Seguridad

El vicepresidente Edmand Lara exigió al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, que explique públicamente los hechos relacionados con una serie de amenazas dirigidas en su contra, luego de la aparición de mensajes y de una persona asesinada con impactos de arma de fuego y un letrero dirigido al funcionario en Santa Cruz. “¿Qué está pasando? ¿Qué aparecen estos mensajes dirigidos a usted?”, cuestionó Lara en un comunicado, en el que pidió a Maldonado informar si existen conflictos, amenazas o antecedentes que puedan explicar la situación. Lara mencionó que primero aparecieron dos personas encapuchadas que amenazaron al viceministro, posteriormente fue hallada una persona asesinada con impactos de arma de fuego y un letrero dirigido a Maldonado, y finalmente apareció un nuevo mensaje con un ultimátum de 24 horas. La Policía atribuyó los amenazas a una estructura del narcoterrorismo con participación de brasileños. El vicepresidente aclaró que no está afirmando que los asesinatos tengan relación con Maldonado, pero consideró que los hechos deben ser investigados a fondo. “No pueden quedar en la incertidumbre”, sostuvo. En ese contexto, Lara volvió a cuestionar la situación de seguridad en Santa Cruz y afirmó que el crimen organizado “ha rebasado a la Policía Boliviana”. Señaló que en ese departamento se registran, según su denuncia, asesinatos, amenazas y otros hechos violentos. El vicepresidente demandó cambios en la institución policial, una reestructuración y renovación de los mandos, además de investigaciones para identificar y apartar, conforme a la ley, a quienes pudieran tener vínculos con organizaciones criminales. “No podemos seguir con los mismos jefes policiales mientras la delincuencia avanza y la población vive con miedo”, afirmó. Finalmente, Lara exigió que Maldonado explique lo que conoce sobre los hechos y pidió a la Policía y al Ministerio Público esclarecer las amenazas y crímenes, así como identificar a los autores materiales y a quienes pudieran estar detrás de estos hechos. “Bolivia necesita respuestas, seguridad y justicia, no más amenazas ni impunidad”, concluyó. ERBOL

El experto en seguridad y secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiesteban, calificó como una revancha de estructuras del Primer Comando de la Capital (PCC) el asesinato registrado el lunes en el Cordón Ecológico, debido a las operaciones de expulsión y captura de líderes de esa facción. “La novedad es cuando no hay uno”, dijo Santiesteban en RTP Informa al aseverar que la persona fallecida no pertenecía a la estructura criminal y fue ejecutada para enviar un mensaje al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, como “factura” por los resultados de las operaciones. Consideró positiva la expulsión de cerca de 17 integrantes relevantes del PCC, pero advirtió que, según inteligencia brasileña, aún quedan líderes de alto nivel en el país. “Han optado por escoger a uno por uno, porque es más fácil desestabilizar el aparato estatal”, afirmó. Pidió decisiones políticas drásticas, reactivar la inteligencia criminal y continuar la depuración en todas las instituciones del Estado. Sobre el caso de Roger Mariaca, exfiscal del Estado, sostuvo que no basta con lo avanzado y que se tiene que seguir con la búsqueda de quienes cooperan con el crimen organizado desde los órganos del Estado. También alertó sobre la facilidad con la que criminales reingresan por fronteras con escaso control migratorio, como Cobija. MRCM-RTP

El Gobierno cuestionó este sábado la apelación que accedió el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por el caso radares, y ratificó que se presentó la apelación para revertir esa decisión judicial. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, dejó que la Justicia deba definir la situación de la exautoridad, del gobierno de Luis Arce, sobre la investigación al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta). “Se ha presentado la documentación del caso, confiamos en que iba a ser valorada en la instancia jurisdiccional y, como no estamos de acuerdo, lo que se ha hecho es que el Ministerio de Defensa apele esa decisión”, afirmó. Novillo abandonó este sábado las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y partió rumbo a Cochabamba para cumplir con la detención domiciliaria que decidió la Justicia. “Tenemos que aprender a vivir y convivir con la ley en la mano, más allá de que nos gusten o no nos gusten las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, eso no va a ocurrir, aquí la instrucción del presidente es que una vez que concluyen las acciones penales, se debe iniciar las acciones civiles de reparación”, añadió. El proceso que se sigue en contra de Novillo es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. (ABI)

