Seguridad

Una mujer de 54 años sufrió una violenta agresión en un punto de bloqueo en el distrito 7 en El Alto. La víctima recibió golpes en la cabeza con un objeto contundente, presumiblemente, una piedra, y fue internada en terapia intensiva, días después, pasó a terapia intermedia. El hecho ocurrió el pasado martes. La víctima se encuentra internada en la Caja Petrolera de Obrajes con un trauma encefálico severo. Nelson Mamani, neurocirujano de la Caja Petrolera, informó que la mujer tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia en el hospital de Obrajes y actualmente tiene un pronóstico reservado. “Ella, al tratar de apagar unas llantas y unas maderas que se estaban quemando fuera de su domicilio en El Alto, es agredida por terceras personas al punto de perder la conciencia. Le hicimos los estudios pertinentes, impresos, una tomografía, tenía el hueso de la parte posterior del cabeza fracturado, además que tenía un coágulo de sangre dentro del cráneo”, dijo el doctor a Urgente.bo. Testigos informaron que el golpe, presuntamente propinado por manifestantes, se dio luego de que la víctima reclamara que el humo de una fogata invadía su tienda de abasto, por lo que intentó apagarla, momento en el que fue brutalmente agredida.  Pese a salir de UTI, la víctima cuenta con un cuadro todavía delicado. De acuerdo a Mamani, una vez que la paciente despierte se harán más exámenes para determinar si se quedará con secuelas.  (URGENTE.BO)

Un hombre fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de Patacamaya por su presunta participación en la quema de un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), ocurrida el pasado viernes en el sector de Puente Seke, en El Alto. “Producto de la intervención policial y las operaciones de mantenimiento del orden público que se realizaron en el lugar se pudo aprehender a uno de los autores materiales de este hecho. Esta persona se encuentra por disposición del juez cautelar con cuatro meses de detención preventiva en el centro de Patacamaya”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto. El caso se investiga por los delitos de deterioro de bienes del Estado, lesiones e instigación pública a delinquir. Además, informó que se analizan imágenes de cámaras de seguridad y videos proporcionados por testigos para identificar a otros involucrados en el hecho. De acuerdo con la investigación, la patrulla fue interceptada por un grupo de bloqueadores cuando se dirigía a atender una denuncia de violencia. Dos efectivos policiales fueron agredidos físicamente y el vehículo resultó seriamente dañado antes de ser incendiado. Según la FELCV, los uniformados acudían a auxiliar a una mujer que denunció estar siendo agredida por su pareja. La institución señaló que los policías estaban plenamente identificados y comparó el ataque con una agresión contra una ambulancia que acudía a prestar asistencia. (ERBOL)

La reciente incautación de una importante cantidad de droga impregnada en madera encendió las alarmas sobre la existencia de una presunta red internacional de narcotráfico que operaría desde Bolivia utilizando sofisticados métodos para enviar sustancias controladas hacia mercados de Estados Unidos y Europa. Según el análisis realizado por el abogado y experto en temas de seguridad, Luis Amado Pacheco, aproximadamente el 70% de la droga detectada habría ingresado desde Perú a través del departamento de Pando, mientras que el restante 30% correspondería a producción boliviana. Ambas cargas habrían sido mezcladas e impregnadas en madera procesada para facilitar su exportación y evitar controles antidrogas. Pacheco explicó que este mecanismo no es reciente y requiere una compleja logística que incluye la tala de árboles, transporte a aserraderos, procesos químicos de impregnación y posterior exportación. Solo la preparación de la madera y la incorporación de la droga podría demandar entre tres y cuatro meses de trabajo antes de su envío al exterior. El especialista señaló que las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar la droga en la madera, incluyendo el ahuecado de piezas y la impregnación química. Asimismo, advirtió que no todos los cargamentos son detectados por las autoridades, estimando que una gran parte de los envíos logra llegar a destino sin ser interceptada. De acuerdo con las estimaciones expuestas, alrededor de 100 toneladas de droga habrían sido exportadas mediante este sistema, representando un perjuicio económico cercano a los 8.000 millones de dólares para las estructuras del narcotráfico tras las recientes incautaciones realizadas en países vecinos. La investigación también apunta a la posible participación de al menos diez empresas, tanto nacionales como internacionales, que deberán demostrar su desvinculación de los hechos ante las autoridades competentes. Los países vinculados a estas compañías incluyen Estados Unidos, Panamá y Colombia, entre otros. Pacheco destacó el trabajo de inteligencia y de las unidades caninas que permitieron detectar los cargamentos en el exterior, pero cuestionó la falta de controles efectivos dentro del territorio boliviano. Además, consideró que las investigaciones deberán alcanzar a todas las instancias que pudieran tener alguna responsabilidad, incluyendo posibles nexos con instituciones estatales. El Ministerio Público ya abrió una investigación para esclarecer el caso, considerado uno de los más relevantes de los últimos años por la magnitud de la droga involucrada y por el impacto que podría tener en la imagen internacional del país. La pesquisa buscará identificar responsabilidades y determinar el alcance real de la estructura que habría operado detrás de estos envíos ilícitos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el hallazgo de casi Bs 1 millón que era transportado en una ambulancia del municipio de Puerto Villarroel con destino al Trópico de Cochabamba. El dinero fue encontrado este viernes durante un operativo policial realizado en el centro de la ciudad de Cochabamba. Según reportes preliminares, la ambulancia fue interceptada luego de que una persona retirara una elevada suma de dinero de una entidad financiera y abordara el vehículo. Tras la requisa, los efectivos policiales secuestraron los recursos económicos y arrestaron a nueve personas que se encontraban en el interior de la ambulancia con fines investigativos. De acuerdo con la información preliminar, existen contradicciones sobre el origen y destino del dinero, por lo que se inició las investigaciones para esclarecer el caso. (CORREO DEL SUR)

