Seguridad

Fiscalía inició una investigación contra siete de los 27 presuntos choferes “autoconvocados” que fueron aprehendidos tras los hechos de violencia registrados en la sede de la Federación de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto y contra un vehículo de la Policía Boliviana. El fiscal de materia, Weimar Molina, informó que estas personas fueron identificadas y son procesadas por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado. La autoridad explicó que los investigados también enfrentan cargos por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, debido a su presunta participación en los daños ocasionados durante las movilizaciones que concentraron a 300 personas el pasado lunes. Las indagaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y establecer si existen más personas vinculadas a los hechos. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Defensoría del Pueblo activó acciones de mediación y seguimiento tras conocer la retención de un efectivo militar en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, en medio de los conflictos sociales y bloqueos que se mantienen en la región desde hace varias semanas. A través de un comunicado oficial, la institución informó que tomó conocimiento del caso ocurrido la noche del miércoles, 10 de junio, y también de la demanda planteada por sectores movilizados que exigen la liberación de dos pobladores del municipio que permanecen detenidos en el penal de Palmasola. Ante esta situación, la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz estableció contacto con dirigentes locales, autoridades policiales y representantes religiosos con el objetivo de garantizar la integridad física y psicológica de la persona retenida y evitar que la tensión derive en hechos de violencia. “La Defensoría del Pueblo desarrolla acciones orientadas a promover la distensión y la búsqueda de soluciones pacíficas, priorizando la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas”, señala el pronunciamiento institucional. El caso cobró notoriedad luego de la difusión de videos en redes sociales que muestran al teniente del Ejército Wílmer Chávez Condori, quien fue retenido por manifestantes tras ser descubierto tomando fotografías en uno de los puntos de bloqueo instalados en San Julián. En una grabación difundida por los propios movilizados, el uniformado, vestido de civil, aseguró que no había sido víctima de agresiones y negó versiones que circulaban sobre un supuesto riesgo de linchamiento. “Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento”, manifestó el militar en el video. El efectivo también reconoció que se encontraba realizando labores de observación y registro fotográfico de las actividades desarrolladas en los puntos de protesta cuando fue identificado por los manifestantes. Mientras continúan las gestiones para resolver la situación, la Defensoría aclaró que cualquier eventual intervención operativa de las fuerzas del orden no contará con participación de la institución y será responsabilidad exclusiva de las entidades competentes. “Cualquier intervención operativa que pudieran ejecutar las fuerzas del orden y los efectos que estos produzcan no contempla la participación de la institución defensorial y constituye una atribución exclusiva de estas entidades estatales”, remarcó el organismo. La retención del militar ocurre en un contexto de creciente tensión en San Julián, donde los bloqueos de carretera se han convertido en los más prolongados del departamento de Santa Cruz. En días pasados se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales durante intentos de desbloqueo, hechos que dejaron decenas de personas heridas. La Defensoría del Pueblo anunció que continuará realizando gestiones orientadas a la resolución pacífica del conflicto y exhortó a todos los actores involucrados a evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de la población. (EL DEBER)

Un trágico siniestro acuático registrado en el lago Titicaca dejó como saldo la muerte de efectivos de la Armada Boliviana y civiles, en medio de operaciones de apoyo a personas afectadas por los bloqueos de caminos, informó este miércoles la institución naval. De acuerdo con un comunicado oficial, la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui desarrolló el martes 9 de junio un patrullaje lacustre en el tramo Guaqui-Desaguadero, tras recibir denuncias relacionadas con pesca ilegal en periodo de veda. Una vez concluido el operativo de control, el personal naval se sumó a tareas de asistencia en un corredor humanitario, trasladando a ciudadanos afectados por las medidas de presión. Sin embargo, durante esa labor, la embarcación enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos que dificultaron la navegación y derivaron en un incidente que obligó a activar de inmediato operativos de búsqueda y rescate. Como resultado de estas acciones, fue rescatado con vida el suboficial inicial Cristian Jesús Huanca Cruz. No obstante, se confirmó el fallecimiento del suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y del suboficial inicial Miguel Ángel Iver Condori Mamani. Asimismo, la Armada reportó la muerte de dos personas civiles, cuya identidad aún no ha sido establecida. Según el informe oficial, los cuerpos de los efectivos fueron hallados a 3,9 y 4,3 millas náuticas de las orillas del municipio de Taraco. La institución naval informó que se iniciaron investigaciones administrativas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de determinar las circunstancias y causas del siniestro. Finalmente, la Armada Boliviana expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y de las víctimas civiles, al tiempo que exhortó a los sectores en conflicto a priorizar el diálogo para resguardar la convivencia pacífica, la libre transitabilidad y el bienestar de la población. (CORREO DEL SUR/ERBOL)

