Economía

El Comité pro Santa Cruz definirá este martes la fecha para una Asamblea de la Cruceñidad, con el fin de analizar la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al departamento y al resto del país. La decisión fue anunciada por el presidente cívico, Stello Cochamanidis, quien señaló que el problema del diésel requiere una respuesta inmediata. «El directorio de mañana definirá la fecha para que entre todos los cruceños definamos qué vamos a hacer en esta Asamblea de la Cruceñidad respecto a la falta de combustible vital para todo el país que es el diésel», señaló Cochamanidis.  Tras una reunión de su directorio, la institución determinó ratificar la resolución del Congreso Agropecuario y convocar para este martes 1 de septiembre a un directorio ampliado. Según Cochamanidis, el único objetivo de ese encuentro será establecer cuándo se realizará la Asamblea de la Cruceñidad, instancia en la que se prevé definir las acciones que asumirá Santa Cruz frente a la escasez de combustible. El Movimiento Cívico Nacional se reunirá el 2 de septiembre  Además, el Comité pro Santa Cruz anunció que este miércoles, 2 de septiembre, se reunirá el Movimiento Cívico Nacional para que se tomen medidas ante la crisis energética que se vive desde el gobierno anterior, el de Luis Arce Catacora (Movimiento Al Socialismo).  «El Comité pro Santa Cruz se reunirá con todo el Movimiento Cívico Nacional para que también, entre todos, tomemos medidas para definir esta crisis energética que estamos viviendo hace tiempo desde el gobierno anterior, pero hoy está manifestada directamente en la falta de abastecimiento de diésel en todo el territorio nacional», apuntó.  Tres determinaciones del Comité pro Santa Cruz Las tres determinaciones adoptadas por el directorio del Comité pro Santa Cruz fueron: «Necesitamos de manera inmediata que haya el abastecimiento de diésel. Lo hemos manifestado infinidad de veces también.La única solución para esto que estamos atravesando es que el Gobierno libere de manera irrestricta que los privados puedan abastecer de combustible al país, que los privados puedan ponerle una vez más el hombro al país. Y la neccesidad que hoy vivimos absolutamente todos, con seguridad que ustedes y sus familias también lo están atravesando, es que tengamos combustible. Lo demás lo iremos arreglando en la marcha, pero hoy necesitamos darle una respuesta a la población», remarcó el cívico.  La reunión del directorio del Comité pro Santa Cruz comenzó cerca de las 09:00 y concluyó con la presentación de sus determinaciones alrededor de las 15:20 de este lunes. Con estas decisiones, la dirigencia cívica plantea una nueva ruta de acciones frente a la escasez de diésel, una situación que afecta al transporte, al sector productivo y a la población en distintos puntos de Santa Cruz y del país. (EL DEBER)

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, anunció este viernes que el Gobierno trabaja en una nueva ley para el sector con el objetivo de reponer las reservas de hidrocarburos y recuperar la producción nacional, en medio de la crisis energética que atraviesa Bolivia. Indicó que la nueva normativa establecerá un marco para promover la participación de capitales públicos y privados bajo reglas claras y transparentes. «Durante 20 años se gastaron en cosas insulsas y, en vez de buscar gas, en vez de buscar hidrocarburos, nos gastamos en tirar la plata en aviones, en satélites, museos y en otras cosas», afirmó el ministro, en referencia a inversiones realizadas durante anteriores administraciones. El funcionario también cuestionó que en anteriores gobiernos se hayan anunciado volúmenes de producción o reservas sin contar, según afirmó, con resultados previamente comprobados. «Este Gobierno va a informar resultados cuando existan estos resultados», remarcó. Como parte de la estrategia de recuperación de la producción, el Gobierno informó sobre el inicio de la perforación del pozo Junín-9D, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. Blanco señaló que el proyecto forma parte de una política orientada a aprovechar infraestructura existente y desarrollar nuevas actividades exploratorias para incrementar las reservas del país, según un boletín de prensa. «El mandato que nos ha dado el presidente Paz es nítido: recuperar la producción nacional, reponer reservas, ejecutar con transparencia y abrir un marco que vuelva a ser posible la inversión pública y privada bajo reglas claras de juego», manifestó. El ministro también sostuvo que la recuperación del sector no dependerá únicamente de grandes proyectos de largo plazo, sino de intervenciones en campos e infraestructura que ya se encuentran disponibles. «El país no va a reconstruir su matriz energética solo con megaproyectos que tardan una década. También la reconstruye con decisiones precisas en campos que ya conoce, reutilizando infraestructura, reduciendo impacto ambiental y midiendo cada dólar», afirmó. La caída de la producción y de las reservas de gas natural modificó el papel de Bolivia en el mercado energético regional. El país pasó de ser un importante exportador de gas hacia Argentina y Brasil a enfrentar dificultades para cubrir su propia demanda de combustibles y gas natural. En ese contexto, Bolivia comenzó a asumir un nuevo papel en el mercado regional como país de tránsito para el gas argentino proveniente de Vaca Muerta con destino a Brasil, mientras busca recuperar su capacidad de producción interna. Durante casi dos décadas, Bolivia obtuvo importantes ingresos por la exportación de gas natural, favorecida por los precios internacionales y por el régimen de contratos establecido tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. Blanco sostuvo que la nueva política energética buscará revertir la caída de las reservas y recuperar la capacidad productiva del país, aunque evitó anticipar resultados antes de que concluyan los procesos de exploración y evaluación. EJU TV

