Seguridad

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, advirtió sobre la presencia de estructuras vinculadas con el sicariato que están generando un clima de temor en el trópico de Cochabamba, particularmente en la provincia Chapare. La autoridad confirmó que existen al menos tres casos recientes relacionados con este tipo de delitos. “Tenemos ya tres casos más o menos relacionados en los que hay gente dedicada al sicariato que está generando pánico”, afirmó Sokol. En ese marco, informó que fueron aprehendidas dos personas presuntamente implicadas en el asesinato de un ciudadano en Chaparra, uno de los hechos que forma parte de esta escalada de violencia. El jefe policial también se refirió al crimen de una mujer ocurrido la pasada semana y alertó sobre las dificultades que enfrenta la institución para intervenir en algunas zonas. “Estamos con problemas en la intervención ya que la gente allá no está permitiendo el ingreso. Eso se constituye en un hecho delictivo también de complicidad”, señaló. Las declaraciones se dan en un contexto de creciente inseguridad en el trópico. Uno de los casos más recientes es el secuestro de Filomena Michel, que tuvo lugar en el municipio de Entre Ríos. Según datos preliminares, el hecho estaría vinculado a disputas entre organizaciones delictivas que operan en la región, en particular entre el grupo de Ariel Villarroel y la estructura del fallecido Nabor López. El secuestro fue ejecutado por al menos cinco hombres armados y encapuchados que irrumpieron en un negocio, redujeron a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo sin placa. Durante la fuga, realizaron disparos que generaron pánico. Tras el hecho, la Policía activó el “Plan Z” y desplegó operativos en rutas estratégicas que conectan el trópico con Yapacaní. A este escenario se suma el caso de Ever Siles Choque, un joven de 23 años reportado como desaparecido en marzo y cuyos restos fueron hallados recientemente. Tres personas fueron aprehendidas y habrían confesado el crimen. El hecho provocó protestas en Ivirgarzama, donde pobladores tomaron un juzgado para exigir justicia por efecto de este violento crimen. En este contexto, la Policía enfrenta no solo la acción de redes delictivas, sino también resistencias locales que dificultan los operativos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en la necesidad de colaboración ciudadana para frenar una escalada de violencia que preocupa en el trópico cochabambino, una zona productiva donde se produce hojas de coca. Esa zona fue, incluso, escenario de tensión política, durante la etapa preelectoral de 2025, cuando de produjeron movilizaciones, incluso la toma de entidades y el aeropuerto de Chimoré. (EL DEBER)

El Gobierno nacional anunció que impulsará la construcción de cárceles de alta seguridad bajo modelos internacionales como el que se ha implementado en El Salvador. De esta manera, el Ejecutivo aspira a dar respuesta al crecimiento de redes del narcotráfico y la necesidad de fortalecer el control sobre internos de alta peligrosidad. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para enfrentar una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, marcada por la reconfiguración de estructuras tras la caída de líderes como Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien recientemente fue expulsado del país y llevado a Estados Unidos. “Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para construir cárceles modelo El Salvador o (Nelson) Mandela. Esa es una tarea que nos ha instruido el presidente (Rodrigo Paz) y el ministro del Gobierno (Marco Antonio Oviedo) para ese fin porque ya tenemos una muy buena cantidad de narcotraficantes detenidos y es un tema muy complicado de controlar”, señaló la autoridad en entrevista con EL DEBER. Paredes indicó que recintos como Palmasola y otras cárceles del país han quedado limitados frente a la cantidad de personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico, lo que obliga a replantear el sistema carcelario. La autoridad también alertó que existen indicios de que organizaciones criminales continúan operando desde el interior de las cárceles, motivo por el cual se implementarán medidas inmediatas como el bloqueo de señales de telefonía e internet en estos recintos. “Hay investigaciones que muestran que muchas de estas redes siguen funcionando desde la cárcel. Por eso necesitamos controlar completamente estos espacios”, sostuvo. En paralelo, el viceministro respaldó las declaraciones del viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, quien advirtió que tras la captura de Marset podrían surgir nuevos actores del narcotráfico. “Es un cambio central en la lucha contra el narcotráfico. No se trata solo de capturar a un líder, sino de desarticular toda la estructura”, afirmó. Como parte de estas acciones, Paredes mencionó que ya se han logrado resultados operativos, como la reciente aprehensión de un alto miembro del Primer Comando de la Capital, lo que evidencia la presencia de organizaciones internacionales en el país. El plan gubernamental también contempla el fortalecimiento de sistemas de inteligencia y la coordinación con el Ministerio Público para profundizar las investigaciones y garantizar sanciones. “El desafío ahora no es solo detener, sino evitar que sigan operando. Por eso necesitamos infraestructura adecuada y un control efectivo”, concluyó la autoridad. La propuesta de implementar cárceles de alta seguridad al estilo salvadoreño marca un giro en la política de seguridad del país, en un contexto donde el Gobierno busca frenar el avance del crimen organizado y recuperar el control del sistema penitenciario. (EL DEBER)

