Seguridad

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, criticó la situación judicial de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, al considerar que la cantidad de procesos en su contra y la prolongación de las investigaciones constituyen una “persecución inhumana”. La autoridad visitó a Parra en celdas policiales luego de que fue nuevamente aprehendida y detalló que, de los 161 procesos abiertos en el marco del caso Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra la exfuncionaria. “De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya. El defensor aclaró que no se trata de promover la impunidad, pero sostuvo que el sistema judicial debe evitar prolongar indefinidamente los procesos penales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas. Y el Estado está tomándose tanto tiempo para hacer una investigación”, afirmó. Según Callisaya, incluso la Fiscalía General del Estado reconoció retrasos en las investigaciones relacionadas con este caso. Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso por hechos ocurridos hace varios años y que el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses. La exdirectora del Fondo Indígena permaneció con detención preventiva entre 2015 y 2023, periodo en el que se denunció que estuvo privada de libertad por un tiempo que incluso superaba la pena máxima prevista para el delito que se le imputaba. “Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor. Callisaya también señaló que los procesos están distribuidos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro, lo que obliga a Parra a desplazarse constantemente junto a su defensa, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose. A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta, además de perjudicar al propio Estado, ya que mientras los casos no concluyan tampoco se pueden recuperar posibles daños económicos. El defensor pidió a la autoridad judicial que conocerá el nuevo caso considerar todos estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el proceso y realizando gestiones institucionales, sin descartar acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos. (CORREO DEL SUR)

El personal del Órgano Judicial percibe salarios más bajos en comparación con el Ejecutivo y el Legislativo, lo que refleja una desatención histórica por parte del Estado, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y ante esta situación planteó la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) como parte de las condiciones para una reforma que implique crear nuevos juzgados, contratar mayor personal y ejecutar reformas estructurales. “Nosotros, como Órgano Judicial, tenemos una escala salarial muy distante de la planilla maestra; nuestros sueldos son los más bajos de todas las instituciones del Estado. ¿Cómo podemos hablar de transformación de la justicia si ni siquiera nuestra planilla de haberes mensuales se equipara a lo que manejan el Ejecutivo y el Legislativo?”, cuestionó la autoridad judicial. Para el magistrado, esta situación evidencia que “la justicia ha sido desatendida por el Estado”. Por ello, busca revertir este escenario con un presupuesto adecuado que permita atender las necesidades de la población, incluyendo la construcción de nueva infraestructura judicial en regiones con alto crecimiento demográfico. El Órgano Judicial ha diseñado un paquete de cuatro proyectos de ley que serán entregados al Legislativo este jueves para su consideración y aprobación. Uno de los pilares de este paquete normativo es, precisamente, la asignación de un presupuesto equivalente al 5% del PGE. “No podremos crear más juzgados, incrementar el personal de apoyo ni descongestionar el sistema contratando auxiliares si no contamos con un presupuesto adecuado. Tampoco podremos construir las casas judiciales en las localidades que han crecido poblacionalmente. Por todo ello, vamos a insistir en la asignación de este porcentaje (5%)”, insistió Saucedo en declaraciones a la red Cadena A. El contenido y la justificación de estas iniciativas serán explicados a los legisladores este jueves. El presidente del TSJ espera que exista la voluntad política necesaria en la Asamblea Legislativa para dar curso a estas reformas. “Presentamos cuatro proyectos que constituyen la fase inicial de todo este proceso de transformación. Creemos que son iniciativas viables, pero su éxito depende de la practicidad y, obviamente, de que prime la voluntad política”, afirmó. Actualmente, la justicia boliviana atraviesa un momento crítico marcado por denuncias recurrentes de retardación de justicia, corrupción y cuestionamientos sobre su falta de independencia. VISIÓN 360

Joaquín Chuquimia, esposo de la exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra, expresó su preocupación tras la nueva aprehensión de su esposa y afirmó que teme que enfrente “el mismo final que Marco Antonio Aramayo”, en referencia al fallecido exdirector que enfrentó múltiples procesos judiciales y pasó por distintas cárceles del país. “Tal vez están esperando el mismo desenlace final de mi esposa como el de Marco Antonio Aramayo”, dijo en el noticiero Bolivia en Contacto por ERBOL. Chuquimia sostuvo que Parra enfrenta más de 180 procesos relacionados con su gestión y cuestionó que, tras más de una década, la justicia no haya demostrado su culpabilidad. Afirmó que su esposa ha sido sometida a múltiples causas por los mismos delitos. También denunció que la exdirectora ya pasó ocho años en detención preventiva y que los procesos continúan abiertos en distintos departamentos, lo que —según dijo— ha generado un fuerte desgaste económico y personal para su familia. En paralelo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una “excesiva” dilación judicial en los procesos seguidos contra Parra y advirtió vulneraciones al derecho al debido proceso y al plazo razonable. La investigación defensorial estableció que al menos 25 de los 55 procesos penales iniciados contra la exdirectora presentan irregularidades, con causas que permanecen abiertas por más de diez años y otras por más de cinco. Ante este escenario, la Defensoría pidió al Ministerio Público revisar los antecedentes del caso y garantizar que se respeten las garantías procesales de Parra, quien además es una mujer indígena adulta mayor y enfrenta el riesgo de nuevas vulneraciones a sus derechos. ERBOL

