Seguridad

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, atribuye las cuatro muertes en San Matías, Santa Cruz a una disputa entre facciones de las organizaciones criminales PCC y Comando Vermelho. «La hipótesis es la pugna de poder entre facciones del PCC y el Comando Vermelho, estamos manejando la hipótesis de que estos grupos delincuenciales querían impedir que nuestro personal especializado llegue a San Matías para investigar«, afirmó la autoridad a medios de comunicación. Según los informes, extranjeros ingresaron a la propiedad rural “Campo Nuevo” y atacaron a los trabajadores del lugar cuando buscaban al propietario y su hijo. Tras esos decesos cinco policías fueron a la zona, pero fueron emboscados por sujetos armados que abrieron fuego. En el enfrentamiento murió el subteniente Yerson Salazar Aliendres. Según el reporte oficial, los atacantes se llevaron el cadáver del uniformado tras incendiar la camioneta policial. La Policía desplegó un operativo por tierra y aire para localizar el cuerpo del oficial. «Estamos realizando operaciones por tierra y también helitransportadas», señaló Gómez. Gómez explicó que los policías respondieron al ataque y obligaron inicialmente a los agresores a retroceder; sin embargo, estos retornaron con más personas armadas y se produjo un segundo intercambio de disparos. Al regresar al lugar, los uniformados encontraron la camioneta oficial completamente incendiada y confirmaron que el cuerpo del subteniente había sido retirado por los atacantes. Yapacaní En otro caso, en la región cruceña, la Fiscalía identificó a Bismar Ademar Gámez Vaca, de 25 años, y Matías Andy Tapia Esteves, de 22, como los jóvenes decapitados en una comunidad de Yapacaní y confirmó que las primeras investigaciones apuntan a que fueron asesinados en otro sitio. Luego, dejaron sus cuerpos en un camino rural junto a una nota con amenazas dirigidas a presuntos secuestradores y ladrones de autos. Los cuerpos, ahora en la morgue judicial, estaban maniatados y con la cabeza separada del resto de las extremidades. El fiscal asignado al caso, David Soliz, informó que hasta este jueves no se había establecido si estos jóvenes registraban antecedentes ni el lugar exacto donde fueron asesinados. Sin embargo, dijo que los primeros indicios permiten presumir que el crimen ocurrió en otro escenario. RTP, CORREO DEL SUR, ANF, EJU TV,

Una investigación de seis meses, desarrollada en coordinación internacional, permitió desarticular una presunta red criminal internacional de abuso sexual infantil que operaba desde el municipio de Caranavi, en el departamento de La Paz. El caso se inició tras un reporte generado en Austria, que fue remitido a Interpol Lyon (Francia) y posteriormente a Interpol Bolivia, permitiendo identificar el origen de la actividad ilícita.El fiscal especializado en Trata y Tráfico de Personas, Helo Rocha, informó que, mediante el análisis de radiobases proporcionadas por empresas telefónicas, se logró ubicar al principal investigado en Caranavi. Con esos elementos, la Fiscalía y la Policía ejecutaron el operativo «Alianza 22», que incluyó tres allanamientos y la aprehensión de dos personas.Según la investigación del Ministerio Público, el principal acusado, de 27 años, presuntamente producía material de abuso sexual infantil, mientras que el segundo investigado habría colaborado en su difusión. Asimismo, las pesquisas establecen que el principal investigado administraba 18 grupos de WhatsApp, que reunían a más de 10.000 integrantes, y presuntamente cobraba Bs 50 por permitir el ingreso a dichos grupos. Hasta el momento fueron identificadas cuatro víctimas, cuyas edades oscilan entre 5 y 17 años. De acuerdo con la Fiscalía, una de ellas sería hermana del principal investigado. Las demás menores habrían tomado contacto con el acusado cuando acudían a un café internet que él frecuentaba. El fiscal Helo Rocha señaló que las víctimas reciben protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mientras continúan las investigaciones para establecer si existen más afectados y otros posibles integrantes de la organización. Tras la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional dispuso seis meses de detención preventiva para ambos imputados en el penal de San Pedro, al considerar la existencia de riesgos de fuga, obstaculización de la investigación y peligro para las víctimas. El Ministerio Público afirmó que las investigaciones continúan para determinar el alcance internacional de la presunta organización y establecer la participación de otras personas vinculadas al caso. MARISOL MURILLO-RTP