Seguridad

Un grave accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles en el sector de Alto Chijini, cuando un vehículo de carga colisionó contra una vivienda particular. El comandante departamental de Bomberos de La Paz, Javier Morales, informó que el motorizado impactó a un grupo de ciudadanos que permanecía en el lugar al momento del siniestro. Los equipos de rescate brindaron auxilio inmediato a los afectados en el punto de la colisión para su posterior traslado a un centro médico. El reporte oficial establece que tres menores de edad y un adulto sufrieron lesiones como consecuencia del choque. Personal de emergencias evacuó a las víctimas hacia el Hospital del Sur para que reciban la atención especializada necesaria. Hasta el momento, las autoridades descartan la existencia de víctimas fatales, aunque los daños materiales en la infraestructura del domicilio afectado resultan de consideración tras el fuerte contacto con el camión. El conductor del transporte pesado se encuentra bajo custodia en dependencias policiales tras confirmarse que su estado de salud es estable. Los peritos de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas técnicas o humanas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Este hecho se suma a otros incidentes viales reportados en la ciudad, lo que genera preocupación en los residentes de las zonas con pendientes pronunciadas. (LA PRENSA)

En una acción coordinada, unidades de Bomberos de Cochabamba y Santa Cruz se desplazaron hasta el lugar del siniestro donde una aeronave se precipitó a tierra en el trópico cochabambino. El Director Nacional de Bomberos, Cnel. Pavel Tovar, informó que dos pilotos perdieron la vida en el accidente. Un contingente de al menos 10 efectivos fue movilizado hasta la zona para realizar las labores de rescate. Tras el operativo, los bomberos lograron recuperar los cuerpos de los pilotos, que posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con el informe preliminar, la aeronave cubría la ruta La Paz–Santa Cruz y habría sufrido presuntas fallas técnicas antes de precipitarse. Sin embargo, las causas exactas del accidente aún se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que ha ejecutado un operativo en el municipio de Sorata, provincia Larecaja, para dar cumplimiento a la destitución del derecho minero en el área de Lip’ichi, sin embargo, denunció que hubo un ataque armado de resistencia. Según un comunicado institucional, la intervención contó con el apoyo de aproximadamente 350 efectivos de la Policía Boliviana, con el objetivo de restituir el área minera conforme a derecho y reforzar el control sobre las actividades en la zona. De acuerdo con la AJAM, durante el desarrollo del operativo, grupos armados reaccionaron de forma violenta cuando se procedía a la restitución del área, detonando dinamita y efectuando disparos contra el contingente policial. “La situación generó momentos de alta tensión”, señala el reporte de la Autoridad. Informó que hubo daños en movilidades y efectivos heridos como consecuencia de los enfrentamientos. La entidad indicó que, ante este escenario, se dispuso el repliegue estratégico de los efectivos con el fin de preservar la integridad del personal y evitar una escalada mayor de violencia. Asimismo, la AJAM expresó su rechazo a estos hechos, que constituyen un atentado contra el accionar del Estado y el cumplimiento de la normativa minera vigente. ERBOL

El Gobierno boliviano dio por concluido el convenio de cooperación militar con Irán, en una decisión que se enmarca en la revisión más amplia de la política exterior impulsada por la administración del presidente Rodrigo Paz. “Hace aproximadamente cuatro meses ese contrato, ese convenio de cooperación militar ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, afirmó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, tras ser consultada sobre los vínculos heredados con el país asiático. Salinas descartó cualquier proceso de investigación sobre estos acuerdos. “No. Han sido simplemente concluidos y no existen más”, sostuvo. Las declaraciones del titular de Defensa se producen en un contexto de redefinición de la política exterior boliviana, marcado por el distanciamiento de alianzas previas y una mayor aproximación a iniciativas hemisféricas lideradas por Estados Unidos. El pasado 10 de marzo, el canciller Fernando Aramayo ya había anticipado este giro al señalar que Bolivia se encontraba evaluando el estado de su relación diplomática con Irán. En esa oportunidad, el jefe de la diplomacia boliviana reveló que la presencia del país en territorio iraní es “exigua, casi inexistente”, y que la Cancillería analizaba las decisiones a adoptar en función del nuevo escenario internacional. “Estamos viendo cuáles van a ser las decisiones que tomemos como Cancillería en función del contexto que se está desarrollando”, afirmó entonces Aramayo. Ese día subrayó que cualquier determinación responderá a criterios de soberanía e intereses del Estado. El viraje diplomático también forma parte de una estrategia más amplia orientada a diversificar las relaciones internacionales del país, tras un periodo en el que, según el Ejecutivo, la política exterior estuvo limitada y alineada a determinados bloques. La decisión de poner fin al acuerdo militar con Irán se suma así a una serie de señales que apuntan a redefinir las alianzas estratégicas de Bolivia, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la búsqueda de nuevos equilibrios en la región. (EL DEBER)