Dos personas están desaparecidas luego que una camioneta fue arrastrada por una avalancha de lodo, piedra  y palizada a la altura de la comunidad Las Lomas, del camino entre Tarija y Entre Ríos. El jefe provincial de la Policía de Entre Ríos, Freddy Enríquez, informó que hay personas desaparecidas por el derrumbe de magnitud que cayó desde el cerro aledaño. “Tenemos conocimiento que son dos personas que estaban a bordo de la camioneta que se constituía ayer hasta la ciudad de Tarija fue alcanzada por una cantidad de mazamorra de barro, piedras y troncos“, afirmó. Blanca Tórrez confirmó que ella fue testigo de la avalancha de barro que arrastró a la camioneta con dos personas hacia el río Santa Ana. Tórrez dijo que auxiliaron a un joven del lugar que sangraba por una herida en la cabeza y que se desconoce el paradero de las otras personas que empujaban la movilidad que se había plantado en ese lugar. El percance se produjo a unos metros del puente Santa Ana en la ruta que conecta a la localidad de Entre Ríos con la ciudad de Tarija. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dispuso el desplazamiento de dos maquinarias para realizar la limpieza del derrumbe para restablecer el tránsito de vehículos. EL DEBER

Las autoridades búscan a una mujer de 32 años acusada de presunto infanticidio en grado de tentativa contra sus tres hijos de 11, 5 y 4 años. El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo y actualmente los menores permanecen internados en el Hospital del Norte, donde reciben atención médica mientras se evalúa su estado de salud. De acuerdo con el informe de Cristhian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, el padre de los niños se encuentra a la espera de la recuperación de los infantes. Las autoridades activaron los mecanismos correspondientes para dar con el paradero de la progenitora, mientras continúa la investigación del caso. YENNY TICONA-RTP

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este viernes el despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde las plantas de almacenaje de Senkata, en El Alto, y Palmasola, en Santa Cruz, con resguardo de efectivos militares. Según la estatal, el volumen está destinado al abastecimiento de estaciones de servicio en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, detalló que del total programado, 3 millones de litros serán enviados a Santa Cruz y 2 millones a La Paz. “Tenemos producto y con este volumen aseguramos el suministro de este combustible que incorpora un paquete de aditivos que contribuirán a reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución”, manifestó. Mendoza agregó que desde la planta DISCAR SRL también se reforzó la distribución desde la 1 de la madrugada de este viernes. “Cuatro cisternas salen por hora con un volumen aproximado de 500.000 litros por hora”, indicó. La empresa estatal señaló que el aditivaje del combustible comenzó en varias plantas del país, entre ellas Senkata, Valle Hermoso, El Portillo, Oruro y Puerto Villarroel, con el objetivo de reforzar la calidad de la gasolina durante el almacenamiento y transporte. De acuerdo con YPFB, los antioxidantes incluidos en el combustible ayudan a evitar su degradación con el tiempo, mientras que los detergentes contribuyen a optimizar el sistema de combustión de los vehículos. Las plantas estratégicas de la petrolera estatal se encuentran bajo resguardo de efectivos de las Fuerzas Armadas, que acompañan la salida de los convoyes de cisternas para garantizar la seguridad en la cadena de distribución del combustible.  (ERBOL)

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó este viernes en la emisora local Radio Ñandutí, que tiene información de que el narcotraficante buscado por varios países, Sebastián Marset, se encuentra en Bolivia.  ¿Creés que Marset está en Bolivia? Fue la pregunta del presentador y la respuesta de este fue: “Sí, el último dato que tenemos de Marset es en Bolivia y tenemos registrado todo el movimientode su familia, que es de acá”, responde sin vueltas Riera, una afirmación que ya había hecho en octubre pasado. Además, expresó que “todo indica” que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su socio, Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, “están metidos” en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en una isla de Colombia. Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel. Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador. “Yo tengo mi convicción particular de que Insfrán y Marset están metidos en el tema de Pecci”, dijo Riera durante una entrevista con la emisora local Radio Ñandutí, en la que participó la periodista y viuda del asesinado fiscal, Claudia Aguilera. “Todo indica que es así, porque fue un tema planificado, con una estructura grande”, agregó el funcionario. Riera señaló hoy que Pecci, que dijo fue un hombre “valiente y casi temerario“, lideraba el equipo que investigaba a Marset e Insfran en el marco de la megacausa antidrogas ‘Operación a Ultranza Py’, la mayor en la historia del país. En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar “un mensaje” a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que según dijo continúa abierto. Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la Justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Europol e Interpol. Por su parte, Insfrán fue detenido en febrero de 2023 en Brasil, de donde llegó extraditado al país en mayo de ese año y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad de la localidad de Emboscada. EL DEBER

