Seguridad

La posibilidad de abrir una negociación para poner fin a los bloqueos de caminos que afectan al país enfrenta un nuevo obstáculo. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue en curso. La declaración surge después de que Argollo planteara como una de las condiciones para sentarse a dialogar con el Gobierno el levantamiento de las acusaciones y medidas judiciales que pesan en su contra. “No, el proceso penal continúa abierto. Las diligencias se continúan realizando y nosotros somos respetuosos de cualquier decisión judicial que pueda determinarse, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna”, afirmó Mariaca tras ser consultado por EL DEBER sobre una eventual suspensión de la orden de aprehensión. Ante una nueva pregunta, el fiscal fue categórico: “Sigue vigente”. La ratificación de la medida judicial llega en un momento en que distintos actores intentan construir un escenario de diálogo para desactivar las protestas que ya se prolongan por varias semanas y que incluyen bloqueos de carreteras, movilizaciones y cercos a las ciudades de La Paz y El Alto. Andrés Paye, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigió al Gobierno dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida contra Argollo, como requisito para asistir a una mesa de diálogo. Por su parte, Argollo afirmó, en un video divilgado en redes sociales, que cualquier acercamiento con el Ejecitivo debe ser avalado por las bases. Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están vinculados a los hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada que derivó en saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Mientras la COB exige garantías para participar en las conversaciones, otro de los sectores movilizados, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, reclama la liberación de sus afiliados detenidos durante las protestas. La situación de los arrestados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las movilizaciones registradas en el departamento de La Paz. Sin embargo, solo alrededor del 10% de ellas fue formalmente encausada por la vía judicial. Las organizaciones movilizadas sostienen que la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos contra sus dirigentes son condiciones necesarias para generar confianza y avanzar hacia una negociación con el Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, se ha insistido en que cualquier diálogo debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin condicionamientos relacionados con procesos judiciales en curso. En las últimas horas, fiscales de La Paz mantuvieron contactos con diputados en el contexto de la mediación política para reestablecerla circulación de vehículos y el abastecimiento de alimentos.  Mariaca también fue consultado sobre la situación del expresidente Evo Morales y confirmó que la orden de aprehensión en su contra permanece vigente. “Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, señaló. (EL DEBER)

La Justicia ratificó la sentencia contra los exprovinciales jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix por encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas Moreno (+). La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba rechazó la apelación presentada por la defensa de ambos religiosos y confirmó el fallo emitido en septiembre de 2025, que los condenó a un año de privación de libertad. La resolución fue celebrada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que la considera un precedente histórico en la lucha contra el encubrimiento dentro de las iglesias. “Es el fin del miedo al poder de la Iglesia”, afirmaron desde la organización. La sentencia es de un año de reclusión en el penal de San Sebastián Varones. Aunque la condena no implica el cumplimiento efectivo de cárcel, los sobrevivientes sostienen que marca un precedente clave para frenar este tipo de delitos. Además, la sentencia obliga a los acusados a pagar costas judiciales al Estado y asumir la reparación civil integral para las víctimas una vez que la resolución quede ejecutoriada. El Tribunal también recomendó ampliar las investigaciones contra otros posibles abusadores, cómplices y encubridores identificados durante el proceso judicial. “La resolución es clara sobre el rol de encubridores que jugaron Ramón Alaix y Marcos Recolons. El holocausto que Alfonso Pedrajas hizo padecer a centenares de niños durante casi cuatro décadas no puede seguir esperando justicia. Instamos y exigimos que la Compañía de Jesús deje de presentar apelaciones descaradas. La justicia no puede seguir retardándose”, declaró el presidente de la CBS, Wilder Flores. Los sobrevivientes calificaron el proceso como una batalla dura y extensa. Durante el juicio, la defensa de los exprovinciales intentó que el caso prescribiera. El caso estalló en abril de 2023, cuando el diario español El País publicó el reportaje “Diario de un cura pederasta: ‘Hice daño a demasiados’”, basado en un cuaderno de 383 páginas escrito por Pedrajas. En ese documento, el jesuita confesó haber abusado sexualmente de al menos 85 niños y adolescentes, principalmente estudiantes del colegio Juan XXIII, entre las décadas de 1970 y 1980. La investigación reveló además que miembros de la Compañía de Jesús conocían los hechos y encubrieron durante años los delitos del sacerdote. La denuncia salió a la luz 14 años después de la muerte de Pedrajas y puso bajo la lupa a los clérigos que conocían los abusos. Tras más de dos años de proceso, el 2 de septiembre de 2025 el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres No. 4 de Cochabamba dictó la condena, ahora ratificada en segunda instancia. OPINIÓN