Un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida en el Hospital de Clínicas tras recibir un impacto de bala en el abdomen el pasado domingo. El ataque ocurrió en la calle Figueroa, en las proximidades de la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz. Efectivos de la Dirección de Bomberos socorrieron a la víctima, de aproximadamente 25 años, luego de que transeúntes y residentes de la zona alertaran sobre el hecho de sangre. La Policía Boliviana logró la aprehensión del presunto autor del crimen, un hombre de nacionalidad peruana, tras un operativo en un alojamiento local. Durante la intervención, los uniformados decomisaron sustancias controladas, proyectiles y el arma de fuego que supuestamente se utilizó en el asesinato. Las investigaciones preliminares señalan que tanto el fallecido como el agresor cuentan con antecedentes vinculados al tráfico de drogas. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Henry Pinto, confirmó el deceso y el inicio de las acciones judiciales contra el sospechoso. El seguimiento mediante cámaras de seguridad y el testimonio de testigos clave facilitaron la localización del individuo. Actualmente, las autoridades mantienen el caso bajo custodia mientras se determinan los móviles exactos de este suceso violento en el centro paceño. (LA PRENSA)

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, advirtió sobre la presencia de estructuras vinculadas con el sicariato que están generando un clima de temor en el trópico de Cochabamba, particularmente en la provincia Chapare. La autoridad confirmó que existen al menos tres casos recientes relacionados con este tipo de delitos. “Tenemos ya tres casos más o menos relacionados en los que hay gente dedicada al sicariato que está generando pánico”, afirmó Sokol. En ese marco, informó que fueron aprehendidas dos personas presuntamente implicadas en el asesinato de un ciudadano en Chaparra, uno de los hechos que forma parte de esta escalada de violencia. El jefe policial también se refirió al crimen de una mujer ocurrido la pasada semana y alertó sobre las dificultades que enfrenta la institución para intervenir en algunas zonas. “Estamos con problemas en la intervención ya que la gente allá no está permitiendo el ingreso. Eso se constituye en un hecho delictivo también de complicidad”, señaló. Las declaraciones se dan en un contexto de creciente inseguridad en el trópico. Uno de los casos más recientes es el secuestro de Filomena Michel, que tuvo lugar en el municipio de Entre Ríos. Según datos preliminares, el hecho estaría vinculado a disputas entre organizaciones delictivas que operan en la región, en particular entre el grupo de Ariel Villarroel y la estructura del fallecido Nabor López. El secuestro fue ejecutado por al menos cinco hombres armados y encapuchados que irrumpieron en un negocio, redujeron a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo sin placa. Durante la fuga, realizaron disparos que generaron pánico. Tras el hecho, la Policía activó el “Plan Z” y desplegó operativos en rutas estratégicas que conectan el trópico con Yapacaní. A este escenario se suma el caso de Ever Siles Choque, un joven de 23 años reportado como desaparecido en marzo y cuyos restos fueron hallados recientemente. Tres personas fueron aprehendidas y habrían confesado el crimen. El hecho provocó protestas en Ivirgarzama, donde pobladores tomaron un juzgado para exigir justicia por efecto de este violento crimen. En este contexto, la Policía enfrenta no solo la acción de redes delictivas, sino también resistencias locales que dificultan los operativos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en la necesidad de colaboración ciudadana para frenar una escalada de violencia que preocupa en el trópico cochabambino, una zona productiva donde se produce hojas de coca. Esa zona fue, incluso, escenario de tensión política, durante la etapa preelectoral de 2025, cuando de produjeron movilizaciones, incluso la toma de entidades y el aeropuerto de Chimoré. (EL DEBER)

