Seguridad

Fiscalía admite denuncia contra Argollo, Salazar y Condori por los bloqueos

El abogado del diputado Edgar Zegarra informó que la Fiscalía admitió una denuncia penal en contra de los dirigentes Mario Argollo, Vicente Salazar y Feliciano Vegamonte, además del senador Nilton Condori por presuntos delitos de terrorismo, atentados contra la seguridad del transporte público y contra la seguridad de los servicios médicos. “La denuncia en contra de Mario Argollo, Vicente Salazar, Vegamonte y el senador Nilton Condori ha sido debidamente admitida”, dijo el jurista e indicó que el investigador para el caso ya fue sorteado y están a la espera de que se emitan las citaciones para las declaraciones. Asimismo, el abogado agregó que el delito de terrorismo contempla una sanción de entre 10 y 15 años de cárcel. Además, señaló que el denunciante es el diputado Edgar Zegarra y que la Fiscalía convocará al legislador para prestar su declaración dentro de la investigación. “Una vez que declare, la Fiscalía va a tomar las medidas necesarias para que puedan asumir defensa, ya sea con detención preventiva o en libertad”, indicó. El jurista manifestó que el pueblo paceño no puede ser nuevamente “secuestrado” por los dirigentes. Afirmó que actualmente el país está sufriendo una crisis debido a los 53 dias de bloqueo y dijo que las actitudes de los representantes de los sectores sociales no contribuyen, sino perjudica al desarrollo. (URGENTE.BO)

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Alcaldía de El Alto llama a familia de bebé abandonado y exhorta a la madre a reflexionar

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) llama a la familia ampliada de un bebé de un mes de nacido, reportado como abandonado en la zona Playa Verde del Distrito 7, para asumir su cuidado y protección. El secretario municipal de Desarrollo Humano Social Integral, Israel Fernández, informó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia activó el seguimiento del caso. La autoridad también exhortó a la madre del recién nacido a reflexionar y acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que el menor pueda ser acogido nuevamente en el seno familiar, priorizando su bienestar y el respeto de sus derechos. En lo que va del año sería el tercer caso de abandono y o extravío de infantes, se llama a la población ayudar al bebé recién nacido Gabriel Quinteros dando con el paradero de sus familiares. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA POPULAR

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ACASAD

El Alto reporta dos muertos y 14 heridos en accidentes de tránsito durante el fin de semana pasado

Tres hechos de tránsito registrados durante el fin de semana en El Alto y el sector de Tambillo dejaron un saldo de dos personas fallecidas y 14 heridas. El caso de mayor magnitud ocurrió en la carretera a Laja, a la altura de Tambillo, donde una colisión frontal seguida del choque contra un vehículo detenido provocó 13 personas lesionadas, informó la directora de Tránsito de El Alto, coronel Janet Montecinos. El sábado, en la zona Tarapacá del Distrito 8 de El Alto, un peatón de 45 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. En otro hecho el domingo por la noche en camino a Viacha y avenida Estructurante, un motorizado embistió a una madre y su hija; la mujer falleció a consecuencia del impacto, mientras que la menor permanece internada en el Centro de Trauma Hospital Corazón de Jesús recibiendo atención médica. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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bbvd

Retención de contenedores por sospechas de narcotráfico afectó al 66% de las exportaciones de madera; piden que la Fiscalía chilena se disculpe

La Cámara de Exportadores de La Paz (Camex) afirmó que el 66% de las exportaciones bolivianas de madera correspondientes al segundo trimestre de este año fueron afectadas por la retención de contenedores en puertos chilenos, debido a sospechas de narcotráfico. La situación se arrastra desde octubre de 2025. El gerente general de la institución, Mario Rojas, cuestionó las declaraciones de la Fiscalía chilena que vincularon cargamentos de madera boliviana con el hallazgo de más de 100 toneladas de droga. Calificó estas afirmaciones de «temerarias» y aseguró que afectaron la imagen y reputación de empresas bolivianas con amplia trayectoria exportadora hacia Europa, Asia y Estados Unidos. Rojas pidió al Gobierno boliviano y a la Cancillería conformar una comisión conjunta con autoridades chilenas para esclarecer el caso y determinar responsabilidades. Explicó que las empresas del sector enfrentan elevados costos por almacenaje, alquiler de contenedores y demoras en el traslado de sus productos. Sin embargo, señaló que el principal perjuicio es el daño a la reputación de la industria maderera boliviana. El representante destacó que el sector cumple con las normas internacionales de manejo sostenible de los bosques y exigió una disculpa pública de la Fiscalía chilena por las acusaciones realizadas. Asimismo, sostuvo que en países como Estados Unidos, cuando una carga es retenida por sospechas y posteriormente se confirma que no existe ninguna irregularidad, las autoridades asumen los costos ocasionados por las demoras, una medida que, según dijo, debería considerarse en este caso. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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rus

Fiscalía abre cuatro casos por reclutamiento de bolivianos para la guerra en Rusia

Este lunes, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público investiga cuatro casos de presunta trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos, un delito tipificado en el artículo 281 bis del Código Penal. Las investigaciones se iniciaron tras denuncias relacionadas con ciudadanos bolivianos que habrían sido captados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. «Los hechos los hemos denominado como ‘caso Rusia’«, indicó. El fiscal explicó que el primer caso fue abierto el 20 de mayo en el departamento de Santa Cruz por el citado delito. Posteriormente, el 14 de julio, la Fiscalía inició una segunda investigación, también en Santa Cruz, en la que se identificó inicialmente a seis presuntas víctimas. Durante las investigaciones de este segundo caso, surgieron nuevos antecedentes en el municipio de Portachuelo, en la provincia Sara, donde se detectó que un grupo familiar eran los «reclutadores» de estos ciudadanos.  «Se arresta a cuatro personas que en un entorno familiar (…) Fruto de ello se imputan a tres personas por el delito antes mencionado tipificado en el artículo 281 bis del Código Penal (trata de seres humanos) y de esas tres personas es que se obtiene la detención preventiva en una cárcel pública», explicó Mariaca.  Asimismo, indicó que la comisión de fiscales emitió diferentes requerimientos investigativos que actualmente son ejecutados por la Policía Boliviana para continuar el esclarecimiento del caso. Mariaca informó que el tercer caso fue abierto el 17 de julio en Tarija, a partir de una denuncia presentada por una institución, luego de que una autoridad nacional informara sobre un posible hecho similar en ese departamento. «Esa denuncia está en etapa preliminar, se está investigando, se va a llevar a declarar a diferentes personas para poder esclarecer el presente hecho», indicó.  Por último, el cuarto caso se reportó en Riberalta, Beni. Fue abierto el 18 de julio, según Mariaca. El fiscal señaló que tras un informe de la Policía Bolivia, 15 personas habrían sido víctimas de esta red.  «Hoy se encuentra en plena etapa investigativa, etapa preliminar en la cual se están realizando diferentes diligencias y estamos también activando mecanismos de ayuda internacional y estamos también activando lo que viene a ser la Redtram, donde habla netamente del tema de trata y tráfico de personas», finalizó.  (EL DEBER)

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Comandante de la Policía declara por fugas en las cárceles de Chonchocoro y Qalauma

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, prestó su declaración informativa en calidad de testigo dentro de la investigación por los delitos de evasión y otros, relacionados con la fuga de dos privados de libertad de nacionalidad brasileña con antecedentes por sicariato y delitos graves del recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro el 17 de diciembre y un tercero de 25 años del Centro de Reinserción Social para Jóvenes de Qalauma, el 28 de diciembre de 2025. Ambos casos corresponden a procesos iniciado por el Ministerio Público contra dos efectivos policiales a cargo de la seguridad que buscan establecer posibles responsabilidades por las evaciones registradas en recintos penitenciarios. En la oportunidad la autoridad policial informó que en tanto también se indaga el fallecimiento de un privado de libertad en el penal de Chonchocoro el pasado domingo 19 de julio, mismo que hacía uso de un arma de fuego poniendo en riesgo la vida de privados de libertad, según informe de Régimen Penitenciario. Asimismo, señaló que un oficial de la Policía también brinda su declaración informativa como parte de las investigaciones, Sokol remarcó que las indagaciones continúan con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho que dejó un otró privado de libertad herido y establecer las responsabilidades que correspondan, en coordinación con las instancias competentes. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Concejo Municipal de El Alto pide mayor control en Chonchocoro tras muerte de un privado de libertad