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó este lunes que durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la plaza Murillo se utilizaron petardos modificados con esferas metálicas, cojinetes de acero y otros objetos contundentes, con la intención, según la institución, de causar lesiones graves e incluso la muerte de los uniformados. “Lo que está ocurriendo en las movilizaciones ya no puede llamarse protesta”, detalla el informe policial tras los disturbios registrados en el centro de La Paz. La institución declaró que “están lanzando petardos modificados con esferas metálicas, cojinetes de acero y objetos contundentes, con la clara intención de causar lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de agentes de policía y ciudadanos comunes”. El informe policial también sostiene que “ninguna movilización justifica el uso de artefactos peligrosos convertidos en armas reales contra seres humanos” y advierte que “cada explosión cargada de metal puede destruir una vida”. Los enfrentamientos comenzaron después de las 14:00 de este lunes, cuando diversas movilizaciones intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según los informes procedentes del lugar de los hechos, los manifestantes intentaron sortear el cordón policial instalado en las entradas al centro político del país, mientras que los agentes de policía respondieron con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos se concentraron principalmente en las calles Mercado, Ayacucho y Colón, donde los movilizados respondieron con piedras y petardos. Además, algunos grupos intentaron prender hogueras en las calles cercanas a la Plaza Murillo. El mando departamental también informó que “un grupo de manifestantes violentos intentó romper el sistema de seguridad de acceso a la Plaza Murillo utilizando dinamita, petardos y hondas”, y aseguró que estos ataques pusieron en riesgo la integridad física de los agentes uniformados y causaron daños a vehículos públicos y privados. Ante esta situación, la policía desplegó operaciones de control y dispersión con el apoyo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), que realizaron intervenciones en motocicleta para contener el avance de los manifestantes. “La Policía boliviana actuará con firmeza ante cualquier intento o acción que amenace la vida, la integridad física de las personas o que destruya la propiedad pública y privada”, añade el comunicado. (BRÚJULA DIGITAL)

Los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a solo medio año de su gestión gubernamental, radicalizaron este viernes por algunas horas el cerco a la ciudad de La Paz. Un grupo de vecinos del Distrito 7 de El Alto instaló un punto de bloqueo en plena puerta de acceso principal al aeropuerto internacional de esa ciudad. Hubo momentos en que incluso evitaron la salida y el ingreso de pasajeros que habitualmente usan el aeropuerto.  Sin embargo, cerca de las 14:00, los bloqueadores se retiraron y nuevamente se volvió a habilitar el acceso al aeropuerto.  Este aeropuerto se empezó a utilizar en los últimos días con mayor frecuencia para el puente aéreo que intenta abastecer de alimentos a la ciudad sede de gobierno, que se encuentra cercada desde hace más de tres semanas. (EL DEBER)

La justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Penal de San Pedro a seis personas investigadas por su presunta participación en la quema de una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), durante los enfrentamientos y disturbios registrados en la ciudad de La Paz. Las autoridades investigan los hechos de violencia y daños ocasionados a bienes públicos durante las movilizaciones que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Este viernes se volvieron a reportar conflictos en el centro de la ciudad de La Paz. pero la Policía logró desmovilizar a los protestantes a través del uso de agentes químicos. (ABYA YALA)

Luego de haberse desbloqueado el sector de Suticollo – Parotani, habilitando la ruta Cochabamba-Oruro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutó de inmediato los trabajos de limpieza y rehabilitación de la plataforma vial para restablecer plenamente la transitabilidad. Personal técnico de la ABC, en coordinación con la empresa encargada del mantenimiento de la vía, desplazó maquinaria pesada y equipos operativos para acelerar las labores de retiro de material, escombros y otros elementos instalados durante el bloqueo. La institución realiza un seguimiento permanente a los trabajos con el objetivo de garantizar una circulación segura y oportuna para los usuarios que transitan por esta importante ruta troncal que conecta Cochabamba con el occidente del país. La ABC recomendó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización temporal y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución sobre el estado de las carreteras. (ABI)

Un menor de entre 9 y 12 años perdió la vida en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, en medio de las dificultades generadas por los bloqueos que impiden el tránsito de ambulancias y el acceso oportuno a servicios de salud. El hecho ocurrió la madrugada del jueves 21 de mayo, cuando el vehículo de emergencia que trasladaba al niño fue detenido en un punto de bloqueo, impidiéndole continuar su recorrido hacia un centro de mayor complejidad. “La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua, cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”, informó el médico Juan José Serrudo. El paciente había sido derivado desde el municipio de Pocoata la noche anterior, tras presentar un cuadro de trauma abdominal severo. Según el galeno, el menor requería con urgencia una intervención quirúrgica y posterior ingreso a terapia intensiva, condiciones que no pudieron concretarse a tiempo. Serrudo explicó que, ante la imposibilidad de trasladarlo hacia la ciudad de Potosí, se gestionó su evacuación a Oruro con apoyo del Ministerio de Salud; sin embargo, el niño falleció en el camino. Añadió que los bloqueos también dificultan la llegada de especialistas médicos a Llallagua, lo que agrava la atención en la región. Desde la Defensoría del Pueblo en Llallagua, se instó a los sectores movilizados a permitir el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos, especialmente en casos de emergencia. “Se debe garantizar la salud y la vida de las personas por encima de cualquier conflicto”, exhortó la coordinadora regional, Sema Gutiérrez, quien llamó a la reflexión a quienes mantienen los bloqueos para no impedir el traslado de pacientes. (CORREO DEL SUR)

