Seguridad

Ocho dirigentes sindicales que fueron aprehendidos el fin de semana en El Alto recuperaron su libertad pura y simple, luego de que la Fiscalía determinara que no existen elementos suficientes para sustentar una imputación en su contra. El abogado defensor, Miguel Chávez, señaló que la decisión se tomó en apego a derecho. “Han sido ocho dirigentes que han sido liberados… no ha habido ningún tipo de elemento para que conduzca a una imputación”, afirmó, al indicar que, pese a ello, el Ministerio Público continuará con las investigaciones. De acuerdo con los antecedentes, seis de los liberados pertenecen a la Central Obrera Boliviana (COB) y los otros dos a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari. Según la defensa, los dirigentes habían sido detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Por su parte, la COB confirmó la aprehensión de sus dirigentes y denunció irregularidades durante el operativo. En un comunicado, la organización afirmó que se utilizaron gases lacrimógenos dentro de un vehículo, lo que habría vulnerado los derechos de los detenidos. Asimismo, cuestionó la difusión de videos en redes sociales donde, según su versión, se evidencia “tortura y violencia inhumana”. El caso se desarrolla en un contexto de creciente conflictividad social. Este martes se cumplen 40 días de protestas en el país, con más de 80 puntos de bloqueo que afectan el traslado de alimentos, medicamentos, combustible y otros insumos esenciales, generando desabastecimiento, especialmente en La Paz. Además, se reporta que más de una decena de personas han fallecido en medio de esta crisis, en algunos casos por no haber podido acceder a atención médica oportuna debido a las restricciones en las vías. (CORREO DEL SUR)

Momentos de tensión se registraron en el peaje de la autopista La Paz–El Alto, donde personas que mantienen medidas de bloqueo agredieron a transeúntes que intentaban circular por el sector. Según reportes, los manifestantes utilizaron empujones, golpes y lanzaron piedras contra quienes expresaban su rechazo a la protesta o simplemente pasaban. La situación generó preocupación entre usuarios de la vía, quienes denunciaron actos de intolerancia en medio de un cerco que ya se prolonga por 40 días y que, aseguran, afecta gravemente la actividad social y económica. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, lamentó los hechos y pidió la presencia de efectivos policiales para evitar mayores enfrentamientos y resguardar la integridad de la población. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó que el Ministerio Público inició acciones tras conocer la incautación de un cargamento de droga impregnada en madera de exportación, detectado en el puerto de Arica, en Chile, y que habría salido desde Bolivia. Desde Santa Cruz, la autoridad señaló que se instruyó al Fiscal Superior en delitos de narcotráfico y al coordinador de Sustancias Controladas abrir una investigación y coordinar el cruce de información con la Fiscalía chilena, con el objetivo de identificar a los responsables. “Nos llama mucho la atención, otra vez, el tema de la madera impregnada con sustancias controladas […] iremos tras las personas que participaron de manera directa e indirecta”, afirmó Mariaca, quien además no descartó la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos países. El Fiscal General también expresó su preocupación por la magnitud del hallazgo y recordó que las pesquisas iniciales del caso se originaron en Santa Cruz, subrayando que este tipo de hechos evidencia la operación de organizaciones criminales que afectan la seguridad regional. De acuerdo con las autoridades chilenas, la droga estaba adherida a más de mil toneladas de madera distribuidas en 45 contenedores que tenían como destino distintos puertos en Europa, Estados Unidos y Oceanía. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, detalló que lo incautado representa al menos el 10% del total de la carga, estimando un volumen de 108 toneladas entre cocaína, clorhidrato y ketamina. Asimismo, se detectaron más de 103 mil kilos de sustancias controladas ocultas en los contenedores, junto a insumos utilizados para aumentar la droga. Las investigaciones continúan en ambos países para determinar la ruta completa del cargamento y desarticular la red involucrada en este caso de narcotráfico internacional. (CORREO DEL SUR)

El abogado constitucionalista Eusebio Vera señaló que una eventual participación de las Fuerzas Armadas durante un estado de excepción debe enmarcarse estrictamente en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y las normas vigentes, advirtiendo que cualquier uso indiscriminado de la fuerza o de armas de fuego puede derivar en responsabilidades legales.Vera explicó que, de acuerdo con el artículo 244 de la Constitución, la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender y conservar la independencia, la seguridad, la estabilidad del Estado, el honor y la soberanía nacional. Asimismo, remarcó que los militares no actúan por decisión propia, sino bajo instrucciones y órdenes superiores establecidas por ley.En ese contexto, indicó que si se promulga la Ley de Estados de Excepción y se emite el respectivo decreto supremo, las Fuerzas Armadas podrían ser desplegadas para preservar la seguridad nacional, siempre bajo el principio de legalidad.El jurista enfatizó que la vigencia de un estado de excepción no implica la suspensión de los derechos humanos, las garantías constitucionales, las acciones de defensa ni el debido proceso. Por ello, sostuvo que toda actuación de militares y policías debe respetar estos principios.Respecto al uso de armas de fuego, Vera explicó que rige el principio de proporcionalidad, es decir, que la respuesta de las fuerzas del orden debe guardar relación con el nivel de violencia o amenaza enfrentada. Señaló que, en casos donde existan ataques con armas de fuego, la respuesta estatal deberá ajustarse a esa realidad, pero siempre dentro de los límites legales.Asimismo, señaló que, según el proyecto normativo, durante la vigencia de un estado de excepción las Fuerzas Armadas podrían asumir algunas funciones operativas de apoyo a la Policía Boliviana, incluyendo arrestos, aprehensiones o detenciones en casos de flagrancia.Finalmente, recordó que toda intervención realizada por militares o policías debe ser documentada mediante un informe circunstancial de acción directa, el cual debe ser remitido de manera inmediata al Ministerio Público para su evaluación y eventual procesamiento judicial. Añadió que, en caso de comprobarse abusos, arbitrariedades o uso excesivo de la fuerza, los responsables podrían enfrentar procesos y sanciones conforme a la ley. MARISOL MURILLO-RTP

Transportistas autoconvocados protagonizaron este lunes momentos de tensión en la sede de la Federación Andina de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto, donde causaron destrozos y advirtieron con extender sus movilizaciones hacia la sede de la Federación Departamental del Autotransporte de La Paz de no concretarse la renuncia de los dirigentes de ambas instituciones, a quienes acusan de “traición” por haber dejado sin efecto el paro con bloqueo de vías previsto para este lunes en la urbe alteña. La protesta se tornó violenta pasado el mediodía en la zona 12 de Octubre, donde una multitud lanzó piedras contra la infraestructura, utilizó petardos, explosivos y encendió fogatas mientras permanecía atrincherada en el sector. La Policía Boliviana desplegó un operativo de resguardo y empleó agentes químicos para controlar la situación. De acuerdo con un informe del Comando Regional de El Alto, 28 personas fueron arrestadas y se registró un vehículo dañado, sin reportes de heridos. Los movilizados demandan explicaciones a la dirigencia encabezada por Reynaldo Luna por la suspensión de las medidas de presión, en medio de la persistente escasez de combustibles y los reclamos por presuntos daños ocasionados por gasolina de mala calidad. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Policía Boliviana reportó que manifestantes protagonizaron hechos de violencia en la ciudad de El Alto, donde agredieron a efectivos policiales que se encontraban a bordo de una patrulla y generaron destrozos en la sede de la Federación Andina de Choferes 1ro. de Mayo. De acuerdo con el informe del Comando Regional, los incidentes se produjeron en medio de movilizaciones marcadas por tensión y amenazas de saqueos. El comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Fernando Rojas, informó que como resultado de los operativos fueron arrestadas 28 personas presuntamente involucradas en los disturbios. Además, se registró un vehículo policial dañado y afectaciones a comerciantes de la zona, quienes también denunciaron actos de intimidación durante la jornada. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Sorprendidos y preocupados, vecinos de la zona 12 de Octubre observaron este lunes la sede de la Federación Andina de Choferes 1ro. de Mayo con severos daños provocados por piedras y explosivos. Según relataron, durante las protestas algunos manifestantes intentaban evitar los destrozos, mientras otros arremetían contra la institución del transporte, dejando una imagen de tensión e incertidumbre en el sector. En medio del conflicto, la población hizo un llamado a encontrar una pronta solución que permita recuperar la tranquilidad y reactivar las actividades laborales. Los vecinos expresaron temor ante posibles saqueos y hechos de violencia, señalando que los disturbios suelen generar amenazas e inseguridad. Con resignación, afirmaron que acatarán las disposiciones del estado de excepción con la esperanza de preservar la calma y garantizar el trabajo en la urbe. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Personal de Inteligencia de la Policía Boliviana capturó a tres hombres que presuntamente llevaban gasolina irregular almacenada en una volqueta que viajaba hacia La Paz conjuntamente con buses con personas de la provincia Chayanta, pertenecientes a la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus. «Aproximandamente a las 06:00 el vehículo clase volqueta, marca Volvo, color blanco con placa de control 2043BBG (con logotipo TRANS ESPECIAL MIXTO YUNGAS CHAPARE), fue intervenido por personal de Inteligencia y personal de la EPI-4 de Oruro y se evidenció que en su tolva llevaba 4 tanques de combustible diesel con un aprox. De 4.000 litros», dicta un informe de la institución verde olivo. «Posteriormente el vehículo y los señores Crispín Zenteno Colque 38 años con C.I.6574800 (CONDUCTOR DEL VEHÍCULO), José Eber Terán Montaño 33 años con CI. 12516250 y Roberto Ginmer Lisondo Sayaro 25 años con CI. 12590375 fueron conducidos a la FELCC en calidad de aprehendidos por la presunta comisión del delito de almacenaje comercializacion y compra ilegal de diesel oil. Gasolina y gas licuado de petroleo», finaliza el informe.

La audiencia de medidas cautelares del gerente de Producción, Derivados e Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, fue suspendida luego de que sufrió una descompensación de salud. “El ciudadano ha sido trasladado a la clínica Kamiya toda vez que, conforme al informe emitido por la Policía Boliviana, ha sufrido una descompensación, motivo por el cual, a objeto de precautelar su integridad, se ha dispuesto su traslado a ese centro médico”, explicó el fiscal, David Tórrez, en contacto con Bolivia Tv. Se espera que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emita un informe médico para luego fijar una nueva fecha para la audiencia de medidas cautelares. Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Corporación, fue imputado formalmente por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Fiscalía ya anticipó que solicitará una medida de detención preventiva. El ejecutivo fue aprehendido en oficinas de la estatal petrolera en Santa Cruz de la Sierra y permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia cautelar. Un gerente en funciones bajo investigación El caso adquiere especial relevancia porque Cuéllar Pinto no es un exfuncionario ni un exejecutivo de anteriores administraciones. Al momento de su aprehensión ejercía funciones como gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Corporación, una de las áreas estratégicas de la empresa. La imputación representa un nuevo paso dentro de una serie de investigaciones que en los últimos meses alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal. Las pesquisas comenzaron en áreas administrativas y jurídicas, pero progresivamente se han extendido hacia niveles operativos y ejecutivos. ¿Qué es el caso de la gasolina desestabilizada? La investigación tiene su origen en denuncias relacionadas con la importación, mezcla y comercialización de combustibles dentro de YPFB, particularmente en operaciones vinculadas a la denominada gasolina desestabilizada. Las pesquisas comenzaron tras observaciones realizadas por instancias de control y posteriormente se ampliaron hacia distintos niveles de la estructura de la estatal. Con el avance de la investigación, la Fiscalía abrió procesos contra funcionarios de áreas jurídicas, administrativas y ejecutivas, bajo sospechas de que determinadas decisiones pudieron haber generado un perjuicio económico para la empresa y para el Estado. Antes de la aprehensión de Cuéllar, el caso ya había alcanzado a exautoridades y ejecutivos de YPFB, lo que evidenció que la investigación buscaba reconstruir la cadena de decisiones detrás de las operaciones observadas. Con datos de ABI Y EL DEBER

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este jueves durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que su país le proporcionará una mayor asistencia ante la escasez de alimentos y medicamentos provocada por los bloqueos de carreteras de las protestas antigubernamentales. «El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana», declaró el Departamento de Estado en un comunicado. Rubio llamó al presidente para «reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas». Además, analizaron la «situación actual en Bolivia y compartieron prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región», destaca el comunicado. Asimismo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en un mensaje en redes sociales que el Pentágono y la alianza regional Escudo de las Américas rechazan «todos los intentos de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia». «Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región», declaró. Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses. Durante los conflictos han muerto al menos diez personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo. (EL DEBER)