Economía

El contrabando de combustibles deja ganancias de entre Bs7,50 y Bs8 por cada litro vendido fuera del país, según estimaciones de YPFB, mientras un operativo interinstitucional realizado en estaciones de servicio de Sucre detectó carguíos diarios y repetitivos, vehículos modificados y otras irregularidades vinculadas al acopio y la reventa de carburantes. El gerente distrital de YPFB en Chuquisaca, Luis Olivera Pérez, afirmó que se trata de un negocio organizado y señaló que existen estructuras que contarían con hasta 15 o 20 vehículos, además de motocicletas y personas dedicadas al traslado de combustible en bidones. OPERATIVO DETECTÓ CARGUÍOS REPETITIVOSEl operativo piloto de fiscalización fue ejecutado por la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Policía, ANH, YPFB y estudiantes voluntarios de la Universidad San Francisco Xavier. Durante las inspecciones se verificaron registros de cargas de gasolina diarias o interdiarias en varios motorizados, sin una justificación aparente. Uno de los hallazgos que llamó la atención fue el de vehículos convertidos a GNV que cargaban gasolina diariamente. Según los responsables del control, estos motorizados solo requieren gasolina para el encendido y un tanque debería tener una duración de hasta un mes, por lo que los carguíos repetitivos fueron considerados una señal de posible acopio. MOTOS CON ROSSETAS DE OTROS VEHÍCULOS Y BIDONESLas inspecciones también identificaron motocicletas que utilizaban rosetas del B-SISA correspondientes a otros vehículos, además de motorizados con vidrios polarizados que eran señalados como posibles puntos de acopio. En inmediaciones de algunos surtidores también se encontraron personas que transportaban combustible en bidones sin presentar facturas ni comprobantes de compra. Durante los controles presenciales, las filas disminuyeron debido a que algunos acopiadores y revendedores abandonaron las estaciones de servicio. YPFB HABLA DE UN NEGOCIO ORGANIZADOOlivera explicó que el incentivo económico detrás del desvío de combustible es considerable. Estimó que quienes logran sacar gasolina del país pueden obtener entre Bs7,50 y Bs8 por cada litro comercializado en el exterior, convirtiendo el contrabando en una actividad altamente rentable. El gerente distrital confirmó que, a partir de estos indicios, la ANH continuará coordinando controles con la Policía y otras instituciones para identificar los mecanismos utilizados para acopiar y desviar carburantes. CASI 300.000 LITROS DE GASOLINA DESPACHADOSOlivera informó que YPFB programó para cada día el despacho de 297.600 litros de gasolina y 276.800 litros de diésel en Chuquisaca. Aseguró que los volúmenes destinados al departamento están garantizados y que el problema está relacionado principalmente con el control sobre el destino del combustible. También indicó que se analiza habilitar despachos los domingos para facilitar el abastecimiento de las personas que trabajan de lunes a viernes. PROVINCIAS Y COSTO DE LOS FLETESSobre las provincias, Olivera aseguró que el abastecimiento es normal desde el pasado viernes. Explicó que algunas estaciones ubicadas en Chuquisaca dependen administrativamente de otros distritos, como Camargo, que depende de Tarija, y Padcoyo, que depende de Potosí. El funcionario también señaló que el Decreto Supremo 5716 incrementó los costos de los fletes contratados por YPFB. Explicó que actualmente se negocian modificaciones presupuestarias para adecuar esos costos y garantizar el traslado de los combustibles. ERBOL

El Banco Central de Bolivia (BCB) alertó este martes a la población sobre la supuesta circulación de monedas de Bs 3 y aclaró que esa denominación no forma parte de las monedas de curso legal en el país. A través de un comunicado, la entidad recordó que es la única institución facultada para emitir billetes y monedas de curso legal en Bolivia y aseguró que “no ha emitido ninguna moneda con un valor de Bs 3”. El pronunciamiento fue emitido luego de que el BCB recibiera informaciones y denuncias sobre la supuesta circulación de piezas con esa denominación. Actualmente, las monedas de curso legal en Bolivia corresponden a las denominaciones de 10, 20 y 50 centavos, y Bs 1, Bs 2 y Bs 5. Por tanto, cualquier moneda con un valor diferente a esas denominaciones “carece de valor legal y no debe ser aceptada como medio de pago”, según la autoridad monetaria. El BCB recomendó a la población revisar las monedas que recibe durante sus transacciones cotidianas y “rechazar