Seguridad

Denuncian al exviceministro Jhonny Aguilera por presuntas torturas y organización criminal

El vicealmirante Juan Arnéz Salvador, a través de su abogado, Edgar Romero, se sumó a una denuncia que cursa en la Fiscalía contra el exviceministro Jhonny Aguilera por presuntos actos de tortura y organización criminal. El abogado Romero informó que estos hechos se conocieron en el marco del proceso que se sigue contra el excomandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Juan José Zúñiga. “Nos hemos apersonado a un caso abierto en la Fiscalía, producto de que en el juicio que se está ventilando contra el excomandante del Ejército, el general Zúñiga, se ha descubierto que los que están procesados han sido víctimas de tortura, allanamientos indebidos, presión psicológica, etc.”, indicó el jurista a Unitel. Agregó que esas acciones se habrían aplicado con la intención de que los investigados se autoincriminen en dicho caso. “Se ha descubierto, se ha abierto un caso. Y nosotros, a nombre del vicealmirante Juan Arnéz Salvador, nos hemos apersonado a ese caso”, detalló. El abogado pidió que el caso sea investigado por el delito de organización criminal, debido a que Aguilera tenía mando al interior del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. También exigió que se investiguen las denuncias por tortura y vejámenes. Romero detalló que la denuncia cursa únicamente contra Aguilera y precisó que las investigaciones determinarán si existen otros implicados. (ABI)

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El Ministerio Público emite una segunda imputación contra Mariaca y fija audiencia para este domingo

Además del caso de presunta protección al narcotráfico, el Ministerio Público emitió una segunda imputación contra el exfiscal general Roger Mariaca, con la que también pide su detención preventiva. Este segundo proceso es por el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación surge por el hallazgo de dinero oculto en una ambulancia que, según la imputación, salía del condominio donde vive Mariaca en Santa Cruz. Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de octubre, después de la captura de Mariaca. Entonces la Policía registró que una ambulancia ingresó al condominio supuestamente para socorrer a una persona, pero al salir se evidenció que estaba sacando fajos de dinero ocultos en sus compartimentos. Se contabilizó un monto de 3,5 millones de bolivianos y 10 mil dólares en el secuestro. Con base en ese hallazgo, el Ministerio Público sospecha que el dinero sería proveniente del tráfico de sustancias y que pretendía ser ocultado. En este caso están implicados tres sujetos que fueron encontrados en la ambulancia, pero también otro hombre quien fue aprehendido por retirar el sistema de grabación de cámaras de seguridad del condominio supuestamente para ocultar la extracción del dinero. Con esos elementos, la Fiscalía pidió que Mariaca cumpla detención preventiva en el penal de Cantumarca de Potosí, el mismo donde fue enviado por el primer caso de narcotráfico. Para el resto de imputados, se solicita la detención en diferentes penales de La Paz. La audiencia fue fijada para este domingo, según información extraoficial.

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Mariaca tenía  Bs 10.000 y $us 2.100 cuando fue capturado

El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca Montenegro, decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio durante la declaración que debía prestar en calidad de aprehendido dentro de la investigación que desarrollan la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas por los presuntos delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Mariaca compareció en La Paz ante el fiscal Juan Pablo Mazzone, acompañado por su abogado Rodrigo Demetrio Salmón del Río. Antes del interrogatorio, el representante del Ministerio Público le informó sobre los hechos investigados, su situación procesal, la documentación incorporada al cuaderno de investigaciones, los delitos atribuidos de manera preliminar y sus derechos constitucionales. “¿Usted desea prestar su declaración informativa policial?”, fue la primera pregunta formulada una vez expuesta la relación de los hechos y sus circunstancias. Mariaca respondió: “Me acojo al derecho constitucional del silencio”. Posteriormente, cuando se le preguntó si tenía algo que agregar, solicitó que se realicen los requerimientos correspondientes para verificar su domicilio y obtener información oficial sobre su situación personal.“Que se me hagan los requerimientos respectivos a objeto de la verificación de mi domicilio señalado, como así también al Sereci para mi descendencia, estado civil y al Rejap”, manifestó. El fiscal general declaró como domicilio el condominio Jardines del Norte, ubicado en inmediaciones de la avenida Banzer y octavo anillo de circunvalación, en Santa Cruz. La Fiscalía prevé imputarlo por los presuntos delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La imputación podría ser presentada este viernes por el fiscal Mazzone.   Las diligencias elaboradas por la comisión fiscal dirigida en La Paz por Mazzone señalan que, al momento de su aprehensión en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Mariaca fue sometido a una requisa personal. Entre sus pertenencias se encontró dinero en efectivo distribuido en sus bolsillos: Bs 10.000 y $us 2.100. También llevaba un teléfono iPhone 17 Pro Max, una tableta, lentes de trabajo, un reloj de pulso marca Bulova, una esclava, un pendiente de color dorado, documentos, una mochila y su anillo de matrimonio. La Fiscalía también recibió las declaraciones del fiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y de Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior de Sucre y exabogado de Evo Morales.  Uno de los elementos que la Fiscalía prevé incorporar para sustentar la imputación es un video en el que aparece Sebastián Marset hizo afirmaciones sobre Mariaca y otras personas. “Mariaca es mi amigo, conozco a Sonia y a Rubén Aparicio”, señala Marset. Aparicio también fue capturado. EL DEBER

