Seguridad

La reciente incautación de una importante cantidad de droga impregnada en madera encendió las alarmas sobre la existencia de una presunta red internacional de narcotráfico que operaría desde Bolivia utilizando sofisticados métodos para enviar sustancias controladas hacia mercados de Estados Unidos y Europa. Según el análisis realizado por el abogado y experto en temas de seguridad, Luis Amado Pacheco, aproximadamente el 70% de la droga detectada habría ingresado desde Perú a través del departamento de Pando, mientras que el restante 30% correspondería a producción boliviana. Ambas cargas habrían sido mezcladas e impregnadas en madera procesada para facilitar su exportación y evitar controles antidrogas. Pacheco explicó que este mecanismo no es reciente y requiere una compleja logística que incluye la tala de árboles, transporte a aserraderos, procesos químicos de impregnación y posterior exportación. Solo la preparación de la madera y la incorporación de la droga podría demandar entre tres y cuatro meses de trabajo antes de su envío al exterior. El especialista señaló que las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar la droga en la madera, incluyendo el ahuecado de piezas y la impregnación química. Asimismo, advirtió que no todos los cargamentos son detectados por las autoridades, estimando que una gran parte de los envíos logra llegar a destino sin ser interceptada. De acuerdo con las estimaciones expuestas, alrededor de 100 toneladas de droga habrían sido exportadas mediante este sistema, representando un perjuicio económico cercano a los 8.000 millones de dólares para las estructuras del narcotráfico tras las recientes incautaciones realizadas en países vecinos. La investigación también apunta a la posible participación de al menos diez empresas, tanto nacionales como internacionales, que deberán demostrar su desvinculación de los hechos ante las autoridades competentes. Los países vinculados a estas compañías incluyen Estados Unidos, Panamá y Colombia, entre otros. Pacheco destacó el trabajo de inteligencia y de las unidades caninas que permitieron detectar los cargamentos en el exterior, pero cuestionó la falta de controles efectivos dentro del territorio boliviano. Además, consideró que las investigaciones deberán alcanzar a todas las instancias que pudieran tener alguna responsabilidad, incluyendo posibles nexos con instituciones estatales. El Ministerio Público ya abrió una investigación para esclarecer el caso, considerado uno de los más relevantes de los últimos años por la magnitud de la droga involucrada y por el impacto que podría tener en la imagen internacional del país. La pesquisa buscará identificar responsabilidades y determinar el alcance real de la estructura que habría operado detrás de estos envíos ilícitos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el hallazgo de casi Bs 1 millón que era transportado en una ambulancia del municipio de Puerto Villarroel con destino al Trópico de Cochabamba. El dinero fue encontrado este viernes durante un operativo policial realizado en el centro de la ciudad de Cochabamba. Según reportes preliminares, la ambulancia fue interceptada luego de que una persona retirara una elevada suma de dinero de una entidad financiera y abordara el vehículo. Tras la requisa, los efectivos policiales secuestraron los recursos económicos y arrestaron a nueve personas que se encontraban en el interior de la ambulancia con fines investigativos. De acuerdo con la información preliminar, existen contradicciones sobre el origen y destino del dinero, por lo que se inició las investigaciones para esclarecer el caso. (CORREO DEL SUR)

El bloqueo instalado el jueves 11 de junio en la zona de Cerro Grande, en la provincia Guarayos, generó rechazo entre distintos sectores de Ascensión de Guarayos luego de que surgieran denuncias de que los movilizados no serían habitantes de la región, sino personas trasladadas desde el municipio de San Julián, donde se registra el punto de bloqueo más prolongado de Santa Cruz, con 30 días de vigencia. La situación provocó malestar entre los pobladores por dos motivos: su rechazo a los bloqueos y la presencia de personas ajenas a la provincia liderando la medida de presión. «No puede ser que esta gente esté usando nuestro territorio para hacer sus vandalismos, más aún en Cerro Grande, que es un lugar sagrado o santuario para el pueblo guarayo, porque según la tradición, en ese cerro se refugió el guarayo durante el diluvio universal», manifestó el dirigente Ascencio Lavadez. A las críticas por la presencia de bloqueadores foráneos se suman denuncias de presuntos cobros irregulares a conductores para permitirles el paso por el lugar. Según los denunciantes, las tarifas exigidas comenzarían desde los Bs 40. De acuerdo con los reportes, estos cobros derivaron durante la madrugada en enfrentamientos entre personas retenidas en el bloqueo y quienes participan de la medida, dejando varios heridos. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre la cantidad de afectados ni sobre posibles aprehensiones. En Santa Cruz, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) reportó tres bloqueos: San Julián (Los Troncos), San Germán (en cercanías del puente Ichilo) y el más reciente en Guarayos (Cerro Grande).  (EL DEBER)

