Seguridad

El operativo combinado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana acaba de abrir un corredor en la carretera de Oruro a La Paz, en el punto de Achica Arriba, para el paso de al menos cien cisternas que traen combustible rumbo a la planta de Senkata. El jefe militar encargado del despeje de la carretera de Oruro a La Paz informó que mantendrán el control de la via que hasta ahora se realizó de manera pacífica. Según el informe ofrecido por BTV. la habilitación del paso permitirá el avance de 100 ciusternas hacia El Alto. “Despejamos varios puntos de la carretera”, informó el jefe militar, mientras avanzan hacia la ciudad de La Paz los vehículos que estaban retenidos por hasta dos semanas. (URGENTE.BO)

Este lunes, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija dispuso una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, además de ratificar su declaratoria de rebeldía, tras su inasistencia a la audiencia del juicio oral en el que se lo acusa por el delito de trata de personas agravada. La misma situación alcanza a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, quien también fue declarada en rebeldía y cuenta con mandamiento de aprehensión. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Luis Esteban Ortiz, confirmó que el Tribunal Primero de Sentencia Penal ratificó ambas medidas contra los acusados. Asimismo, Ortiz informó que tanto el exmandatario como la madre de la presunta víctima cuentan con mandamiento de arraigo. “Esta audiencia se suspendió sin fecha porque deben pasar dos circunstancias particulares, la aprehensión o comparecencia voluntaria al juicio oral para que inicie la audiencia”, declaró el titular del TDJ de Tarija. El Tribunal Primero de Sentencia Penal esperó un tiempo prudencial la presencia de los acusados en la audiencia fijada para las 8:00 de este lunes; sin embargo, al no presentarse ni enviar a sus abogados para justificar su ausencia, se determinó su rebeldía y la emisión de las órdenes correspondientes. La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con fuerte resguardo policial en las afueras del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Además, se restringió el ingreso de medios de comunicación al edificio, permitiéndose el acceso únicamente a litigantes. En las tres puertas de ingreso se instaló control policial para evitar el acceso no autorizado al recinto judicial. (EL DEBER)

En un intento por frenar la escalada de violencia, el Gobierno nacional y autoridades paceñas instalaron, la mañana de este lunes, el denominado “encuentro departamental para el desarrollo y progreso de La Paz” en la Casa Grande del Pueblo. La reunión surge en un contexto crítico, con las principales carreteras del departamento paralizadas desde la semana pasada por organizaciones campesinas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lamentó que esta región se haya transformado en “un escenario de conflicto, de bloqueos y de enfrentamiento”. Durante la inauguración del encuentro, Oviedo denunció presuntas presiones en centros mineros. Según la autoridad, recibió informes de que en Colquiri se intenta movilizar a la población de manera coercitiva. Relató que, cerca de las 6:30 de este lunes, un dirigente de la zona le informó que “está queriendo sacar a la gente a bloquear”. Al informar sobre el pliego petitorio, el Ministro aseguró que la respuesta fue estrictamente política: “Yo le dije, hermano, ¿y cuál es la petición que están queriendo plantear al Gobierno? ¿Cuáles son los puntos que tendríamos que resolver? (Y respondió) que se caiga el Gobierno”. “Le dije ¿de dónde viene esto? (Respondió que) viene del Trópico (de Cochabamba), están moviendo con plata a la gente. Es decir, no podemos seguir así”, sentenció Oviedo, al referirse al bastión de sectores afines a Evo Morales.  Radicalización de las protestas Aunque las movilizaciones comenzaron exigiendo la abrogación de la Ley 1720 y el abastecimiento de combustible, el discurso de los sectores movilizados ha dado un giro hacia la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ante esto, el Ministro fue tajante: “No podemos permitir (…) que estén queriendo utilizar este tipo de recursos, este tipo de prácticas, para enfrentarnos a los bolivianos (…) en lugar de que estemos trabajando conjuntamente entre nosotros para darle una vocación a nuestra región”. Finalmente, Oviedo informó que en el Distrito 7 de El Alto surgió un movimiento ciudadano que rechaza las medidas de presión. Según la autoridad, los propios residentes se están articulando para liberar las vías. “Me han dicho los (vecinos) del 7: Nosotros no queremos bloquear, nos estamos organizando en comités de vecinos para desbloquear y para enfrentar a los políticos que están queriendo venir a bloquear y movilizar en nuestro distrito”, señaló, destacando que existe una “conciencia ciudadana” que busca el desarrollo del país. (CORREO DEL SUR)