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Jueza niega vínculo con Marset y cuestiona al Ministerio Público

La jueza Livia Alarcón habló con EL DEBER desde la clínica privada donde se encuentra internada desde el miércoles. La autoridad jurisdiccional dijo su verdad con relación a los casos de Sebastián Marset y su entorno, que se ventilaron en su juzgado. Aseguró que todos los actuados están apegados a la normativa vigente y que en realidad, hay que observar el trabajo del Ministerio Público. Asimismo, sostuvo estar presta a colaborar con las investigaciones del caso.  Contexto El despacho de la jueza Livia Alarcón fue intervenido el miércoles en la mañana, por el Consejo de la Magistratura, luego de abrirse una investigación en su contra tras ser captada, supuestamente, por cámaras de vigilancia, ingresando a la casa donde se refugiaba Sebastián Marset, horas antes de la captura del narcotraficante uruguayo. Tras las acusaciones, el Consejo de la Magistratura abrió una investigación de oficio, así lo confirmó a EL DEBER, el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo. Más tarde, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Carlos Spencer Arancibia, informó sobre los antecedentes disciplinarios de la jueza Livia Alarcón y solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolver con celeridad las acciones constitucionales que mantienen pendiente la ejecución de una sanción de destitución. Según explicó la autoridad, Alarcón fue destituida en primera instancia por un Tribunal Disciplinario del departamento de Oruro. Posteriormente, durante la gestión 2025, el Consejo de la Magistratura ratificó la determinación en segunda instancia. Sin embargo, la ejecución de la sanción quedó temporalmente suspendida a raíz de una medida cautelar dispuesta dentro de la jurisdicción constitucional, situación que impidió al Consejo de la Magistratura materializar la destitución. Su verdad Sin embargo, la jueza aseguró que el vehículo que se observa en las cámaras de seguridad saliendo del domicilio de Marset no es de ella. «(…) el auto blanco que sale de la casa del señor Marset el 13 de marzo, del que hablan las noticias, es un auto chino que está incautado y se lo llevaron a La Paz. La chica que sale de esa casa es la hermana del señor Sebastián Marset, la señorita Tatiana Marset. Autoridades, por favor, pueden hacer sus buenos oficios y empezar las investigaciones. No es ninguna autoridad jurisdiccional«, sostuvo Alarcón. Es más, aseguró que ese día ella estuvo en propio domicilio y pidió a las autoridades intervenir su teléfono celular para conocer la ubicación georeferrencial, así como también las cámaras de seguridad de su propia estancia.  «(…) no soy la juez que entró, pongo a disposición mi celular, tengo un montón de testigos, pero el testigo más idóneo es el teléfono celular. Georreferenciación de ubicación satelital, lo pongo a disposición. Y si se pudiera recuperar las cámaras de mi casa, de mi hogar, donde yo estaba ese día, ¿quién puede ayudarme? Pongo a disposición el DVR también de mi casa», puntualizó. Sobre los casos  En cuanto a las acusaciones de haber favorecido a la familia y miembros del clan de Sebastián Marset, la jueza admitió que llevó adelante casos del narcotraficante, pero que en ningún momento se lo favoreció. En su lugar, detalló las observaciones que hizo a los sobreseimientos presentados por el  Ministerio Público, tanto a favor de la hermana de Marset (Jimena Katherin Marset) como a otras nueve personas más en un mismo día. Con el cuadernillo procesal en la mano, la jueza desde la clínica comenzó a detallar cada uno de los sobreseimientos presentados por la Fiscalía a favor de los diferentes miembros del clan Marset, todos investigados por tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, aclaró que todos fueron observados, por no haber sido notificados y, actualmente, siguen así, por lo que carecen de peso legal.  «(…) como podemos observar dentro del proceso de tráfico de sustancias controladas, todas las personas han sido sobreseídas, casi todas han sido sobreseídas, y en algunos casos han sido rechazadas. Estas resoluciones han sido emitidas también por el Ministerio Público y no por el órgano judicial«, resaltó.  Subrayó que «el Órgano Judicial, a través de mi persona como juez y directora de este proceso, ha observado cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no se han cumplido los requisitos de notificación. Estas resoluciones pueden ser apelables y pueden ser ratificadas o revocadas por la autoridad fiscal departamental. Entonces, entre tanto, no nos llegue esa resolución, éstas siguen observadas en el mismo sentido y no están ejecutorias y, por ende, no tienen fuerza legal», manifestó. Sobre Katherin Marset Específicamente sobre el caso de la hermana de Marset que tenía sello rojo de Interpol y fue retenida en España. La jueza explicó que el Ministerio Público presentó el sobreseimiento de la causa, pero también fue observado por diversos motivos y argumentos legales citados por la misma juez. En esta oportunidad ratificó lo ya publicado por EL DEBER el 26 de abril de 2026, cuando se puso en evidencia que la hermana de padre y madre de Marset fue liberada en España por el sobreseimiento presentado por el Ministerio Público. «Los aspectos de la liberación lo explicará Interpol, como lo explicará el Ministerio Público. Sin embargo, nosotros no hemos emitido nada al respecto. Lo que sí, no voy a negar, es cierto y evidente y lo tengo acá: hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor Katherin Marset Cabrera», manifestó Alarcón. Agregó que «esta resolución fiscal de sobreseimiento a favor de esta persona (…) ha sido observado de manera oportuna. Entonces, hasta la fecha, incluso, este sobreseimiento a favor de esta persona ha sido observado y tiene tal calidad, ¿no? No está todavía ejecutoriado este requerimiento del Ministerio Público», concluyó EL DEBER

