Las recientes declaraciones de la diputada Cecilia Requena, realizadas durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado de RTP, vuelven a colocar sobre la mesa un debate que Bolivia ha postergado durante demasiado tiempo: el futuro de su matriz energética. La parlamentaria sostiene que la transición hacia energías renovables no responde únicamente a una preocupación ambiental, sino a una necesidad económica y estratégica frente al agotamiento del actual modelo basado en los hidrocarburos. El planteamiento parte de una premisa clara: las señales de la crisis energética eran previsibles y especialistas, académicos y organizaciones ambientales las advirtieron desde hace años. Sin embargo, esas alertas no lograron traducirse en políticas públicas de largo plazo. Hoy, cuando la importación de combustibles presiona las finanzas estatales y el contexto internacional incrementa la incertidumbre, Requena considera que Bolivia debe dejar de reaccionar ante las emergencias y comenzar a construir una estrategia nacional que garantice seguridad energética, estabilidad económica y desarrollo sostenible.
En la entrevista, la diputada recurre a ejemplos internacionales para demostrar que una transformación de esta magnitud no puede improvisarse. Destaca el caso de Uruguay, cuya transición energética fue resultado de años de planificación, debate político y continuidad institucional, hasta alcanzar una generación eléctrica casi totalmente renovable. A su juicio, Bolivia posee condiciones naturales igualmente favorables gracias a su extraordinario potencial solar, eólico e hidroeléctrico. Requena recuerda que existen estudios técnicos, atlas de energías renovables y propuestas desarrolladas por universidades, especialistas y organismos de cooperación que identifican esas capacidades. En ese contexto, sostiene que el país no parte de cero, sino que dispone de información suficiente para diseñar una política energética moderna. El verdadero desafío, afirma, consiste en transformar ese conocimiento acumulado en decisiones concretas que trasciendan los periodos de gobierno y permitan aprovechar una oportunidad que el resto del mundo ya comenzó a desarrollar.
Uno de los aspectos centrales de su reflexión gira en torno a las prioridades del Estado. Requena cuestiona que Bolivia continúe concentrando recursos en la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos mientras las energías renovables ofrecen tiempos de despliegue más cortos y, en general costos competitivos con respecto a las alternativas tradicionales. Sin plantear un abandono inmediato del gas y el petróleo, sostiene que la discusión debe orientarse a definir si las fuentes renovables serán el eje principal de la política energética o únicamente un complemento del modelo extractivo vigente. También advierte que las decisiones sobre este tema no deberían limitarse al ámbito gubernamental. En su criterio, una transición de esta naturaleza requiere la participación de la Asamblea Legislativa, la academia, el sector privado, las regiones y la sociedad civil, de manera que las futuras normas respondan a un consenso nacional y no exclusivamente a una visión administrativa del Ejecutivo.
El mensaje final de Cecilia Requena plantea que la actual crisis energética puede convertirse en una oportunidad para redefinir el rumbo del país acorde con los desafíos propios del siglo XXI. Reconoce que el proceso será complejo, demandará inversiones importantes y exigirá decisiones políticas difíciles, pero considera que postergarlo solo aumentará los costos económicos, sociales y ambientales en los próximos años. La diputada insiste en que Bolivia dispone de notables potencialidades para energías renovables para avanzar hacia una matriz energética más diversificada y menos dependiente de los combustibles fósiles. Desde su perspectiva, el desafío ya no consiste en demostrar que la transición es posible, sino en decidir cuándo y con qué nivel de compromiso se comenzará a ejecutarla. En un escenario internacional donde la seguridad energética adquiere cada vez mayor relevancia, Requena plantea que el país debe asumir este debate como una política de Estado y no como una discusión circunstancial ligada a una coyuntura específica.
ANNETT SOLIZ RIVERO