El Ministerio de Defensa informó sobre la liberación del teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, quien fue retenido el miércoles 10 de junio en el municipio de San Julián por un grupo de movilizados. El militar fue descubierto tomando fotografías en la zona, situación que derivó en su captura por parte de los bloqueadores. «El Teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, miembro de las Fuerzas Armadas fue reteneido en el municipio de San Julián, recuperó su libertad y se encuentra en buen estado de salud«, expresó la cartera de Estado. Por su parte, el ministro de esta cartera, Ernesto Justiniano publicó en sus redes: «Durante la madrugada llegó a la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde está bajo resguardo institucional. Agradezco al Tte. Cnl. Saravia y a la Policía Boliviana por el traslado y el apoyo operativo brindado hasta esa ciudad. Gracias a Dios, este hecho no pasó a mayores. Sin embargo, corresponde decirlo con claridad: ninguna protesta, ningún bloqueo y ningún reclamo justifican la retención, intimidación o interrogatorio por cuenta propia de un militar, un policía, un servidor público o cualquier ciudadano.Seguiremos actuando con responsabilidad, firmeza y dentro del marco de la ley, cuidando siempre la vida, la paz y el orden en nuestro país». «El Ministerio de Defensa expresa su reconocimiento al personal militar y policial que participó en las gestiones y acciones operativas que permitieron garantizar la integridad física del oficial y su traslado seguro«, dice a su vez el documento socializado por el ministerio.  La institución, al igual que su titulr, recordó además que ninguna medida de presión, protesta o bloqueo puede justificar actos que vulneren la libertad, la integridad y los derechos fundamentales de las personas. EL DEBER

Fiscalía inició una investigación contra siete de los 27 presuntos choferes «autoconvocados» que fueron aprehendidos tras los hechos de violencia registrados en la sede de la Federación de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto y contra un vehículo de la Policía Boliviana. El fiscal de materia, Weimar Molina, informó que estas personas fueron identificadas y son procesadas por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado. La autoridad explicó que los investigados también enfrentan cargos por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, debido a su presunta participación en los daños ocasionados durante las movilizaciones que concentraron a 300 personas el pasado lunes. Las indagaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y establecer si existen más personas vinculadas a los hechos. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Defensoría del Pueblo activó acciones de mediación y seguimiento tras conocer la retención de un efectivo militar en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, en medio de los conflictos sociales y bloqueos que se mantienen en la región desde hace varias semanas. A través de un comunicado oficial, la institución informó que tomó conocimiento del caso ocurrido la noche del miércoles, 10 de junio, y también de la demanda planteada por sectores movilizados que exigen la liberación de dos pobladores del municipio que permanecen detenidos en el penal de Palmasola. Ante esta situación, la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz estableció contacto con dirigentes locales, autoridades policiales y representantes religiosos con el objetivo de garantizar la integridad física y psicológica de la persona retenida y evitar que la tensión derive en hechos de violencia. “La Defensoría del Pueblo desarrolla acciones orientadas a promover la distensión y la búsqueda de soluciones pacíficas, priorizando la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas”, señala el pronunciamiento institucional. El caso cobró notoriedad luego de la difusión de videos en redes sociales que muestran al teniente del Ejército Wílmer Chávez Condori, quien fue retenido por manifestantes tras ser descubierto tomando fotografías en uno de los puntos de bloqueo instalados en San Julián. En una grabación difundida por los propios movilizados, el uniformado, vestido de civil, aseguró que no había sido víctima de agresiones y negó versiones que circulaban sobre un supuesto riesgo de linchamiento. “Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento”, manifestó el militar en el video. El efectivo también reconoció que se encontraba realizando labores de observación y registro fotográfico de las actividades desarrolladas en los puntos de protesta cuando fue identificado por los manifestantes. Mientras continúan las gestiones para resolver la situación, la Defensoría aclaró que cualquier eventual intervención operativa de las fuerzas del orden no contará con participación de la institución y será responsabilidad exclusiva de las entidades competentes. “Cualquier intervención operativa que pudieran ejecutar las fuerzas del orden y los efectos que estos produzcan no contempla la participación de la institución defensorial y constituye una atribución exclusiva de estas entidades estatales”, remarcó el organismo. La retención del militar ocurre en un contexto de creciente tensión en San Julián, donde los bloqueos de carretera se han convertido en los más prolongados del departamento de Santa Cruz. En días pasados se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales durante intentos de desbloqueo, hechos que dejaron decenas de personas heridas. La Defensoría del Pueblo anunció que continuará realizando gestiones orientadas a la resolución pacífica del conflicto y exhortó a todos los actores involucrados a evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de la población. (EL DEBER)

