Seguridad

María José Fernández Quiroga, jefa de Gabinete del ministro de la Presidencia, ofreció $us 50 mil y Bs 200 mil a la «testigo clave» del caso coimas, para que esta no denuncie al exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, de acuerdo con la información que brindó el abogado Abel Loma. Loma señaló que, de acuerdo con la versión de su cliente, Claudia Cortez, denominada la «testigo clave» del caso coimas, Fernández tenía una alerta migratoria para evitar que abandone el país, a raíz de la imputación que se dio en su contra, por favorecimiento al enriquecimiento ilícito. La medida fue impuesta por la Fiscalía, en función de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que menciona que la exfuncionaria del MAS tenía más dinero en sus cuentas que las que sus ingresos legales le permitían y existía un riesgo de fuga. “Según la señora Cortez, Fernández recibió diferentes montos de dinero provenientes de las extorsiones a empresarios. El dinero lo recibió en sus cuentas bancarias y en efectivo, de manos de la propia testigo clave. Además, (en 2023) cuando ya se empieza a conocer el escándalo, la señora Fernández viajó hasta Santa Cruz, a la casa de Cortez con el fin de ofrecerle 200 mil bolivianos para que, primero, desista de la denuncia, y luego salga del país a cambio de otros 50 mil dólares”, relató Loma a Periodismo sin Photoshop. El caso de extorsión a empresarios, que se adjudicaron contratos en el ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la gestión del expresidente Luis Arce, estalló tras la revelación de Cortez, quien admitió que cobró al menos, Bs 20 millones en coimas para Santos Cruz, pero que este “negocio” se estropeo “por la ambición  del ministro”, que exigía pedir mayores sumas de dinero a sus víctimas. Se presume que parte de los fondos malversados provenían de tres proyectos financiados por la Unión Europea, que entregó recursos para mejorar la calidad del agua en Viacha. Esto es parte de una investigación interna que realiza la entidad internacional. Los procesos En 2023 se abrió una investigación contra 16 personas y se las dividió en dos procesos. En el primer grupo, el exministro y dos de sus familiares ya cuentan con una sentencia y se conoce que están en libertad. Entre tanto, en el segundo proceso están investigadas Fernández y otros exfuncionarios de alto rango, además de la propia “testigo clave”, quienes aún no fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares, es decir, que el juez aún no determinó si pueden defenderse en libertad o si son enviados a la cárcel mientras se resuelve la causa. No obstante, explicó Loma, sobre Fernández y su cliente aún pesa una alerta migratoria, expedida por la Fiscalía y hasta donde se conoce esta no fue anulada, por lo que considera irregular que la sindicada esté de viaje en España junto al ministro Aramayo, quien a su vez acompaña al presidente Paz en una gira por varios países de Europa. Para esta nota se solicitó la contraparte al Ministerio de la Presidencia, pero hasta el cierre de edición no hubo una respuesta sobre estas acusaciones en contra de la Jefa de Gabinete y la postura del ministro. Por otro lado, Loma reveló que, el 12 de agosto de este año, el hijo de Cortez, también procesado por este hecho, envió una carta al ministro Aramayo, en la que le informa los antecedentes de Fernández, incluida su participación como excandidata del MAS. De acuerdo con los datos de esa nota, la actual Jefa de Gabinete del Ministerio de la Presidencia también era parte del equipo de trabajo de Aramayo desde la Cancillería. María José Fernández Quiroga, volvió a la palestra pública, tras aparecer en un video con el Ministro de la Presidencia en un restaurante en el marco de la Cumbre Iberoamericana en España. También se recordó que fue coordinadora de despacho de Santos Cruz y luego candidata a diputada por Pando, en la plancha del MAS, que postuló al exministro Eduardo Del Castillo. Al inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz, fue designada gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). PERIODISMO SIN PHOTOSHOP

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, negó este jueves que la persona asesinada en el Cordón Ecológico, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, haya formado parte del equipo de seguridad del viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado. «Desmentir contundentemente que el ciudadano boliviano que fue encontrado asesinado en el Cordón Ecológico hace días haya sido parte del cuerpo de seguridad del viceministro (Peter Maldonado). Eso es una mentira, totalmente falsa», aseguró. En criterio de Oviedo, esa versión, que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación, únicamente busca “confundir a la población” frente a la lucha del Gobierno contra las organizaciones delictivas. Maldonado afirmó el miércoles que no se dejará amedrentar ante los crecientes hechos de violencia y los mensajes de amenaza que lo mencionan directamente. Además, reveló que los autores del crimen ya fueron identificados y que la Policía trabaja para lograr su captura. (CORREO DEL SUR)