El Gobierno nacional anunció que impulsará la construcción de cárceles de alta seguridad bajo modelos internacionales como el que se ha implementado en El Salvador. De esta manera, el Ejecutivo aspira a dar respuesta al crecimiento de redes del narcotráfico y la necesidad de fortalecer el control sobre internos de alta peligrosidad. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para enfrentar una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, marcada por la reconfiguración de estructuras tras la caída de líderes como Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien recientemente fue expulsado del país y llevado a Estados Unidos. “Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para construir cárceles modelo El Salvador o (Nelson) Mandela. Esa es una tarea que nos ha instruido el presidente (Rodrigo Paz) y el ministro del Gobierno (Marco Antonio Oviedo) para ese fin porque ya tenemos una muy buena cantidad de narcotraficantes detenidos y es un tema muy complicado de controlar”, señaló la autoridad en entrevista con EL DEBER. Paredes indicó que recintos como Palmasola y otras cárceles del país han quedado limitados frente a la cantidad de personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico, lo que obliga a replantear el sistema carcelario. La autoridad también alertó que existen indicios de que organizaciones criminales continúan operando desde el interior de las cárceles, motivo por el cual se implementarán medidas inmediatas como el bloqueo de señales de telefonía e internet en estos recintos. “Hay investigaciones que muestran que muchas de estas redes siguen funcionando desde la cárcel. Por eso necesitamos controlar completamente estos espacios”, sostuvo. En paralelo, el viceministro respaldó las declaraciones del viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, quien advirtió que tras la captura de Marset podrían surgir nuevos actores del narcotráfico. “Es un cambio central en la lucha contra el narcotráfico. No se trata solo de capturar a un líder, sino de desarticular toda la estructura”, afirmó. Como parte de estas acciones, Paredes mencionó que ya se han logrado resultados operativos, como la reciente aprehensión de un alto miembro del Primer Comando de la Capital, lo que evidencia la presencia de organizaciones internacionales en el país. El plan gubernamental también contempla el fortalecimiento de sistemas de inteligencia y la coordinación con el Ministerio Público para profundizar las investigaciones y garantizar sanciones. “El desafío ahora no es solo detener, sino evitar que sigan operando. Por eso necesitamos infraestructura adecuada y un control efectivo”, concluyó la autoridad. La propuesta de implementar cárceles de alta seguridad al estilo salvadoreño marca un giro en la política de seguridad del país, en un contexto donde el Gobierno busca frenar el avance del crimen organizado y recuperar el control del sistema penitenciario. (EL DEBER)

Tras las primeras investigaciones sobre el nexo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Luis Arce, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrojaron vínculos con “resabios” de Álvaro García Linera y otros personajes, aseveró el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “Esa empresa (YPFB) ha estado totalmente capturada por una red criminal, donde entre las personas que destacan está justamente el hijo del expresidente y otras personas, incluso resabios de la gestión de don García Linera, alguna gente que se quedó y de otras de otras organizaciones criminales que se armaron con bastante tiempo”, dijo Paredes en La Mañana en Directo de ERBOL. Reveló que la laptop y los celulares de Marcelo Arce muestran una “comunicación fluida” con “resabios” de la gestión de García Linera y “otros personajes destacados de la gestión del señor Luis Arce”. En ese sentido, señaló que fue un “golpe de suerte” que Marcelo Arce haya represado en Bolivia y que se pudiesen secuestrar su computadora y dispositivos móviles. “La laptop que él tiene, los celulares, todo nos muestran toda esa comunicación fluida que él tenía con todo lo que son gente resabio de la gestión del señor Linera y también, digamos, de otros personajes destacados de la gestión del señor Luis Arce”, ratificó. Consultado si García Linera era “hombre fuerte” en YPFB, Paredes señaló que “con seguridad, él fue un hombre fuerte en su momento y las investigaciones arrojan eso”. Enfatizó que Marcelo Arce tenía comunicación no solamente con gente del sector público, sino también del sector privado. “Lo estamos desgajando, es como ellos desgajando una margarita pétalo por pétalo”, afirmó. El Viceministro aseveró que en YPFB actuaba un modelo de negocio delincuencial que se aprovechaba del combustible subvencionado y traía combustible contaminado. (LA VOZ DE TARIJA)