El sargento de la Policía Boliviana que resguardaba la Línea Celeste de Mi Teleférico en la ciudad de La Paz perdió la vista del ojo derecho tras ser brutalmente agredido por un grupo de marchistas que intentaban ingresar al lugar el pasado lunes. El 18 de mayo fue la jornada más conflictiva en la urbe paceña debido a los enfrentamientos, saqueos y actos violentos que se registraron en el centro de la ciudad. Uno de los hechos fue la brutal golpiza a un efectivo policial que intentó cerrar las rejas de la estación de la Línea Celeste, ubicada en la avenida Camacho, cuando los movilizados se disponían a ingresar. La víctima quedó tendida en el suelo antes de recibir ayuda. Según el informe médico, el policía sufrió un traumatismo ocular severo en el ojo derecho. Durante la intervención, los especialistas lograron preservar el globo ocular; sin embargo, no pudieron recuperar la vista. Los médicos reportaron que las lesiones internas son de consideración y evalúan realizar nuevas intervenciones oftalmológicas. Según informaron, existe la posibilidad de recuperar hasta un 5% de visión en el ojo afectado. (URGENTE.BO)

La Policía ejecutó este jueves un operativo de desbloqueo con el uso de agentes químicos en la ruta que conecta Cochabamba con el occidente del país, a la altura de La Cabaña, kilómetro 33, donde grupos movilizados respondieron lanzando piedras desde los cerros para evitar el despeje de la vía. El operativo comenzó durante la madrugada con el despliegue de un fuerte contingente policial y militar que avanzó desde el sector de Sipe Sipe hacia Parotani para restablecer el tránsito en la carretera interdepartamental. La intervención policial se extendió hasta sectores cercanos al puente Parotani y el kilómetro 35 de la ruta. Tras recuperar el control del lugar, las fuerzas del orden instalaron puntos de vigilancia y resguardo en sectores estratégicos para evitar nuevos bloqueos. Bloqueos en la ruta Cochabamba-occidente El miércoles por la noche (20 de mayo), un grupo de manifestantes instalaron puntos de bloqueo en la ruta que conecta Cochabamba con el occidente boliviano.  En la región cochabambina, los bloqueos fueron reinstalados desde el camino a Parotani hasta el puente Jarkamayu, por la zona de Chiltupampa. Los grupos movilizados son, presuntamente, afines al expresidente Evo Morales, quien busca la renuncia del presidente Rodrigo Paz.  Con la llegada de los policías, varios manifestantes se replegaron hacia las partes altas de los cerros, donde comenzaron a atacar lanzando piedras. Los puntos de bloqueo fueron reforzados con ramas, promontorios de tierra, llantas quemadas y otros escombros para impedir el paso vehicular. Los efectivos respondieron utilizando gases lacrimógenos para replegar a los grupos que permanecían en la serranía.  Pese a la resistencia, los efectivos lograron avanzar varios metros y despejar distintos tramos de la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país. Además, durante el recorrido se retiraron neumáticos incendiados y restos de material utilizado para reinstalar los puntos de bloqueo. La Policía, en estas semanas de conflicto, actuó tanto en Cochabamba como en El Alto para frenar los puntos de bloqueos. Estas medidas de presión en el país continúan dejando varados a miles de vehículos. Además, no permiten el abastecimiento de alimentos, insumos y medicinas.  EL DEBER

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, aclaró este martes que el senador suplente Nilton Condori no tiene una orden de aprehensión vigente en su contra, pese a la información difundida e incluso confirmada por el propio legislador. “Contra el señor Nilton Condori no existe una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía”, destacó la autoridad. Al mismo tiempo aclaró que no se emitió ningún mandamiento formal ejecutable en su contra. La explicación surge luego de que se diera a conocer un documento con una presunta orden de aprehensión e investigaciones a dirigentes sociales por presuntos delitos vinculados a los conflictos, movilizaciones, bloqueos y hechos de violencia que se registraron en las ciudades de La Paz y El Alto. (URGENTE.BO)