Seguridad

“Llevan droga y les pagan con autos”. Con esa frase, el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas, describió este martes una modalidad con la que, según denunció, organizaciones del narcotráfico y otros delitos convierten los vehículos en medio de pago y utilizan ciertas autoventas para introducir dinero ilícito en el circuito comercial. La advertencia surgió tras el secuestro de 43 motorizados en dos autoventas de Santa Cruz vinculadas a las pesquisas del caso Róger Mariaca. Ante periodistas, en inmediaciones de la Fiscalía de Santa Cruz, Encinas dijo que los automóviles se han convertido en una “moneda” para operaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas. “Estoy hablando de delitos de lavado de dinero que viene del origen del narcotráfico, viene tráfico de armas, tráfico de personas”, sostuvo, y pidió que las autoridades examinen la procedencia de los capitales que circulan en el mercado automotriz. El ejecutivo distinguió entre los llamados autos “chutos”, ingresados de contrabando, y los “grises”, vehículos comercializados por operadores sin representación directa del fabricante. Aseguró que, en determinados casos, estos últimos ingresan con valores subfacturados y terminan en negocios que, según su denuncia, permiten blanquear recursos. Pidió una fiscalización más rigurosa. “Los autos chutos que han entrado son producto de todo este tipo de negocios”, señaló. Sobre los importadores grises, advirtió que algunos adquieren unidades en terceros países y las trasladan mediante la Zona Franca de Iquique. Según su explicación, reemplazan la factura original del fabricante por una de reexpedición, susceptible de consignar un precio menor y reducir los tributos pagados al ingresar al país. Encinas denunció otra práctica: hacer figurar al comprador final como importador del motorizado. De esa forma, sostuvo, determinadas empresas evitarían facturar la venta local y pagar los impuestos correspondientes. “No dan factura y obviamente no hay la garantía que tienen que dar”, observó. Añadió que esta modalidad también puede dejar al cliente expuesto a posteriores revisiones aduaneras y sin respaldo de posventa. El dirigente dijo que su institución alertó sobre estas irregularidades a la Aduana, al Ministerio de Economía y a instancias tributarias. Cuestionó además la Resolución Ministerial 064 de 2022, que atribuyó a la gestión del exministro Édgar Montaño, porque, según su interpretación, flexibilizó requisitos de importación y abrió espacio a operadores no tradicionales. Las autoridades deben establecer si esas observaciones tienen relación con algún delito. La declaración se produce tras los allanamientos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía en dos autoventas cruceñas. En la primera, situada en el cuarto anillo y radial 27, se secuestraron 13 vehículos, equipos de grabación y celulares. En la segunda, sobre la avenida 2 de Agosto, fueron intervenidos otros 30 motorizados, ocho de ellos precintados, además de documentos. Entre las marcas mencionadas figuran Porsche, BMW y Lexus. Los operativos forman parte de la investigación contra Mariaca, detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, Potosí, por presuntos delitos relacionados con corrupción y protección al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que las diligencias buscan establecer el funcionamiento de una supuesta estructura criminal que habría operado desde el Ministerio Público. El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, aclaró que el secuestro de los 43 vehículos no demuestra por sí mismo una conexión delictiva: “La investigación va a determinar su vinculación o no con el caso”. Informó que hubo personas citadas a declarar, pero no aprehendidos en esas intervenciones. La defensa del propietario de los dos negocios, representada por el abogado Silvestre Ibáñez, negó que se hubiera encontrado documentación que relacione las autoventas con Mariaca. Anunció que solicitará la devolución de los vehículos después de las declaraciones convocadas por la Fiscalía. Encinas, por su parte, aseguró que esas autoventas no pertenecen a la CAB, que reúne a representantes oficiales de marcas. Su llamado fue a revisar la trazabilidad de compras, importaciones y pagos, y a controlar negocios que, a su juicio, dañan al consumidor, al fisco y a la competencia formal. “Es una alerta para todas las autoridades que echen un poquito el ojo”, insistió. EL DEBER

