Seguridad

El Comité pro Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el que expresa su alarma por la creciente inseguridad y los recientes hechos de violencia en la capital cruceña, tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. La institución cívica advirtió que el sicariato ya no es un fenómeno aislado ni externo, sino una amenaza instalada en el corazón de Santa Cruz de la Sierra. “Estamos ante una crisis sin precedentes que ha perforado el corazón de nuestra ciudad. El sicariato ha dejado de ser una noticia de portada de otros países como Colombia, México, o de nuestra frontera para instalarse en el corazón de Santa Cruz de la Sierra”, dice su comunicado. El pasado jueves por la noche, Claure fue asesinado en un barrio de la ciudad cruceña tras ser interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. En la presente jornada también se registró un violento ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en la zona del cuarto anillo y canal Isuto. Asimismo, el pasado fin de semana se reportaron otros hechos violentos con víctimas fatales en esta urbe. El Comité sostiene que estos hechos evidencian la presencia de mafias organizadas, vinculadas tanto al narcotráfico como al control de tierras, que, según indican, operan con impunidad ante la debilidad del sistema de justicia. “No es un hecho aislado: es la prueba de que las mafias organizadas, sean del narcotráfico o de la tierra, ya no le tiene miedo a la justicia”, resaltó. Asimismo, el Comité cruceño cuestionó la actuación de las autoridades nacionales, apuntando al Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía por una supuesta pasividad frente a la criminalidad. “Su pasividad es nuestra condena”, señala el texto. Entre sus demandas, plantean la necesidad de reforzar las instituciones y proponen la creación de una Guardia Departamental con capacidad de vigilancia, ante lo que consideran una ausencia de respuesta efectiva del Estado central. “Les exigimos que purguen sus filas y desarticulen a las mafias antes de que el pueblo declare su incapacidad absoluta. La seguridad de las familias de Santa Cruz está primero”, finalizó. (URGENTE.BO)

La ciudad fronteriza de Bermejo se encuentra en estado de alerta tras registrarse un violento hecho de sangre la noche del pasado viernes. Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado ejecutado por sicarios. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00, en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay. Según los informes preliminares citados por medios locales, desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego de manera directa antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. El fiscal de materia, Carlos Franz Laime, informó que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala, los cuales provocaron su deceso de forma instantánea en el lugar de los hechos. Tras el reporte del tiroteo, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento legal del cadáver. El cuerpo fue remitido a la morgue del hospital Virgen de Chaguaya. Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia de ley para determinar con precisión la cantidad de disparos y las causas exactas de la muerte. El Comando de Frontera de la Policía desplegó operativos de rastrillaje en la zona y puntos estratégicos de la frontera con Argentina para dar con el paradero de los autores materiales del crimen. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, mientras las autoridades recolectan testimonios y analizan cámaras de seguridad cercanas para identificar la motocicleta utilizada en el atentado. (CORREO DEL SUR)

El presidente Rodrigo Paz se solidarizó con la familia del magistrado asesinado, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz y pidió a la población esperar los resultados de la investigación antes de emitir conclusiones o especulaciones sobre el hecho. “Toda la solidaridad con la familia, pero ahí pediría un respeto de investigación. (…) Pedí, por favor, todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación. La verdad siempre es un instrumento transformador y la especulación nos hace mucho daño a los bolivianos. Entonces, (…) veamos cuáles son los resultados de la investigación”, expresó el mandatario. La noche del jueves el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en Santa Cruz. El Ministerio Público confirmó que recibió cuatro impactos de bala, mientras la Policía apunta a un posible conflicto por tierras como una de las hipótesis del caso. Paz afirmó que ya se instruyó a las instancias correspondientes para garantizar el desarrollo del proceso investigativo, señalando que se deben dar todas las condiciones al sistema judicial para esclarecer el crimen ocurrido recientemente. Por otro lado, el mandatario señaló que existe una “inseguridad sobre la realidad del país” y acusó que durante los últimos 20 años se habrían establecido vínculos entre el poder político, la corrupción y las mafias. Sostuvo que su gestión enfrenta un costo alto al intentar combatir estas prácticas, y que ya se están procesando exautoridades señaladas por presuntos daños al Estado. ERBOL