cualquier pieza de Bs 3”. Asimismo, pidió que quienes hayan recibido este tipo de monedas o tengan información sobre su circulación presenten la denuncia correspondiente ante la Policía Boliviana o comuniquen el hecho al Banco Central mediante sus canales oficiales. La entidad también lanzó una advertencia sobre las consecuencias legales. Señaló que la fabricación, puesta en circulación o utilización de monedas que no hayan sido emitidas por el BCB puede constituir un delito, de acuerdo con el Código Penal, por lo que las personas involucradas podrían enfrentar procesos penales. El BCB recordó que, ante cualquier duda sobre la autenticidad o validez de una moneda, la población debe acudir a los canales oficiales de la institución antes de utilizarla como medio de pago. (VISIÓN 360)

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el acuerdo de financiamiento por $us 1.900 millones para Bolivia, con un primer desembolso inmediato de $us 214 millones. El resto de los recursos será entregado durante los 36 meses de vigencia del programa, pero estará sujeto a la conclusión de las revisiones que realice el organismo internacional sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos. La decisión del Directorio Ejecutivo se produce después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara el financiamiento, con lo que se completó la instancia nacional requerida para la ejecución del acuerdo, según informó Erbol.  Según el FMI, el programa tiene como principales objetivos restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas y fortalecer las redes de protección social. El acuerdo contempla medidas destinadas a colocar la deuda pública en una trayectoria descendente y mejorar la eficiencia del gasto estatal. También establece el fortalecimiento de las instituciones fiscales y reformas en las empresas públicas. Uno de los componentes del programa es la eliminación gradual de los subsidios restantes a los combustibles, mediante un mecanismo automático de fijación de precios. El organismo internacional también plantea fortalecer y focalizar la protección social para mitigar el impacto de las medidas sobre los hogares vulnerables. Cambio y reservas internacionales En materia cambiaria, el programa contempla una transición hacia un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado. El FMI también destaca la eliminación de nuevo financiamiento presupuestario por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), la transición hacia metas de base monetaria, una gestión prudente de la liquidez y la acumulación de reservas internacionales. La intervención cambiaria estará limitada a situaciones de desorden en el mercado. Además, el organismo plantea fortalecer la autonomía, gobernanza y rendición de cuentas del Banco Central. Reformas para atraer inversión El acuerdo incluye una agenda de reformas estructurales orientada a mejorar el entorno empresarial y la gobernanza, reducir distorsiones del mercado, atraer inversión privada y promover el empleo formal. Tras la reunión del Directorio Ejecutivo, Nigel Clarke, director gerente adjunto y presidente interino de la sesión, señaló que las autoridades bolivianas adoptaron durante el último año medidas para enfrentar desequilibrios macroeconómicos acumulados, de acuerdo con una nota de Erbol.  Clarke afirmó que el cumplimiento de los objetivos del programa dependerá de una implementación sostenida, una adecuada planificación de contingencias y el respaldo multilateral. El FMI señaló que su programa también busca catalizar financiamiento adicional de otras instituciones financieras internacionales para Bolivia. (VISIÓN 360)

La Cámara Boliviana de Electricidad advirtió que la caída de la producción de gas natural y la falta de nuevas inversiones podrían generar un déficit del energético en los próximos años, con el riesgo de que Bolivia tenga que recurrir a la importación desde 2028. El presidente de la entidad, Ángel Fanier, explicó que aproximadamente el 66% de la electricidad que genera el país depende actualmente del gas natural. Además, el sector eléctrico consume cerca de un tercio del gas destinado al mercado interno. Según las estimaciones de la Cámara, la producción nacional de gas y la demanda interna podrían cruzarse entre 2028 y 2030. De concretarse este escenario, Bolivia tendría que importar gas a precios considerablemente superiores a los actuales. Fanier señaló que el sector eléctrico paga actualmente alrededor de $us 1,3 por millar de pies cúbicos de gas, mientras