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Policía contabiliza Bs 3 millones y $us 10 mil en ambulancia ligada a Mariaca

Más de 3 millones 532 mil bolivianos y 10 mil dólares es la suma de dinero hallada en una ambulancia que fue interceptada en Santa Cruz, en un operativo realizado en horas de la madrugada de este jueves, 1 de octubre. El dinero supuestamente fue retirado de la vivienda del fiscal general aprehendido Roger Mariaca. El fiscal Daniel Ortuño indicó que una comisión de fiscales acompañó, junto a la Policía, el proceso de conteo del dinero hallado en la ambulancia, a fin de darle legalidad al procedimiento. «La cifra asciende a 3.532.100 bolivianos y 10 mil dólares, dinero que fue encontrado en poder de personas particulares en una ambulancia», recalcó el fiscal. Detalló que analizan si se abre un nuevo proceso en contra de las personas aprehendidas en la ambulancia o se adjunta a la investigación inicial abierta en La Paz, hecho que derivó a una serie de operativos y aprehensiones de representantes del Ministerio Público, los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos. «Vamos a analiza el contexto del hecho y calificar de manera provisional el delito. El elemento material inicial es el dinero hallado en poder de personas particulares y vamos a ver si tiene respaldo legal del dinero», aseguró. Ortuño agregó que, aún no tienen certeza de que la ambulancia salió del domicilio del fiscal aprehendido Róger Mariaca, pero que por informes verbales de la Policía, señalan tal aspecto. «Hay un proceso abierto en La Paz, se va hace un análisis si corresponde se remita o se abra un nuevo caso por este hecho descubierto en horas de la madrugada de este jueves, en la ciudad de Santa Cruz», dijo. Según el informe de la Policía, el vehículo de emergencia ingresó al condominio Jardines del Norte V, y ocultó el dinero en la ambulancia en al menos tres bolsones, el mismo que pretendía ser entregado a una mujer. La ambulancia fue interceptada en la Av. Virgen de Cotoca cuando se trasladaba a la vivienda de una mujer, de acuerdo con el informe de la Policía.  EL DEBER