Después de la polémica surgida por su salida del país pese a la Ley de Arraigo, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, informó este viernes que se encuentra en Estados Unidos por un tema de acompañamiento familiar, pero que regresará a Bolivia este fin de semana. “No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona esté muy seria y profesional y, bueno, siempre he estado asistiendo en cualquier instancia que se me convoquen”, afirmó en contacto con La Tarde en Directo de la Red ERBOL. Explicó que viajó a Estados Unidos para atender una situación familiar, pero aseguró que ha cumplido los pasos respectivos a su programación de vuelo. Detalló que está acompañando a su suegra en un tema médico. “Estoy regresando en un par de días al país, dentro de lo que tenía programado. No me he salido del país de manera irregular”, recalcó Akly. Horas antes el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde calificó de irregular la salida de Akly, debido a que vulnera la Ley de Arraigo de exautoriades. En ese sentido, instruyó una investigación para determinar responsabilidades. En su descargo, Akly explicó que el objetivo de la Ley de Arraigo consiste en que exfuncionarios respondan a cualquier requerimiento de información y presentación de informes. Dijo que, en su caso, ha sido bastante formal y realizó un seguimiento a las convocatorias que se le realiza. Detalló que existen procesos donde está incluido como testigo, respecto a los contratos de crudo y el tema de la calidad de la gasolina. Aseguró que en ambos casos ha participado. (ERBOL)

El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó este viernes que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, habría abandonado el país y, con ello, vulnerado la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria de las Exautoridades del Estado. Por ello, dicha cartera estatal instruyó una investigación inmediata contra los funcionarios de Migración que hubiesen facilitado su salida. “El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública que el expresidente de YPFB Yussef Akly habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales (…). En consecuencia, a través de la Dirección General de Migración, ha instruido una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que hubieran facilitado la salida irregular del exejecutivo”, se lee en el comunicado. El jueves, la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores, que investigó el origen de la gasolina de mala calidad, emitió un informe preliminar en el que identifica al Decreto Supremo 4718, del 18 de mayo de 2022, y a la negligencia de Akly como los factores que permitieron el ingreso de combustible que no cumplía los parámetros de calidad. Respecto a este último punto, el senador de Libre, Branco Marinkovic, señaló que “ha habido negligencia del expresidente de YPFB y de sus técnicos de no darse cuenta de esto; pero yo asumo que si alguien asume el cargo de presidente de YPFB debe tener un conocimiento básico de las cosas”. Agregó que los técnicos de la estatal petrolera debieron advertir que se importaba combustible con alto contenido de manganeso y goma, y que no se podía mezclar con etanol porque ello agravaría el problema. “Ha habido negligencia de los funcionarios de Yacimientos, lamentablemente, en la parte técnica. Se tomarán las medidas y vamos a sugerir que estas personas no trabajen más en Yacimientos, sabiendo que esto estaba ocurriendo con el combustible”, aseguró. Sobre el DS 4718, este fue aprobado el 18 de mayo de 2022 y, según Marinkovic, el entonces presidente Luis Arce y el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, decidieron “bajar los parámetros de calidad de los combustibles que se importan en el país mediante decreto”. (VISIÓN 360)

El diputado Manolo Rojas formalizó este jueves una denuncia penal en la Fiscalía en contra del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por las dudas existentes sobre una discapacidad laboral del 60% que el sindicalista tramitó y por la cual cobró una indemnización superior a los Bs 141.000. “Yo lo veo muy sano, lo veo muy saludable. Les garantizo que no ha ocurrido ningún milagro porque esta enfermedad, la silicosis crónica que él refiere tener, es incurable. Si lo sometemos a un estudio médico serio e independiente, realizado por el IDIF, les garantizo que eso no va a ocurrir (enfermedad); está totalmente saludable”, afirmó el legislador. Rojas presentó documentos con membretes de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una valoración de un gabinete médico y un documento firmado por una tercera persona mediante una carta poder para favorecer al dirigente cobista, todo en el marco del trámite de indemnización por invalidez. Argollo fue elegido dirigente de la COB en octubre de 2025 y actualmente encabeza protestas contra el Gobierno en demanda de atención a un pliego petitorio, cuyo punto principal es el incremento salarial, que el Ejecutivo ya desahució. El dirigente negó las aseveraciones del diputado y las atribuyó a una “guerra sucia”. La denuncia penal fue presentada formalmente por la presunta comisión de delitos previsionales. (VISIÓN 360)