Las autoridades arrestaron este jueves a varios familiares del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra quien pesa una orden de aprehensión. Allegados del magistrado confirmaron la información a Unitel. Las capturas se realizaron tras cuatro operativos y allanamientos: tres en la zona norte de la capital cruceña y uno en San Ignacio de Velasco. Según el reporte, los efectivos secuestraron varios materiales para las investigaciones. Las autoridades aún buscan el paradero de Saucedo, quien aseguró en sus redes sociales que salió del país el miércoles. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que la orden de aprehensión rige desde el martes 3 de noviembre por narcotráfico y organización criminal, y que se sospecha que el magistrado está en Brasil. (LA PRENSA)

El abogado Guido Calcina presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de la Primera Dama Maria Elena Urquidi y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por los audios atribuidos con el asesor político Fernando Cerimedo. “Hemos formalizado la denuncia ante la fiscalía departamental de La Paz en contra de María Elena Urquidi, que es la primera dama, y el señor Mauricio Zamora, el actual ministro de Obras Públicas. Son los tres delitos que se ha identificado, a partir de los trece audios que ha sacado el señor Cerimedo”, dijo el jurista. Asimismo, indicó que la denuncia es por los presuntos delitos de tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramiento de cargos ilegales. Además, Calcina señaló que las verificadoras del país confirmaron que la primera dama y el ministro Zamora participaron en esos audios, que también fueron presentados como prueba, además de videos y distintos peritajes. En ese sentido, el abogado indicó que pedirán requerimientos fiscales a la empresa Tigo, Viva, Entel para la triangulación de llamadas y mensajes telefónicos. Además, solicitarán al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) peritajes de loa audios para tener “certeza científica”. “En nuestro país existe impunidad a la corrupción y esta manera sentar un precedente para que futuras autoridades no cometan este delito. Los delitos de corrupción no prescriben en nuestro país”, aseveró el jurista. URGENTE BO

Un vehículo de alta gama incautado en los operativos contra el narcotraficante Sebastián Marset ingresó al Órgano Judicial en 2023, antes de que Rómer Saucedo fuera elegido magistrado, informó la presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez. “El informe que han enviado del vehículo azul refiere que ese vehículo ha ingresado al Órgano Judicial el año 2023 en calidad de comodato”, declaró. Precisó que la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de Santa Cruz recibió el motorizado y posteriormente lo asignó para Saucedo. El caso cobró notoriedad el 29 de octubre, cuando un ciudadano fotografió vehículos de lujo estacionados frente al TSJ. Luego se informó que procedían de incautaciones relacionadas con Marset, cuyo primer gran operativo de búsqueda se realizó en julio de 2023. Entonces, Saucedo era juez de instrucción y Róger Mariaca dirigía la Fiscalía cruceña. Ruiz solicitó informes a las DAF de los nueve departamentos para establecer desde cuándo se encuentran estos vehículos bajo administración judicial y quiénes los utilizan. Entre los motorizados identificados figura una vagoneta BMW, placa 6236-IYL, registrada en Porongo, que acumula una deuda tributaria cercana a Bs 9.000. El DEBER

La Fiscalía General del Estado inició los procedimientos para solicitar una notificación roja de Interpol contra Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra, informó este miércoles el fiscal general, José Armando Urioste. La autoridad explicó que actualmente se tramitan los mandamientos y documentos necesarios para activar los mecanismos de búsqueda internacional. No obstante, precisó que el procedimiento todavía está en curso y que se espera contar con información más concreta en las próximas horas. “En horas más avanzadas (de este miércoles) ya vamos a poder darles información, una vez que tengamos la información del sello rojo, de los mandamientos de aprehensión y todo aquello”, manifestó Urioste. La solicitud de notificación roja deberá ser canalizada mediante Interpol Bolivia y posteriormente será evaluada por la Secretaría General de esa organización internacional, instancia que definirá si corresponde su publicación, conforme a sus procedimientos y requisitos. Respecto a la situación jurídica de Saucedo, el fiscal general señaló que existen al menos dos procesos abiertos en su contra, aunque no descartó que la cifra pueda llegar a tres. Evitó revelar los delitos investigados y explicó que esos aspectos todavía se encuentran en etapa de análisis. Urioste justificó la gestión de la alerta internacional al señalar que Saucedo debía presentarse ante las autoridades o esperar una notificación, en lugar de declararse en la clandestinidad. «(Se busca el) sello rojo porque él (Saucedo), estando en una situación jurídica, debía presentarse o esperar que nosotros lo notifiquemos. Todo lo contrario, se ha declarado en la clandestinidad, lo que implica que tenemos que nosotros habilitemos estas alarmas internacionales», sostuvo. Sin embargo, el fiscal general aclaró que todavía no se ha confirmado que el magistrado haya salido de Bolivia. Incluso mencionó que existen informes que apuntan a que podría permanecer en territorio nacional, por lo que se activan los mecanismos para localizarlo y lograr que comparezca ante la justicia. “No tenemos la seguridad de que él haya salido del país, todo lo contrario, hay información que podría ser que esté aquí, entonces, se están habilitando los mecanismos para que él comparezca y se ponga derecho”, concluyó. (CORREO DEL SUR)

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, tiene entre dos y tres procesos abiertos en Santa Cruz, por lo que será convocado a declarar, luego de anunciar que salió del país y se declaró en el exilio. “Tiene procesos abiertos en Santa Cruz, no sabemos por qué él ha rehuido de la justicia. (…) Él está denunciando que se le van a abrir procesos, sin embargo, ya hay procesos abiertos y en curso”, afirmó Urioste, quien aclaró que no tenía a mano los detalles de las investigaciones ni los delitos que se indagan. La autoridad invitó a Saucedo a presentarse ante la justicia y sostuvo que cuenta con las garantías necesarias para ejercer su defensa y presentar las pruebas que considere pertinentes. Añadió que las convocatorias se realizarán por los conductos regulares. Saucedo anunció que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos, alegando que su libertad y su vida estaban en peligro. También afirmó que al momento de abandonar el país no tenía procesos abiertos y denunció que se estarían construyendo acusaciones en su contra. Al respecto, Urioste señaló que la Fiscalía conoció la declaración de exilio mediante redes sociales y dijo desconocer el paradero del magistrado (ERBOL)

La Fiscalía General del Estado conformó una comisión de fiscales para investigar los audios atribuidos al exasesor argentino Fernando Cerimedo, en los que se mencionan conversaciones relacionadas con autoridades del Gobierno, ministros, mandos policiales y otras personas. El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que el equipo ya fue conformado y comenzará las actuaciones para esclarecer el contenido de las grabaciones y determinar las posibles responsabilidades. “Hemos dispuesto la apertura de la comisión de fiscales y ellos están iniciando la investigación correspondiente”, afirmó. Respecto a las observaciones del vicepresidente Edmand Lara, quien señaló que ya existiría una investigación abierta sobre este asunto, Urioste explicó que se realizó una revisión del sistema informático del Ministerio Público para verificar los antecedentes. En esa consulta se identificaron procesos que fueron cerrados antes de que asumiera la gestión actual. La autoridad aseguró que ninguna de las personas mencionadas en las grabaciones está excluida de las investigaciones y que tampoco se descarta convocar a la primera dama, Marilena Urquidi. La comisión tendrá a su cargo definir las diligencias necesarias y posteriormente informar sobre los resultados. Otro de los aspectos abordados fue la falta de un software especializado para analizar dispositivos móviles y grabaciones. Urioste reconoció que la Fiscalía necesita adquirir esta herramienta para fortalecer sus investigaciones, aunque admitió que la elevada ejecución presupuestaria, que supera el 85%, podría impedir la compra con recursos propios. Ante esa posibilidad, anunció que acudirán a organismos de cooperación internacional para conseguir el equipamiento necesario. «En caso de que no podamos adquirir el software correspondiente, le vamos a pedir a la cooperación internacional para que nos colaboren en este tema. No es un tema de que esté sujeto a que esté o no esté el software», sostuvo. El caso reúne diferentes grabaciones difundidas por el vicepresidente Lara, Beller y otros registros que circularon en redes sociales, con conversaciones atribuidas a Cerimedo, al presidente Rodrigo Paz, ministros y otras autoridades. Hasta el momento, los audios no cuentan con una pericia oficial que establezca de manera integral su autenticidad, por lo que la comisión fiscal deberá avanzar en las verificaciones técnicas y las actuaciones correspondientes. (CORREO DEL SUR)

La Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia envió una carta al presidente electo, para la gestión 2027, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, para denunciar y exigir la destitución del recién designado vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Orlando R. A., por presuntos nexos con la “organización criminal de Sebastián Marset y Roger Mariaca”. En la carta a la que accedió Periodismo Sin Photoshop, firmada por la presidenta de las mujeres Interculturales, Jhanet Pizarro Choquechambi, con fecha del 30 de octubre, se afirma: “Estos vínculos existentes entre Orlando R. A. y el entorno de Sebastián Marset se tornaron escándalos públicos, como cuando el doctor (Martín) Irusta trasladó dinero de Marset desde Santa Cruz hasta La Paz, para pagar a diferentes diputados en coordinación del abogado Orlando R. A.”, dice la nota en referencia a la elección de fiscal general en la Asamblea Legislativa en la gestión 2024. En contacto con este medio, el dirigente de los Interculturales del municipio de Palos Blancos, del departamento de La Paz, Boris Machaca, expresó su respaldo a la denuncia de Pizarro. Señaló que es necesaria una investigación contra el vocal del TDJ de La Paz. “Respaldamos la denuncia de las hermanas, Orlando R. A. era un hombre de confianza del exfiscal Martín Irusta, por lo que nosotros pedimos al presidente del Tribunal Supremo (Ortega) que se investigue de forma transparente e imparcial, para que el señor Orlando R. aclare cuáles son los vínculos que tenía con el entorno del narcotraficante Marset”, afirmó Machaca. “Estoy en audiencia” fue la respuesta del vocal cuestionado a los mensajes y la llamada que le hizo Periodismo Sin Photoshop para conocer su postura sobre las graves acusaciones en su contra. Para que el vocal tenga una correcta valoración del tema se le adjuntó la carta publicada por la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, pero no hubo otra respuesta hasta el cierre de esta nota y se conoce que los vocales del TDJ La Paz estarían reunidos en sala plena. Compra de votos En pasados días, el senador cruceño, Henrry Montero y la exdiputada por Tarija, Luciana Campero, declararon a varios medios de comunicación que, en 2024, operadores políticos ofrecieron grandes sumas de dinero, para votar en favor de Mariaca, quien finalmente resultó elegido por 115 votos, de un total de 165. En una columna de opinión denominada, “MariacaZO: cómo se compró al fiscal general de Bolivia”, publicada el 14 de octubre, Campero relató una serie de incidentes relacionados a la elección de Fiscal General. “En los pasillos del Parlamento ya se hablaba de pagos a cambio de votos para Mariaca. Su trayectoria como fiscal departamental (del departamento de Santa Cruz) y su inacción frente al narcotráfico en su región, sostengo, permitían entender que solo el dinero explicaba su candidatura. Su nombre llegaba con fuerza y con billetes verdes”, escribió la exdiputada, que afirmó que por el momento se guardaría los nombres de los operadores políticos. Interculturales El texto de la nota de los Interculturales cuestiona que se designe a Orlando R. A. nuevamente como vocal del TDJ La Paz, luego de que este renunció al cargo para candidatear en las elecciones judiciales de 2024. El jurista cuenta con una variedad de denuncias por corrupción y su aparente parcialización con representantes del MAS, a los que, durante pasadas gestiones, benefició con resoluciones y procesó a sus opositores. Tal el caso de supuesto golpe de Estado instaurado contra la expresidenta Jeanine Añez. Asimismo, la nota sostiene que el vocal tendría vínculos con otros involucrados, para proteger al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca y al exfiscal superior, Martín Irusta, ambos detenidos en distintas cárceles por la presunta protección a la organización criminal del narco uruguayo. Marset fue capturado el 13 de marzo y antes de ser extraditado a Estados Unidos, policías de inteligencia grabaron el momento en que el uruguayo se refiere a Mariaca como un “amigo” y afirma que este le “avisaba” de ciertas actuaciones de los funcionarios en su contra. La dirigente de los Interculturales sostiene en su carta que, Irusta, detenido en el penal de Patacamaya, en el departamento de La Paz, manifestó que “en unas semanas se le otorgaría libertad, porque su cumpa será designado vocal”. La nota sostiene que Irusta sería “compadre” del vocal Orlando R. A. En otra parte del texto se menciona que, antes de ser designado como fiscal superior por Mariaca, Irusta firmó una acción de cumplimiento interpuesta por Orlando R. A., aunque no se detalla la fecha, “para que este sea elegido mediante resolución emitida por el exvocal (del TDJ) Israel Campero, persona cuya visa fue revocada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por estar involucrado en casos de narcotráfico en el denominado caso Marset”. Por último, los Interculturales aseguran que Orlando R. A. ejerció una injerencia directa en el denominado caso Consorcio, en el que se acusó al exministro de Justicia, César Siles, la exvocal Claudia Castro y otros altos funcionarios del Órgano Judicial, por tratar forzar la destitución de la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. Según la nota, se pretende esconder pruebas que involucran a otras autoridades. MAGGY TALAVERA