La Dirección Departamental de Tránsito en Oruro confirmó el fallecimiento de nueve personas y el saldo de 22 heridos tras el accidente registrado la madrugada de este miércoles en la carretera internacional Oruro-Pisiga, cerca de Villa Challacollo. El director departamental de Tránsito de Oruro, Nandy Torrico, informó que se presume que el hecho se debería a exceso de velocidad y cansancio del conductor. “El conductor tiene 24 años de edad y realizada la prueba de alcohol en sangre dio como resultado cero, no sancionable. Él se encuentra con Tec (trauma encéfalo craneano) moderado en un centro médico”, aseveró el jefe policial, en contacto con Bolivia Tv. De acuerdo al reporte policial, el bus tuvo un vuelco de lado izquierdo fuera de la carretera. El vehículo tiene placa chilena HBZC-57, pertenece a la empresa Puma Tours y tenía como destino el departamento de Oruro. Torrico indicó que entre las personas fallecidas existe un bebé recién nacido, quien murió en cuanto llegó al hospital. Quienes perdieron la vida ya fueron trasladados hasta la morgue del departamento. En el caso de los heridos, fueron internados en diferentes centros de salud: el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Santiago, Hospital Oruro y el Centro de Salud Toledo. (ABI)

A casi una década de haber estallado el caso Banco Unión, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz realizó este martes la apertura de juicio contra el principal acusado del desfalco Juan Pari Mamani y sus presuntos colaboradores. En la audiencia, se había solicitado someter a Pari a procedimiento abreviado con una sentencia de 14 años, pero el tribunal decidió rechazar ese pedido, bajo el argumento de que en el juicio podrían salir a la luz más elementos que podrían desvirtuar o agravar la situación del imputado. Pari fue trasladado desde el penal de El Abra de Cochabamba para el juicio. También el tribunal rechazó otras tres solicitudes de procedimiento abreviado que realizaron otros acusados. Según la investigación, Pari cometió el desfalco entre 2016 y 2017, cuando jefe de operaciones en las agencias Batallas y Achacachi del Banco Unión. Habría accedido al sistema sin autorización, simulando la transferencia hacia un cajero automático inexistente, logrando apropiarse de 37,6 millones de bolivianos. Habría intentado lavar el dinero con la compra de bienes inmuebles en varias zonas y vehículos de lujo. También habría financiado viajes, incluido el alquiler de aviones privados, y estableció varios negocios como de renta de autos, construcción, curtiembre, discoteca, canal de televisión, entre otros. El abogado de uno de los detenidos por el caso de Juan Pari, Eusebio Vera, estuvo en Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre el desfalco millonario al Banco Unión. En la oportunidad, explicó que, aunque no se ha logrado recuperar el total de los 37 millones de bolivianos robados, se han incautado varios bienes y vehículos, que serán monetizados una vez concluya el juicio. Los vehículos a los cuales me refiero están secuestrados y están incautados. Una vez que concluya el juicio, se procederá a monetizarlos para recuperar parte de la deuda”, explicó el abogado. Avances en la investigación Aunque aún no se dispone de una cifra exacta sobre cuánto dinero se ha recuperado, Vera destacó que se ha avanzado en el proceso de incautación de bienes de Juan Pari en diferentes ciudades, como La Paz y Cochabamba. “No tengo el dato exacto, pero se han incautado varios bienes y vehículos, lo cual será fundamental para la recuperación económica del banco”, indicó Vera. El juicio entra en cuarto intermedio El juicio, que se está llevando a cabo en contra de Juan Pari por el robo de 37 millones de bolivianos, entró en cuarto intermedio tras la presentación de varios incidentes y excepciones por parte de los acusados. La audiencia se reanudará el 18 de mayo para continuar con el análisis de las pruebas y las declaraciones de las partes involucradas. Declaraciones sobre el juicio Eusebio Vera también mencionó que la defensa sigue confiando que la defensa de Pari sea exonerado de los cargos, ya que, según el abogado, los errores cometidos por la Fiscalía durante la investigación han sido claros. La defensa está a la espera de la sentencia del juicio, con la esperanza de que el caso termine de forma favorable para Pari. ERBOL Y EJUTV

Un conscripto fue enviado con detención preventiva a la cárcel, mientras que otros cinco militares recibieron detención domiciliaria, en el marco de las investigaciones por la sustracción de armamento del Batallón “Independencia” de la Armada en el departamento de La Paz. Por este hecho se produjo la aprehensión de seis personas por el delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial. En la audiencia cautelar, la autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria para un teniente, un alférez, dos sargentos y uno de los conscriptos, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. El segundo conscripto fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, al ser considerado el principal implicado en la sustracción del armamento. De acuerdo con la investigación fiscal, la mayor parte del armamento robado fue hallado en un cementerio de la zona de Tilata. No obstante, aún falta ubicar un fusil AKT-56, dos pistolas y una cantidad de municiones. E Torrez detalló que las pesquisas evidenciaron fallas en la seguridad del recinto militar, entre ellas cámaras que no funcionaban y la ausencia de un muro perimetral completo, lo que habría facilitado el ingreso y salida de los implicados. Asimismo, se investiga la participación de ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al cuartel utilizando uniformes militares. Estas personas, según el informe fiscal, habrían aprovechado la inexperiencia de un conscripto para convencerlo de que eran relevos y se retire del lugar. ERBOL

