Seguridad

Capturan en Bolivia a Jhon Pulpo, líder de la banda criminal peruana Los Pulpos

El Gobierno de Perú anunció este martes la captura en Bolivia a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado John Pulpo y considerado el líder de la banda criminal Los Pulpos, a la que se le atribuye el secuestro de un empresario y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado domingo en la ciudad de Trujillo. John Pulpo era parte de los delincuentes más buscados por Perú, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien diera información que facilitara su captura, al manejar las operaciones de esta organización criminal desde la clandestinidad. La captura de este líder criminal, cuyas circunstancias aún no han transcendido, fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú junto con la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos instalado en Lima y la Administración de Control de Drogas (DEA) del mismo país norteamericano. En entrevista con Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que John Pulpo permanecía inicialmente en La Paz y que, por razones de seguridad, se ha solicitado mantener en reserva los detalles del traslado, con la intención de que pueda concretarse la entrega a Perú con la mayor celeridad posible. «Este cabecilla principal ha caído finalmente», expresó el ministro al tiempo de asegurar que las autoridades peruanas continúan trabajando para identificar y detener a los integrantes de esa banda criminal. En una breve rueda de prensa en La Paz, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, coronel Adrián Álvarez, informó a los medios que la captura fue posible mediante un «operativo conjunto» que se viene trabajando desde enero y en el que también fue capturado otro integrante de la organización criminal, identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años. Álvarez sostuvo que Cruz Torres es un «blanco de alto valor regional», por la «peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina y que se pretendía desarrollar» en Bolivia. Cruz Torres «va a ser expulsado hoy (martes) y puesto a conocimiento y tutela de nuestras autoridades similares de Perú», agregó el jefe policial boliviano. John Pulpo contaba con una orden de captura internacional por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros. Durante las detenciones del líder criminal y de su acompañante se encontraron pasaportes peruanos y documentos de identidad bolivianos correspondientes a distintas identidades, los cuales serán materia de las investigaciones correspondientes, indicó el comunicado de la Policía de Perú. «Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también», indicó el ministro Astudillo al explicar que Los Pulpos son una organización criminal de al menos un centenar de integrantes que eran liderados por Jhon Pulpo. A Los Pulpos se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año en Perú, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañante que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados. Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y la víctima fue liberada al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagó parte del rescate, algo que las autoridades peruanas no quisieron confirmar. (EL DEBER)

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Nuevo Comandante de la Policía asegura que «hará cumplir el estado de excepción» en eventuales conflictos

El estado de excepción en Bolivia concluye en la segunda quincena de septiembre y surgen voces que plantean su ampliación. Mientras tanto, el nuevo comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, afirmó que la institución del orden hará cumplir las restricciones ciudadanas, aunque priorizará el diálogo para evitar una mayor conflictividad. “En un estado de excepción, la normativa es clara: la Policía Boliviana va a hacer cumplir lo que dispone esta normativa vigente; pero también es importante mencionar que nosotros siempre vamos a priorizar el diálogo con estos sectores para convencerlos de que depongan estas actitudes, y de esta manera la solución del conflicto se resuelva a través del diálogo”, afirmó. El 20 de junio fue dictado este período de excepción para enfrentar el bloqueo de 53 días, que ya estaba en declive luego de que el Gobierno firmara un acuerdo y desmovilizara a la Central Obrera Boliviana (COB). Rige, de acuerdo con el Decreto Supremo 5636, por 90 días, y su eventual ampliación estará en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre las restricciones o prohibiciones ciudadanas está la de interrumpir el tránsito vehicular y obligar a comunidades, organizaciones sociales, comerciales, transportistas y productores a participar en bloqueos, movilizaciones o medidas de hecho. Asamblea de la Cruceñidad a la vista  A pesar de estas restricciones, productores agropecuarios activaron la semana pasada un bloqueo en la ruta Santa Cruz-Beni, el cual fue levantado la madrugada del domingo tras un acuerdo y el compromiso de que los pequeños productores no están alcanzados por el Decreto Supremo 5676, que eleva a Bs 18 el precio del diésel. El jueves, policías y militares intervinieron el bloqueo, pero no lograron mantener la libre transitabilidad. Los agroindustriales cruceños también rechazan la norma y lograron involucrar en su demanda al Comité Pro Santa Cruz. Una Asamblea de la Cruceñidad será convocada para definir acciones en apoyo al sector. La Policía, junto con las Fuerzas Armadas, está llamada a hacer cumplir el estado de excepción. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, consideró que la medida debería ampliarse para mantener la paz social. “Es un tema que vamos a evaluar seguramente, pero el estado de excepción ha permitido que se mantenga la normalidad en el país. Y creo que la mayoría de los bolivianos que vivimos en un estado normal queremos vivir en un Estado sin bloqueos; por ello, creo que es una medida que todavía puede ser propicia mantener”, explicó el lunes en Bolivia TV. Álvarez reemplaza en el mando de la Policía al general Mirko Sokol, quien estuvo al frente de la institución desde noviembre de 2025, a pocos días de que Rodrigo Paz asumiera la Presidencia. (VISIÓN 360)

