapar sin rumbo. Ante la situación, la orden fue empezar a bajar en grupos de tres, apegándose a las rocas más grandes para cubrirse. Las explosiones continuaron. “Cuando yo quise salir con tres, reventó como una granada en nuestro delante. No nos alcanzó, porque Dios no quiso. Ya abajo, hasta eso de las 5.30 de la mañana, se escucharonmás de 60 detonaciones. Se dio parte al COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal)”. Nuevamente, como ocurrió tras la primera explosión, dijeron que irían con expertos en explosivos y la Policía. Hasta el cierre de este reportaje, 13 de enero, tal inspección no se dio. EL ACECHO CONSTANTE La minería, los incendios forestales y los asentamientos tanto de propietarios privados como de comunidades campesinas interculturales se han convertido en las amenazas cada vez más frecuentes, tanto en el Valle como en el área protegida de Tucabaca. Sin embargo, desde su creación —primero como Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS), en 2000, y luego como Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN), en 2011—la comunidad siempre ha luchado constantemente en defensa de sus recursos naturales. “Los mineros están todavía rondando. Los comunarios se dan cuenta y están haciendo que estos extraños respondan por qué están entrando. Lo mismo con los asentamientos”, lamenta la cacique Velasco, quien representa a las 16 comunidades indígenas de Roboré. En el área de amortiguamiento, señala que los menonitas están presentes en la zona de Naranjos, mientras que en Aguas Calientes se encuentran propietarios privados y fábricas de carbón, que están deforestando las orillas del río Aguas Calientes. Además, se suma una disputa territorial con el municipio vecino de El Carmen Rivero Tórrez, que afecta a la zona de Aguas Negras. Si ese territorio se pierde —advierte Rubén Darío Arias, presidente del Comité de Gestión de la UCPN— “la reserva de vida silvestre perdería todo sentido”, ya que en esa zona se encuentran árboles valiosos como el morado, muy codiciados por los traficantes de madera. Aunque muchas de estas amenazas se dan fuera del área núcleo o zona de protección estricta, la afectación se da por la interconexión ecológica. Además, los embates no saben de límites. “El 16 de enero (del año pasado) tuvimos unos predios a los que quisieron entrarse en el área protegida. A través del patrullaje rutinario se identificó a personas ajenas que buscaban consolidar cuatro predios privados”, dice Ruddy Vargas Segovia, director de la UCPN Tucabaca desde noviembre de 2021.

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Exportación de oro en Bolivia cae un 72% en 2024, según expertos el contrabando y falta de dólares reducen ingresos

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de oro en Bolivia alcanzaron $us 667,6 millones, una caída del 72,3% en comparación con los $us 2.408 millones registrados en 2023. Expertos advierten que el descenso no responde a una menor producción, sino a un subregistro que refleja contrabando, irregularidades y falta de control estatal. Héctor Córdoba, especialista en minería de la Fundación Jubileo, explicó que la falta de dólares en el país limita la compra de oro en moneda extranjera, lo que incentiva el contrabando hacia países vecinos, donde se registra como producción local. Además, señaló que el Banco Central adquirió 14 toneladas de oro en 2024, pero en bolivianos, lo que resulta menos atractivo para los operadores mineros. Otro problema es el bajo aporte del oro al Estado. En 2022, con exportaciones récord de 54 toneladas, Bolivia solo recibió $us 60 millones en regalías e impuestos. Este año, con una caída drástica en las cifras, los ingresos apenas alcanzarían $us 15 millones, afectando principalmente a los gobiernos subnacionales. En 2024 se registraron precios récord del oro, alcanzando casi los $us 2.800 por onza, un nivel extraordinariamente alto. Actualmente, el precio se sitúa en $us 2.650 por onza, lo que sigue siendo considerablemente elevado. Esto hace difícil creer que la producción haya disminuido, ya que las cifras sugieren más bien un subregistro. Pese a los altos precios del oro en el mercado internacional, Bolivia enfrenta un descontrol en la explotación aurífera, con regalías mínimas y evasión de impuestos. Expertos piden recuperar la legalidad para evitar mayores pérdidas económicas y garantizar que el oro beneficie realmente al país. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Solo existen 30 cupos en la Escuela de Maestros Simón Bolívar

La Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar de #LaPaz informó que solo 30 estudiantes podrán ingresar este año a tres de sus carreras, en respuesta al limitado requerimiento de docentes por parte de las unidades educativas del país. La evaluación de los postulantes se realizará el próximo 25 de enero, en un proceso que cada año atrae a miles de aspirantes. Según la directora de la institución, Mirtha Apaza, los beneficiados serán seleccionados considerando criterios como pertenencia a pueblos indígenas, bachilleres con excelencia y estudiantes con discapacidad. Los postulantes lamentaron que las oportunidades para la formación profesional sean tan limitadas, atribuyendo esta situación al escaso crecimiento demográfico y a la falta de renovación en el cuerpo docente. Actualmente, la Escuela Simón Bolívar cuenta con ocho carreras y 614 estudiantes regulares. La directora explicó que el reducido cupo de ingreso responde a que la mayoría de las unidades educativas ya cuentan con su plantilla docente completa. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Marcelo Claure y Harvard impulsan una agenda para enfrentar la crisis económica en Bolivia

El empresario boliviano-estadounidense #MarceloClaure, en alianza con el Growth Lab de la Universidad de Harvard, ha lanzado una ambiciosa iniciativa de investigación destinada a diagnosticar los desafíos económicos de Bolivia y proponer estrategias para un crecimiento sostenible e inclusivo. La iniciativa, respaldada por el compromiso y financiamiento de Claure, busca abordar los problemas económicos, sociales e institucionales del país. Este esfuerzo forma parte de Bolivia 360, un programa liderado por Claure para promover la democracia, restaurar la prosperidad económica y fomentar el progreso social en Bolivia. El proyecto contará con el liderazgo de Ricardo Hausmann, director del Growth Lab, quien tiene una destacada trayectoria en el desarrollo de metodologías innovadoras en complejidad económica y diagnóstico de crecimiento. Hausmann trabajará junto a un equipo multidisciplinario que incluye al analista financiero boliviano Jaime Dunn, cuya experiencia será clave para el diseño de políticas públicas y estrategias de transformación económica. “Bolivia es un país lleno de talento y potencial. Con políticas adecuadas, puede convertirse en un actor clave en la economía verde global,” afirmó Hausmann. UN PLAN ESTRUCTURADO EN 3 FASES Evaluación inicial: Un diagnóstico integral de la situación económica actual, identificando desafíos clave y oportunidades de crecimiento. Socialización de hallazgos: Los resultados serán compartidos con actores nacionales e internacionales, promoviendo el debate y la colaboración. Colaboración gubernamental: El equipo trabajará con el próximo gobierno boliviano para diseñar políticas estratégicas que aborden los desafíos identificados. Con una duración de 15 meses, el proyecto comenzará de inmediato, combinando los recursos y conocimientos del Growth Lab con el compromiso de Claure. Bolivia enfrenta una compleja realidad económica marcada por la desaceleración del crecimiento, déficits fiscales y la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el país cuenta con ventajas significativas, como sus vastas reservas de litio, las más grandes del mundo, y una población trabajadora y resiliente. Según Hausmann, estas fortalezas pueden posicionar a Bolivia como un líder en la transición hacia una economía verde global. “Bolivia tiene el potencial de ser mucho más próspera de lo que es actualmente. Con políticas inteligentes, puede expandir sus oportunidades de crecimiento y convertirse en un importante contribuyente a la economía mundial sostenible,” añadió Hausmann. MARCELO CLAURE: UN LÍDER COMPROMETIDO Marcelo Claure, fundador y CEO de Claure Group, ha sido un actor clave en la economía global. Con inversiones que superan los 10 mil millones de dólares en América Latina durante los últimos años, Claure combina su experiencia empresarial con un profundo compromiso social. Además, es presidente del Club Bolívar, el equipo de fútbol más importante de Bolivia, y fundador de Brightstar, la empresa global de distribución y servicios inalámbricos más grande del mundo. Con el respaldo de su experiencia y el liderazgo del Growth Lab de Harvard, esta iniciativa promete ser un punto de inflexión para Bolivia, ofreciendo una hoja de ruta hacia la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. Para más información sobre Bolivia 360 y el trabajo del Growth Lab, visite growthlab.hks.harvard.edu.  (Asuntos Centrales)

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