Seguridad

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Gobierno nacional militarizar esa zona para frenar la inseguridad en el municipio. Este domingo 13 de septiembre se reportó que dos hombres fueron acribillados y según El Deber en lo que va del año se reportan 26 asesinatos. Ante esta situación, la autoridad pidió triplicar la presencia policial y reforzar la seguridad en la zona fronteriza con Brasil. «Ante los últimos hechos ocurridos en San Ignacio de Velasco, acabo de comunicarme con el Ministro de Gobierno, el Comandante Departamental de la Policía y el Comandante General de la Policía Boliviana. Me informaron sobre las acciones inmediatas que están ejecutando, el despliegue de equipos en la zona y el reforzamiento del Plan Fronteras Seguras. Sin embargo, los hechos demuestran que las medidas actuales no están dando los resultados que necesitamos», escribió el gobernador en sus redes.  Velasco lamentó que la Chiquitania está «en vilo» y que la ola de violencia exige decisiones extraordinarias por parte de las autoridades.  «Ambos comandantes llevan pocos días posesionados y confío en que puedan revertir esta situación con acciones firmes, Inteligencia y mayor presencia territorial. Pero también debemos ser claros: no podemos permitir que el sicariato y el crimen organizado se conviertan en parte de la vida cotidiana de Santa Cruz. San Ignacio de Velasco, la Chiquitania y todo nuestro departamento están en vilo. Estamos llegando a un límite que exige decisiones extraordinarias», siguió.  Autoridades piden militarizar la zona Ante este escenario, el gobernador junto con la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, y la asambleísta de la provincia Velasco, Natasha Castedo, exigió a las autoridades nacionales incrementar los operativos de seguridad en las zonas consideradas de mayor riesgo. «Exijimos a las autoridades nacionales competentes medidas inmediatas y concretas: triplicar la presencia policial en las zonas más afectadas, fortalecer las unidades de Inteligencia e investigación y reforzar de manera permanente el control de nuestras fronteras. Exijimos y necesitamos que el Ministerio de Defensa militarice esta zona roja del departamento, dentro del marco constitucional y de las competencias de las Fuerzas Armadas», señaló.  Además, Velasco aseguró que se necesita presencia efectiva del Estado para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales que están amenazando la seguridad de nuestra gente. «Necesitamos que el Ministerio de Defensa concentre recursos, personal y capacidad operativa donde hoy existe una amenaza real e inmediata para las familias bolivianas. Esto no se resuelve únicamente reaccionando después de cada hecho violento. Necesitamos prevención, Inteligencia, control fronterizo, investigación criminal y presencia permanente del Estado», indicó.  La autoridad departamental sostuvo que es necesario adoptar medidas concretas y reforzar las acciones contra el crimen organizado, especialmente en las zonas fronterizas, ante la ola de violencia registrada en San Ignacio de Velasco, municipio colindante con Brasil. Medidas solicitadas por el gobernador Juan Pablo Velasco exigió medidas inmediatas y concretas a las autoridades nacionales competentes, tales como: Contexto de los hechos violentos Estas solicitudes se producen tras el asesinato de dos hombres la madrugada del domingo en San Ignacio de Velasco. Una de las víctimas fue identificada como Rodrigo O. Z., hermano del presidente de la Asociación de Ganaderos de ese municipio. Se reportó que fue atacado por dos sujetos armados dentro de su vivienda, en el barrio Pueblo Nuevo. Por otro lado, Gabriel P. F., de 22 años, fue asesinado por un grupo de seis sujetos encapuchados que ingresaron a su domicilio en el barrio Guapasal. Según la denuncia inicial, los agresores preguntaron por una persona identificada como “Camacho” y una supuesta carga de droga antes de disparar contra el joven. LEER: 43 víctimas de ataques armados en Bolivia En menos de 24 horas, tres asesinatos en Santa Cruz y Beni volvieron a exponer la escalada de violencia armada en el país. Dos ocurrieron en San Ignacio de Velasco y el tercero en Trinidad. Con estos hechos, el recuento elaborado por EL DEBER alcanza al menos 43 fallecidos en ataques armados en lo este 2026. Santa Cruz concentra 26 víctimas, equivalente al 65% del total, seguida por Cochabamba con cinco, Beni con cuatro, Tarija con tres y Pando con dos. Agosto fue más letal del año y para este mes la ola violenta vinculada con el narcotráfico parece no disiparse. EL DEBER Y LA PATRIA