que el costo de una eventual importación podría ubicarse entre $us 5 y $us 15, dependiendo del país de origen y las condiciones del mercado internacional. Ante esta perspectiva, la Cámara plantea acelerar la transición hacia una matriz eléctrica más diversificada, con mayor participación de hidroeléctricas, energía solar y eólica, para reducir gradualmente la dependencia del gas natural. Sin embargo, Fanier considera que para atraer inversiones en energías renovables es necesario modificar las condiciones actuales del mercado eléctrico y generar incentivos que permitan que estas fuentes puedan competir. También propone incrementar de manera gradual el precio interno del gas destinado a la generación eléctrica. Según explicó, esta medida permitiría incentivar nuevas inversiones y evitar que el país enfrente en el futuro un incremento abrupto de los costos de generación si debe recurrir a gas importado. Países de la región avanzan hacia energías renovables La experiencia de otros países de América Latina muestra distintos niveles de diversificación de sus matrices eléctricas. Paraguay genera prácticamente toda su electricidad con fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, mientras que Uruguay supera el 95% de generación renovable. En tanto, Costa Rica y Ecuador se encuentran alrededor del 90%, con una importante participación de la hidroelectricidad y aportes de fuentes como la energía eólica, solar y biomasa. Estos casos pueden servir como referencia para Bolivia, que enfrenta una disminución de la producción de gas y busca reducir gradualmente su dependencia de este energético para la generación de electricidad. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Alcaldía de La Paz aprobó la baja por un año del RUAT para vehículos vendidos cuyos nuevos compradores no pagan impuestos para evitar la carga de combustible en los surtidores. El director de la Administración Tributaria Municipal (ATM) de La Paz, Nielsen Velasco, informó que la Resolución Administrativa 8-2026 habilita una baja temporal de hasta un año en el RUAT para vehículos con deuda. Esta medida debe realizar el afectado y busca obligar a los poseedores actuales a regularizar las deudas y realizar el cambio de titularidad correspondiente. Aclaró que la ATM no actúa de oficio. La norma fue publicada en medio digital y en La Prensa. Qué aprueba la resolución El titular debe presentar una declaración jurada certificando que no posee el vehículo ni lo tiene disponible. También autoriza que se entregue información a quienes consulten, porque puede haber más de un poseedor. Con ese documento se emite la baja por falta de regularización de la transferencia vehicular. Hay un segundo proceso, también a solicitud que es regularizar la transferencia. Explicó que la baja no borra la deuda ni elimina la placa del padrón, pero prohíbe la carga de combustible. Cómo pagar la deuda Velasco indicó que, tras el anuncio, ya se registró afluencia de contribuyentes que buscan regularizar. Pidió acudir al edificio Armando Escobar Uría (ex Banco del Estado) en la calle Colón esquina Mercado. MRCM-RTP

Los productores lecheros de Cochabamba prevén que el precio de ese producto aumente entre un 30% y un 40% a partir del 1 de octubre, debido al encarecimiento del transporte y los insumos tras el levantamiento total de la subvención al diésel. “El 1 de octubre se va a oficializar cuánto costará la leche cruda. Nosotros estimamos que subirá entre un 30% y un 40%, tomando como referencia a Argentina y Chile, donde el precio al consumidor final alcanza los $us 2”, señaló Jhasmany Medrano, representante del sector. El dirigente explicó que uno de los principales factores que presionan los costos de producción es el nuevo precio del diésel. Los productores deben asumir el aumento del transporte y de los insumos trasladados desde Santa Cruz. “Como no existe subvención ni apoyo al aparato productivo, evidentemente tenemos que adecuarnos a la realidad”, expresó Medrano. También sostuvo que el incremento del precio de la leche cruda repercutirá primero en la industria y posteriormente en el valor de venta al consumidor. Desde hace una semana, el litro de diésel pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95. Además, el Gobierno determinó que su cotización varíe de acuerdo con el precio internacional. EL DEBER