La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, y su pareja Jhonatan Figueroa Meneses, conocido como el ‘Ken boliviano‘, formalizaron este martes la denuncia por el robo perpetrado en la casa de la autoridad edil durante el pasado fin de semana.  “Hoy se ha procedido a formalizar la denuncia presentada por el delito de robo agravado, la cual justamente está siendo oficializada de manera específica por la alcaldesa Eva Copa, acompañada de su señor pareja”, informó Frank Campero, abogado de la autoridad municipal, en una conferencia de prensa. Agregó que, además, solicitaron la declaratoria de la reserva de este caso “por todo el morbo” que ha generado esta noticia, que inicialmente fue filtrada a medios de información con el envío de fotografías de lo ocurrido. “Nosotros hemos solicitado de manera específica y esperemos que, en horas de la tarde, ya tengamos esta reserva para evitar ese morbo, que justamente generan las redes sociales y la misma población, con datos totalmente inexactos, que llaman a la conversación e inclusive a la burla. Esperemos que a estas personas no les pase jamás (un robo)”, dijo. El pasado domingo 26 de abril se conoció, de manera preliminar, que delincuentes ingresaron un día antes a la casa de Copa en El Alto y que sustrajeron más de medio millón de bolivianos, además de 17.000 dólares, joyas, relojes de colección y equipos tecnológicos. El lunes, en medio de una ola de especulaciones, Copa rompió en llanto en una entrevista, aseguró que se manejan datos que no son reales y que las cosas que robaron no eran solo de ella.  El mismo día, el fiscal Marco Antonio Araníbar reveló que “la víctima principal” es Jonathan Figueroa, “quien refiere ser el propietario de la caja fuerte y también de otros objetos, como relojes de colección”. Este martes, el abogado de Copa fue consultado si se puede establecer la cantidad real del dinero robado y sólo se limitó a decir que “el tema de montos va a depender del resultado de la investigación”. “No vamos a entrar de manera específica a detallar elementos totalmente subjetivos con el tema de montos, con el tema de los objetos, eso se determinará de manera específica y objetiva dentro de la investigación”, afirmó. (EL DEBER)

Un bus de la empresa Narváez se embarrancó aproximadamente 200 metros en la comunidad de Tojo, en la carretera Tarija-Villazón, dejando como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y varios heridos. El accidente se registró cerca de las 03.00 de este martes. El hecho movilizó a equipos de emergencia para rescatar a los sobrevivientes y evacuarlos hasta centros de salud para su atención médica. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo había salido la noche anterior desde Tarija con destino a Villazón. La Policía Boliviana inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro. Fueron tres varones y una mujer quienes perdieron la vida, indicó el medio televisivo. Pasado el mediodía, el equipo de Bomberos de la Policía llegó hasta la morgue con tres personas fallecidas en el accidente, informaron medios locales. Los familiares denunciaron que la flota no cuenta con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) e indicaron que tratan de cubrir con sus recursos todos los gastos médicos; sin embargo, exigen a la empresa hacerse cargo de los mismos. “Tuvimos que salir arañando la tierra hasta la carretera con los heridos, con esa adrenalina del momento hemos logrado salir, nos hemos olvidado de todo”, relató uno de los heridos del accidente que fue derivado al Hospital Regional San Juan de Dios, en contacto con el portal Actualizando Tarija. (ABI)