El vicepresidente del Concejo Municipal de El Alto, Omar Acarapi, pidió al Gobierno central brindar mayores detalles sobre el mecanismo de acceso a los 100 mil empleos anunciados mediante el Plan Losetas, que contempla una inversión superior a Bs 1.000 millones en más de 30 municipios del país. En la víspera el presidente Rodrigo Paz presentó el Programa Nacional de Emergencias para la Generación de Empleo, Fase II, una iniciativa que generará empleos directos e indirectos y beneficiará a más de un millón de bolivianos, en lo que calificó como el proyecto más grande de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) en la historia de Bolivia. Acarapi señaló que la población alteña necesita conocer cómo se realizará la contratación y quiénes podrán acceder a las fuentes laborales. Asimismo, sostuvo que el Gobierno no debe asumir que con este anuncio recuperará de inmediato la confianza de los alteños y consideró necesario que los informes sobre la ejecución del programa sean recurrentes y transparentes. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El presidente Rodrigo Paz dispuso ampliar de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) asignará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para cubrir el diferencial de importación de combustibles, con el fin de garantizar el abastecimiento en todo el país. “En el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos y la ampliación del periodo transitorio para los precios de los productos derivados del petróleo y Petróleo Crudo, se modifica el inciso a) de la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo N.º 5652, de 9 de julio de 2026, con el siguiente texto: a) De hasta Bs 2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)”, señala el artículo único del decreto. La norma modifica el Decreto Supremo N.º 5652 que había autorizado, de manera excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), la asignación de recursos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial entre los costos correspondientes a la importación y el precio preterminal o precio de paridad de importación del petróleo crudo, por un monto de Bs 1.000 millones. Ahora, se resolvió ampliar ese monto hasta Bs 2.000 millones, con el fin de contar con los recursos suficientes para garantizar el abastecimiento de combustibles. La medida se da en el marco de la coyuntura económica que atraviesa el país, en la que es necesario mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo. ABI

En el Congreso Extraordinario de Agropecuarios del país, realizado este jueves en Warnes, Santa Cruz, se determinó dar plazo hasta el domingo 30 al gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema de precios para el diésel  “Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Klaus Frerking, quien agregó que dicha normativa solo afecta al sector productivo que, según los datos que presentó, genera 1,6 millones de empleos a nivel nacional, aporta más de 3.200 millones de dólares en divisas al país y representa el 16 % del producto interno bruto (PIB). Asimismo, señaló que, de los 240 millones de litros de diésel que se consume anualmente en el país, el sector productivo utiliza solo el 16 %, mientras que Santa Cruz concentra el 13 % del consumo nacional. “¿Qué es 323 (millones de) litros (para Santa Cruz)?, en ese sentido esto nos muestra que es un decreto que realmente no ha solucionado nada y tiene que abrogarse por esta razón”, afirmó Frerking, e insistió en que se necesita certidumbre para continuar con el trabajo.  “(La norma) no ha solucionado nada, más bien ha incentivado muchas cosas por la brecha de precios: de Bs 9,80 a Bs 18 (por litro). Eso da pie a que haya corrupción, eso da a que la gente quiera vivir de lo ilegal”, agregó. En el congreso participó el ministro de Desarrollo Productivo Óscar Mario Justiniano quien indicó que los dos precios del diésel originan contrabando y especulación. “Partimos de la premisa que necesitamos el combustible, necesitamos el diésel y de que entendemos de que dos precios distintos son los que originan, por un lado, el contrabando; y por otro lado, también cuando se tienen dos precios distintos, hay un incentivo tremendo a lo que es la especulación”, afirmó. También este jueves, el ministro de la Presidencia Fernando Aramayo reconoció que la aplicación del Decreto Supremo 5676 que establece un nuevo costo del diésel para tres sectores, es un “condicionamiento” del Fondo Monetario Internacional (FMI).  Aramayo indicó que el gobierno está en puertas de cerrar un acuerdo con el FMI, cuyo financiamiento está vinculado a una serie de decisiones complejas que, según afirmó, han sido “poco populares y para nada gratas”. (BRÚJULA DIGITAL)