El Ministerio de Gobierno y la República Federativa de Brasil inauguraron este miércoles la 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos, un espacio clave para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltó que la reunión de alto nivel es continuidad de los acuerdos alcanzados a nivel presidencial y técnico entre ambas naciones, y subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la extensa frontera común. “Es la décima tercera comisión de un mecanismo que fue creado en 1977 y cuya importancia se realza cada vez más en todo momento”, destacó el cónsul adjunto de Brasil, Carlos Leopoldo de Oliveira, durante el evento, donde participan delegaciones técnicas de ambos países en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad. Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, enfatizó la responsabilidad compartida en la región. “Bolivia y Brasil comparten una gran frontera, pero también comparten una gran responsabilidad”, dijo. La 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos tiene como agenda de trabajo cinco ejes estratégicos: la reducción de la oferta y desarticulación de organizaciones criminales; el control y fiscalización de sustancias químicas; el control de cultivos de coca y desarrollo alternativo; la reducción integral de la demanda; y el lavado de activos y la cooperación jurídica. Justiniano indicó que entre los resultados esperados están el nombramiento de oficiales de enlace, la ejecución de operativos coordinados, el intercambio de información de inteligencia y el fortalecimiento de buenas prácticas. “Tenemos una frontera común y tenemos que tener también una respuesta común contra el crimen organizado”, puntualizó. (ABI)

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, anunció la intención del Gobierno de obtener información oficial desde Estados Unidos sobre una posible vinculación de Evo Morales con el tráfico de sustancias controladas. La estrategia jurídica contempla la incorporación de Bolivia como parte víctima en los procesos judiciales abiertos en el país norteamericano contra exjefes policiales. Esta medida busca esclarecer nexos delictivos durante administraciones pasadas. La autoridad recordó los antecedentes de antiguos mandos de la Policía, entre ellos René Sanabria y Maximiliano Dávila, quienes enfrentan sentencias o procesos por delitos de narcotráfico en territorio estadounidense. Paredes calificó la investigación como un asunto delicado que requiere el acceso a datos precisos del sistema de justicia extranjero. El objetivo central radica en determinar si existió participación o favorecimiento hacia redes criminales transnacionales desde esferas de poder. Según la postura oficial, existe una correlación entre el discurso del exmandatario y la reciente ola de sicariato que afecta a diversas regiones del país. El viceministro planteó la hipótesis de que los ajustes de cuentas derivan de una desarticulación de mafias tras la captura de líderes operativos. Bajo esta premisa, el Gobierno sostiene que Morales representa una expresión política interesada en reestructurar las dinámicas de estas actividades ilícitas en zonas estratégicas de Bolivia. (LA PRENSA)

El gobernador electo Juan Pablo Velasco anunció la creación de una Guardia Departamental, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que se asumirá una ofensiva contra el crimen organizado. Las determinaciones la reunión de emergencia entre autoridades nacionales, judiciales y regionales que trataron son asumidas tras escalada de violencia registrada en Santa Cruz llevó este sábado a una Velasco informó que la nueva instancia de seguridad será implementada una vez inicie su gestión y estará respaldada por lo establecido en el Estatuto Autonómico cruceño. “El Estatuto Autonómico dice que tenemos que tener una guardia departamental y nosotros vamos a crear una guardia departamental”, afirmó la autoridad electa ante los medios. Explicó que esta estructura buscará fortalecer la prevención del delito y coordinar acciones con otras instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Añadió que también se conformará un consejo departamental similar al Consejo Nacional de Seguridad. “Cuando asumamos vamos a anunciar la creación de este mismo consejo, pero departamental”, sostuvo. Velasco remarcó que la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la población cruceña y señaló que la respuesta debe involucrar a todos los niveles del Estado. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aseguró que la situación actual obliga a una reacción firme del Estado frente a estructuras criminales asentadas en el país. “Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, manifestó tras participar del encuentro. La autoridad judicial señaló que uno de los hechos que precipitó la convocatoria fue el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido la noche del jueves en Santa Cruz.  “La gota que rebalsó el vaso fue el cobarde asesinato”, expresó Saucedo al referirse al ataque contra la autoridad judicial. Añadió que entre las medidas acordadas está reforzar la seguridad de jueces, magistrados y autoridades judiciales, además de fortalecer el control en zonas fronterizas para frenar el ingreso y salida de organizaciones delictivas. “El hecho de que los militares puedan reforzar también las fronteras, que son los puntos por donde ingresan y por donde salen los criminales, también es parte de ese plan integral”, indicó. La medida fue implementada luego de que este sábado por la mañana un ciudadano colombiano fuera atacado a tiros en inmediaciones del cuarto anillo y Canal Isuto, cuando salía de una discoteca cerca de las 6:45. Según el reporte preliminar, la víctima se aproximó a un puesto móvil de comida cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta. El comandante departamental de la Policía, David Gómez, indicó que una de las principales hipótesis apunta a una pugna interna entre organizaciones criminales. “La hipótesis que manejamos es que es un ajuste de cuentas, ya que la organización de Marset se ha ido fraccionando en varios grupos. Entonces, la pugna es de poder”, señaló. Ese hecho se sumó al asesinato de Claure, perpetrado también por un motociclista armado en un condominio ubicado en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch. Las autoridades coincidieron en que Santa Cruz enfrenta un momento crítico y que las decisiones asumidas este sábado buscan contener el avance de redes criminales vinculadas al sicariato y al narcotráfico. (BRÚJULA DIGITAL)