La carga de Bs 17,5 millones, en cortes de billetes de 10, 20 y 50 bolivianos, de la Serie B, que se perdió en el accidente del avión Hércules FAB 81 el pasado 27 de febrero, fue declarada como material de imprenta y no como dinero válido. Así lo hizo conocer el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, ante la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados. “Y quiero hacer una aclaración. Nosotros (TAB) no hemos transportado divisas y el glosario de la carga dice simplemente material impreso. Ustedes comprenden, y ha habido una larga discusión sobre esto, que esos billetes, entre comillas, no tenían valor legal. Esos billetes adquieren un valor legal una vez que llegan al Banco Central de Bolivia (BCB)”, afirmó Salinas el 22 de abril ante los diputados de dicha Comisión. El avión, que se estrelló a las 18:00 de ese viernes, en la parte trasera del Aeropuerto Internacional de El Alto, prestaba servicio a nombre de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), a la empresa “ACC Agentes Generales de Carga Bolivia SRL”, contratada por los fabricantes de billetes, impresos en Malta, a pedido del BCB. Serie B Ese 27 de febrero, luego de que el avión se estrellara por razones aún no esclarecidas, centenares de personas se aglomeraron alrededor de los restos del avión, y comenzaron a saquear los fajos de dinero que quedaron esparcidos entre el lodo y el granizo. El nuevo lote de billetes, de la Serie B, tenía el fin de reemplazar las divisas nacionales que ya estaban muy desgastadas. Solo minutos después del accidente, David Espinoza, presidente del BCB se pronunció y aseguró que dichos billetes no tenían valor legal, porque no fueron validados en la entidad. En ese sentido, pedía que toda persona que estaba en posesión del material lo devolviera. Entre tanto, contingentes militares y policiales llegaron al lugar del accidente para resguardar lo que quedaba del cargamento, ante la creciente violencia con la que avanzaba la gente, jóvenes en su mayoría, adultos, niños, mujeres, personas de la tercera edad, todos con la intención de llevarse parte del dinero. Violencia y quemazón Mientras tanto, con el paso de las horas, la gente corroboró que los billetes sí tenían todos los elementos de seguridad y podían ser usados para cualquier transacción. Esa misma noche, en varias zonas de El Alto el dinero fue usado para diferentes compras en diferentes rubros, lo que generó un mayor descontrol. En una medida desesperada, porque los más de mil efectivos militares y los efectivos de la Policía Boliviana estaban a punto de ser rebasados por la multitud, los responsables del BCB, con aval de la Presidencia, ordenaron quemar los billetes que aún estaban en el avión. Ante la circulación de los billetes del accidente, al día siguiente, el Gobierno emitió un nuevo comunicado, en que dispuso anular toda la Serie B. La medida generó nuevos reclamos, al verificar que existían miles de billetes de esa serie, legalmente obtenidos por la población, y que circulaban e incluso los cajeros automáticos emitían dicha denominación. Finalmente, el BCB levantó la medida y puso en funcionamiento, en su página web oficial, el Verificador de Número de Serie, una herramienta digital destinada a que la población compruebe si un billete de Bs 10, Bs 20 o Bs 50 de la Serie B se encuentra dentro de los rangos declarados sin valor legal. Hasta la fecha se desconoce cuánto de los 17,5 millones de billetes se quemaron, cuántos fueron sustraídos y cuantos fueron rescatados por militares, fiscales y policías, quienes esa noche incluso usaron ambulancias para extraer el material que se logró rescatar del interior del avión siniestrado. En el informe ante la Comisión, el ministro Salinas dijo desconocer quién dio la orden de quemar los billetes, pero afirmó que ese mismo día, el avión había realizado dos vuelos, antes de estrellarse. Pero, además, aseguró que no se aplicó ninguna cadena de custodia, por el hecho de que la carga fue declarada como material de imprenta. El seguro En otra parte del informe, solicitado por el diputado Rafael López, de Libre, se mencionó que el seguro de la Empresa Fortaleza tenía dispuesto $us 20 millones, además de haber realizado un reaseguro por accidentes, aunque no se detalló el monto total. De la misma forma, el ministro Siles informó que se registraron 23 fallecidos y 37 personas heridas, varias de las cuales viajaban en los 26 vehículos que el avión Hércules chocó al pasar a escasos metros de altura sobre la avenida Costanera. Salinas detalló que, de acuerdo al protocolo de la aseguradora, se haría una valuación de cada motorizado y se pagaría solo el monto estimado o se entregaría otro vehículo de similares características. Se conoce que 17 de los propietarios presentaron los documentos requeridos para el pago de ese seguro, pero otros seis tendrían problemas, pues no contarían con títulos de compra y venta, al ser vehículos indocumentados. Asimismo, se conoció que la aseguradora ya ejecutó parte del ese dinero, en el pago a hospitales donde fueron internados los heridos, así como los gastos por sepelios y entierros. Experiencia Al ser consultado sobre la capacidad de los pilotos y la tripulación, el ministro de Defensa detalló que estos contaban con las acreditaciones del Departamento Tercero del Comando de la Fuerza Aérea. En cuanto a su experiencia, Salinas mencionó que “el piloto cuenta con 2.400 horas de vuelo y casi 2.000 horas de vuelo en el avión. El copiloto con 841 horas de vuelo. El navegante con 1.775 horas de vuelo. El ingeniero de vuelo con 1.430 horas de vuelo, el maestro de carga con 130 horas de vuelo acumuladas en la aeronave y el maestro de carga, dos suboficiales, con 495 horas de vuelo. También había un maestro de carga, alumno que es teniente, que estaba iniciando sus horas de entrenamiento”. Flota inhabilitada El diputado López solicitó el detalle sobre el estado de las aeronaves del TAB, a lo que el ministro refirió que además de las aeronaves de esa empresa, en la FAB, que cuenta incluso con helicópteros,