El Gobierno anunció que desde el martes comenzará a definir el futuro de las empresas públicas evaluadas por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). La explicación oficial apunta a una decisión por día, aunque los nombres de las entidades que serán reorganizadas, disueltas o liquidadas todavía permanecen bajo reserva. El director de la OFEP, Pablo Camacho, aseguró que el diagnóstico técnico ya fue concluido y entregado al Ejecutivo el 28 de agosto. Según explicó, el Decreto Supremo 5727 establece el procedimiento que permitirá convertir los resultados de esa evaluación en decisiones concretas. “A partir del martes estaríamos cerrando las empresas”, afirmó Camacho. Agregó que el Gobierno prevé avanzar “básicamente con una por día”, pero aclaró que corresponde a la Presidencia informar cuáles serán alcanzadas por esas determinaciones. El anuncio abre una pregunta central: ¿el martes comenzarán los cierres jurídicos o se anunciará el inicio de los procedimientos para ejecutarlos? El decreto no contiene una lista de empresas ni dispone la liquidación automática de ninguna entidad. Declara como prioridad nacional su reorganización, disolución o liquidación, de acuerdo con un diagnóstico de la OFEP y una decisión posterior del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Un procedimiento distinto para cada empresa Camacho explicó que no todas las empresas pueden cerrarse mediante el mismo instrumento legal. La ruta dependerá de la norma con la cual fue creada cada entidad. En algunos casos será suficiente otro decreto supremo; en otros se necesitará una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por ejemplo, está contemplada en la Constitución Política del Estado. Por esa razón, cualquier decisión sobre su estructura o continuidad tendría mayores exigencias jurídicas. Después de recibir el diagnóstico, el Coseep debe definir si corresponde reorganizar, disolver o liquidar cada compañía. El ministerio responsable tendrá entonces un plazo de 15 días hábiles para efectuar las gestiones y preparar el instrumento legal correspondiente. Ese plazo no significa que la reestructuración o liquidación deba concluir en 15 días. En los casos de reorganización, las empresas continuarán operando. La OFEP plantea revisar su estructura, reducir cargos considerados innecesarios y seleccionar a los nuevos gerentes mediante concursos de méritos. Si se decide la disolución o liquidación, deberá aprobarse la norma respectiva y comenzar la administración de activos, deudas, contratos y obligaciones laborales. El decreto también establece que las auditorías o investigaciones pendientes no impedirán la liquidación, aunque las responsabilidades administrativas, civiles o penales deberán continuar siendo investigadas. Empresas con pérdidas y otras con utilidades mínimas La evaluación abarca empresas con realidades diferentes. Algunas arrastran pérdidas, problemas operativos o inversiones que no alcanzaron los resultados previstos. Otras mantienen sus actividades, pero muestran utilidades reducidas frente al tamaño de su estructura. Camacho puso como ejemplo a Mi Teleférico. Según los datos expuestos por el funcionario, la empresa registró una utilidad cercana a Bs 10 millones en la gestión anterior y superior a Bs 6 millones en la actual. La OFEP considera que esos resultados son mínimos y observa, además, un posible exceso de personal cercano al 20%. En este caso, la explicación oficial apunta a una eventual reorganización y no necesariamente a un cierre. La revisión tendría que considerar ingresos, costos de operación, número de trabajadores, mantenimiento del sistema y función social del transporte por cable. El director de la OFEP también mencionó observaciones en proyectos vinculados con las plantas de biodiésel, la Empresa Azucarera San Buenaventura, Bolivia Agropecuaria, la EBIH, Yacimientos de Litio Bolivianos y el complejo siderúrgico del Mutún. Sin embargo, no confirmó que alguna de esas entidades figure entre las primeras alcanzadas por las decisiones. Analistas ven demora y más burocracia El economista Gonzalo Chávez cuestionó, con ironía, que después de varios meses el Gobierno haya aprobado un decreto para establecer cómo seguirá estudiando el futuro de las empresas estatales. A su juicio, la norma organiza un camino administrativo, pero no privatiza, liquida ni cierra por sí misma ninguna compañía. Chávez resumió el procedimiento como un “movimiento perpetuo de la burocracia” y reclamó que el Ejecutivo presente una clasificación clara: cuáles empresas son estratégicas, cuáles pueden recuperarse, cuáles deberían fusionarse y cuáles deben liquidarse. También pidió transparentar los costos