Cuatro personas murieron y 12 quedaron heridas debido al embarrancamiento del minibús de transporte público en el que se trasladaban desde Palca hacia una comunidad cercana, informó la Unidad de Bomberos. El accidente ocurrió este domingo en la tarde. El minibús se embarrancó unos 200 metros, informó ABI. Se presume que el vehículo sufrió fallas mecánicas. En el minibús se trasladaban 16 personas: 15 adultos y una menor de edad, informó Bomberos a Red Uno. Un jefe policial informó a Unitel que la mayoría de pasajeros era profesor. “En el lugar ya se pudo evidenciar que cuatro personas se encontraban sin signos vitales, tres personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Entre los fallecidos tenemos al conductor Porfirio Valero Cusi”, informó un bomberos a Red Uno, citado por ABI. En redes sociales se viralizaron imágenes de lo sucedido que muestra a pasajeros en el piso, mientras piden auxilio. Los heridos fueron internados en el hospital Metodista de La Paz. BRÚJULA DIGITAL

La abogada Patricia Vega aseguró que existió negligencia y una sucesión de fallas de la constructora y la Alcaldía de São Paulo tras la tragedia en el desplome de un edificio que sepultó a una familia de costureros bolivianos y dejó al menos seis fallecidos, entre ellas una mujer embarazada y menores de edad. “Esto para mí no fue un accidente, para mí sí fue un homicidio. Había un orden de demolición del predio, después había un permiso para que se construyan. Creo que ha habido una sucesión de errore” , expresó la jurista en RTP Informa. Aseguró que se tiene que ver la responsabilidad del ingeniero, del dueño de la constructora, del fiscal de la Alcaldía. Destacó el trabajo de la Policía Civil, Policía Militar, Bomberos, Prefectura y Subprefectura de Penha. “Pocas veces aquí en Brasil he visto una fuerza tarea tan grande” para localizar a los responsables». LEER: Edificio de 20 pisos cae sobre vivienda de Bolivianos Confirmó que el Consulado de Bolivia en São Paulo ayuda con documentos perdidos y con la repatriación de los cuerpos a Bolivia. Aclaró que fueron 10 las personas que fueron sepultadas, y dos se salvaron porque durmieron en un depósito de telas. Acotó que queda pendiente el destino de una víctima paraguaya que era pareja de un afectado que está internado. El agente consular de Bolivia en Brasil, Esteban Araos Ortiz, informó que el edificio que se derrumbó en una casa de bolivianos en São Paulo y dejó seis personas fallecidas era una construcción de aproximadamente 20 pisos y en situación irregular. “Era un edificio abandonado de unos 20 pisos. Era una construcción no autorizada y, bueno, hoy día hubo una lluvia muy fuerte que al final, entre la no inspección y el viento, se ha generado que el derrumbe vaya directamente a una casa donde estaban muchos bolivianos”, expresó el diplomático a El Deber. El colapso de un edificio en construcción ocurrió la madrugada del sábado 12 de septiembre en el barrio de Penha, en la zona este de São Paulo. El siniestro dejó seis fallecidos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del suceso. La empresa encargada del proyecto, New Home Construtora, emitió un comunicado en el que anuncia una investigación interna y colaborará con las autoridades locales. Se aclaró que los bolivianos no eran dueños de la casa, sino que alquilaban el lugar para trabajar. Según los datos llevaban residiendo en Brasil más de cinco añose incluso uno de los sobrevivientes vive más de dos décadas en ese país. Las autoridades no reportaron irregularidades respecto a su estatus migratorio. Herbert Chino Choque, uno de los sobrevivientes, expresó con profundo desconsuelo ante los medios: “Perdí a la familia que más valoraba, mi hija y mi esposa. Trabajé durante nueve años para construir mi patrimonio… ¿Quién me va a responder por esto? MRCM-RTP