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Gobierno acusa a Mariaca de ser cabecilla de organización criminal

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó al exfiscal del Estado, Roger Mariaca, de encabezar una organización criminal o «narcoestructura» al interior del Ministerio Público. “¿Por qué ha sido detenido Mariaca bajo una acción directa de la Policía Boliviana? Porque el delito que han cometido de esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente. Era una organización criminal que protegía participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas”, afirmó en conferencia de prensa. La autoridad afirmó que Mariaca está aprehendido por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y el tráfico ilícito de sustancias controladas y que se aprehendió a 14 personas. Dijo que entre los detenidos se encuentran personas que pretendían sacar «ingente» cantidad de dinero en una ambulancia de un condominio en Santa Cruz. Oviedo descartó que Mariaca sea extraditado y negó participación de la DEA en este operativo. Añadió que se buscan al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo. MRCM-RTP

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El Ministerio Público niega supuesta reunión entre el fiscal general Mariaca y Marset

El Ministerio Público, mediante un comunicado, desmintió este miércoles “de manera categórica” que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, hubiera sostenido una reunión con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Esta aclaración de la Fiscalía General del Estado surgió después que una periodista, mediante su programa, dijo que Mariaca se habría reunido con Marset 10 días antes de su extradición a Estados Unidos. “Ante la gravedad de esta afirmación que afecta el honor de una autoridad y por responsabilidad con la opinión pública, la Fiscalía General solicita a la periodista presentar las pruebas que respalden lo manifestado”, cita el documento.  Además, la Fiscalía señala que, en caso de que no se cuente con las pruebas, corresponderá una retractación pública por los mismos medios en los que se difundió la cuestionada versión. Este tipo de versiones surgen después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca. (EL DEBER)

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Tres mineros mueren tras un derrumbe en el Cerro Rico

Un derrumbe de proporciones registradas la noche del martes en la bocamina Mejora, perteneciente a la Cooperativa Minera 9 de Abril de Potosí, cobró la vida de al menos tres trabajadores, en un hecho marcado por la confusión, la resistencia inicial del sector y la falta de información oficial certera en las primeras. El gerente regional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Dennis Flores, informó al diario El Potosí que se reportó un accidente en la mencionada bocamina de la Cooperativa 9 de Abril. El funcionario indicó que efectivos de la Policía se trasladaron al lugar para investigar si el hecho se debió a un derrumbe oa la caída de un planchón que afectó a los operarios. Asimismo, señaló preliminarmente que algunos de los afectados habrían sido rescatados con vida, mientras se evaluaba el saldo de posibles víctimas fatales, un panorama que las horas posteriores confirmaron como fatal. De acuerdo con el reporte policial de la intervención, el llamado de auxilio ingresó cerca de las 23:00 del martes, alertando inicialmente sobre la existencia de Múltiples personas atrapadas tras el colapso estructural al interior del yacimiento, ubicado en la parte posterior del cerro histórico. Ante la gravedad del aviso, un contingente policial especializado compuesto por siete efectivos se desplazó de manera inmediata hasta el área de operaciones. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados chocaron con un primer obstáculo: los trabajadores apostados en el exterior del yacimiento les prohibieron el ingreso a la bocamina. Los rescatistas intentaron dialogar con los familiares de las víctimas y buscaron coordinar la intervención bajo protocolos de seguridad industrial. Para ello, exigieron la presencia de algún directivo o responsable de la cooperativa que autorizara el acceso y asignara a una guía con conocimiento de las complejas labores subterráneas. Ningún dirigente se presentó en el lugar. Ante el inminente riesgo para la vida de los propios uniformados y la falta de condiciones mínimas de seguridad, el equipo de rescate decidió no ingresar de manera autónoma a los túneles. El rescate Mientras los efectivos aguardaban en el exterior, fueron los propios compañeros de trabajo y trabajadores mineros quienes decidieron adentrarse en las galerías colapsadas por cuenta propia. Horas más tarde, los mineros lograron extraer los cuerpos sin vida de tres de sus compañeros. A su salida, la Policía procedió a verificar los restos, confirmando trágicamente que ninguno presentaba signos vitales. El escenario exterior se volvió hostil. En medio de un clima de profundas alteraciones, llanto e ira por parte de familiares y cooperativistas, los efectivos policiales se vieron imposibilitados de realizar el registro legal correspondiente y recabar los datos necesarios para establecer fehacientemente la identidad de los fallecidos. Aprovechando la confusión, los cuerpos fueron subidos a vehículos particulares y, de acuerdo con versiones de los propios parientes, trasladados hasta la sede de la misma cooperativa. Constatando que el perímetro había sido completamente abandonado por los mineros y los familiares, y sin garantías para continuar con las diligencias de ley, el contingente de rescate policial procedió a evacuar la zona a las 2:40 de la madrugada. Hasta el cierre del presente informe, las investigaciones conjuntas continúan abiertas para esclarecer las causas y circunstancias exactas que desencadenaron este nuevo luto en las entrañas del Cerro Rico de Potosí. (CORREO DEL SUR)