El bloqueo instalado el jueves 11 de junio en la zona de Cerro Grande, en la provincia Guarayos, generó rechazo entre distintos sectores de Ascensión de Guarayos luego de que surgieran denuncias de que los movilizados no serían habitantes de la región, sino personas trasladadas desde el municipio de San Julián, donde se registra el punto de bloqueo más prolongado de Santa Cruz, con 30 días de vigencia. La situación provocó malestar entre los pobladores por dos motivos: su rechazo a los bloqueos y la presencia de personas ajenas a la provincia liderando la medida de presión. “No puede ser que esta gente esté usando nuestro territorio para hacer sus vandalismos, más aún en Cerro Grande, que es un lugar sagrado o santuario para el pueblo guarayo, porque según la tradición, en ese cerro se refugió el guarayo durante el diluvio universal”, manifestó el dirigente Ascencio Lavadez. A las críticas por la presencia de bloqueadores foráneos se suman denuncias de presuntos cobros irregulares a conductores para permitirles el paso por el lugar. Según los denunciantes, las tarifas exigidas comenzarían desde los Bs 40. De acuerdo con los reportes, estos cobros derivaron durante la madrugada en enfrentamientos entre personas retenidas en el bloqueo y quienes participan de la medida, dejando varios heridos. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre la cantidad de afectados ni sobre posibles aprehensiones. En Santa Cruz, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) reportó tres bloqueos: San Julián (Los Troncos), San Germán (en cercanías del puente Ichilo) y el más reciente en Guarayos (Cerro Grande).  (EL DEBER)

El Ministerio de Defensa informó sobre la liberación del teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, quien fue retenido el miércoles 10 de junio en el municipio de San Julián por un grupo de movilizados. El militar fue descubierto tomando fotografías en la zona, situación que derivó en su captura por parte de los bloqueadores. “El Teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, miembro de las Fuerzas Armadas fue reteneido en el municipio de San Julián, recuperó su libertad y se encuentra en buen estado de salud“, expresó la cartera de Estado. Por su parte, el ministro de esta cartera, Ernesto Justiniano publicó en sus redes: “Durante la madrugada llegó a la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde está bajo resguardo institucional. Agradezco al Tte. Cnl. Saravia y a la Policía Boliviana por el traslado y el apoyo operativo brindado hasta esa ciudad. Gracias a Dios, este hecho no pasó a mayores. Sin embargo, corresponde decirlo con claridad: ninguna protesta, ningún bloqueo y ningún reclamo justifican la retención, intimidación o interrogatorio por cuenta propia de un militar, un policía, un servidor público o cualquier ciudadano.Seguiremos actuando con responsabilidad, firmeza y dentro del marco de la ley, cuidando siempre la vida, la paz y el orden en nuestro país”. “El Ministerio de Defensa expresa su reconocimiento al personal militar y policial que participó en las gestiones y acciones operativas que permitieron garantizar la integridad física del oficial y su traslado seguro“, dice a su vez el documento socializado por el ministerio.  La institución, al igual que su titulr, recordó además que ninguna medida de presión, protesta o bloqueo puede justificar actos que vulneren la libertad, la integridad y los derechos fundamentales de las personas. EL DEBER

Fiscalía inició una investigación contra siete de los 27 presuntos choferes “autoconvocados” que fueron aprehendidos tras los hechos de violencia registrados en la sede de la Federación de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto y contra un vehículo de la Policía Boliviana. El fiscal de materia, Weimar Molina, informó que estas personas fueron identificadas y son procesadas por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado. La autoridad explicó que los investigados también enfrentan cargos por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, debido a su presunta participación en los daños ocasionados durante las movilizaciones que concentraron a 300 personas el pasado lunes. Las indagaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y establecer si existen más personas vinculadas a los hechos. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP