Esta investigación, realizada hace dos años, cobra plena relevancia en 2026 tras los recientes fallecimientos de conscriptos en distintos cuarteles del país. Los nuevos casos confirman un patrón de abusos, encubrimiento y forenses que atribuyen muertes a causas naturales pese a evidencias de violencia. Javier Charcas, de 18 años, murió en Pando; el informe médico señaló ahogamiento, pero la familia denunció que el soldado llegó “sin ojos ni riñones”. Mario Villaca, quien viajó con su esposa desde Potosí a La Paz, denunció la muerte de su hijo mayor en diciembre de 2025, a un mes y dos semanas de su licenciamiento. “Entró caminando y me lo llevé en un ataúd. A mi hijo le hicieron trapear el piso con su espalda, fue jaripeado. Un padre no está preparado para perder a un hijo”, declaró a Erbol al exhortar que se aprueben leyes para que el servicio militar deje de ser obligatorio. En redes sociales circula un video de agresiones de un sargento a un soldado en el Regimiento de Infantería R-10 Warnes, Santa Cruz. Según los datos, el hecho ocurrió en febrero de 2026. En las imágenes se observa al militar identificado como Marco C. C. golpear a un joven como si fuera una bolsa de boxeo. Este marzo de 2026 se reportó la muerte del cadete de la Anapol, Pablo Rebozo. El fiscal Juan Pablo Mazzone señaló que llama la atención que el cuerpo presente “moretones”, y que se investiga el caso como homicidio. La madre denunció que fue golpeado, con lesiones en pulmón y riñones. La Defensoría del Pueblo informó que el cadete presentaba lesiones en riñones, pulmones y cráneo. El informe forense estableció la causa como neumonía, pero el documento fue puesto en duda por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien lo calificó de “amañado”. — Aquí el trabajo de Opinión y Connectas Por Mariela Cossío, Brenda Molina, Santiago Espinoza, Nicole Vargas, Melissa Revollo El soldado Edwin Veizaga Peredo, de 23 años, estaba a dos semanas de recibir su libreta de servicio militar y regresar a su hogar en Vueltadero, una comunidad en Ivirgarzama ubicada en la región del Trópico de Cochabamba (centro de Bolivia). Sus padres lo esperaban orgullosos y confiando en la promesa de que regresaría a trabajar en el chaco y estudiar Mecánica Automotriz. Pero los planes de esta familia, de origen modesto y vocación campesina, se hicieron añicos cuando el instructor de Edwin, el sargento Milton García, lo castigó poniéndole un trapo húmedo en la boca, le echó agua fría encima y lo asfixió hasta matarlo. El soldado Edwin Peredo, fallecido por asfixia. Los padres de Edwin, Inés Peredo y Eliseo Veizaga, aún lloran la violenta muerte del joven, al igual que sus cuatro hermanos. Tres de ellos viven en otros sitios con sus familias y el menor, de 20 años, lo hace en el cuartel en Río Blanco, Puerto Villarroel, la población capital más próxima a su chaco, adonde fue trasladado tras la muerte de Edwin. Hasta entonces recibía instrucción militar en el mismo regimiento que su hermano, a 957 kilómetros y más de 17 horas de viaje por tierra. “Ya no quería perder a mi otro hijo, por eso hemos hecho el traslado”, explica la mamá. Desde la muerte de Edwin, ocurrida el 26 de diciembre de 2023 en el Regimiento de Infantería 14 de Florida de San Matías, en Santa Cruz (al extremo este del país, en la frontera con Brasil), el hermano menor aguarda para concluir el cuartel, los progenitores enfrentan dificultades económicas para mantener su terreno agrícola y la familia toda aún se aferra a la búsqueda de justicia. Pese a que el sargento de Ejército Milton García ya había sido sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de Edwin, un juez dejó “sin efecto el mandamiento de condena” y concedió al acusado prisión preventiva, lo que para la familia supone un estado de impunidad por el crimen. El pedido de justicia reúne a los allegados de Edwin en su chaco amazónico, bajo la sombra de los árboles de plátano que cultivan, sosteniendo un retrato enmarcado y la libreta militar póstuma del hijo. “Cómo me lo han hecho, me lo han castigado hasta matar”, solloza la madre. “Lo necesito harto, ni un poco lo puedo olvidar”, interviene el padre. Sobre esta muerte, el Ministerio de Defensa boliviano reconoce que se trató de un homicidio, por lo que el caso se derivó a la justicia ordinaria. Familiares del soldado fallecido Edwin Veizaga relatan las circunstancias de muerte de la víctima Bolivia es uno de los cuatro países de Sudamérica donde el servicio militar es aún obligatorio. Este, que podría ser un dato anecdótico, no lo es para los bolivianos. El entrenamiento en cuarteles es un “trámite” de elevado riesgo, que cuesta vidas humanas, como la de Edwin Veizaga. Solo entre 2011 y 2023 murieron 62 conscriptos mientras hacían el servicio militar en circunstancias aparentemente abusivas o violentas, según la investigación documental realizada para este reportaje. La ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes ni a sus responsables. El número de decesos determinado por esta investigación es mayor a los 53 que reconoce un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. La cifra que revela este trabajo de OPINIÓN y CONNECTAS se desprende de una revisión de publicaciones (periodísticas e institucionales) en sitios web bolivianos entre 2010 y 2023. Las denuncias de muertes de soldados, reportadas durante el año que dura el servicio militar o premilitar para los conscriptos, aparecen en informes de medios y de organizaciones de derechos humanos. Las muertes identificadas por este trabajo van desde fallecimientos por asfixia y golpes de calor a causa de entrenamientos excesivos, hasta disparos de armas de fuego y violaciones sexuales. Si bien todas se dieron por diferentes razones, muchas aún sin dilucidar, la mayoría de casos demuestra tres problemas estructurales con la estructura militar boliviana. En primer lugar, una cultura violenta en donde se confunde la rigurosidad castrense con la ejecución