Una organización criminal que antes lucraba con la exportación ilegal de gasolina subvencionada desde Bolivia habría mutado hacia un nuevo esquema basado en la importación de combustible adulterado, según reveló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien confirmó además la participación de múltiples actores, incluidos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), en una red que operaba a nivel internacional. “Ya tenemos identificado un primer paquete de personas que entre ellos hay algunos funcionarios… No podemos decir que esto ha pasado fuera de Yacimientos o de la ANH, porque ahí atrás hay toda una organización criminal que debe ser tratada como tal”, señaló Paredes en entrevista con el noticiero de EL DEBER, La autoridad explicó que el caso surge a partir de un operativo inicial apoyado en el cruce de información entre Bolivia y Chile, lo que permitió identificar el funcionamiento de esta estructura que también tenía vínculos con Paraguay y Argentina. “El modelo de negocio ha cambiado. Antes sacaban gasolina subvencionada para venderla en Chile, pero como eso se cortó, ahora traen combustible contaminado sustituyendo parte con agua o aceite usado, que es mucho más barato”, detalló. De acuerdo con los datos preliminares, cada cisterna que ingresa al país podría contener entre 500 y 1.000 litros de sustancias contaminantes, lo que afecta cargamentos de hasta 30.000 litros por unidad. El flujo diario —cercano a 100 cisternas desde Chile— amplifica el impacto del esquema ilícito. Paredes advirtió que, aunque la gasolina no se mezcla completamente con el agua, la presencia de estos elementos genera una suspensión que igualmente daña motores y contamina otros volúmenes al ingresar a tanques de almacenamiento. “No es una mezcla homogénea, pero igual genera perjuicios”, afirmó. La investigación también apunta a una red compleja que habría operado durante años bajo una apariencia de legalidad, aprovechando vacíos normativos y fallas en los controles. En ese contexto, el viceministro confirmó que ya existen varias personas identificadas dentro del circuito delictivo, incluyendo posibles actores vinculados a estructuras estatales. Uno de los avances clave en el caso fue la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, cuyo material informático permitió corroborar hipótesis sobre la infiltración de esta organización en instancias relacionadas con la cadena de hidrocarburos. “Hemos confirmado que se trata de una estructura construida durante muchos años”, sostuvo. La autoridad enfatizó que no se generalizarán responsabilidades, pero sí se investigará a fondo a quienes participaron activamente. “No es contra todos los transportistas ni contra todas las empresas. Son algunos que han sido parte o han sido utilizados por esta estructura criminal”, precisó. Asimismo, indicó que las denuncias surgieron semanas atrás y que, tras labores de inteligencia, se detectaron patrones irregulares que motivaron la intervención. También señaló que el esquema delictivo se sostenía en dos pilares: una logística bien estructurada y una normativa permisiva que facilitaba su funcionamiento. En respuesta, se han iniciado ajustes en contratos y controles dentro de YPFB, además de operativos de verificación en surtidores para rastrear la trazabilidad del combustible y detectar posibles puntos de contaminación. Paredes aseguró que las investigaciones avanzan en coordinación con el Ministerio Público y que ya se cuenta con declaraciones clave, como la de un conductor de cisterna que admitió haber sustituido parte del combustible por aceite a cambio de pagos irregulares. “Vamos a llegar hasta el fondo, sin proteger a nadie, pero respetando el debido proceso. Aquí hay una organización criminal que ha causado un daño muy grande al país”, concluyó. El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los mayores escándalos recientes en el sistema de distribución de combustibles, con implicaciones tanto económicas como institucionales. (EL DEBER)

El pastor evangélico Marco Núñez del Arco compareció este jueves en una audiencia de apelación en Santa Cruz, en el marco del proceso que enfrenta por el delito de estupro. La autoridad judicial declaró improcedente su solicitud, ratificando la resolución emitida el pasado 19 de febrero que ya había rechazado la nulidad de imputación. La defensa de Núñez del Arco había planteado la prescripción del delito, argumentando que los hechos denunciados datan de varios años atrás. Sin embargo, el juez determinó que la normativa procedimental vigente se aplica desde el momento de la detención, descartando cualquier aplicación retroactiva en este caso. Con esta decisión, el recurso de apelación fue declarado improcedente y el imputado continuará en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. El proceso contra Núñez del Arco ha generado atención pública debido a su condición de líder religioso y a la gravedad de las acusaciones. AGENCIAS