La muerte de un privado de libertad y otro interno herido durante el fin de semana en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro reavivó la preocupación por la situación en las cárceles del país. Desde el Concejo Municipal de El Alto solicitaron al Gobierno central reforzar los controles y garantizar una mayor presencia del Estado en los recintos penitenciarios. El vicepresidente del Legislativo alteño, Omar Acarapi, advirtió que el hacinamiento, la escasez de efectivos policiales y los hechos de violencia reflejan las deficiencias del sistema penitenciario. La autoridad, junto a la presidenta de Derechos Humanos Regional Provincial La Paz, Rosalía Churqui, instó a implementar medidas urgentes para mejorar la seguridad, preservar la vida de los internos y evitar nuevos episodios de violencia en las cárceles bolivianas. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA POPULAR

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AJAM denuncia suplantación de funcionarios en La Asunta y anuncia acciones legales

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) alertó a la población sobre la presencia de personas que se hicieron pasar por funcionarios de la institución en el municipio de La Asunta, La Paz y anuncia acciones legales para esclarecer los hechos. Según reportes preliminares, el presidente de la Urbanización Los Tajibos, Roger Wilmer Reyes Ortiz, y el secretario general de La Asunta, Andrés Callancho Mamani, presuntamente habrían participado en la contratación de personas ajenas a la AJAM, quienes se presentaron como funcionarios de la institución para efectuar una inspección durante la pasada semana. «Estas acciones tendrían como aparente finalidad generar denuncias presuntamente falsas y ejercer presión sobre terceros». La entidad aclaró que no autorizó ni ejecutó ninguna comisión, inspección u operativo en esa zona. Todo servidor público de la institución desarrolla sus funciones debidamente acreditado y en el marco de procedimientos oficiales. En consecuencia, cualquier persona que invoque representación institucional sin autorización actúa al margen de la ley«, se lee en el comunicado de la entidad. La entidad solicitó a la población no dejarse sorprender y denunciar ante las autoridades competentes cualquier caso de suplantación de identidad institucional o uso indebido del nombre de la AJAM. Ante esa situación, se solicitó a las autoridades competentes investigar los hechos con celeridad, identificar a los presuntos responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente. Pobladores de La Asunta advirtieron la presencia de personas sospechosas y procedieron a identificarlas. Entre ellas se encontraban Johnny Balderrama Rojas y Gregorio Laura Landaeta, señalados como miembros del Ejército Boliviano. Además, se conoció que estaban acompañados por otros individuos y que disponían de vehículos para su desplazamiento. AJAM

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Justicia envía a la cárcel a reclutadores de bolivianos para la guerra