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez asevero que Bolivia enfrenta un “abandono total de lucha contra la delincuencia organizada”. “De ahí que tienes los resultados en Santa Cruz, en Guayaramerín, en Cochabamba, los narcotraficantes hacen lo que quieren, los robos son armados”, expresó el experto en RTP Informa. Para el especialista, las disposiciones legales sobre seguridad interna son en gran medida “derecho nominal” ya que los decretos supremos no se traducen en resultados materiales. “Las normas no están funcionando porque la estructura de la Policía Boliviana y su reglamento no han cambiado de manera sustantiva, pese a que la Constitución Política del Estado establece que la seguridad interna es competencia del nivel central y de los gobiernos autonómicos». Advirtió que no existe una norma efectiva de lucha contra la delincuencia organizada, un fenómeno que “no muere”. Criticó la dependencia de decretos supremos en lugar de leyes robustas y señaló que la Policía no se abastece ni normativamente ni materialmente para enfrentar a organizaciones criminales. Remarcó que durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se produjo un debilitamiento de la Policía. Recordó que Evo Morales cambió su seguridad personal por el Ejército y sostuvo que no hubo un crecimiento tecnológico ni de capacidades para combatir el narcotráfico o el terrorismo, “Se ve a una policía muy debilitada”, afirmó. Planteó que el actual gobierno de Rodrigo Paz tiene la responsabilidad de “cambiar esta imagen y potenciar a la Policía”. Sobre la formación, cuestionó la malla curricular de la Academia Nacional de Policías. Indicó que muy pocos egresados salen preparados para enfrentar delincuencia armada y que falta capacitación en temas tecnológicos y cibernéticos, fundamentales porque “toda la guerra es cibernética” y las organizaciones criminales disponen de mejores medios. MRCM-RTP

El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo informó este miércoles que sostuvo contactos con la cooperación estadounidense para gestionar apoyo destinado a la instalación de unidades policiales de élite en Santa Cruz y Beni, con el objetivo de combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo. “Anoche hemos estado sentados con la cooperación americana para ver el de hacer una unidad élite en Santa Cruz donde estén unidades y miembros de la Policía superespecializados para acciones contra el narcoterrorismo. Otra estará instalada en el departamento del Beni”, dijo Oviedo. El ministro hizo el anuncio durante el acto de lanzamiento del plan “Frontera Segura 2.0”, realizado la mañana de este miércoles en Santa Cruz en un contexto de violencia creciente en Santa Cruz, donde tres personas murieron en menos de 24 horas en los municipios de Warnes y La Guardia. En diversas oportunidades, Estados Unidos ha mostrado públicamente su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz en su lucha contra el crimen. Además, Bolivia forma parte de la alianza Escudo de las Américas, liderada por Washington y formada por otros 13 países para combatir el narcoterrorismo y el crimen internacional. El plan “Frontera Segura 2.0” El comandante general de la Policía Adrián Álvarez indicó que la segunda fase del plan que se lanzó este miércoles contempla el despliegue de policías capacitados en la lucha contra el crimen organizado. Añadió que el plan tiene tres ejes. El primero es lograr una presencia permanente del Estado en las fronteras, el segundo se relaciona con el control territorial en estas zonas y el tercero, devolver a la población la seguridad y tranquilidad. Oviedo resalta tareas En su discurso, sostuvo que una de las principales tareas del gobierno de Rodrigo Paz ha sido recuperar la institucionalidad de la Policía, que, según afirmó, fue “destruida durante 20 años” de gobiernos del MAS. “Lo hemos hecho para eliminar el favoritismo político con lo que sea un senador, un diputado, un dirigente político el que defina dónde van los miembros de la Policía boliviana. Que sea su mérito, su carrera, su competencia el que lo lleve a los destinos más delicados e importantes”. Oviedo reconoció que aún quedan tareas pendientes, pese a los avances, debido a que la corrupción estuvo enquistada en la institución. Entre los logros de su gestión, destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, su expulsión a Estados Unidos, la desarticulación de una presunta red criminal en el Ministerio Público y las aprehensiones del expresidente Luis Arce y de su hijo Marcelo Arce. El ministro también advirtió a jueces y fiscales que, según denunció, aún buscan encubrir a la organización criminal dentro del Ministerio Público. “Por eso aprovecho esta ocasión para decir muy claramente no vamos a parar y este es un mensaje muy claro para jueces, fiscales que estén encubriendo a esta organización criminal”. El 30 de septiembre, el exfiscal general del Estado Roger Mariaca y el entonces fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos fueron aprehendidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Mariaca cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, tras ser imputado por presuntos delitos relacionados con organización criminal, narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Zeballos fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba. El exfiscal superior Martín Irusta cumple detención preventiva en el penal de Patacamaya. Por su parte, el exfiscal coordinador de la Fiscalía de La Paz Armando Rojas fue enviado al penal de San Pedro, en Oruro, mientras que el exfiscal de La Paz Luis Carlos Torrez permanece en el recinto penitenciario de San Pedro, en La Paz. (BRÚJULA DIGITAL)

