Seguridad

Un conscripto fue enviado con detención preventiva a la cárcel, mientras que otros cinco militares recibieron detención domiciliaria, en el marco de las investigaciones por la sustracción de armamento del Batallón “Independencia” de la Armada en el departamento de La Paz. Por este hecho se produjo la aprehensión de seis personas por el delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial. En la audiencia cautelar, la autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria para un teniente, un alférez, dos sargentos y uno de los conscriptos, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. El segundo conscripto fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, al ser considerado el principal implicado en la sustracción del armamento. De acuerdo con la investigación fiscal, la mayor parte del armamento robado fue hallado en un cementerio de la zona de Tilata. No obstante, aún falta ubicar un fusil AKT-56, dos pistolas y una cantidad de municiones. E Torrez detalló que las pesquisas evidenciaron fallas en la seguridad del recinto militar, entre ellas cámaras que no funcionaban y la ausencia de un muro perimetral completo, lo que habría facilitado el ingreso y salida de los implicados. Asimismo, se investiga la participación de ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al cuartel utilizando uniformes militares. Estas personas, según el informe fiscal, habrían aprovechado la inexperiencia de un conscripto para convencerlo de que eran relevos y se retire del lugar. ERBOL

La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, y su pareja Jhonatan Figueroa Meneses, conocido como el ‘Ken boliviano‘, formalizaron este martes la denuncia por el robo perpetrado en la casa de la autoridad edil durante el pasado fin de semana.  “Hoy se ha procedido a formalizar la denuncia presentada por el delito de robo agravado, la cual justamente está siendo oficializada de manera específica por la alcaldesa Eva Copa, acompañada de su señor pareja”, informó Frank Campero, abogado de la autoridad municipal, en una conferencia de prensa. Agregó que, además, solicitaron la declaratoria de la reserva de este caso “por todo el morbo” que ha generado esta noticia, que inicialmente fue filtrada a medios de información con el envío de fotografías de lo ocurrido. “Nosotros hemos solicitado de manera específica y esperemos que, en horas de la tarde, ya tengamos esta reserva para evitar ese morbo, que justamente generan las redes sociales y la misma población, con datos totalmente inexactos, que llaman a la conversación e inclusive a la burla. Esperemos que a estas personas no les pase jamás (un robo)”, dijo. El pasado domingo 26 de abril se conoció, de manera preliminar, que delincuentes ingresaron un día antes a la casa de Copa en El Alto y que sustrajeron más de medio millón de bolivianos, además de 17.000 dólares, joyas, relojes de colección y equipos tecnológicos. El lunes, en medio de una ola de especulaciones, Copa rompió en llanto en una entrevista, aseguró que se manejan datos que no son reales y que las cosas que robaron no eran solo de ella.  El mismo día, el fiscal Marco Antonio Araníbar reveló que “la víctima principal” es Jonathan Figueroa, “quien refiere ser el propietario de la caja fuerte y también de otros objetos, como relojes de colección”. Este martes, el abogado de Copa fue consultado si se puede establecer la cantidad real del dinero robado y sólo se limitó a decir que “el tema de montos va a depender del resultado de la investigación”. “No vamos a entrar de manera específica a detallar elementos totalmente subjetivos con el tema de montos, con el tema de los objetos, eso se determinará de manera específica y objetiva dentro de la investigación”, afirmó. (EL DEBER)

Un bus de la empresa Narváez se embarrancó aproximadamente 200 metros en la comunidad de Tojo, en la carretera Tarija-Villazón, dejando como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y varios heridos. El accidente se registró cerca de las 03.00 de este martes. El hecho movilizó a equipos de emergencia para rescatar a los sobrevivientes y evacuarlos hasta centros de salud para su atención médica. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo había salido la noche anterior desde Tarija con destino a Villazón. La Policía Boliviana inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro. Fueron tres varones y una mujer quienes perdieron la vida, indicó el medio televisivo. Pasado el mediodía, el equipo de Bomberos de la Policía llegó hasta la morgue con tres personas fallecidas en el accidente, informaron medios locales. Los familiares denunciaron que la flota no cuenta con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) e indicaron que tratan de cubrir con sus recursos todos los gastos médicos; sin embargo, exigen a la empresa hacerse cargo de los mismos. “Tuvimos que salir arañando la tierra hasta la carretera con los heridos, con esa adrenalina del momento hemos logrado salir, nos hemos olvidado de todo”, relató uno de los heridos del accidente que fue derivado al Hospital Regional San Juan de Dios, en contacto con el portal Actualizando Tarija. (ABI)

