Economía

El economista Gonzalo Chávez que no se debe abrogar el Decreto Supremo que incrementa el precio del diésel, sino reajustar con bandas de precios y activar «cupos digitales» del combustible mediante inteligencia artificial para focalizar la ayuda en sectores vulnerables y así evitar el contrabando. «Esta medida se toma de manera muy improvisada. Se debe tokenizar la comercialización de diésel y de gasolina a través de los datos del RUAT y de otras bases, tú puedes dar al sector transporte público esa subvención con cupos digitales con inteligencia artificial, QR. Si sobra se puede usar para pagar la luz y el GLP», expresó el experto en RTP Informa. Chávez reiteró que no se debe abrogar el DS 5676 de alza de diésel para grandes consumidores debido a que significaría perder una oportunidad clave para enfrentar el problema estructural de los hidrocarburos en un «Estado prácticamente quebrado». El experto enfatizó en que se puede establecer un rango de precios, entre 12 y 18 bolivianos, que permita atenuar los shocks externos del mercado internacional del petróleo, que es altamente volátil por razones geopolíticas. Sobre las medidas de presión, dijo que el Gobierno debe negociar compensaciones. Dijo que para los sectores productivos que dejen de recibir la subvención plena, se debe trabajar en créditos más blandos, programas de productividad y competitividad. Chávez alertó sobre el riesgo inminente en el sector eléctrico. Recordó que la electricidad en Bolivia también está fuertemente subvencionada y depende en gran medida del gas natural. “De cada diez focos que están prendidos, siete vienen de energía generada por gas natural que ya no tenemos en suficientes cantidades. En el mercado internacional el millar de BTU cuesta alrededor de 6,7 bolivianos. Cuando haya que importar gas a ese precio, ¿de dónde se va a pagar?”, cuestionó. MRCM-RTP

El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, Sergio Kosky, espera que el Gobierno convoqué al diálogo para evitar el paro tras una deuda impaga por parte de YPFB desde el mes de abril. “El ministro Blanco me ha llamado. Me dijo que entre hoy y mañana se debería estar dando solución al tema. Lo menos que queremos pensar es en que se consolide dicha medida porque somos un sector que ha aguantado meses sin pagos creyendo que así aportamos al país con menos paros, menos bloqueos y más trabajo. Pero a veces ya no es sustentable» expresó el dirigente al programa RTP Informa al indicar que más de 7 mil afiliados sufren por la deuda. Recordó que este sector recorre las fronteras del occidente y van a Chile, Perú, Buenos Aires, y Paraguay. Expresó que necesitan seguir operando para que sus afiliados pueda pagar peajes, poner diésel y cubrir costos. Remarcó que se mantienen en alerta las 24 horas del día, incluidos sábados, domingos y feriados, a la espera de la convocatoria oficial para resolver el conflicto de manera dialogada y evitar medidas de presión. MRCM-RTP

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, planteó convertir a Boliviana de Aviación (BoA) en una sociedad anónima y buscar un socio estratégico, como parte de una alternativa para fortalecer la situación financiera y operativa de la aerolínea estatal. “BOA ha sido creada (…) como una empresa estratégica, pero para que BOA pueda salir adelante tiene que convertirse en una sociedad anónima”, afirmó Zamora durante su interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que no fue censurado como su colega Gabriel Espinoza. El ministro anunció que presentará en el corto plazo ante la Asamblea un proyecto de ley para viabilizar la transformación de BoA y permitirle captar recursos. Estimó que la empresa necesita entre $us 50 y 60 millones para avanzar y mencionó entre las alternativas las sociedades accidentales y las asociaciones público-privadas (APP). Zamora aclaró que BoA no será privatizada y explicó que se evaluará la incorporación de un socio estratégico mediante una APP. Señaló que ese eventual socio deberá contar con experiencia y reglas claras para garantizar los intereses de la aerolínea estatal. Como parte del plan de recuperación, también mencionó la renovación y modernización de la flota mediante leasing y dijo que existen avances con Embraer. Explicó que se analiza el rendimiento de las aeronaves por ruta, consumo de combustible y tiempos de operación para definir la flota que necesita BoA ERBOL