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BoA reporta falla en motor de un avión y un medio brasileño habla de aterrizaje de emergencia

Un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a Santa Cruz registró este lunes una incidencia técnica en uno de sus motores, lo que obligó a interrumpir la operación y activar los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo. En un comunicado difundido la noche del 31 de agosto, la empresa informó que la aeronave CP-2924, asignada al vuelo OB739, presentó la falla durante la fase de despegue. Según la versión oficial, la tripulación interrumpió la maniobra y el avión retornó de manera controlada a plataforma para someterse a inspecciones técnicas. BoA señaló que la aeronave permanece en tierra mientras personal especializado realiza las verificaciones correspondientes, conforme a la normativa aeronáutica vigente. La empresa precisó que el vuelo llevaba 100 pasajeros, quienes reciben asistencia para ser reubicados en los próximos vuelos disponibles. Además, lamentó los inconvenientes ocasionados y remarcó que todas las decisiones fueron adoptadas con el objetivo de preservar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave. Sin embargo, el portal brasileño G1 reportó una secuencia distinta de los hechos. Según ese medio, un Boeing 737 de BoA despegó de Guarulhos y regresó al aeropuerto aproximadamente 30 minutos después para realizar un aterrizaje de emergencia. De acuerdo con el aeropuerto GRU, el operativo se desarrolló bajo los protocolos de seguridad, por lo que se desplegaron equipos de emergencia, incluidos bomberos, para supervisar el aterrizaje, que se realizó sin incidentes alrededor de las 19:12. G1 indicó que, hasta el momento de su publicación, no se había informado oficialmente la causa del retorno del avión y que la aerolínea aún no había respondido a su consulta. BRÚJULA DIGITAL

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Analista: el cambio de Comandante no va a ordenar la Policía, Paz incumplió norma y no aprehenderán a Evo

El experto en seguridad Omar Durán afirmó que el relevo de Mirko Sokol no va a disciplinar a la Policía Boliviana, que el presidente Rodrigo Paz incumplió la norma al saltarse una promoción con nuevo mando y que tampoco se aprehenderá a Evo Morales. «Tenemos una normativa de ascensos que no se cumple absolutamente en nada. El presidente debería haber hablado con Sokol. Sin embargo dijo que renuncie y se vaya. Es una burla con una institución tan fundamental del Estado. Sencillamente vamos a tener policías más indisciplinados de lo que están», dijo el especialista en RTP Informa. El analista reconoció que la Constitución da al Presidente la prerrogativa de elegir el Alto Mando, pero precisó «que eso no autoriza a violar» la institucionalidad ni la Ley N.° 1387, de Carrera de Generales y de Ascensos, vigente desde 2021. Durán consideró que Sokol buscó limpiar la institución, pero no pudo porque no tuvo respaldo político. “Hoy los que festejan la salida del comandante de la Policía, de seguro que son los delincuentes, los grupos más radicales”. Agregó que “los pocos buenos policías que quedan” reciben “un balde de agua fría” y que el relevo es “una decepción”. Sobre las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, Durán no ve cambio posible con el nuevo comandante Adrián Álvarez ya que ni «Mandrake» podrá ejecutarlo por falta de voluntad política. Dijo que la Fiscalía puede insistir en que cumplir la orden es misión de la Policía, pero que en la práctica se necesita un apoyo político, un acuerdo político, un respaldo de parte del Estado por el costo social y las bajas de esa operación. Durán pidió que la Asamblea Legislativa y la Defensoría del Pueblo participen en el control de destinos de policías. “Quizá Sokol sea el único que se vaya a su casa solo con su sueldo. Los nuevos se van a ir con dinero”. MRCM-RTP

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Adrián Javier Álvarez

Adrián Javier Álvarez Arismendi es designado como nuevo comandante general de la Policía Boliviana

El coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi asumió este lunes como nuevo comandante general interino de la Policía Boliviana, en reemplazo del general Mirko Sokol Saravia, quien presentó su renuncia al cargo en las últimas horas. Álvarez Arismendi fue posesionado esta tarde en el hall del Palacio Quemado, en La Paz, donde el presidente Rodrigo Paz tomó juramento a las nuevas autoridades de la institución verde olivo. El nuevo comandante general interino cuenta con 31 años de trayectoria policial y asumirá la conducción de la Policía en una etapa marcada por el reciente cambio de mando y cuestionamientos relacionados con la situación interna de la institución. La designación se produjo horas después de que Sokol comunicara su salida de la jefatura nacional. El cambio fue confirmado durante una jornada en la que los principales jefes policiales fueron convocados al Palacio de Gobierno. Junto con Álvarez Arismendi también fueron posesionados otros dos altos mandos de manera interina. El coronel Roger Roca Saavedra asumió como subcomandante general de la Policía Boliviana y jefe del Estado Mayor Policial, mientras que el coronel Franz William Cabrera Quispe fue designado como inspector general de la Policía Boliviana. Los tres nuevos responsables de la estructura superior de la institución recibieron sus cargos en una ceremonia encabezada por el presidente Paz. El nombramiento de Adrián Javier Álvarez Arismendi se produce después de la salida de Sokol, quien había ocupado el cargo de comandante general de la Policía. La renuncia del ahora exjefe policial ocurrió en medio de una investigación fiscal relacionada con unos supuestos audios en los que se hace referencia a presuntos hechos irregulares dentro de la institución y a la existencia de un grupo denominado “Golden Boys”. Con la posesión de Álvarez Arismendi, la institución policial inicia una nueva etapa bajo un mando interino, mientras el Gobierno define la conducción de la Policía Boliviana. (EL DEBER)

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Felcc en Oruro reporta siete fallecidos por hipotermia

Al menos siete personas perdieron la vida por hipotermia en Oruro entre los meses de junio, julio y agosto, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de este departamento. “En la temporada fría de la ciudad de Oruro, se han encontrado a siete personas en las diferentes calles con muerte a causa de hipotermia, los mismos han sido sometidos al examen médico forense”, afirmó el director departamental de la Felcc de Oruro, Roger Montaño, en contacto con Bolivia Tv. Agregó que de acuerdo al registro policial también se presentó, en ese mismo periodo de tiempo, el reporte de 17 personas fallecidas por atragantamiento con alimentos o debido a que se encontraban masticando coca. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió diferentes alertas por el ingreso de frentes fríos y nevadas, siendo Oruro uno de los departamentos del país en el que más se sintió este cambio del tiempo. OPINIÓN

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Milenio propone cuatro ejes de reforma para combatir el crimen organizado

La Fundación Milenio advirtió que Bolivia enfrenta una alta vulnerabilidad ante la expansión del crimen organizado y la captura de instituciones estatales, por la confluencia entre intereses políticos, económicos y redes criminales. Frente a ese diagnóstico, planteó cuatro ejes de reforma para una “estrategia democrática de seguridad pública”. La alerta está contenida en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado este jueves en La Paz junto con el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, impulsado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio. “No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia”, afirmó en la presentación  Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, quien demandó una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente y una UIF con autonomía real. Cuatro ejes de reforma El informe propone una “estrategia democrática de seguridad pública” sustentada en cuatro líneas de acción. La primera plantea la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, además de una nueva política penitenciaria. La segunda propone la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público mediante un “Pacto Nacional por la Justicia” destinado a garantizar su independencia. El tercer eje apunta a fortalecer la UIF y los mecanismos de rastreo del lavado de dinero, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Finalmente, la Fundación Milenio plantea aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, debido a que, según el informe, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que todavía carecen de este tipo de normas. El diagnóstico también aborda la nueva etapa de cooperación antidrogas de Bolivia con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, a partir del retorno de la DEA al país, y advierte sobre los desafíos que esta cooperación puede generar en materia de soberanía. Oporto sostuvo que el nuevo ciclo político representa una oportunidad para enfrentar las debilidades institucionales, pero advirtió que el desafío no se resolverá únicamente mediante cooperación internacional o detenciones. “La ventana de oportunidad de un nuevo ciclo político boliviano no se aprovechará solo con más cooperación internacional o más detenciones espectaculares”, afirmó, al plantear que el objetivo central debe ser fortalecer el Estado de derecho y cerrar las brechas de transparencia y gobernanza que, según el informe, facilitaron la captura institucional durante las últimas dos décadas. El estudio regional evaluó a 24 países de América Latina en 2021, 2023 y 2025 a partir de cuatro variables: fragilidad institucional, restricciones al espacio cívico, penetración criminal y exposición externa. Bolivia figura entre los cinco casos analizados en profundidad, junto con México, Colombia, Argentina y Venezuela. En el caso boliviano, el informe sostiene que durante el periodo 2006-2025 se produjo una expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Según el diagnóstico, ese crecimiento estuvo acompañado por una creciente influencia de facciones político-partidarias, organizaciones sindicales e intereses corporativos sobre instituciones y poderes locales, generando condiciones para la penetración del crimen organizado y la corrupción. El documento señala que las autoridades identificaron al menos 17 clanes narcotraficantes en 2025 y menciona como parte de este escenario los escándalos vinculados a los denominados “narcogenerales” dentro de la Policía, además de cuestionar la independencia del sistema judicial. Otro elemento de preocupación es el retorno de Bolivia, en junio de 2025, a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a deficiencias identificadas en la lucha contra el lavado de activos. El estudio “Grietas en el sistema” plantea que uno de los principales problemas no es la ausencia de instituciones, sino que varias de ellas funcionan principalmente “en el papel”. Entre los ejemplos menciona los mecanismos de control legislativo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y los organismos encargados de regular el comercio de minerales. La Fundación Milenio considera que estas estructuras requieren mayor autonomía, recursos y capacidad de aplicación efectiva, en lugar de la creación de nuevas entidades que terminen teniendo limitaciones similares. VISIÓN 360

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Caso Cerimedo: Fiscal lanza advertencia al Ejecutivo y revela nexo con policía de alto rango

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió este viernes a los altos funcionarios del Gobierno y de otras instituciones públicas que intenten intervenir o frenar las investigaciones relacionadas con el consultor argentino Fernando Cerimedo que deberán “atenerse a las consecuencias”. La autoridad aseguró que la Fiscalía continuará con las pesquisas y que ninguna presión impedirá esclarecer los hechos. “Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, afirmó Mariaca, según informó la red Unitel.  La advertencia surge en medio de los cuestionamientos sobre los presuntos vínculos de Cerimedo con funcionarios e instituciones estatales. El consultor argentino se encuentra actualmente con detención preventiva por la investigación de la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, ocurrida el 17 de agosto en Santa Cruz. En el marco de las pesquisas, la Fiscalía también comenzó a profundizar en las relaciones que Cerimedo mantenía con distintas personas. Entre las actuaciones recientes se encuentra la declaración de un teniente coronel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de apellido Correa González, quien reconoció que conocía al asesor argentino y que tuvo contacto con él. De acuerdo con la explicación de Mariaca, el efectivo policial declaró que Cerimedo le habría delegado asuntos relacionados con seguridad y que incluso le proporcionó material, entre ellos un dron. Además, confirmó haber recibido una llamada del consultor el 17 de agosto, fecha en la que Beller ya había sido víctima del ataque. Aunque desde el Gobierno se ha negado que Cerimedo haya ocupado un cargo formal en la administración pública, distintas declaraciones públicas mantienen bajo cuestionamiento el nivel de acceso que habría tenido a autoridades y funcionarios. Ante este escenario, Mariaca aseguró que continuará supervisando el trabajo de los fiscales y les dará garantías para desarrollar la investigación. “Nada nos va a parar para investigar este hecho y que sepan, somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que hay dentro del territorio nacional”, sostuvo. Consultado sobre las acusaciones de Cerimedo en contra del fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, a quien acusó de direccionar las preguntas dirigidas al primer mandatario, Mariaca dijo que los fiscales son una comisión y que pueden realizar las preguntas que consideren necesarias, en el marco de la investigación. “Es un hecho complicado, es un hecho en el cual nosotros debemos tener la responsabilidad de preguntar lo que consideremos, porque es el momento en el que también el investigado tiene la posibilidad de defenderse ante el Ministerio Público”, explicó. Afirmó que no existe ninguna irregularidad en la toma de su declaración y que el imputado fue notificado legalmente, en presencia del abogado, y anunció que el policía que se encontraba en el lugar emitirá un informe, debido a que no se pudo concluir la investigación por diferentes aspectos que no fueron atribuidos al Ministerio Público. La relación de Cerimedo con un teniendo coronel Mariaca reveló que, además, se tomaron declaraciones informativas a un teniente coronel de la Policía, el pasado lunes, Erick C. G., quien informó que conoce a Cerimedo y que tuvo contacto con él el día del ataque contra Beller. “Él manifiesta haber recibido la llamada, primero, en fecha 17 de agosto, porque supuestamente la persona que fue herida, hoy víctima, tendría que haber recibido una información muy importante y reservada, lo que no ocurrió. Asimismo, manifiesta que en fecha 17 de agosto ellos, principalmente él, no estuvo en el departamento de Santa Cruz, sino que se encontraba en La Paz”, informó. También dijo que Cerimedo le habría pedido ayuda para verificar por qué Beller no contestaba el teléfono celular y que le habría respondido que no se encontraba en el departamento de Santa Cruz y que no contaba con personal para brindar seguridad personal, debido a que pertenecía a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Asimismo, negó su participación en el hecho que se investiga como intento de feminicidio. Mariaca informó que otra de las diligencias realizadas fue la toma de declaraciones de otra persona, quien ayudó a ubicar un domicilio donde se realizó un allanamiento, en cercanías de Porongo, y otros domicilios. VISIÓN 360

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Cerimedo tendrá nueva audiencia por enriquecimiento ilícito

Fernando Cerimedo enfrentará este sábado una nueva audiencia de medidas cautelares de manera virtual. La Fiscalía buscará que sea enviado a prisión preventiva dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó que la audiencia fue reprogramada para las 09:30 de este sábado. “Ya tenía que llevarse la audiencia de medidas cautelares con el juez de La Paz, la cual se ha suspendido por hechos no atribuidos al Ministerio Público». La Fiscalía ya presentó la imputación formal contra Cerimedo y pidió su detención preventiva por seis meses después de que el asesor político argentino prestara su declaración informativa en Palmasola, hasta donde acudió una comisión fiscal para hacerle conocer la resolución de aprehensión y el correspondiente mandamiento. Mariaca explicó que, dentro de la investigación desarrollada en La Paz, los fiscales realizaron diferentes diligencias y se trasladaron hasta el penal de Palmasola para notificar a Cerimedo con la resolución de aprehensión. Posteriormente, el argentino acudió a declarar acompañado por dos abogados defensores. Una vez concluida esa actuación, el Ministerio Público presentó la imputación formal ante el juzgado cautelar correspondiente. La defensa de Cerimedo, sin embargo, cuestionó el procedimiento y aseguró que durante la declaración no se profundizó en el origen del dinero que es objeto de investigación. También sostuvo que el acusado cuenta con documentación para justificar sus recursos. La Fiscalía mantiene una posición distinta y considera que existen elementos que deben ser valorados durante la audiencia cautelar. El fiscal general recordó que la investigación ya tiene dos personas cauteladas: una es un exmilitar Fritz Junior G. A. con detención preventiva en la cárcel de San Pedro y la otra es la pareja de este, Claudia Inés L. C., que se benefició con detención domiciliaria. La audiencia de este sábado deberá definir si Cerimedo también queda sometido a una medida cautelar de carácter personal dentro de esta investigación. El nuevo proceso se suma a las otras causas que enfrenta el argentino en Bolivia, entre ellas la investigación por el ataque armado contra Nadia Beller, por la que permanece con detención preventiva en Palmasola. Cerimedo ha negado las acusaciones en su contra y su defensa sostiene que continuará presentando elementos para demostrar su inocencia. EL DEBER

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El Alto: Mujer es enviada a la cárcel de Obrajes por quemar a su hija con agua caliente

La Justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes para la madre acusada de quemar con agua caliente a su hija de nueve años, quien sufrió lesiones de primer y segundo grado y recibió 12 días de incapacidad. El hecho ocurrió en un domicilio de la zona Villa Dolores de El Alto. La coronel Claudia Estrambasaguas, directora de la FELCV de El Alto, informó que la progenitora sostuvo que lo sucedido fue un accidente mientras se encontraba trabajando. Sin embargo, también se conoció que la menor habría recibido el agua caliente como castigo por no realizar su tarea escolar, por lo que el caso es investigado por el delito de violencia familiar o doméstica. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia reportó que la niña continúa internada en un centro hospitalario de la urbe alteña, mientras la familia materna solicita la guarda y custodia. El caso genera rechazo y reflexión, pues ningún incumplimiento puede justificar un castigo que ponga en riesgo la integridad física y emocional de una niña o niño, apuntó Israel Fernández, secretario municipal de Seguridad Ciudadana. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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