La justicia determinó el viernes una sentencia de 18 años a cumplir en el penal de San Pedro de La Paz para Manuel Alejandro Zambrana Rioja, quien, disfrazado de Joker, quitó la vida a Joseph Emmanuel M. (21 años), el 13 de abril de 2025, cerca de una discoteca en la zona de Sopocachi. En la resolución se determinó además una sentencia absolutoria para Mayra F. V., pareja del autor del crimen, ya que no pudo establecerse con precisión que haya colaborado o proporcionado el arma punzocortante para quitar la vida al joven. El abogado de la familia de la víctima, Giovanni González, cuestionó el fallo asumido a pesar que fue una decisión unánime, pues durante el transcurso de la investigación, antes del juicio, pretendía que el delito deba cambiarse de homicidio a asesinato. De acuerdo con los antecedentes, la noche del 13 de abril de 2025, Joseph Emmanuel M. murió tras una pelea cerca de una discoteca. El autor del hecho fue Manuel Alejandro Zambrana Rioja quien, disfrazado del personaje de ficción Joker, asestó un cuchillo contra el joven, provocándole la muerte, y a otros dos jóvenes los dejó heridos.    “La familia está asegurando que vamos a interponer dos recursos de apelación una contra la decisión de condenatoria en contra de Manuel Zambrana porque nosotros estamos seguros que este es un hecho delictivo que encuadra en el tipo penal de asesinato”, anunció. El segundo recurso a ser presentado será el de apelación restringida contra Mayra F. V. por la sentencia absolutoria, pareja del autor del crimen, ya que consideró que también existe contra ella responsabilidad penal por el crimen. (CORREO DEL SUR)

La demanda de juicio de responsabilidades planteada contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera fue admitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que otorgó un plazo de 30 días hábiles a la Fiscalía General del Estado para investigar y determinar si corresponde o no presentar una acusación contra los exmandatarios por el caso «Hotel Las Américas» o «Terrorismo». El expresidente Jorge Quiroga publicó en sus redes sociales el documento en el que la Sala Penal determina «radicar» la proposición acusatoria presentada por un grupo de legisladores de la alianza Libre, con el objetivo de investigar lo ocurrido el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz. «RADICAR el informe de inicio de investigación con base en la proposición acusatoria presentada contra Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad, en el caso denominado «Hotel Las Américas», en el ejercicio de funciones públicas como presidente y vicepresidente del Estado», establece la resolución de la Sala Penal. Además, se determina que «el Fiscal General del Estado deberá formular requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria, cumplido el plazo de 30 días hábiles, a partir de la subsanación del informe de inicio de investigación del 12 de octubre de la presente gestión». La subsanación está relacionada con la identificación de los domicilios procesales. También se dispone que, «en coordinación con el oficial de diligencias y los sujetos procesales, se practiquen las notificaciones legales a las partes procesales». Morales permanece en una especie de «autoexilio», con un fuerte resguardo de sus bases en el trópico de Cochabamba (Chapare), desde noviembre de 2024, para evitar su detención por dos procesos pendientes: uno por trata y tráfico de personas y otro relacionado con el bloqueo de caminos que se prolongó durante 53 días. En tanto, García Linera mantiene un perfil bajo y se conoce que reside en la ciudad de La Paz. La madrugada del 16 de abril de 2009, un operativo policial acabó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores —identificado como cabecilla de un presunto grupo irregular—, así como con las del húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Sobrevivieron al operativo el húngaro ElÅ‘d Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadić. La demanda contra Morales y García Linera se fundamenta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que durante el operativo policial contra una presunta célula terrorista, la madrugada del 16 de abril de 2009, se registraron ejecuciones extrajudiciales. Morales respondió que no tiene problemas en enfrentar la demanda e incluso dijo que estaba pensando en no asumir su defensa. Mientras tanto, García Linera no se ha pronunciado hasta el momento. (VISIÓN 360)