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Analista: «Fiscal Mariaca se reunió con Marset»

El analista Edwin Herrera afirmó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, se reunió con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset días antes de su aprehensión en Santa Cruz, y que esa presunta cita es la razón de fondo por la que Estados Unidos lo vetó y le revocó el ingreso a su territorio. Además, sostuvo que hay una coincidencia de discurso entre el vicepresidente Edmand Lara y la máxima autoridad del Ministerio Público. “Si a Cerimedo le han decomisado los celulares, hay mucha información ahí, y esa información la tiene la Fiscalía. ¿Cómo es que el vicepresidente también puede acceder a esta información?”, expresó el analista en RTPInforma. Aseguró que no ha visto un cambio radical en la Fiscalía. Expresó que la gente sufre por pedir justicia, mientras quienes tienen poder o dinero salen sobreseídos o enfrentan acusaciones débiles. Herrera reprochó la convocatoria de Lara para el 5 de octubre, donde se tratará el caso del fiscal Mariaca, “Es tiempo precioso para que Mariaca eventualmente pueda accionar todavía resortes dentro del Ministerio Público, perder evidencias, desconectar relaciones, advertir a personajes que podrían quedar involucrados«. El Departamento de Estado de EEUU revocó las visas de ingreso a 13 ciudadanos bolivianos y sus familiares, incluyendo a altas autoridades judiciales, un jefe policial y un empresario. Además, otros nueve ciudadanos fueron declarados inelegibles para obtener el visado. Al respecto, el vocero de Gobierno José Luis Gálvez afirmó que pedirán documentos a Estados Unidos y descartó que haya impericia del servicio de inteligencia de Bolivia. MRCM-RTP

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«La verdad nos hará libres», dice exministro tras levantarse su arraigo

«La verdad nos hará libres», expresó en un post el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli tras levantarse su arraigo dentro del proceso del caso «gasolina basura». A través de su cuenta oficial en redes sociales, el exministro publicó la mañana de este martes el mandamiento de “desarraigo” que ordenó el juez Luis Fernando García y que regía desde el 17 de agosto pasado. “Poco a poco”, fue el mensaje que acompañó la publicación de la exautoridad, quien el 28 de julio fue aprehendida por la investigación abierta en busca de los responsables de la importación del combustible de mala calidad que dañó miles de vehículos. La exautoridad fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía había pedido su detención preventiva, pero la justicia optó por concederle la detención domiciliaria. Medinaceli integró el gabinete del presidente Rodrigo Paz desde el 9 de noviembre de 2025, un día después de su posesión. Permaneció en el cargo hasta abril de este año, cuando fue destituida en medio de la crisis provocada por la comercialización de combustible de mala calidad. En su reemplazo fue posesionado Marcelo Blanco, en un acto en el que el jefe de Estado no hizo un reconocimiento público a la gestión de la exautoridad. En diferentes momentos, negó ser responsable de la crisis del combustible, porque sus funciones como ministra la ubican en la parte administrativa y no operativa, la cual es responsabilidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Actualmente, no se han dado mayores detalles del avance de la investigación, que tiene procesados a altos ejecutivos de la estatal petrolera, la mayoría con detención domiciliaria. VISIÓN 360

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