de cada decisión y establecer fechas verificables. Su crítica apunta a que la discusión no debería limitarse a anunciar cierres, sino explicar cuánto costará liquidar una empresa, qué ocurrirá con sus trabajadores y quién asumirá sus deudas y obligaciones. El economista Dante Pino coincide en que el decreto no ordena cierres inmediatos. Subraya que la norma declara prioritaria la reorganización, disolución o liquidación, pero mantiene una cadena de instancias: diagnóstico de la OFEP, consideración del Coseep, actuación del ministerio correspondiente y aprobación de un decreto o una ley, según cada caso. Pino calificó el DS 5727 como una “anestesia jurídica” y considera que el recorrido institucional podría prolongar las decisiones durante años. Su estimación de dos o tres años es una proyección propia y no un plazo establecido en el decreto. También cuestionó que la evaluación pase por organismos creados para fortalecer y dirigir las empresas públicas. En su interpretación, esa estructura podría terminar protegiendo la continuidad de entidades deficitarias. Se trata de una valoración del analista que contrasta con la explicación de Camacho, quien sostiene que el diagnóstico ya está terminado y que las decisiones comenzarán a conocerse desde el martes. Doria Medina pide cerrar las empresas inviables El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina calificó como tardía la determinación gubernamental. Señaló que revisar las empresas estatales debía ser una prioridad desde el comienzo de la gestión y sostuvo que el Ejecutivo podía examinar sus estados financieros y cerrar las compañías sin futuro incluso antes de aprobar el decreto. Doria Medina habló de empresas “mancagastos” creadas, según su criterio, por motivos ideológicos. Al mismo tiempo, introdujo una distinción: no propone cerrar todas las empresas públicas, sino eliminar las inviables y fortalecer aquellas que administran recursos naturales considerados estratégicos. En el caso de YPFB, pidió designar un presidente mediante el procedimiento establecido

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se declaró en estado de emergencia tras registrar una contracción del 27,3% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer semestre del año. Mediante un comunicado público, el sector alertó que el reciente incremento del 83% en el precio del diésel y el retraso en los pagos estatales, provocaron la paralización de obras públicas, por lo que solicitaron una reunión urgente con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para exigir un mecanismo permanente de reajuste de precios. Ante una inminente ola de cierre de empresas y pérdida de empleos, la entidad solicitó formalmente una audiencia con las autoridades, para frenar la parálisis de la obra pública. Los constructores advirtieron que la escasez de divisas y la subida del precio del diésel a Bs 17,95 por litro, hacen insostenible la ejecución de los contratos vigentes, si el Estado no aplica soluciones financieras inmediatas. Con el objetivo de evitar el colapso definitivo de uno de los mayores generadores de empleo en el país, la Caboco y las cámaras departamentales, exigen al Ejecutivo restablecer con urgencia las mesas técnicas de trabajo. El sector formal de la construcción aclaró que no busca privilegios, sino sincerar los presupuestos estatales y promulgar un nuevo Decreto Supremo que indexe los costos reales a los contratos vigentes. El pronunciamiento sostiene que, es uno de los principales generadores de empleo del país y del sector más vulnerable de la población y es el sector con mayor capacidad de reactivar la economía de forma inmediata. Lee también: Empresarios plantean al Gobierno construir un “pacto nacional” por la producción bajo cinco ejes “Sin embargo, en el primer semestre del 2026 se ha contraído a niveles insostenibles: su PIB registra cifras negativas (-27.3) como establece el ‘Reporte de Inflación y Política Monetaria’ publicado por el Banco Central de Bolivia en agosto de este año, muy por debajo del resto de los sectores productivos, siendo el sector más afectado”, informa el documento. Ante esta situación, la Caboco solicita al presidente Paz y a los ministros de las áreas vinculadas al sector, una reunión urgente para abordar integralmente esta problemática y definir una agenda de trabajo con soluciones concretas. El problema más inmediato que debe resolverse es el desequilibrio económico-financiero de los contratos de obra pública actualmente en ejecución; para