Un juez dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos que eran enviados a Rusia, país que mantiene un conflicto bélico con Ucrania. Los imputados son el hermano, el hijo y el exyerno de Amador M., señalado como el principal sospechoso y presunto cabecilla de la organización. De acuerdo con la investigación, la red captaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo relacionadas con el rubro de la construcción, pero posteriormente estos eran enviados al frente de batalla, según informó Unitel. La Fiscalía fundamentó la medida cautelar al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, dentro del proceso abierto por el delito de trata y tráfico de personas. Los tres investigados fueron aprehendidos la noche del 16 de julio durante allanamientos, en los que las autoridades encontraron más de 50 pasaportes en su poder. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que sus clientes «solo eran tramitadores» y negó que integraran una organización dedicada al reclutamiento de personas. Entretanto, las investigaciones continúan para establecer el alcance de la presunta red y dar con el paradero de Amador M., quien permanece prófugo y es identificado por el Ministerio Público como el principal investigado y supuesto líder de la organización. MUERTES Familiares denunciaron el fallecimiento de dos jóvenes cruceños en combate, identificados como José María Soleto (29 años) e Iván Valdivia (28 años). Ambos viajaron en abril engañados por una oferta de construcción y pintura. El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que se estima que alrededor de 16 compatriotas estarían en la zona del conflicto. “Son datos que estamos por confirmar, de acuerdo a la reunión con los familiares, hay aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos que se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca, en entrevista con Btv. La autoridad aclaró que no se trata de un dato oficial y explicó que la información surgió a partir de las denuncias presentadas por los familiares. Los reclutadores captaban a las víctimas prometiendo un pago inicial de 16.000 dólares. Sin embargo, los reportes diplomáticos detallan que en Rusia se ofrecen contratos falsificados con seguros de vida de hasta 500.000 dólares y sueldos mensuales de 7.000 dólares para enviarlos a primera línea. El vicecanciller Carlos Paz y el viceministerio consular coordinan directamente con la Embajada en Moscú. Han enviado solicitudes formales de información al Gobierno de Rusia debido al «hermetismo y silencio» mostrado por las autoridades de ese país. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, junto a la Unidad de Asuntos Internacionales, amplió las solicitudes de información a Perú, Colombia y Venezuela para desmantelar lo que se presume es una red de trata transnacional. La Asociación Boliviana de Derechos Humanos exigió formalmente al Gobierno boliviano elevar y denunciar este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) al tratarse de un delito de lesa humanidad (trata de personas para conflictos armados). El embajador de Rusia, Dmitry Vérchenko, emitió un comunicado descartando de manera «rotunda y categórica» cualquier vínculo de su delegación diplomática o de su Gobierno con los sistemas de reclutamiento ilegal en Bolivia y acusó a Ucrania por el caso. En tanto, el cónsul de Ucrania Heorhii Erman alertó públicamente que las fuerzas rusas usan de manera sistemática contratos laborales fraudulentos para atraer a civiles extranjeros de forma ilegal a su ejército Según un análisis de RTP Mundo, el mercenarismo y el uso de combatientes extranjeros se ha convertido en un rasgo sistémico y estructural tanto en Rusia como en Ucrania, con marcadas diferencias. El conflicto Rusia-Ucrania superó a la Segunda Guerra Mundial en Europa en duración continua (más de 4 años y 4 meses desde 2022) y en generar el mayor éxodo de refugiados con 15 millones de personas. El estilo de combate revivió las trincheras y el uso masivo de artillería pesada típicos de los años 40. Sin embargo, las muertes estimadas están muy lejos de los 70 millones de víctimas de la conflagración mundial. Es la guerra de desgaste más larga y destructiva registrada en el continente europeo desde 1945. RTP,El Deber, El Día, BTV

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Fiscalía acusa por cinco delitos a dirigente de la CSUTCB

La Fiscalía de La Paz amplió las investigaciones sobre los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio y ejecutó la aprehensión del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, quien fue puesto a disposición de una comisión de fiscales la noche del viernes. De acuerdo con el Ministerio Público, Quispe es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos tipificados en el Código Penal. La investigación sostiene que, en su condición de secretario ejecutivo de la CSUTCB, el dirigente habría convocado a ampliados y cabildos sindicales, además de emitir declaraciones públicas relacionadas con las medidas de presión durante el paro indefinido declarado por la Central Obrera Boliviana (COB) el 1 de mayo. Con esos elementos, la comisión de fiscales emitió un mandamiento fundamentado de aprehensión, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. La orden fue ejecutada la noche del viernes, y Quispe permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de la imputación formal y de las medidas cautelares correspondientes. El proceso está bajo control del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, dentro de una investigación impulsada por el Ministerio de Gobierno contra Quispe y otros dirigentes por la presunta organización y ejecución de los bloqueos. El fiscal departamental Luis Carlos Torrez informó que existen 114 procesos penales abiertos relacionados con los conflictos, en los que 335 personas figuran como investigadas. De ese total, 75 causas fueron iniciadas de oficio y 26 personas cumplen detención preventiva. Torrez aclaró que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no cuenta con orden de aprehensión dentro de estos procesos, aunque sí tiene un mandamiento pendiente por una causa anterior. ERBOL

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