La carga de Bs 17,5 millones, en cortes de billetes de 10, 20 y 50 bolivianos, de la Serie B, que se perdió en el accidente del avión Hércules FAB 81 el pasado 27 de febrero, fue declarada como material de imprenta y no como dinero válido. Así lo hizo conocer el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, ante la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados. “Y quiero hacer una aclaración. Nosotros (TAB) no hemos transportado divisas y el glosario de la carga dice simplemente material impreso. Ustedes comprenden, y ha habido una larga discusión sobre esto, que esos billetes, entre comillas, no tenían valor legal. Esos billetes adquieren un valor legal una vez que llegan al Banco Central de Bolivia (BCB)”, afirmó Salinas el 22 de abril ante los diputados de dicha Comisión. El avión, que se estrelló a las 18:00 de ese viernes, en la parte trasera del Aeropuerto Internacional de El Alto, prestaba servicio a nombre de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), a la empresa “ACC Agentes Generales de Carga Bolivia SRL”, contratada por los fabricantes de billetes, impresos en Malta, a pedido del BCB. Serie B Ese 27 de febrero, luego de que el avión se estrellara por razones aún no esclarecidas, centenares de personas se aglomeraron alrededor de los restos del avión, y comenzaron a saquear los fajos de dinero que quedaron esparcidos entre el lodo y el granizo. El nuevo lote de billetes, de la Serie B, tenía el fin de reemplazar las divisas nacionales que ya estaban muy desgastadas. Solo minutos después del accidente, David Espinoza, presidente del BCB se pronunció y aseguró que dichos billetes no tenían valor legal, porque no fueron validados en la entidad. En ese sentido, pedía que toda persona que estaba en posesión del material lo devolviera. Entre tanto, contingentes militares y policiales llegaron al lugar del accidente para resguardar lo que quedaba del cargamento, ante la creciente violencia con la que avanzaba la gente, jóvenes en su mayoría, adultos, niños, mujeres, personas de la tercera edad, todos con la intención de llevarse parte del dinero. Violencia y quemazón Mientras tanto, con el paso de las horas, la gente corroboró que los billetes sí tenían todos los elementos de seguridad y podían ser usados para cualquier transacción. Esa misma noche, en varias zonas de El Alto el dinero fue usado para diferentes compras en diferentes rubros, lo que generó un mayor descontrol. En una medida desesperada, porque los más de mil efectivos militares y los efectivos de la Policía Boliviana estaban a punto de ser rebasados por la multitud, los responsables del BCB, con aval de la Presidencia, ordenaron quemar los billetes que aún estaban en el avión. Ante la circulación de los billetes del accidente, al día siguiente, el Gobierno emitió un nuevo comunicado, en que dispuso anular toda la Serie B. La medida generó nuevos reclamos, al verificar que existían miles de billetes de esa serie, legalmente obtenidos por la población, y que circulaban e incluso los cajeros automáticos emitían dicha denominación. Finalmente, el BCB levantó la medida y puso en funcionamiento, en su página web oficial, el Verificador de Número de Serie, una herramienta digital destinada a que la población compruebe si un billete de Bs 10, Bs 20 o Bs 50 de la Serie B se encuentra dentro de los rangos declarados sin valor legal. Hasta la fecha se desconoce cuánto de los 17,5 millones de billetes se quemaron, cuántos fueron sustraídos y cuantos fueron rescatados por militares, fiscales y policías, quienes esa noche incluso usaron ambulancias para extraer el material que se logró rescatar del interior del avión siniestrado. En el informe ante la Comisión, el ministro Salinas dijo desconocer quién dio la orden de quemar los billetes, pero afirmó que ese mismo día, el avión había realizado dos vuelos, antes de estrellarse. Pero, además, aseguró que no se aplicó ninguna cadena de custodia, por el hecho de que la carga fue declarada como material de imprenta. El seguro En otra parte del informe, solicitado por el diputado Rafael López, de Libre, se mencionó que el seguro de la Empresa Fortaleza tenía dispuesto $us 20 millones, además de haber realizado un reaseguro por accidentes, aunque no se detalló el monto total. De la misma forma, el ministro Siles informó que se registraron 23 fallecidos y 37 personas heridas, varias de las cuales viajaban en los 26 vehículos que el avión Hércules chocó al pasar a escasos metros de altura sobre la avenida Costanera. Salinas detalló que, de acuerdo al protocolo de la aseguradora, se haría una valuación de cada motorizado y se pagaría solo el monto estimado o se entregaría otro vehículo de similares características. Se conoce que 17 de los propietarios presentaron los documentos requeridos para el pago de ese seguro, pero otros seis tendrían problemas, pues no contarían con títulos de compra y venta, al ser vehículos indocumentados. Asimismo, se conoció que la aseguradora ya ejecutó parte del ese dinero, en el pago a hospitales donde fueron internados los heridos, así como los gastos por sepelios y entierros. Experiencia Al ser consultado sobre la capacidad de los pilotos y la tripulación, el ministro de Defensa detalló que estos contaban con las acreditaciones del Departamento Tercero del Comando de la Fuerza Aérea. En cuanto a su experiencia, Salinas mencionó que “el piloto cuenta con 2.400 horas de vuelo y casi 2.000 horas de vuelo en el avión. El copiloto con 841 horas de vuelo. El navegante con 1.775 horas de vuelo. El ingeniero de vuelo con 1.430 horas de vuelo, el maestro de carga con 130 horas de vuelo acumuladas en la aeronave y el maestro de carga, dos suboficiales, con 495 horas de vuelo. También había un maestro de carga, alumno que es teniente, que estaba iniciando sus horas de entrenamiento”. Flota inhabilitada El diputado López solicitó el detalle sobre el estado de las aeronaves del TAB, a lo que el ministro refirió que además de las aeronaves de esa empresa, en la FAB, que cuenta incluso con helicópteros,

Legisladores de diferentes fuerzas políticas advirtieron que el gobierno nacional enfrenta al menos tres frentes de conflicto activos, y pidieron acelerar el diálogo y la atención a las demandas sociales. Los problemas identificados son la escasez y mala calidad de los combustibles, las amenazas de la COB ante la falta de respuesta adecuada a su pliego petitorio y el creciente descontento del magisterio. En referencia al problema de la gasolina y el diésel, el diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Daniel Fernández señaló este viernes que la situación se ha agravado por la falta de respuestas oportunas. “Este problema ya se sale de control (…) se tiene que socializar y buscar mecanismos para subsanar”, afirmó, e indicó que desde hace varias semanas la población no recibe respuestas claras, por lo que consideró necesario que las autoridades agilicen soluciones en coordinación con los sectores movilizados. Por su parte, el diputado de Libre Reinaldo Seas sostuvo que la resolución de los conflictos dependerá de la predisposición de los ministros para negociar. “Va a depender mucho de la capacidad de cada uno de sus ministros para poder llegar a acuerdos”, señaló, e identificó como principales focos de tensión el pliego de la COB por incremento salarial, la crisis de combustible y las movilizaciones del magisterio. Asimismo, remarcó la necesidad de priorizar temas como infraestructura vial, salud y educación, en medio del impacto que generan los conflictos en la población. Ya el jueves, otros asambleístas compartieron su preocupación en torno a la coyuntura actual, y destacaron también estos frentes de conflicto. La diputada Julieta Jiménez (Unidad) se refirió al problema con los maestros: consideró justas sus demandas, pero también remarcó la difícil situación económica actual del país. “El magisterio sí tiene razón, pero algunos dirigentes tienen una línea del trotskismo muy extrema, también deberían ponerse la mano al pecho y ver que anteriores gobiernos nos han dejado en la calle”, sostuvo. En criterio de la senadora del PDC Ana Crispín, el conflicto más complejo en miras es el de la COB, que no acepta la negativa al incremento salarial. La asambleísta considera que el problema pudo haberse evitado si el gobierno no determinaba el incremento salarial en diciembre pasado. “Se está pagando los platos rotos de una ley que ha salido a destiempo. Ya es una costumbre que haya incremento de salarios cada 1 de mayo” señaló dando a entender que incrementar los sueldos nuevamente sería inviable. “Hay que dialogar para llegar a un entendimiento”, recomendó. A su turno, la Claudia Herbas, diputada de Alianza Popular, se refirió a los problemas por el combustible y a las demandas del magisterio. Sobre el primer punto se detuvo en el cambio del ministro de Hidrocarburos: “se puede observar nuevamente que el presidente Rodrigo Paz tarda en tomar decisiones: el señor (Mauricio) Medinaceli no tenía control de nada, se lavó las manos… fue una gestión irresponsable”. Luego enfatizó en la urgencia de dar soluciones: “el gobierno tiene que resolver el problema de la gasolina basura; del abastecimiento del diésel, que es una situación grave para los agricultores; pero, ante todo, debe dar un resarcimiento efectivo y real a todos los bolivianos que estamos gastando de nuestro bolsillo por los daños en los vehículos”. En cuando a las movilizaciones del magisterio, manifestó: “toda manifestación en las calles es porque las demandas no están siendo escuchadas, y eso pasa con los maestros: buscan que no se privatice la educación”. El magisterio urbano anunció que la próxima semana llegarán cientos de profesores de todo el país a La Paz, una vez que fracasaron las negociaciones con autoridades. El sector exige un incremento salarial acorde con la inflación de los últimos meses; incluso mayor al 20 % planteado por la COB, según declararon representantes en días pasados. Otra de sus demandas es “reajustar 4.000 ítems incompletos, que provienen de ítems reordenados”. Mientras tanto, dirigentes del transporte advirtieron con tomar decisiones radicales si no se normaliza el abastecimiento de diésel y gasolina. A ello se debe sumar otros sectores en apronte, como los mineros y la COB. BRÚJULA DIGITAL

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo, argumentando dificultades de “coordinación” que le impidieron alcanzar resultados urgentes en su gestión. “Es básicamente algunas situaciones de coordinación que no me han estado permitiendo llegar a algunos resultados urgentes como se necesitaba. Por ese motivo es que estoy pidiendo mi renuncia irrevocable”, argumentó. La ahora exautoridad, que estuvo cinco meses en el cargo, señaló que la falta de coordinación se dio tanto a nivel interno como con otras instituciones, en un contexto que calificó como complejo por la coyuntura del país y la multiplicidad de tareas en curso. Indicó que durante su gestión impulsó proyectos como la incorporación de la seguridad ciudadana en la currícula educativa, además de otras iniciativas orientadas a fortalecer la prevención. Aseguró que seguirá sirviendo al país desde donde esté y que se va “por la puerta grande”, convencido de que actuó con honestidad y compromiso durante su gestión. ERBOL

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) aprehendió a un empleado de una empresa de transporte de valores por las contradicciones presentadas en su declaración luego del robo de Bs 5 millones, informó el comandante de la Zona Sur, Miguel Zambrana. De acuerdo con el informe policial, el denunciante dio una información que no era la correcta, en principio; sin embargo, tras una investigación, la Policía Boliviana determinó que fue él quien tenía la autorización para retirar el monto del dinero de la empresa. “Él entrega el dinero a supuestos acreedores, personas a las que se debía ese dinero, pero no ese monto; él hace referencia a que solo debía medio millón de bolivianos, pero le arrebatan el dinero y se hacen con los cinco millones”, indicó Zambrana en contacto con Bolivia Tv. El jefe policial precisó que el empleado, por la confianza que le tenía el dueño de la empresa, retiró el monto de dinero de manera voluntaria; ahora es investigado por el delito de robo agravado. El hecho ocurrió en la zona sur de La Paz. (ABI)

El fiscal Wilson Medrano informó que hay 15 personas que están siendo investigadas, en calidad de sindicadas, por el caso del Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel en La Paz e indicó que entre los implicados se encuentra la exministra de Salud, María Renee Castro. “La exministra está en calidad de sindicada; sin embargo, la ley no impide para poder convocar nuevamente las veces que sea necesario a los efectos del esclarecimiento del hecho”, dijo el fiscal. En ese sentido, indicó que la exautoridad fue citada para brindar su declaración informativa ante el Ministerio Público. A raíz de este hecho, el representante legal de la constructora Makiber fue aprehendido e imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. “Este tipo penal también recae sobre personas particulares quienes celebran contratos con empresas o entidades distintas que causen grave perjuicio económico al Estado”, explicó Medrano. Por otra parte, el fiscal  informó que el Instituto Gastroenterológico presenta fallas en la infraestructura principal, así como, en el perímetro del área donde está ubicado. Además, anunció que la obra ocasionó un daño económico de más de 711 millones de bolivianos.   El 24 de noviembre de 2024, un talud colindante a los predios del Estado Mayor del Ejército colapsó, sepultando parcialmente los niveles inferiores del Bloque B del hospital, y afectó parte de la estructura del hospital, cuya construcción costó más de Bs 739 millones.  (URGENTE.BO)

Una familia, entre ellos una bebé, se salvó tras el accidente de una avioneta en la ruta Santa Ana–Trinidad, Beni. El piloto José Luis Rosales Aguilera relató a radio Patujú de la red ERBOL que priorizó la vida de los pasajeros y, sin tiempo para declararse en emergencia, optó por aterrizar en la zona más segura posible para sobrevivir. “Al promediar la 1:17 empezó la falla. (…) Como no había mucho que escoger, era el agua o el monte; nos tiramos a lo más raso para tratar de sobrevivir”, relató el piloto con más de 10 años de experiencia. El piloto explicó que optó por descender en el agua para evitar el monte, donde el riesgo era mayor. Tras el impacto, los ocupantes quedaron con el agua hasta el cuello, pero lograron mantenerse a salvo. Señaló que perdieron toda comunicación debido a la falla de los equipos eléctricos y la falta de señal. Permanecieron sobre la aeronave durante varias horas, a la espera de ser encontrados. Durante ese tiempo, hicieron señales a avionetas que sobrevolaban la zona, aunque en un inicio no lograban ser vistos. Incluso, debieron meterse al agua para recuperar alimentos y agua que les lanzaban. Según el reporte, en la aeronave viajaban familiares del piloto, incluyendo a su hermano, su cuñada y su sobrina. El rescate se concretó horas después, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana logró ubicarlos y confirmar que estaban con vida. Posteriormente, los cuatro ocupantes fueron trasladados a un centro médico en Trinidad para su evaluación. De manera paralela, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que activó los protocolos de búsqueda y salvamento y que su Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes inició las indagaciones para establecer las causas del accidente. ERBOL

Una aeronave Cessna 207 CP-1935 realizó un aterrizaje forzoso a unos 48 minutos de Trinidad, en plena ruta hacia Santa Ana. El piloto José Luis Rosales logró descender en un pantano, evitando una tragedia. Luego de las labores de búsqueda y verificación desplegadas en la zona, los pasajeros, Francisco Xavier Rosales Aguilera y Kelly Johana Oyola Abrego, fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud. Las causas del incidente aún están en evaluación. De acuerdo a los primeros informes, todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro, lo que genera tranquilidad entre familiares y la población en general. Las causas que originaron el aterrizaje de emergencia aún se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial más detallado sobre este incidente aéreo. (LA RAZÓN)