restablecerlo y garantizar la continuidad de las obras, se ha empezado a trabajar generando canales de coordinación para buscar soluciones efectivas, sostiene. «Se hace necesario sincerar, por parte de las instituciones ejecutoras de los proyectos, sobre el presupuesto con el que cuentan para realizar la aplicación de reajustes ya que dependerá de la realidad de cada proyecto si se requerirá buscar y plantear mecanismos de equilibrio como ser la resolución de contratos de mutuo acuerdo o la paralización de obras mientras se ajustan nuevas medidas de reactivación para el sector», manifiesta el comunicado. Lee también: El Gobierno comprará vehículos para el transporte público y los choferes lo pagarán con descuentos al cargar combustible Plantea acelerar la mesa de trabajo ya instalada con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, cuyo objetivo es promulgar un nuevo D.S. de Reajuste de Precios que sustituya y corrija la normativa actual, adecuándolo a la realidad económica del país. Solicita que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se incorpore a esta mesa —junto a las demás instancias que correspondan— para lograr su promulgación urgente y su aplicación inmediata. Se debe garantizar la efectividad. El sector considera que, el reajuste de precios no puede seguir siendo una medida excepcional o temporal, «debe ser un mecanismo permanente de la contratación pública, que responda técnicamente a las variaciones de los costos de obra y evite que las empresas constructoras asuman riesgos económicos que no les corresponden». Propone además dos medidas que amplían y fortalecen la participación del sector formal: incrementando el número de empresas habilitadas que cumplan todos los requisitos legales; estructurar los proyectos de gran envergadura y, evitar la concentración de contratos en un número reducido de ellas; y un fondo de compensación de recursos, para garantizar la continuidad de las obras que incluya créditos. VISIÓN 360

El Gobierno y representantes de los cisterneros acordaron este sábado establecer una tarifa transitoria para el traslado de combustibles, mientras se realiza un estudio que permita definir el costo del servicio tras el alza del precio del diésel. Tras el acuerdo, el sector garantizó la continuidad de las operaciones y el transporte de carburantes en el país. “Hemos llegado a un acuerdo de nivelación con los cisterneros, este acuerdo va a permitir que el combustible llegue a todo el país de la manera que tiene que llegar”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. La reunión se realizó este sábado en Santa Cruz de la Sierra y contó también con la participación, además del titular de hidrocarburos, del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca y representantes del sector cisternero. “Hemos encontrado el mecanismo de poder nivelar transitoriamente los fletes del transporte cisternero que presta el servicio a la estatal petrolera (YPFB), es de conocimiento público que hay un incremento a raíz del levantamiento de la subvención”, manifestó el representantes del sector cisternero, Sergio Kosky. El dirigente calificó el mecanismo como una compensación “razonable y temporal”, que estará vigente hasta contar con datos precisos que permitan establecer el costo del transporte. Las autoridades explicaron que se realizará una consultoría que permitirá determinar el precio del servicio y generar una fórmula de actualización de los costos de manera automática de acuerdo a la variación del diésel. El pasado 18 de septiembre el presidente Rodrigo Paz anunció el levantamiento total al subsidio del diésel y el litro de este combustible pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95. Blanco recordó que el decreto que emitió el Gobierno establece que cuando la cotización internacional registre un incremento superior al 5% del precio en el país, se aplicará un alza, y una disminución mayor al 5% también dará lugar a una reducción del precio. Por su parte, el ministro de Defensa aclaró que los cisterneros no advirtieron un paro para este lunes y que los videos que circularon en algunos medios de comunicación corresponden a declaraciones del 21 de agosto. Kosky resaltó el acuerdo y aseguró que continuarán con el servicio de manera normal. “Lo importante es siempre llegar a acuerdos, que el transporte trabaje, que el pueblo tenga combustible y medianamente se hará haciendo todos los ajustes que amerite la situación. Vamos a reiniciar y continuar con las operaciones”, declaró. EL DEBER