Seguridad

Autoridades originarias de la Provincia Camacho llegaron a la urbe alteña para expresar su preocupación por la demora en la construcción de la carretera Escoma–Pacobamba, obra que apenas alcanza un 20% de avance físico pese a contar con un 35% de ejecución presupuestaria. Los dirigentes señalaron que existe molestia en las comunidades y exigieron que se investigue la gestión del expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina. El ejecutivo provincial, Luis Mamani, informó que el próximo 29 de marzo se realizará un ampliado provincial donde se definirán medidas de presión ante la falta de avances en la obra. Las autoridades advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, asumirán acciones para exigir el cumplimiento del proyecto vial. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó que al menos ocho personas fueron identificadas por participar en la distribución de combustible de mala calidad en el país. “Dentro de la gerencia de importaciones hay dos personas identificadas y seis de la gerencia comercial que también están en un proceso de investigación. Además, dentro de las subsidiarias también estamos realizando investigaciones”, dijo el representante de YPFB en una entrevista con el programa ‘ON – Otra Noche Con Sissi Añez’ que emite EL DEBER. La autoridad estatal añadió que con toda esa información se está conformando el análisis de las situaciones que no se dieron a conocer sobre posibles problemas que se podían presentar. Finalmente, Akly indicó que este viernes se inició el pago de compensación a 400 personas, entre propietarios de vehículos particulares y servicio público, que tuvieron problemas con el combustible. “Son cerca de 400 personas las que cumplieron presentando toda la información solicitada y dentro de ello se inició este programa de compensación hacia toda la gente afectada”, concluyó. (EL DEBER)

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, informó que la Policía aprehendió a cuatro integrantes de una familia, quienes habrían participado en el hurto de un inmueble vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. La Policía busca a otras personas que estarían prófugas. Tras la detención del narco uruguayo, se allanaron diferentes inmuebles, entre los cuales se encontraba la vivienda ubicada en la avenida Mapaizo, doble vía La Guardia #1050, la cual habría sido vaciada. A partir de ello se iniciaron las investigaciones por robo. Según las pesquisas, el sábado 14 de marzo, un día después de la detención de Marset, se realizó el precintado del inmueble por un caso de portación de armas. La Policía indicó que un investigador reportó que la vivienda también estaba vinculada a Marset. Cerca de las 14:30 del sábado se habría producido el robo, protagonizado por Luis P.M., Alison P.C., Manuel P.C. y Luis F. P.C., quienes fueron presentados como los presuntos implicados. Durante la presentación a medios, negaron con la cabeza ser parte del hecho. Las investigaciones señalan que se identificó un camión con placa 3122 LPI utilizado para trasladar los objetos sustraídos. A las 14:30, dos camiones habrían ingresado al inmueble y retiraron varios enseres, que posteriormente fueron trasladados a otra propiedad el 18 de marzo. Durante un operativo en inmediaciones del barrio 23 de Diciembre, se encontró un camión Foton blanco con la misma placa, el cual habría sido contratado por la familia para trasladar los objetos a un inmueble ubicado en la avenida Piraí, entre 4º y 5º anillo. En ese inmueble se recuperaron diferentes bienes, incluyendo prendas de vestir, electrodomésticos y otros objetos, así como un televisor, dos garrafas y una podadora tipo carrito encontrados en la casa de empeño Sagitario, ubicada en la calle Charcas. La Policía señaló que cuenta con cámaras de seguridad y declaraciones que servirán como indicios para determinar la responsabilidad de los involucrados. En medio de la pesquisa, surgió una controversia entre la Policía y la Fiscalía sobre el precintado del inmueble. Además el comandante general Mirko Sokol negó que policías estuvieran implicados en el robo, como señaló un medio de comunicación. (CORREO DEL SUR)

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, ha sido sentenciado a 25 años de prisión por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y la protección armada para este delito, informó el Departamento de Justicia. Dávila fue jefe antidroga durante el Gobierno de Evo Morales. Según las autoridades de Estados Unidos, utilizó su cargo para proteger a narcotraficantes, facilitando el tráfico de cocaína y permitiendo directamente el ingreso de drogas al país norteamericano. El excoronel de la Policía Boliviana fue extraditado a EEUU en 2024 y al año siguiente se conoció su veredicto de culpable. Ahora ya tiene una condena que cumplir. “Maximiliano Dávila Pérez, como máximo responsable antinarcóticos de Bolivia, ostentaba un poder extraordinario y optó por abusar de él para apoyar a los mismos narcotraficantes que juró investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Maximiliano Dávila Pérez convirtió su cargo en una organización criminal, protegiendo a narcotraficantes, facilitando el tráfico de cocaína y permitiendo directamente el ingreso de drogas a Estados Unidos. Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción”, afirmó el administrador de la DEA, Terrance Cole. Según la investigación, entre febrero y noviembre de 2019 aproximadamente, Dávila abusó de su cargo y sus poderosas conexiones políticas y policiales para facilitar el tráfico masivo de cocaína a escala internacional. Los métodos de Dávila incluían desviar a las fuerzas del orden de las investigaciones de narcotraficantes y proporcionar personal fuertemente armado de la FELCN, como seguridad para los cargamentos de cocaína que salían de los aeropuertos bolivianos. Dávila conspiró con otros para fabricar, transportar y brindar protección armada a más de una tonelada métrica de cocaína con destino a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, según la justicia de EEUU. Dávila Pérez llevó a cabo estas acciones durante reuniones y llamadas con sus cómplices, las cuales fueron grabadas por fuentes confidenciales de la DEA que también participaron entre aproximadamente 2019 y 2020.  Dichas reuniones y llamadas resultaron en la entrega de una muestra de 10 kilogramos de cocaína, autorizada por el entonces coronel en Lima, Perú, en diciembre de 2019. A lo largo de la conspiración, Dávila enfatizó repetidamente su disposición a participar y brindar protección a un cargamento de más de una tonelada de cocaína que saldría de Bolivia y transitaría por la República Dominicana antes de llegar finalmente a Nueva York. Específicamente, Dávila dijo que el día del envío de cocaína, llevaría a cabo una operación en otro lugar y “eliminaría a todos”, es decir, se aseguraría de que ningún miembro del FELCN, ya fuera investigador u operativo, estuviera disponible para interferir con el plan de narcotráfico. También se comprometió a enviar a ciertos agentes del FELCN para custodiar el avión con sus armas reglamentarias —ametralladoras de alta potencia— mientras se cargaba con cocaína. Dávila también dejó claro que pretendía obtener ganancias de este negocio de cocaína, diciéndole a uno de los agentes especiales en una grabación: “Tú también vas a obtener ganancias, yo también voy a ganar”. Además de la pena de prisión, Dávila fue condenado a cinco años de libertad condicional supervisada. ERBOL

En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz ha determinado este jueves ratificar la extinción del caso denominado “Golpe de Estado I”, donde Luis Fernando Camacho estaba acusado penalmente por derrocar a Evo Morales en 2019. La defensa de Luis Fernando Camacho había solicitado la extinción del caso, al haberse sobrepasado el tiempo permitido por norma para un proceso. En febrero, el tribunal de sentencia falló en favor del gobernador, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía y Lidia Patty como denunciante, pero este jueves la Sala Penal ratificó la extinción. El abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que la extinción es definitiva y el caso queda cerrado al no existir una instancia ulterior. “No existe un recurso de apelación ulterior o de casación, por lo tanto, esta sería la resolución definitiva que da fin al proceso y no hubiera ninguna otra forma de reaperturar el mismo por alguna vía legal”, manifestó en contacto con ERBOL. Mediante redes sociales, el gobernador destacó la determinación. “La verdad siempre llega. Y hoy llegó. Ahora nos toca a nosotros: seguir trabajando por Santa Cruz, seguir luchando por Bolivia, seguir construyendo el futuro que nos merecemos. Esto no termina acá”, publicó. Por este caso, Luis Fernando Camacho estuvo detenido en la cárcel de Chonchocoro entre 2022 y 2025, cuando gobernaba el MAS. Fue acusado de conspirar con militares y policías para derrocar a Evo Morales en 2019, cuando lideró el movimiento cívico que protagonizó protestas en denuncia de fraude electoral.   En el mismo proceso, también el excívico Marco Pumari se encontraba acusado junto con Camacho, sin embargo, su situación jurídica será distinta. “Yo creo que la defensa del señor Marco Pumari, no existiendo una declaratoria en rebeldía, circunstancias similares a la del gobernador, puede tramitar por cuenta propia el mismo tipo de incidente”, explicó el abogado Martín Camacho. (ERBOL)

Tres integrantes del clan denominado Matos han sido aprehendidos la madrugada de este jueves en la ciudad de La Paz. Se los buscaba por el robo agravado cometido en diferentes locales de negocios de la ciudad. Los sujetos fueron capturados y su vehículo fue secuestrado en la zona Miraflores, donde cometían sus delitos, pero también se conoce que operaban en la zona Sur, indicó el jefe de la fuerza anticrimen, coronel Henry Pinto. Su modus operandi consistía en identificar locales de negocios, como cafeterías, agencias y tiendas. Estudiaban las medidas de seguridad, cortaban candados y violentaban las puertas para los robos, según el jefe policial. Por ahora, la Policía vincula a este clan con el robo de una agencia de cerveza, donde se sustrajo producto equivalente a Bs80.000, además de un café en la zona Sur y tiendas de artículos deportivos. Dos de los aprehendidos cuentan ya con antecedentes por el delito de robo agravado.

La reciente captura y expulsión del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha puesto en evidencia una realidad preocupante en Bolivia. Pero más allá de su detención, esta operación ha destapado una pregunta crucial que el Gobierno hoy pone en el centro del debate: ¿dónde está el dinero del crimen organizado? El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, fue claro al anunciar una medida contundente. El Gobierno ha decidido crear una unidad de inteligencia financiera “sin límites”, específicamente diseñada para rastrear las fortunas vinculadas tanto al narcotráfico como a la corrupción. Esta unidad no se limitará a la captura de delincuentes, sino que buscará desmantelar las complejas estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas. Paredes enfatizó que “por donde va el dinero, vamos a seguir”, destacando que esta investigación no tendrá barreras. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El comandante general de la Policía Boliviana Mirko Sokol informó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tenía más de 10 cédulas de identidad y anunció una investigación en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). “Contaba con una cantidad de cédulas de identidad, las cuales también están en este momento en proceso de investigación para establecer si las mismas son falsas o si las mismas han sido proporcionadas por la entidad competente en nuestro país para brindar estos documentos”, dijo Sokol en entrevista con Unitel La autoridad indicó que, si se confirma que esos documentos fueron entregados por el Segip, se identificará a los responsables. El narcotraficante fue capturado la madrugada del viernes pasado en Santa Cruz y trasladado a Estados Unidos, donde cumple detención en el penal de alta seguridad de Alexandria, en el estado de Virginia, al noreste del país. Está acusado de lavar millones de dólares del narcotráfico. Quiénes ayudaron a Marset Consultado sobre quiénes ayudaron a Marset a permanecer en Bolivia, el comandante informó que existen “muchos” elementos de convicción que permitirán identificar a las personas o funcionarios que le prestaron colaboración. “Tenemos varios documentos, dispositivos electrónicos, los cuales están siendo analizados en este momento y la información va a ser seguramente de conocimiento público en cuanto tengamos completa esta información”, agregó.  Sokol señaló que en las declaraciones que Marset preste ante autoridades judiciales en Estados Unidos saldrán a la luz “muchos nombres” de personas que probablemente trabajaron en el gobierno anterior, en la Policía y en otras instituciones, que “de alguna manera le brindaron seguridad, apoyo e información”. La autoridad añadió que, según las investigaciones, es probable que Marset haya realizado viajes desde Bolivia hacia otros países, como Paraguay y Uruguay. Explicó que una de las aeronaves confiscadas es un avión Beechcraft, con autonomía de vuelo suficiente para cubrir largas distancias. BRÚJULA DIGITAL

La Alcaldía de La Paz reportó que dos viviendas colapsaron debido a la fuerte granizada registrada el domingo, mientras que otras 10 resultaron afectadas por anegamientos, reportó la agencia ERBOL. Una de las casas colapsadas estaba ubicada en la urbanización El Faro, en la avenida Alexander, en Achumani; la segunda en Lomas de Chuamaya, en la avenida Circunvalación, donde, además, se afectó a dos viviendas cercanas. En Alto Irpavi, en tanto, ocho viviendas resultaron afectadas, incluidas casas con estructuras planas en los garajes. Según las imágenes presentadas por la Alcaldía de La Paz, también se registraron daños en algunos vehículos. Según los videos e imágenes difundidas por las redes sociales, las avenidas quedaron desbordadas por el agua e impidieron el paso de los vehículos. “No es solamente un problema de la naturaleza o de la Alcaldía, sino también de los vecinos que no toman previsiones en tiempo seco”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias. Señaló, además, que las viviendas colapsadas fueron construidas en lugares no permitidos. Arias destacó el despliegue de 170 funcionarios municipales, 60 bomberos y la colaboración del Gobierno central a través de comunicaciones con el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Defensa Civil, la Vocería presidencial y EPSAS. Las autoridades aclararon que la emergencia se registró en distintos puntos: Lomas de Chumaya, el desborde del río Koani, anegamientos e inundaciones en Alto Irpavi, un farellón en la urbanización El Faro en Achumani y afectaciones en Bolognia, Obrajes, Caliri e Irpavi II. Descartaron desborde de los ríos Irpavi y Huayñajahuira.  ERBOL