La Policía aprehendió este miércoles al secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari Vicente Salazar. Salazar fue ingresado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz pasadas las 13:00. No vestía su tradicional poncho rojo y su cabello estaba con rastas. Lo acompañaban dos personas vestidas de civil y con el rostro cubierto. La federación de campesinos es uno de los sectores que impulsa los conflictos en el país desde principios del mes pasado. Luego de su ingreso, se procedió al cierre de las puertas de la dependencia policial, mientras efectivos del orden permanecían en el exterior resguardando el lugar. La aprehensión se dio en momentos en que la marcha de la Central Obrera Boliviana, de la federación de campesinos y otros sectores se encuentra en el centro de la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (BRÚJULA DIGITAL)

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó que fueron seis meses de investigación los que permitieron descubrir una de las técnicas más sofisticadas del narcotráfico: la impregnación de droga en madera. El fiscal Mario Carrera Guerrero explicó: “Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo fue al azar”, al remarcar que la detección requirió escáneres especializados, binomios caninos y análisis del Instituto de Salud Pública. Carrera también detalló que “todos los contenedores vienen de Bolivia y dentro de ese país la zona que más se repite es Pando, frontera con Brasil. También tenemos cargamentos provenientes de Santa Cruz y de Cochabamba, pero principalmente de esa región”. El operativo, considerado el más grande en la historia de Chile bajo esta modalidad, permitió incautar 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en más de 1.080 toneladas de madera, con un valor estimado superior a 8.300 millones de dólares En Bolivia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que Chile no notificó oficialmente del hallazgo, aunque aseguró que se iniciaron contactos para una investigación conjunta. El Fiscal General, Roger Mariaca, también anunció coordinación con la Fiscalía chilena y no descartó un equipo binacional de investigación. ÁNGEL LOZANO-RTP

Ocho dirigentes sindicales que fueron aprehendidos el fin de semana en El Alto recuperaron su libertad pura y simple, luego de que la Fiscalía determinara que no existen elementos suficientes para sustentar una imputación en su contra. El abogado defensor, Miguel Chávez, señaló que la decisión se tomó en apego a derecho. “Han sido ocho dirigentes que han sido liberados… no ha habido ningún tipo de elemento para que conduzca a una imputación”, afirmó, al indicar que, pese a ello, el Ministerio Público continuará con las investigaciones. De acuerdo con los antecedentes, seis de los liberados pertenecen a la Central Obrera Boliviana (COB) y los otros dos a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari. Según la defensa, los dirigentes habían sido detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Por su parte, la COB confirmó la aprehensión de sus dirigentes y denunció irregularidades durante el operativo. En un comunicado, la organización afirmó que se utilizaron gases lacrimógenos dentro de un vehículo, lo que habría vulnerado los derechos de los detenidos. Asimismo, cuestionó la difusión de videos en redes sociales donde, según su versión, se evidencia “tortura y violencia inhumana”. El caso se desarrolla en un contexto de creciente conflictividad social. Este martes se cumplen 40 días de protestas en el país, con más de 80 puntos de bloqueo que afectan el traslado de alimentos, medicamentos, combustible y otros insumos esenciales, generando desabastecimiento, especialmente en La Paz. Además, se reporta que más de una decena de personas han fallecido en medio de esta crisis, en algunos casos por no haber podido acceder a atención médica oportuna debido a las restricciones en las vías. (CORREO DEL SUR)