La Fiscalía General del Estado creó una Unidad Especializada en Cibercrimen en Chuquisaca, con capacidad para analizar audios, videos y otros archivos digitales. La decisión se conoce en medio de la difusión de más de una decena de grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y a personas del entorno del presidente Rodrigo Paz. ANÁLISIS DE AUDIOS Y VIDEOSEl fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, informó que la nueva unidad fue formalizada mediante una resolución administrativa y contará con fiscales designados por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Entre sus funciones estarán establecer la autenticidad de grabaciones, analizar material digital, investigar delitos vinculados con tecnologías y apoyar a otras fiscalías en procesos que requieran pericias especializadas. LOS AUDIOS DE CERIMEDOLa creación de esta instancia coincide con la difusión de al menos 11 audios atribuidos a Cerimedo y distintas autoridades y figuras del entorno gubernamental, entre ellas el presidente Rodrigo Paz, la primera dama María Elena Urquidi y ministros. Las grabaciones contienen supuestas conversaciones sobre decisiones gubernamentales, movimientos dentro del gabinete y otros asuntos políticos. Su autenticidad y procedencia deben ser establecidas mediante pericias técnicas. El presidente Paz pidió investigar quién filtra o produce estos materiales, mientras que Urioste señaló que primero se debe determinar su origen, autenticidad y trazabilidad. ERBOL

La aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo, el operativo policial contra personas vinculadas a las movilizaciones del evismo y los anuncios de nuevas investigaciones contra periodistas y exautoridades configuran una ofensiva policial y fiscal – en la línea de lo acaecido en octubre – que contrasta con la falta de avances concretos sobre el contenido de los audios atribuidos al estratega político Fernando Cerimedo, en los que aparecen conversaciones con autoridades y personas del entorno del presidente Rodrigo Paz. Mientras el Gobierno despliega operativos, presenta denuncias y anuncia pesquisas sobre presuntos planes de desestabilización, el caso de las grabaciones que comprometen a figuras del Ejecutivo permanece en una etapa preliminar. La Fiscalía General anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para investigar su origen y autenticidad, pero aclaró que todavía no existe un proceso penal abierto por estos hechos. Cabe recordar que las principales verificadoras del país han dado por válidos los dos audios en los que Cerimedo conversa con la esposa del presidente María Elena Urquidi, el que conversa con el diputado Alejandro Reyes y con el ministro Mauricio Zamora, además de otros presentados en agosto por el vicepresidente Edmand Lara. Cado radares El jueves 29 de octubre, el exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido después de declarar ante la Fiscalía de La Paz por el caso de los radares. La investigación, impulsada por una denuncia del actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, indaga un presunto daño económico superior a los 1.478 millones de bolivianos en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), que contemplaba la adquisición de 13 radares franceses. La denuncia alcanza también a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López. La Fiscalía investiga posibles delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y deberá establecer la responsabilidad individual de cada exautoridad. Caso protestas En Cochabamba, entretanto, la Policía aprehendió a dos personas durante un operativo en el que encontró armas de fuego, dinamita y otros explosivos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que existen comunicaciones entre uno de los detenidos, Alain Torrico, y el expresidente Evo Morales, relacionadas con preparativos para generar violencia durante las movilizaciones anunciadas por sectores afines al evismo. El Gobierno sostiene que los materiales estaban destinados a provocar enfrentamientos durante la marcha prevista desde Patacamaya hasta La Paz, anunciada para el 6 de noviembre. Los detenidos serán imputados por tenencia y porte ilícito, además de fabricación de explosivos. Durante el allanamiento también se encontraron restos óseos que, según la investigación preliminar, corresponderían a una mujer. Este hallazgo dio lugar a otra pesquisa. Caso Pasanaku A esta secuencia se suma la denuncia de un supuesto sistema de «pasanaku» dentro del Ministerio Público de Santa Cruz, mediante el cual autoridades fiscales habrían beneficiado a determinados integrantes de la prensa a cambio de publicaciones favorables. El fiscal departamental, Jimmy López, anunció que podrían convocarse periodistas en función de los elementos que se recojan. El anuncio se produce mientras continúan las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Roger Mariaca. Sin noticias de Cerimedo El contraste aparece en el caso Cerimedo. Desde hace semanas circulan grabaciones atribuidas al exasesor político, actualmente recluido en Chonchocoro, en las que se escucharía a autoridades del Gobierno, al presidente Paz, a la primera dama María Elena Urquidi y a otros actores políticos. Entre los registros difundidos hay conversaciones atribuidas al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y a la hija del mandatario, Catalina Paz. La particular forma en la que opera un asesor extranjero sin contrato con el Estado en todas esas llamadas y los temas delicados que aborda – de nombramientos a adjudicaciones, pasando por decisiones de Estado – ya motivaron investigaciones en agosto, pero que se han detenido. El presidente, en la línea estratégica planteada por el gobierno para confundir audios verificados y otros negados, pidió investigar “quién filtra o produce los audios” – y no quien los graba ni mucho menos sus contenidos –  y sugirió que podrían haber sido elaborados con inteligencia artificial. El fiscal general, José Armando Urioste, anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para establecer la trazabilidad de las comunicaciones y determinar la procedencia de los archivos. Sostuvo que deben investigarse tanto el origen de las filtraciones como el contenido, pero insistió en que se necesitan elementos objetivos antes de abrir un proceso penal. También reconoció dificultades normativas para abordar este tipo de delitos. El empresario y político Samuel Doria Medina reclamó una investigación «real e independiente» y planteó tres medidas: verificar los audios mediante empresas independientes, investigar el patrimonio y los movimientos financieros de las personas que aparezcan en grabaciones cuya autenticidad sea confirmada y, si corresponde, imputar a los sospechosos de corrupción. La Fiscalía, por ahora, no ha anunciado medidas equivalentes sobre los posibles hechos de corrupción que se desprenden de las conversaciones. La prioridad institucional parece concentrarse en determinar quién grabó, filtró o difundió los archivos, mientras el contenido que podría comprometer a integrantes del poder sigue sin una investigación penal específica. EL PAÍS

El exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración en la Fiscalía Departamental de La Paz por el caso radares. La exautoridad, que es investigada por este proceso, afirmó ser inocente. “Soy inocente, he presentado todos los descargos”, manifestó Novillo mientras era escoltado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La exautoridad, que formó parte del gobierno de Luis Arce, es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. El Gobierno denunció a Novillo y a otros exministros por un presunto daño económico superior a Bs 1.478 millones, relacionado con el fallido proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta). El caso también comprende la compra de 13 radares franceses, en el marco del proyecto cuestionado por presuntas irregularidades.  (ERBOL)

El fiscal Gary Flores confirmó a EL DEBER que uno de los hijos del ex alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, de 22 años, fue aprehendido y es investigado por el presunto delito de obstrucción a la investigación. El joven se encontraba junto a su padre cuando este fue encontrado durante un allanamiento en las instalaciones de Fundamax, inmueble que era utilizado por su organización y durante sus campañas políticas. «Al ser un hecho nuevo, existe un fiscal que estaba de turno el día de ayer, entonces, se ha pasado a conocimiento de ese fiscal dicha causa y será él quien disponga cuál es la situación de este ciudadano en relación al allanamiento que se ejecutó el día de ayer, dentro del proceso de malversación de fondos. Entonces, es el fiscal Ronald Vargas quien tiene que darles mayor información, pero entiendo que sí, (el hijo) se encuentra en calidad de aprehendido«, señaló. Tras el allanamiento, el exalcalde fue trasladado bajo escolta policial hasta el Palacio de Justicia, donde se desarrolló la audiencia de medidas cautelares por el caso de presunta malversación de fondos. En este proceso se investiga el destino de Bs 191 millones que estaban direccionados a 17 obras municipales que no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas. La declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra Fernández se emitieron después de que el exedil no se presentara a su audiencia, fijada para el martes 27 de octubre. Durante el allanamiento a Fundamax, la Policía también encontró dinero en dólares y bolivianos. Al respecto, el fiscal Flores explicó: «Se encontraron montos en dólares y bolivianos, un monto exacto de 19.800 dólares que estaban tirados en el asiento trasero de un vehículo pequeño marca Suzuki y otro monto de dinero considerable dentro de una caja de zapatos debidamente embalada. Este monto de dinero va a ser cuantificado a efectos de determinar el monto real», explicó el fiscal. Tras la declaratoria de rebeldía contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, la Policía informó que desplegó grupos de Inteligencia para localizarlo y ejecutar la orden de aprehensión en su contra. Al promediar el mediodía del miércoles 28 de octubre, Fernández fue encontrado en las instalaciones de Fundamax, donde también se encontraba uno de sus hijos. Tras su hallazgo, el exalcalde fue trasladado bajo custodia policial hasta el Palacio de Justicia, donde se desarrolló la audiencia de medidas cautelares por el caso de presunta malversación de fondos. La Justicia determinó que Fernández deberá cumplir 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Durante su intervención, el exalcalde rechazó las acusaciones en su contra y negó haberse apropiado de los recursos económicos observados en la investigación. Fernández explicó que el dinero proveniente de créditos fue destinado a cubrir diferentes obligaciones de la Alcaldía. Según su versión, parte de esos recursos se utilizó para pagar el aguinaldo de los funcionarios municipales y atender compromisos del área de salud. EL DEBER