Tras las primeras investigaciones sobre el nexo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Luis Arce, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrojaron vínculos con “resabios” de Álvaro García Linera y otros personajes, aseveró el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “Esa empresa (YPFB) ha estado totalmente capturada por una red criminal, donde entre las personas que destacan está justamente el hijo del expresidente y otras personas, incluso resabios de la gestión de don García Linera, alguna gente que se quedó y de otras de otras organizaciones criminales que se armaron con bastante tiempo”, dijo Paredes en La Mañana en Directo de ERBOL. Reveló que la laptop y los celulares de Marcelo Arce muestran una “comunicación fluida” con “resabios” de la gestión de García Linera y “otros personajes destacados de la gestión del señor Luis Arce”. En ese sentido, señaló que fue un “golpe de suerte” que Marcelo Arce haya represado en Bolivia y que se pudiesen secuestrar su computadora y dispositivos móviles. “La laptop que él tiene, los celulares, todo nos muestran toda esa comunicación fluida que él tenía con todo lo que son gente resabio de la gestión del señor Linera y también, digamos, de otros personajes destacados de la gestión del señor Luis Arce”, ratificó. Consultado si García Linera era “hombre fuerte” en YPFB, Paredes señaló que “con seguridad, él fue un hombre fuerte en su momento y las investigaciones arrojan eso”. Enfatizó que Marcelo Arce tenía comunicación no solamente con gente del sector público, sino también del sector privado. “Lo estamos desgajando, es como ellos desgajando una margarita pétalo por pétalo”, afirmó. El Viceministro aseveró que en YPFB actuaba un modelo de negocio delincuencial que se aprovechaba del combustible subvencionado y traía combustible contaminado. (LA VOZ DE TARIJA)

Una organización criminal que antes lucraba con la exportación ilegal de gasolina subvencionada desde Bolivia habría mutado hacia un nuevo esquema basado en la importación de combustible adulterado, según reveló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien confirmó además la participación de múltiples actores, incluidos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), en una red que operaba a nivel internacional. “Ya tenemos identificado un primer paquete de personas que entre ellos hay algunos funcionarios… No podemos decir que esto ha pasado fuera de Yacimientos o de la ANH, porque ahí atrás hay toda una organización criminal que debe ser tratada como tal”, señaló Paredes en entrevista con el noticiero de EL DEBER, La autoridad explicó que el caso surge a partir de un operativo inicial apoyado en el cruce de información entre Bolivia y Chile, lo que permitió identificar el funcionamiento de esta estructura que también tenía vínculos con Paraguay y Argentina. “El modelo de negocio ha cambiado. Antes sacaban gasolina subvencionada para venderla en Chile, pero como eso se cortó, ahora traen combustible contaminado sustituyendo parte con agua o aceite usado, que es mucho más barato”, detalló. De acuerdo con los datos preliminares, cada cisterna que ingresa al país podría contener entre 500 y 1.000 litros de sustancias contaminantes, lo que afecta cargamentos de hasta 30.000 litros por unidad. El flujo diario —cercano a 100 cisternas desde Chile— amplifica el impacto del esquema ilícito. Paredes advirtió que, aunque la gasolina no se mezcla completamente con el agua, la presencia de estos elementos genera una suspensión que igualmente daña motores y contamina otros volúmenes al ingresar a tanques de almacenamiento. “No es una mezcla homogénea, pero igual genera perjuicios”, afirmó. La investigación también apunta a una red compleja que habría operado durante años bajo una apariencia de legalidad, aprovechando vacíos normativos y fallas en los controles. En ese contexto, el viceministro confirmó que ya existen varias personas identificadas dentro del circuito delictivo, incluyendo posibles actores vinculados a estructuras estatales. Uno de los avances clave en el caso fue la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, cuyo material informático permitió corroborar hipótesis sobre la infiltración de esta organización en instancias relacionadas con la cadena de hidrocarburos. “Hemos confirmado que se trata de una estructura construida durante muchos años”, sostuvo. La autoridad enfatizó que no se generalizarán responsabilidades, pero sí se investigará a fondo a quienes participaron activamente. “No es contra todos los transportistas ni contra todas las empresas. Son algunos que han sido parte o han sido utilizados por esta estructura criminal”, precisó. Asimismo, indicó que las denuncias surgieron semanas atrás y que, tras labores de inteligencia, se detectaron patrones irregulares que motivaron la intervención. También señaló que el esquema delictivo se sostenía en dos pilares: una logística bien estructurada y una normativa permisiva que facilitaba su funcionamiento. En respuesta, se han iniciado ajustes en contratos y controles dentro de YPFB, además de operativos de verificación en surtidores para rastrear la trazabilidad del combustible y detectar posibles puntos de contaminación. Paredes aseguró que las investigaciones avanzan en coordinación con el Ministerio Público y que ya se cuenta con declaraciones clave, como la de un conductor de cisterna que admitió haber sustituido parte del combustible por aceite a cambio de pagos irregulares. “Vamos a llegar hasta el fondo, sin proteger a nadie, pero respetando el debido proceso. Aquí hay una organización criminal que ha causado un daño muy grande al país”, concluyó. El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los mayores escándalos recientes en el sistema de distribución de combustibles, con implicaciones tanto económicas como institucionales. (EL DEBER)