El juez Víctor Hugo Claure (foto), la fiscal Mónica Von Borries, el intervento del Banco Fassil, Alberto Colodro y el diputado Edmundo Salazar murieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Cuatro nombres que recuerdan que, en Bolivia, enfrentarse a lo ilegal sigue siendo mortal. Bolivia despertó el 1° de Mayo con la noticia  de que un sicario asesinó a Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  Según Mongabay, el juez recibió cuatro disparos cuando estaba en el interior de un vehículo de servicio público cerca de la medianoche. La Policía Boliviana y la Fiscalía General del Estado investigan el hecho- El medio señala que las autoridades presumen que el asesinato estaría vinculado a decisiones del magistrado en torno al conflicto de tierras que se extiende en Bolivia. El magistrado fue interceptado cerca de la medianoche del jueves por dos hombres en una motocicleta.  Uno de los atacantes bajó del vehículo y de inmediato le disparó. Luego, el sicario huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad. “No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”. Es la dura frase que lanzó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dijo sentir “impotencia y bronca” al denunciar una “ausencia de Estado” en temas de seguridad“. expresa ese medio. Además, informó que la Policía Boliviana intensificó los operativos en todo el departamento de Santa Cruz para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. Claure fue elegido como magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024. Por su trayectoria y antigüedad, fue designado como decano de la institución. Un decano en Bolivia es el segundo al mando después del presidente o presidenta de un tribunal. Sus funciones incluyen la supervisión institucional, monitoreo de juzgados agroambientales y apoyo en la labor jurisdiccional. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también se refirió a este hecho y pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de la investigación. “Tuvimos una conexión directa con el ámbito de seguridad para que me den la información, y de ahí pedí todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación”, escribió el mandatario en sus redes. Sobre el tema, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó el asesinato del magistrado Claure y pidió que se efectúe una investigación «pronta y exhaustiva» para identificar a los responsables del crimen. El organismo internacional también expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, apareció muerto el sábado 27 de mayo de 2023.En ese entonces, se dijo que el interventor “cayó” del piso 15 de su oficina en el edificio Ambassador, en la zona de Equipetrol de Santa Cruz. “El médico forense de turno establece como causas directas del fallecimiento con carácter inicial: shock traumático; segundo, laceración múltiple de órganos internos; y tercero, politraumatismo por precipitación”, había expresado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Por su parte, el abogado de la familia de Colodro, Jorge Valda, manifestaba que existían muchas preguntas en torno a esta tragedia. Había señalado que el interventor era amenazado y se sentía atemorizado. “Ahora toda la familia está con mucho temor y eso se tiene que investigar. Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”. El Gobierno boliviano concluyó que la muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Colodro, fue un «suicidio» y descartó la participación de otras personas en ese suceso, según publicó EFE «Hemos investigado todas y cada una de las hipótesis» y «todos los elementos periciales técnicos han demostrado que ha sido un suicidio», declaraba el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa. Mientras tanto, la esposa del interventor del Banco Fassil indicó que él murió preocupado por cumplir con los funcionarios de la entidad. “Él era una persona muy responsable, ustedes saben. Cumplió con su trabajo hasta el último momento y ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil”. Antes del fallecimiento del interventor, se descubrió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group. Se identificaron a las siguientes empresas: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones. Caso Diodato Según el portal web Inmediaciones, el caso de la fiscal Mónica Von Borries, fue el primer atentado contra una autoridad del Ministerio Público en Bolivia. Ella falleció el 27 de febrero de 2004 tras la explosión de su vehículo. Investigaba al empresario italiano Marco Marino Diodato. Esta historia, según Opinión, inició mediáticamente el 17 de junio de 1999, cuando fue detenido por la Policía. Una semana después fue acusado de espionaje telefónico, funcionamiento de casas de juego de azar clandestinas, tráfico de armas y lavado de dinero. También se dijo que Diodato hizo campaña electoral a favor de Banzer, lanzándose en paracaídas con un letrero que decía “voten por ADN”, y que tenía amigos en el Gobierno de aquel entonces, se lee en el portal web. El asesinato ocurrió cuando la fiscal salió de su residencia rumbo a su oficina en el Ministerio Público de Santa Cruz. Subió a su automóvil que se encontraba estacionado frente a su puerta. Pocos segundos después, se produjo la explosión. El vehículo quedó destrozado y envuelto en llamas. El estruendo de la explosión se escuchó a varias cuadras de distancia. La agencia EFE publicó en marzo de 2006, un tribunal boliviano declaró inocente al español Javier Villanueva del asesinato de la fiscal Von Borries.