La audiencia de medidas cautelares del gerente de Producción, Derivados e Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, fue suspendida luego de que sufrió una descompensación de salud.
“El ciudadano ha sido trasladado a la clínica Kamiya toda vez que, conforme al informe emitido por la Policía Boliviana, ha sufrido una descompensación, motivo por el cual, a objeto de precautelar su integridad, se ha dispuesto su traslado a ese centro médico”, explicó el fiscal, David Tórrez, en contacto con Bolivia Tv.
Se espera que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emita un informe médico para luego fijar una nueva fecha para la audiencia de medidas cautelares.
Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Corporación, fue imputado formalmente por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Fiscalía ya anticipó que solicitará una medida de detención preventiva.
El ejecutivo fue aprehendido en oficinas de la estatal petrolera en Santa Cruz de la Sierra y permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia cautelar.
Un gerente en funciones bajo investigación
El caso adquiere especial relevancia porque Cuéllar Pinto no es un exfuncionario ni un exejecutivo de anteriores administraciones. Al momento de su aprehensión ejercía funciones como gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Corporación, una de las áreas estratégicas de la empresa.
La imputación representa un nuevo paso dentro de una serie de investigaciones que en los últimos meses alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal. Las pesquisas comenzaron en áreas administrativas y jurídicas, pero progresivamente se han extendido hacia niveles operativos y ejecutivos.
¿Qué es el caso de la gasolina desestabilizada?
La investigación tiene su origen en denuncias relacionadas con la importación, mezcla y comercialización de combustibles dentro de YPFB, particularmente en operaciones vinculadas a la denominada gasolina desestabilizada.
Las pesquisas comenzaron tras observaciones realizadas por instancias de control y posteriormente se ampliaron hacia distintos niveles de la estructura de la estatal. Con el avance de la investigación, la Fiscalía abrió procesos contra funcionarios de áreas jurídicas, administrativas y ejecutivas, bajo sospechas de que determinadas decisiones pudieron haber generado un perjuicio económico para la empresa y para el Estado.
Antes de la aprehensión de Cuéllar, el caso ya había alcanzado a exautoridades y ejecutivos de YPFB, lo que evidenció que la investigación buscaba reconstruir la cadena de decisiones detrás de las operaciones observadas.
Con datos de ABI Y EL DEBER