Un trágico siniestro acuático registrado en el lago Titicaca dejó como saldo la muerte de efectivos de la Armada Boliviana y civiles, en medio de operaciones de apoyo a personas afectadas por los bloqueos de caminos, informó este miércoles la institución naval. De acuerdo con un comunicado oficial, la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui desarrolló el martes 9 de junio un patrullaje lacustre en el tramo Guaqui-Desaguadero, tras recibir denuncias relacionadas con pesca ilegal en periodo de veda. Una vez concluido el operativo de control, el personal naval se sumó a tareas de asistencia en un corredor humanitario, trasladando a ciudadanos afectados por las medidas de presión. Sin embargo, durante esa labor, la embarcación enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos que dificultaron la navegación y derivaron en un incidente que obligó a activar de inmediato operativos de búsqueda y rescate. Como resultado de estas acciones, fue rescatado con vida el suboficial inicial Cristian Jesús Huanca Cruz. No obstante, se confirmó el fallecimiento del suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y del suboficial inicial Miguel Ángel Iver Condori Mamani. Asimismo, la Armada reportó la muerte de dos personas civiles, cuya identidad aún no ha sido establecida. Según el informe oficial, los cuerpos de los efectivos fueron hallados a 3,9 y 4,3 millas náuticas de las orillas del municipio de Taraco. La institución naval informó que se iniciaron investigaciones administrativas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de determinar las circunstancias y causas del siniestro. Finalmente, la Armada Boliviana expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y de las víctimas civiles, al tiempo que exhortó a los sectores en conflicto a priorizar el diálogo para resguardar la convivencia pacífica, la libre transitabilidad y el bienestar de la población. (CORREO DEL SUR/ERBOL)

La Policía aprehendió este miércoles al secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari Vicente Salazar. Salazar fue ingresado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz pasadas las 13:00. No vestía su tradicional poncho rojo y su cabello estaba con rastas. Lo acompañaban dos personas vestidas de civil y con el rostro cubierto. La federación de campesinos es uno de los sectores que impulsa los conflictos en el país desde principios del mes pasado. Luego de su ingreso, se procedió al cierre de las puertas de la dependencia policial, mientras efectivos del orden permanecían en el exterior resguardando el lugar. La aprehensión se dio en momentos en que la marcha de la Central Obrera Boliviana, de la federación de campesinos y otros sectores se encuentra en el centro de la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (BRÚJULA DIGITAL)

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó que fueron seis meses de investigación los que permitieron descubrir una de las técnicas más sofisticadas del narcotráfico: la impregnación de droga en madera. El fiscal Mario Carrera Guerrero explicó: “Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo fue al azar”, al remarcar que la detección requirió escáneres especializados, binomios caninos y análisis del Instituto de Salud Pública. Carrera también detalló que “todos los contenedores vienen de Bolivia y dentro de ese país la zona que más se repite es Pando, frontera con Brasil. También tenemos cargamentos provenientes de Santa Cruz y de Cochabamba, pero principalmente de esa región”. El operativo, considerado el más grande en la historia de Chile bajo esta modalidad, permitió incautar 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en más de 1.080 toneladas de madera, con un valor estimado superior a 8.300 millones de dólares En Bolivia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que Chile no notificó oficialmente del hallazgo, aunque aseguró que se iniciaron contactos para una investigación conjunta. El Fiscal General, Roger Mariaca, también anunció coordinación con la Fiscalía chilena y no descartó un equipo binacional de investigación. ÁNGEL LOZANO-RTP