La defensa de Sebastián Marset impugnó ante la Justicia de Estados Unidos el análisis de un teléfono incautado en Bolivia, mientras que la Fiscalía boliviana encontró en dependencias policiales las cuatro maletas buscadas dentro de la investigación por la presunta sustracción de objetos de la vivienda del narcotraficante uruguayo. Las cuatro vacías. Los abogados de Marset solicitaron el 23 de octubre al juez federal Rossie Alston Jr., del Distrito Este de Virginia, que suspenda el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno estadounidense explique cómo obtuvo el teléfono y bajo qué procedimientos extrajo la información. Según la defensa, las autoridades bolivianas enviaron el aparato a la Administración para el Control de Drogas (DEA) a mediados de abril, pero este no apareció en la documentación judicial compartida hasta finales de julio. Los abogados cuestionan la falta de registros oportunos sobre la cadena de custodia y sostienen que algunos agentes extrajeron datos sin una orden judicial. La DEA habría argumentado que Marset consintió previamente el registro de otros dispositivos. La Fiscalía estadounidense sostiene que el uruguayo utilizaba cuatro celulares para acceder a cuentas de criptomonedas que sumarían cuatro millones de dólares. La impugnación no supone que la prueba haya sido excluida ni que los cargos hayan sido anulados, pero pone en riesgo un elemento que puede ser clave. El juez prevé pronunciarse sobre las mociones antes del 6 de noviembre, de cara al juicio programado para comienzos de 2027. Las maletas de Marset En Bolivia, el fiscal Gabriel Rodríguez informó que se encontraron cuatro maletas vacías en un ambiente utilizado como gimnasio y almacén del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), en La Paz. El registro fue autorizado voluntariamente por la unidad policial y se realizó a partir de información proporcionada por el capitán Guillermo Ruiz, quien reconoció haber llevado maletas a esas instalaciones. La Fiscalía colectó los equipajes como evidencia, pero todavía debe verificar, mediante grabaciones, si corresponden a los retirados de la vivienda de Marset. La investigación busca establecer qué contenían y cuál fue el destino de posibles sumas de dinero, joyas y relojes. También se busca una caja fuerte que habría sido retirada durante el operativo. Rodríguez identificó a cuatro policías investigados: el capitán Ruiz, el teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino, el coronel Óscar Fernando Moreno y Erick Correa. Ferrufino fue enviado a prisión y Ruiz permanece aprehendido. De manera preliminar, la Fiscalía señaló que Moreno habría supervisado las intervenciones en dos inmuebles relacionados con Marset, mientras que Ferrufino y Correa habrían dirigido operativamente ambos procedimientos. Ruiz declaró que retiró una maleta, pero que desconocía su contenido. El Ministerio Público solicitó informes al Comando General de la Policía y a otras instancias para identificar a todos los funcionarios que participaron en los operativos. Ambas investigaciones avanzan por vías judiciales distintas. En Estados Unidos, la disputa se centra en la legalidad del registro del teléfono y la admisibilidad de sus datos; en Bolivia, en reconstruir el manejo de los objetos retirados de los inmuebles y determinar posibles responsabilidades. Ninguna de las dos causas ha establecido de forma definitiva las responsabilidades individuales señaladas. El audio Cabe recordar que el pasado lunes, Erick Correa González, uno de los buscados por el caso del probable robo de la caja fuerte de Marset, mostró un audio en el que supuestamente se negocia la entrega del botín con el viceministro Ernesto Justiniano y el ministro Marco Antonio Oviedo en unas dependencias del Segip con el coronel Moreno. EL PAÍS