El experto en minería Héctor Córdova advierte que Bolivia enfrenta un importante subregistro en la producción de oro y estima que entre 20 y 30 toneladas del metal podrían salir del país mediante el contrabando, generando una millonaria pérdida de ingresos para el Estado. Córdova sostiene que, considerando el valor actual del oro, el contrabando podría representar hasta $us 5.000 millones que no ingresan a Bolivia. También cuestiona que el sector aurífero tenga una carga fiscal reducida y señala que las regalías no se han actualizado de acuerdo con el incremento del precio del metal. El especialista explica que en 2025 el Estado recibió alrededor de $us 50 millones por regalías, pese al elevado valor de las exportaciones de oro.Además, cuestiona la falta de control sobre operaciones mineras que trabajan sin contratos y alerta sobre los daños ambientales provocados por la actividad aurífera, particularmente por el uso de mercurio. Como alternativa, plantea fortalecer el control de la comercialización del oro, involucrar a gobernaciones y municipios, modernizar los procesos de recuperación del metal y actualizar la escala de regalías, vigente desde la década de 1990. Córdova considera que estas medidas permitirían reducir el contrabando y garantizar que una mayor parte de los recursos generados por la explotación del oro permanezca en beneficio del país. WILMA CATARI-RTP

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechaza el Decreto Supremo 5676 y considera que la norma castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que se supone debe atacar. Afirma que la medida golpea al pequeño, mediano y grande agricultor mientras deja intacta la cadena irregular que desvía diésel subvencionado hacia el mercado ilegal. El nuevo precio de Bs 18 por litro, que comprende a quienes adquieren arriba de 120 litros por mes, representa el consumo de un solo tractor pequeño trabajando pocos días. “Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, enfatiza Abraham Nogales, presidente de Anapo. El representante de casi 14.000 productores se soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol que cultivan suelo cruceño denunció que existe una cadena de comercialización irregular de diésel, que opera desde hace meses sin que las autoridades la hayan desmantelado, y que ese circuito es el que debería ser objeto de la medida gubernamental para tener una solución estructural al problema de desabastecimiento. “Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esa cadena ilegal de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, lamenta el Presidente de Anapo. Para los productores, las instancias de control no pueden seguir tolerando a quienes lucran con las irregularidades alrededor de la distribución del diésel. “Exigimos que esto sea investigado y esclarecido”, afirma Nogales. Por otro lado, a través de un comunicado, Anapo enfatiza que el sector productivo representa el 17% del consumo nacional de diésel. Por tanto, la medida no significa la eliminación de la subvención ni tendrá un impacto económico importante en la reducción del presupuesto del Estado destinado a la compra de ese combustible. En línea con lo manifestado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la dirigencia del sector oleaginoso considera que el impacto del incremento se trasladará a toda la cadena de alimentos, justo en pleno proceso de cosecha de granos estratégicos como el sorgo, el maíz, el trigo y el girasol producidos en la campaña de invierno y cuando se acerca el inicio de la campaña de verano, la más importante del país. La institución aclara que su rechazo no apunta a mantener el actual esquema de subvención, sino a un decreto que afecta de forma radical al eslabón más débil de la cadena. “Probablemente habrá unidades productivas que se cierren, pequeños y medianos productores que dejarán de producir; eso se traducirá en una menor oferta”. El comunicado de Anapo afirma que, si bien el sector oleaginoso es tomador de precio, la menor oferta de productos significará un incremento en la canasta familiar, ya que la soya, el trigo, el maíz y el sorgo son granos dirigidos a varias cadenas de producción de alimentos como la carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, leche, huevo y otros, indispensables para la seguridad alimentaria del país. Es decir, “las personas que hoy se sienten a salvo de la medida serán quienes terminen pagándola en el precio final de los alimentos”, advierte la entidad  “El sector manifestará esta posición en el Congreso Extraordinario, convocado por nuestra entidad matriz, la CAO, para próximos días”,  anuncia Nogales. ANAPO