Legisladores de diferentes fuerzas políticas advirtieron que el gobierno nacional enfrenta al menos tres frentes de conflicto activos, y pidieron acelerar el diálogo y la atención a las demandas sociales. Los problemas identificados son la escasez y mala calidad de los combustibles, las amenazas de la COB ante la falta de respuesta adecuada a su pliego petitorio y el creciente descontento del magisterio. En referencia al problema de la gasolina y el diésel, el diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Daniel Fernández señaló este viernes que la situación se ha agravado por la falta de respuestas oportunas. “Este problema ya se sale de control (…) se tiene que socializar y buscar mecanismos para subsanar”, afirmó, e indicó que desde hace varias semanas la población no recibe respuestas claras, por lo que consideró necesario que las autoridades agilicen soluciones en coordinación con los sectores movilizados. Por su parte, el diputado de Libre Reinaldo Seas sostuvo que la resolución de los conflictos dependerá de la predisposición de los ministros para negociar. “Va a depender mucho de la capacidad de cada uno de sus ministros para poder llegar a acuerdos”, señaló, e identificó como principales focos de tensión el pliego de la COB por incremento salarial, la crisis de combustible y las movilizaciones del magisterio. Asimismo, remarcó la necesidad de priorizar temas como infraestructura vial, salud y educación, en medio del impacto que generan los conflictos en la población. Ya el jueves, otros asambleístas compartieron su preocupación en torno a la coyuntura actual, y destacaron también estos frentes de conflicto. La diputada Julieta Jiménez (Unidad) se refirió al problema con los maestros: consideró justas sus demandas, pero también remarcó la difícil situación económica actual del país. “El magisterio sí tiene razón, pero algunos dirigentes tienen una línea del trotskismo muy extrema, también deberían ponerse la mano al pecho y ver que anteriores gobiernos nos han dejado en la calle”, sostuvo. En criterio de la senadora del PDC Ana Crispín, el conflicto más complejo en miras es el de la COB, que no acepta la negativa al incremento salarial. La asambleísta considera que el problema pudo haberse evitado si el gobierno no determinaba el incremento salarial en diciembre pasado. “Se está pagando los platos rotos de una ley que ha salido a destiempo. Ya es una costumbre que haya incremento de salarios cada 1 de mayo” señaló dando a entender que incrementar los sueldos nuevamente sería inviable. “Hay que dialogar para llegar a un entendimiento”, recomendó. A su turno, la Claudia Herbas, diputada de Alianza Popular, se refirió a los problemas por el combustible y a las demandas del magisterio. Sobre el primer punto se detuvo en el cambio del ministro de Hidrocarburos: “se puede observar nuevamente que el presidente Rodrigo Paz tarda en tomar decisiones: el señor (Mauricio) Medinaceli no tenía control de nada, se lavó las manos… fue una gestión irresponsable”. Luego enfatizó en la urgencia de dar soluciones: “el gobierno tiene que resolver el problema de la gasolina basura; del abastecimiento del diésel, que es una situación grave para los agricultores; pero, ante todo, debe dar un resarcimiento efectivo y real a todos los bolivianos que estamos gastando de nuestro bolsillo por los daños en los vehículos”. En cuando a las movilizaciones del magisterio, manifestó: “toda manifestación en las calles es porque las demandas no están siendo escuchadas, y eso pasa con los maestros: buscan que no se privatice la educación”. El magisterio urbano anunció que la próxima semana llegarán cientos de profesores de todo el país a La Paz, una vez que fracasaron las negociaciones con autoridades. El sector exige un incremento salarial acorde con la inflación de los últimos meses; incluso mayor al 20 % planteado por la COB, según declararon representantes en días pasados. Otra de sus demandas es “reajustar 4.000 ítems incompletos, que provienen de ítems reordenados”. Mientras tanto, dirigentes del transporte advirtieron con tomar decisiones radicales si no se normaliza el abastecimiento de diésel y gasolina. A ello se debe sumar otros sectores en apronte, como los mineros y la COB. BRÚJULA DIGITAL