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó la noche del jueves sobre la destitución de dos autoridades debido a denuncias de corrupción, entre ellas Melissa Bress. La autoridad saliente descartó las acusaciones y anunció una demanda penal contra la ministra. “Estoy sorprendida por estas acusaciones irresponsables e imprudentes de la ministra de Salud al acusarme por supuestos hechos de corrupción”, cuestionó Bress, aclarando que fue designada como máxima autoridad de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS) en septiembre de 2025. Lee también: Desvinculan a directoras de la AISEM y la ASUSS por presuntos hechos de corrupción Flores acusó a Bress de realizar cobros a funcionarios para que permanecieran en sus cargos y expuso algunos comprobantes de los primeros meses de 2025, con aportes de hasta Bs 500. Bress aclaró que, dado que asumió el cargo en la ASUSS en septiembre, una vez que tuvo conocimiento de las denuncias contra su predecesora, las presentó ante la Unidad de Transparencia y ante la propia ministra Flores. “Voy a realizar las denuncias penales correspondientes contra la ministra de Salud por declaraciones que han afectado mi honra y mi dignidad profesional. Voy a denunciarla por acoso político”, afirmó. VISIÓN 360

Las autoridades policiales instan a la ciudadanía a realizar la entrega voluntaria de los billetes recolectados en el sitio donde cayó una aeronave en El Alto. Hasta el momento, 30 ciudadanos acudieron a las oficinas del Banco Central de Bolivia (BCB) para depositar este dinero de forma espontánea. Los reportes oficiales confirman que la institución no ejercerá acciones legales ni castigos contra quienes decidan devolver estos activos. Javier Salgueiro, subcomandante de la Policía de La Paz, detalló que el total recuperado asciende a 160 piezas monetarias en denominaciones de 10 y 20 bolivianos. El jefe policial reiteró el llamado para que cualquier persona que posea estos ejemplares los deposite de inmediato en el ente emisor. Esta medida busca centralizar los recursos que quedaron dispersos tras el siniestro ocurrido a inicios de semana. Es fundamental recalcar que estos billetes carecen de validez legal para su uso en el mercado nacional. La institución del orden advierte que el panorama jurídico de los poseedores podría cambiar si intentan emplear el efectivo en compras o depósitos bancarios. Por ello, la entrega voluntaria representa la única vía para evitar posibles conflictos con la justicia por el uso de papel moneda sin valor de circulación. (LA PRENSA)

Productores de coca afines al expresidente Evo Morales instalaron vigilias en el Chapare tras el ingreso de autoridades del Ministerio de Gobierno, que llegaron a la región para iniciar tareas de erradicación de coca excedentaria. Aseguran que el objetivo real es aprehender al exmandatario y que se movilizan para defenderlo. El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo informó que la presencia de autoridades en la zona no busca “reprimir” ni utilizar la “fuerza”, sino dialogar con los productores y frenar la expansión de cultivos excedentarios, según un reporte de El Deber. Los productores afiliados a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba instalaron puntos de vigilia en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz y advirtieron que no permitirán la intervención de las fuerzas del orden. Sostienen que el objetivo gubernamental es capturar a Morales. “Las organizaciones sociales no vamos a permitir ninguna intervención militar ni policial ni la ejecución del denominado plan Z del gobierno, que pretende aprehender de manera ilegal al hermano Evo Morales”, sostuvo el ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas Isidro Auca, a Radio Kawsachun Coca (RKC).  Vigilias en la carretera La dirigente de la Federación Trópico Wilma Colque indicó que las vigilias se instalaron a la medianoche en distintos puntos de la carretera dentro del trópico. “(Quieren) realizar montajes y culpar a autoridades alrededor del hermano Evo Morales, y mediante eso inculparlo porque no saben cómo detenerlo”, dijo Colque a RKC. El dirigente de la Federación Carrasco Tropical Efraín Seña afirmó que existe un acuerdo con el gobierno para hacer respetar la Ley General de la Hoja de Coca. “Si respetan nadie va a fregar hermanos. ¿Quién tiene suficiente tiempo como para estar ahí protestando?, Nadie”. Seña sostuvo que la presencia de este sector en las carreteras no busca oponerse al gobierno, “más al contrario, estamos haciendo conocer que hay un pleno acuerdo”. Morales permanece en el trópico de Cochabamba desde noviembre de 2024 para evitar la ejecución de un mandamiento de aprehensión en su contra dentro de un proceso por trata y tráfico de personas. (BRÚJULA DIGITAL)