El Gobierno nacional lanzó este miércoles la segunda versión del plan “Frontera Segura”, con un acto en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra y en medio de una ola de crímenes en esta ciudad y localidades fronterizas de los departamentos de Beni y Pando. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que el plan cuenta con la participación de efectivos policiales especializados, unos permanecerán en Santa Cruz y otros se desplazarán a municipios afectados por el crimen organizado. Al explicar el trabajo para la seguridad de la región, Oviedo destacó las acciones de la Policía y aseguró que “está enfrentando a organizaciones criminales que se han instalado los 20 años pasados ​​y esa no es una tarea fácil”. “La Policía está mostrando resultados”, enfatizó la autoridad, al reiterar que no está en desventaja”. Pese a ello, indicó que cuenta con el respaldo de organismos internacionales y países vecinos. En ese marco, adelantó que con la “cooperación americana” se prevé instalar unidades “súper élite” en localidades fronterizas de Beni y Pando, donde “hay mayor incidencia del narcoterrorismo”. (CORREO DEL SUR)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, dejó en manos del Ministerio de Gobierno la investigación sobre las presuntas amenazas contra su familia, que estarían vinculadas a las acciones del Ejecutivo contra organizaciones criminales. El ministro Marco Antonio Oviedo confirmó que las autoridades investigan el caso y señaló que brindarán información cuando existan evidencias suficientes. En sus declaraciones, Paz recordó su exilio y destacó la importancia de defender la democracia frente al crimen organizado, al que calificó como “narcoterrorismo”, advirtió sobre los riesgos que enfrenta su familia y sostuvo que las amenazas de grupos criminales no deben condicionar las decisiones judiciales en el país. YENNY TICONA-RTP

El exministro de Defensa, Reimy Ferreira, señaló que habría existido un “sabotaje” contra el funcionamiento de radares en territorio nacional, debido a intereses relacionados con el tráfico de drogas, los cuales pretenden mantener a Bolivia como un “corredor” de la actividad ilegal. Ferreira, quien ejerció el cargo durante el periodo de Evo Morales, se pronunció después de que el Gobierno actual lo denunció, junto a otros tres exministros, por un presunto daño económico por el proyecto de los radares que no ha funcionado en su cabalidad, pese a la inversión y ampliación de plazos. En redes sociales, Ferreira señaló que el sabotaje no viene del nivel presidencial ni de los ministros sino de “círculos medios interesados en que como país no tengamos el control del espacio aéreo, que es un lucrativo corredor que se utiliza desde Perú, Bolivia y Colombia para llevar droga a Brasil, Argentina y Paraguay generando millones de dólares”. En entrevista con ERBOL, el exministro complementó que, cuando se perfilaba el proyecto al 2015-2016, la administración aeroportuaria hacía la “vida imposible” de trabajar en sus predios y, además, había celos de algunos ministerios que consideraban innecesarios los radares.  “Lo que pasa es que el tema del corredor que es Bolivia, es el único punto ciego en Sudamérica, por si acaso. Es un corredor muy lucrativo. La droga de Colombia Ecuador, Perú, pasa por Bolivia y se va a Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, yo lo sentí eso, sentí bastante la falta de cooperación”, dijo Ferreira en el programa La Tarde en Directo. Dijo que no es casual está situación y exhortó a mirar quién se beneficia o perjudica, porque con los radares se liquidaría el millonario tránsito aéreo relacionado al tráfico. “Hay intereses que van más allá y que vienen de antes y que siguen ahora, no es nuevo. Es algo muy viejo, yo lo sentí desde el comienzo. Era una actitud muy hostil. Repito, lo único que empujaban era lo de la Fuerza Aérea, porque los otros sectores le ponían solo ‘peros’ al proyecto”, recordó. Lamentó que este tema de los radares haya sido satanizado o politizado. El Gobierno actual denunció un daño económico de más de mil millones de bolivianos. Mencionó que de 11 radares, solo dos funcionaban sin observaciones, mientras que nueve tenían observaciones y dos no estaban operativos. ERBOL