El pastor evangélico Marco Núñez del Arco compareció este jueves en una audiencia de apelación en Santa Cruz, en el marco del proceso que enfrenta por el delito de estupro. La autoridad judicial declaró improcedente su solicitud, ratificando la resolución emitida el pasado 19 de febrero que ya había rechazado la nulidad de imputación. La defensa de Núñez del Arco había planteado la prescripción del delito, argumentando que los hechos denunciados datan de varios años atrás. Sin embargo, el juez determinó que la normativa procedimental vigente se aplica desde el momento de la detención, descartando cualquier aplicación retroactiva en este caso. Con esta decisión, el recurso de apelación fue declarado improcedente y el imputado continuará en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. El proceso contra Núñez del Arco ha generado atención pública debido a su condición de líder religioso y a la gravedad de las acusaciones. AGENCIAS

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset decidió renunciar a un juicio rápido en Estados Unidos, mientras su defensa solicitó postergar la audiencia preliminar hasta el próximo 20 de mayo, según informó el diario Búsqueda. La audiencia se instaló este miércoles por la mañana en el estado de Virginia, bajo la conducción del juez Rossie D. Alston Jr., quien dio lectura a los cargos que pesan en su contra. Durante la comparecencia ante la justicia estadounidense, Marset debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero; sin embargo, el proceso fue nuevamente aplazado mientras se prepara el caso para un eventual juicio. Desde Paraguay, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, subrayó la importancia de las declaraciones que el acusado pueda brindar ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, considerando su posible impacto en investigaciones regionales. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, Marset es señalado como líder de una organización criminal con operaciones en Sudamérica y Europa, la cual habría utilizado el sistema financiero internacional para lavar millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína. El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los procesos más relevantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región. (CORREO DEL SUR)

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, anunció que se convocará a declarar al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, así como a otras autoridades, en el marco de la investigación por presunto combustible adulterado, tras recabar información del personal de la estatal. “Si bien la denuncia ha sido presentada en contra del mismo expresidente de Yacimientos, aclarar que bajo el análisis y valoración del fiscal analista se ha dado denuncias contra los autores. Es decir, dejando abierta cualquier situación, es decir, que no se descarta que se pueda convocar a este ciudadano para que pueda prestar su declaración informativa dentro de la presente causa, bien sea en calidad de testigo o no”, señaló Tórrez. La autoridad explicó que cualquier citación dependerá del avance de las investigaciones y de la evaluación que realice la Comisión de Fiscales encargada del caso. “Evidentemente, eso ya está sujeto al avance de las investigaciones y, evidentemente, por parte de la Comisión de Fiscales quienes valorarán dicho extremo. Podemos establecer de que todavía no se ha emitido una citación como tal en contra del expresidente de Yacimientos”, precisó. Asimismo, Tórrez indicó que estaba prevista la declaración del ministro de Hidrocarburos; sin embargo, esta fue suspendida a solicitud de la propia autoridad, quien argumentó tener actividades urgentes de carácter nacional. (CORREO DEL SUR)

El 30 de marzo de 2026, una jaguar hembra de aproximadamente seis meses fue recibida en el Refugio de Animales Senda Verde, tras un operativo que incluyó un traslado aéreo desde Santa Cruz y otro terrestre hasta Coroico. Rescatada el 14 de marzo de un domicilio particular por un equipo de la Direccion de Recursos Naturales (DIRENA) de la Gobernación de Santa Cruz, con apoyo de Bomberos Jenecheru y FV-Feroz, la pequeña se encontraba en estado crítico: desnutrida, aterrorizada y con más de 90 perdigones en su cuerpo, además de severas lesiones en una pata y la mandíbula. Se presume que su madre fue asesinada en el mismo acto de violencia. Gracias al trabajo coordinado entre autoridades, profesionales y colaboradores, logró estabilizarse. Tras una evaluación exhaustiva, se definió su traslado a Senda Verde, donde recibirá atención especializada a largo plazo. Agradecemos profundamente a DIRENA, a BOA, a SEMEVET, al Gobierno de La Paz, y a cada veterinario, asistente y voluntario que hizo posible este rescate y traslado al refugio. Un reconocimiento especial al Director de DIRENA, Adrian Arturo Arispe Torrez y a todo su equipo tecnico, a Christian Alba y al Dr. Fidel Fernández por su dedicación incansable. Este caso es un ejemplo extraordinario de lo que puede lograrse cuando personas e instituciones trabajan de manera conjunta, organizada y comprometida hacia un objetivo común. En medio de una historia de violencia, emerge una red de humanidad, cooperación y esperanza. Sin embargo, no podemos ignorar el trasfondo de esta historia. Esta inocente criatura es también un símbolo de una crisis más amplia. Nuestra biodiversidad está siendo destruida a un ritmo alarmante. Los ecosistemas están colapsando, y especies emblemáticas como el jaguar enfrentan amenazas crecientes. Bolivia, un país de riqueza natural incomparable, se encuentra hoy en una encrucijada ambiental. SENDA VERDE

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, expresó su preocupación tras el traslado de ocho privados de libertad desde Santa Cruz al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, seis de ellos presuntamente vinculados al caso Sebastián Marset. La activista cuestionó la decisión de derivar a este grupo a un recinto que ya enfrenta limitaciones, con cerca de mil internos y evidentes condiciones de hacinamiento, lo que agrava la situación tanto para los reclusos como para quienes deben resguardar el lugar. Ugarte advirtió que esta medida deja en indefensión al personal policial, que trabaja con recursos insuficientes y sin el refuerzo necesario para garantizar la seguridad. Recordó que desde gestiones anteriores se solicitó mayor equipamiento y más efectivos del verde olivo, demandas que, según señaló siguen sin ser atendidas, mientras crece la presión en uno de los penales más sensibles del país. YENNY TICONA-RTP

Autoridades originarias de la comunidad Milluni Bajo, en el Distrito 13 de El Alto, se declararon en emergencia y alertaron a la población sobre la venta ilegal de terrenos en una extensión de 1.720 hectáreas que les pertenece de manera comunal. Mientras el proceso de saneamiento individual continúa en curso, los dirigentes denuncian que personas inescrupulosas ofrecen lotes con documentos falsos, aprovechando la necesidad y la confianza de compradores desprevenidos. La situación se agrava con la presencia de más de un centenar de construcciones ilegales que buscan consolidarse en el sector. Según dirigentes de la comunidad el jilakata Justino Condori y secretario general, Luis Quispe, los avasalladores no solo utilizan documentos irregulares, sino que también recurren a la fuerza y a la intimidación mediante presuntos antisociales para tomar predios, pese a existir anotación preventiva. La comunidad exige una investigación exhaustiva del Ministerio Público y llama a la reflexión colectiva para frenar estos abusos que ponen en riesgo la propiedad comunal y la seguridad de sus habitantes. YENNY TICONA-RTP