Momentos de tensión se registraron en el peaje de la autopista La Paz–El Alto, donde personas que mantienen medidas de bloqueo agredieron a transeúntes que intentaban circular por el sector. Según reportes, los manifestantes utilizaron empujones, golpes y lanzaron piedras contra quienes expresaban su rechazo a la protesta o simplemente pasaban. La situación generó preocupación entre usuarios de la vía, quienes denunciaron actos de intolerancia en medio de un cerco que ya se prolonga por 40 días y que, aseguran, afecta gravemente la actividad social y económica. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, lamentó los hechos y pidió la presencia de efectivos policiales para evitar mayores enfrentamientos y resguardar la integridad de la población. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó que el Ministerio Público inició acciones tras conocer la incautación de un cargamento de droga impregnada en madera de exportación, detectado en el puerto de Arica, en Chile, y que habría salido desde Bolivia. Desde Santa Cruz, la autoridad señaló que se instruyó al Fiscal Superior en delitos de narcotráfico y al coordinador de Sustancias Controladas abrir una investigación y coordinar el cruce de información con la Fiscalía chilena, con el objetivo de identificar a los responsables. “Nos llama mucho la atención, otra vez, el tema de la madera impregnada con sustancias controladas […] iremos tras las personas que participaron de manera directa e indirecta”, afirmó Mariaca, quien además no descartó la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos países. El Fiscal General también expresó su preocupación por la magnitud del hallazgo y recordó que las pesquisas iniciales del caso se originaron en Santa Cruz, subrayando que este tipo de hechos evidencia la operación de organizaciones criminales que afectan la seguridad regional. De acuerdo con las autoridades chilenas, la droga estaba adherida a más de mil toneladas de madera distribuidas en 45 contenedores que tenían como destino distintos puertos en Europa, Estados Unidos y Oceanía. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, detalló que lo incautado representa al menos el 10% del total de la carga, estimando un volumen de 108 toneladas entre cocaína, clorhidrato y ketamina. Asimismo, se detectaron más de 103 mil kilos de sustancias controladas ocultas en los contenedores, junto a insumos utilizados para aumentar la droga. Las investigaciones continúan en ambos países para determinar la ruta completa del cargamento y desarticular la red involucrada en este caso de narcotráfico internacional. (CORREO DEL SUR)

El abogado constitucionalista Eusebio Vera señaló que una eventual participación de las Fuerzas Armadas durante un estado de excepción debe enmarcarse estrictamente en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y las normas vigentes, advirtiendo que cualquier uso indiscriminado de la fuerza o de armas de fuego puede derivar en responsabilidades legales.Vera explicó que, de acuerdo con el artículo 244 de la Constitución, la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender y conservar la independencia, la seguridad, la estabilidad del Estado, el honor y la soberanía nacional. Asimismo, remarcó que los militares no actúan por decisión propia, sino bajo instrucciones y órdenes superiores establecidas por ley.En ese contexto, indicó que si se promulga la Ley de Estados de Excepción y se emite el respectivo decreto supremo, las Fuerzas Armadas podrían ser desplegadas para preservar la seguridad nacional, siempre bajo el principio de legalidad.El jurista enfatizó que la vigencia de un estado de excepción no implica la suspensión de los derechos humanos, las garantías constitucionales, las acciones de defensa ni el debido proceso. Por ello, sostuvo que toda actuación de militares y policías debe respetar estos principios.Respecto al uso de armas de fuego, Vera explicó que rige el principio de proporcionalidad, es decir, que la respuesta de las fuerzas del orden debe guardar relación con el nivel de violencia o amenaza enfrentada. Señaló que, en casos donde existan ataques con armas de fuego, la respuesta estatal deberá ajustarse a esa realidad, pero siempre dentro de los límites legales.Asimismo, señaló que, según el proyecto normativo, durante la vigencia de un estado de excepción las Fuerzas Armadas podrían asumir algunas funciones operativas de apoyo a la Policía Boliviana, incluyendo arrestos, aprehensiones o detenciones en casos de flagrancia.Finalmente, recordó que toda intervención realizada por militares o policías debe ser documentada mediante un informe circunstancial de acción directa, el cual debe ser remitido de manera inmediata al Ministerio Público para su evaluación y eventual procesamiento judicial. Añadió que, en caso de comprobarse abusos, arbitrariedades o uso excesivo de la fuerza, los responsables podrían enfrentar procesos y sanciones conforme a la ley. MARISOL MURILLO-RTP

Transportistas autoconvocados protagonizaron este lunes momentos de tensión en la sede de la Federación Andina de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto, donde causaron destrozos y advirtieron con extender sus movilizaciones hacia la sede de la Federación Departamental del Autotransporte de La Paz de no concretarse la renuncia de los dirigentes de ambas instituciones, a quienes acusan de “traición” por haber dejado sin efecto el paro con bloqueo de vías previsto para este lunes en la urbe alteña. La protesta se tornó violenta pasado el mediodía en la zona 12 de Octubre, donde una multitud lanzó piedras contra la infraestructura, utilizó petardos, explosivos y encendió fogatas mientras permanecía atrincherada en el sector. La Policía Boliviana desplegó un operativo de resguardo y empleó agentes químicos para controlar la situación. De acuerdo con un informe del Comando Regional de El Alto, 28 personas fueron arrestadas y se registró un vehículo dañado, sin reportes de heridos. Los movilizados demandan explicaciones a la dirigencia encabezada por Reynaldo Luna por la suspensión de las medidas de presión, en medio de la persistente escasez de combustibles y los reclamos por presuntos daños ocasionados por gasolina de mala calidad. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP