Seguridad

Según el último reporte de la Policía, se trata de nueve personas que han quedado en calidad de aprehendidas por toma del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara. Afirmaron que eran 11, pero uno era menor de edad y la otra persona era un adulto mayor.  Es así que estas nueve personas enfrentan denuncias por al menos cuatro delitos, entre ellos: asociación delictuosa, daño a bienes del Estado y otros cargos. Los implicados fueron trasladados a las celdas policiales de Portachuelo mientras avanzan las investigaciones, informó el subcomandante departamental de la Policía, coronel Franklin Villazón. Las autoridades señalaron que continúan recolectando elementos de prueba para determinar la participación de cada uno de los involucrados en los hechos ocurridos durante el conflicto. Contexto del conflicto Efectivos policiales recuperaron el control del campo petrolero Humberto Suárez Roca, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara, este miércoles tras un operativo que incluyó el uso de agentes químicos para desalojar a los comunarios que mantenían tomada la planta desde la jornada anterior. El mismo Villazón sostuvo que la intervención se prolongó por cerca de una hora y que antes los manifestantes instalaron al menos seis puntos de bloqueo en los accesos al centro petrolero con el objetivo de impedir el avance de los contingentes policiales. Estas personas se apostaron desde el martes al finalizar la tarde, cerraron las válvulas del campo petrolero y demandaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (EL DEBER)

Un bus de transporte interdepartamental que cubría la ruta entre Oruro y Cochabamba volcó en el sector de Capinota cuando transitaba por una vía alterna utilizada para evitar uno de los puntos de bloqueo instalados en la carretera principal. De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía, el accidente no dejó personas fallecidas ni heridas, ya que minutos antes pasajeros descendieron del bus, por la complejidad del camino, aunque el motorizado sufrió daños materiales de consideración. Según el reporte, el vehículo se vio obligado a abandonar la ruta habitual debido a los bloqueos que persisten en el departamento y tomó un camino secundario para continuar su recorrido hacia Cochabamba. Fue en ese trayecto donde se produjo el vuelco. El hecho ocurre en medio de las dificultades que enfrenta el transporte terrestre por la interrupción de varias carreteras desde hace 33 días. Ante la imposibilidad de circular por las rutas principales, conductores y operadores recurren a caminos alternos que, en muchos casos, presentan condiciones más complejas para el tránsito vehicular. (ABI)

Un transportista cochabambino que quedó atrapado durante 29 días por los bloqueos de carreteras falleció en El Alto antes de poder recibir atención médica. La denuncia fue realizada por su esposa Zulema Ramos, quien relató que su esposo permaneció durante casi un mes junto a su camión y la mercadería que transportaba desde Perú. Este es el noveno fallecimiento atribuido a los efectos de los bloqueos convocados por grupos afines a la COB y a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari. La quinta víctima fue una persona con cáncer que el martes no pudo ser trasladada a La Paz para recibir atención médica. Ese mismo día, otras tres mujeres perdieron la vida cuando un camión que transportaba verduras hacia la sede de gobierno se embarrancó mientras circulaba por una ruta alterna en el municipio de Irupana para evitar los puntos de bloqueo. Los decesos se suman a las cuatro registradas previamente por la imposibilidad de acceder a atención médica o de trasladar pacientes en ambulancias a través de las carreteras bloqueadas. En el caso del conductor fallecido, su esposa contó que la situación del conductor se fue agravando con el paso de los días debido a las bajas temperaturas y las dificultades para acceder a medicamentos o asistencia médica. “Estaba resfriado, estaba mal. Le dije que deje el auto en un parqueo y se venga, pero no quería abandonar el vehículo ni la mercadería”, declaró Ramos. La familia explicó que el hombre decidió permanecer junto a su carga por temor a sufrir pérdidas económicas. De acuerdo con el relato de la viuda, incluso existieron intentos de apoderarse de la mercadería que transportaba. “Me decía que si dejaba el auto le iban a romper los vidrios o le iban a quitar la mercadería. Me contó que incluso rogó y suplicó a los bloqueadores para que lo dejaran pasar”, sostuvo. Ante el deterioro de su salud, familiares que residen en Cochabamba organizaron una operación para rescatarlo. Su hermano logró llegar hasta el lugar donde se encontraba y emprendió el traslado hacia un centro hospitalario, pero el conductor ya no alcanzó a recibir atención. “Ayer todavía estaba respirando. Su hermano fue a buscarlo para llevarlo al hospital, pero ya no alcanzó. Mi esposo murió antes de recibir atención”, lamentó Ramos. El transportista había viajado por razones laborales cuando comenzaron las medidas de presión que paralizaron varias rutas del país. Desde entonces permaneció varado junto a su vehículo sin poder continuar su recorrido ni regresar a su hogar. Tras el fallecimiento, la familia enfrenta ahora dificultades para desplazarse desde Cochabamba hasta La Paz y realizar los trámites correspondientes. Entre lágrimas, la viuda pidió ayuda para obtener pasajes que le permitan llegar hasta donde se encuentra el cuerpo de su esposo y darle el último adiós. La Federación Departamental Única de Campesinos Túpac Katari comenzó el 3 de mayo los bloqueos indefinidos, al día siguiente que la Central Obrera Boliviana iniciara un paro general. Inicialmente tenían demandas sectoriales, pero luego pasaron, junto a otros grupos, a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (BRÚJULA DIGITAL)

Vecinos enardecidos del municipio de Viacha, en La Paz, rebasaron a la Policía y sacaron de dependencias de la FELCC a tres jóvenes acusados del asesinato de un taxista, cuyo cuerpo fue hallado hoy en orillas del río Pallina. La gente enardecida sacó a los tres jóvenes de las dependencias de la Policía, los golpearon y dejaron semidesnudos para luego intentar hacer justicia comunitaria. “Él es el autor, él lo ha apuñalado, cómo podemos permitir esto”, exclamó un poblador en medio de la turba. Los jóvenes fueron llevados a la plazuela de Viacha, donde se les pidió dar su versión sobre los hechos. Uno de ellos aseguró ser inocente ya que sus dos compañeros se habrían encargado de apuñalar y ahorcar a la víctima. En el interrogatorio vecinal, el papá de uno de ellos fue obligado a castigar a su hijo a chicotazos, en medio de las quejas y gritos del público. «Quémenlos», fue el pedido de muchos. Según el reporte preliminar, la víctima fue hallada las primeras horas de la mañana de este sábado. Fue identificada como Johnny Alejo, conductor afiliado al sindicato Radio Taxi Transviacha. El hombre presentaba más de cinco heridas punzocortantes y su vehículo fue hallado a unos metros del cuerpo, según reportes extraoficiales. (URGENTE.BO)

La Policía boliviana y el Ministerio Público anunció una investigación del espantoso linchamiento ocurrido el jueves en la noche cuando tres jóvenes fueron arrancados de una celda policial y luego quemados vivos en Pocoata. Un video difundido por redes sociales, aunque difuminado, muestra los últimos momentos de estos tres desdichados, que se revuelcan en el suelo mientras sus cuerpos ardían y algunas personas gritan por el impacto y la desesperación. La Policía no pudo hacer nada para impedir el hecho, debido a estar en inferioridad de fuerzas.  El comandante policial regional, coronel Luis Alejandro Meneses, informó que los sospechosos fueron llevados hasta la plaza principal de Pocoata, donde fueron amarrados a un mástil. Según el reporte preliminar, los jóvenes fueron sometidos a interrogatorios públicos en medio de un ambiente de tensión que se incrementó tras la aparición del propietario del vehículo presuntamente robado. Tras el hecho, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital Santa Bárbara de Pocoata, donde se realizarán las autopsias médico-legales y los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre la identidad de las víctimas. (BRÚJULA DIGITAL)

La posibilidad de abrir una negociación para poner fin a los bloqueos de caminos que afectan al país enfrenta un nuevo obstáculo. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue en curso. La declaración surge después de que Argollo planteara como una de las condiciones para sentarse a dialogar con el Gobierno el levantamiento de las acusaciones y medidas judiciales que pesan en su contra. “No, el proceso penal continúa abierto. Las diligencias se continúan realizando y nosotros somos respetuosos de cualquier decisión judicial que pueda determinarse, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna”, afirmó Mariaca tras ser consultado por EL DEBER sobre una eventual suspensión de la orden de aprehensión. Ante una nueva pregunta, el fiscal fue categórico: “Sigue vigente”. La ratificación de la medida judicial llega en un momento en que distintos actores intentan construir un escenario de diálogo para desactivar las protestas que ya se prolongan por varias semanas y que incluyen bloqueos de carreteras, movilizaciones y cercos a las ciudades de La Paz y El Alto. Andrés Paye, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigió al Gobierno dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida contra Argollo, como requisito para asistir a una mesa de diálogo. Por su parte, Argollo afirmó, en un video divilgado en redes sociales, que cualquier acercamiento con el Ejecitivo debe ser avalado por las bases. Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están vinculados a los hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada que derivó en saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Mientras la COB exige garantías para participar en las conversaciones, otro de los sectores movilizados, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, reclama la liberación de sus afiliados detenidos durante las protestas. La situación de los arrestados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las movilizaciones registradas en el departamento de La Paz. Sin embargo, solo alrededor del 10% de ellas fue formalmente encausada por la vía judicial. Las organizaciones movilizadas sostienen que la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos contra sus dirigentes son condiciones necesarias para generar confianza y avanzar hacia una negociación con el Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, se ha insistido en que cualquier diálogo debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin condicionamientos relacionados con procesos judiciales en curso. En las últimas horas, fiscales de La Paz mantuvieron contactos con diputados en el contexto de la mediación política para reestablecerla circulación de vehículos y el abastecimiento de alimentos.  Mariaca también fue consultado sobre la situación del expresidente Evo Morales y confirmó que la orden de aprehensión en su contra permanece vigente. “Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, señaló. (EL DEBER)

La Justicia ratificó la sentencia contra los exprovinciales jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix por encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas Moreno (+). La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba rechazó la apelación presentada por la defensa de ambos religiosos y confirmó el fallo emitido en septiembre de 2025, que los condenó a un año de privación de libertad. La resolución fue celebrada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que la considera un precedente histórico en la lucha contra el encubrimiento dentro de las iglesias. “Es el fin del miedo al poder de la Iglesia”, afirmaron desde la organización. La sentencia es de un año de reclusión en el penal de San Sebastián Varones. Aunque la condena no implica el cumplimiento efectivo de cárcel, los sobrevivientes sostienen que marca un precedente clave para frenar este tipo de delitos. Además, la sentencia obliga a los acusados a pagar costas judiciales al Estado y asumir la reparación civil integral para las víctimas una vez que la resolución quede ejecutoriada. El Tribunal también recomendó ampliar las investigaciones contra otros posibles abusadores, cómplices y encubridores identificados durante el proceso judicial. “La resolución es clara sobre el rol de encubridores que jugaron Ramón Alaix y Marcos Recolons. El holocausto que Alfonso Pedrajas hizo padecer a centenares de niños durante casi cuatro décadas no puede seguir esperando justicia. Instamos y exigimos que la Compañía de Jesús deje de presentar apelaciones descaradas. La justicia no puede seguir retardándose”, declaró el presidente de la CBS, Wilder Flores. Los sobrevivientes calificaron el proceso como una batalla dura y extensa. Durante el juicio, la defensa de los exprovinciales intentó que el caso prescribiera. El caso estalló en abril de 2023, cuando el diario español El País publicó el reportaje “Diario de un cura pederasta: ‘Hice daño a demasiados’”, basado en un cuaderno de 383 páginas escrito por Pedrajas. En ese documento, el jesuita confesó haber abusado sexualmente de al menos 85 niños y adolescentes, principalmente estudiantes del colegio Juan XXIII, entre las décadas de 1970 y 1980. La investigación reveló además que miembros de la Compañía de Jesús conocían los hechos y encubrieron durante años los delitos del sacerdote. La denuncia salió a la luz 14 años después de la muerte de Pedrajas y puso bajo la lupa a los clérigos que conocían los abusos. Tras más de dos años de proceso, el 2 de septiembre de 2025 el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres No. 4 de Cochabamba dictó la condena, ahora ratificada en segunda instancia. OPINIÓN

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó este lunes que durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la plaza Murillo se utilizaron petardos modificados con esferas metálicas, cojinetes de acero y otros objetos contundentes, con la intención, según la institución, de causar lesiones graves e incluso la muerte de los uniformados. «Lo que está ocurriendo en las movilizaciones ya no puede llamarse protesta», detalla el informe policial tras los disturbios registrados en el centro de La Paz. La institución declaró que «están lanzando petardos modificados con esferas metálicas, cojinetes de acero y objetos contundentes, con la clara intención de causar lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de agentes de policía y ciudadanos comunes». El informe policial también sostiene que «ninguna movilización justifica el uso de artefactos peligrosos convertidos en armas reales contra seres humanos» y advierte que «cada explosión cargada de metal puede destruir una vida». Los enfrentamientos comenzaron después de las 14:00 de este lunes, cuando diversas movilizaciones intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según los informes procedentes del lugar de los hechos, los manifestantes intentaron sortear el cordón policial instalado en las entradas al centro político del país, mientras que los agentes de policía respondieron con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos se concentraron principalmente en las calles Mercado, Ayacucho y Colón, donde los movilizados respondieron con piedras y petardos. Además, algunos grupos intentaron prender hogueras en las calles cercanas a la Plaza Murillo. El mando departamental también informó que «un grupo de manifestantes violentos intentó romper el sistema de seguridad de acceso a la Plaza Murillo utilizando dinamita, petardos y hondas», y aseguró que estos ataques pusieron en riesgo la integridad física de los agentes uniformados y causaron daños a vehículos públicos y privados. Ante esta situación, la policía desplegó operaciones de control y dispersión con el apoyo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), que realizaron intervenciones en motocicleta para contener el avance de los manifestantes. «La Policía boliviana actuará con firmeza ante cualquier intento o acción que amenace la vida, la integridad física de las personas o que destruya la propiedad pública y privada», añade el comunicado. (BRÚJULA DIGITAL)

Los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a solo medio año de su gestión gubernamental, radicalizaron este viernes por algunas horas el cerco a la ciudad de La Paz. Un grupo de vecinos del Distrito 7 de El Alto instaló un punto de bloqueo en plena puerta de acceso principal al aeropuerto internacional de esa ciudad. Hubo momentos en que incluso evitaron la salida y el ingreso de pasajeros que habitualmente usan el aeropuerto.  Sin embargo, cerca de las 14:00, los bloqueadores se retiraron y nuevamente se volvió a habilitar el acceso al aeropuerto.  Este aeropuerto se empezó a utilizar en los últimos días con mayor frecuencia para el puente aéreo que intenta abastecer de alimentos a la ciudad sede de gobierno, que se encuentra cercada desde hace más de tres semanas. (EL DEBER)

La justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Penal de San Pedro a seis personas investigadas por su presunta participación en la quema de una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), durante los enfrentamientos y disturbios registrados en la ciudad de La Paz. Las autoridades investigan los hechos de violencia y daños ocasionados a bienes públicos durante las movilizaciones que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Este viernes se volvieron a reportar conflictos en el centro de la ciudad de La Paz. pero la Policía logró desmovilizar a los protestantes a través del uso de agentes químicos. (ABYA YALA)