Economía

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios (CAINCO) El Alto lanzó oficialmente la séptima versión de HuaynaFEX 2026, que se realizará del 7 al 11 de octubre en la Terminal Metropolitana. Durante cinco días, emprendedores y empresas participarán en la feria con el objetivo de impulsar el movimiento económico en un contexto marcado por los efectos de los conflictos sociales y la flexibilidad del dólar, informó la gerente general de CAINCO El Alto, Lizelot Romero. La Cámara de Comercio de Oruro respaldó la iniciativa y destacó la importancia de fortalecer HuaynaFEX tras más de 50 días de bloqueos. Su presidenta, Sonia Rocha, señaló que El Alto y Oruro comparten vínculos comerciales e industriales mediante los corredores bioceánicos. Advirtió que la flexibilidad del dólar afectó especialmente al sector de la construcción, debido a que los presupuestos previstos antes de junio cambiaron, generando incumplimientos y ajustes económicos. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) alerta sobre el grave impacto que tendría, para la economía, el sistema financiero y para miles de empleos en muchos sectores, la ejecución de la sentencia que ordena a SOBOCE, de manera arbitraria, pagar cerca de 744 millones de bolivianos a FANCESA. La sentencia está siendo aún cuestionada en la Justicia Constitucional, que ya la anuló por graves irregularidades que no han sido reparadas, por lo que su ejecución coactiva sería un acto de irresponsabilidad. La empresa es uno de los principales actores de la industria nacional y la normal continuidad de su actividad depende del mantenimiento de adecuados niveles de liquidez e inversión. Además, es un emisor vigente de valores dentro del mercado boliviano de capitales y mantiene obligaciones permanentes frente a tenedores de bonos, entidades del sistema financiero, inversionistas y demás participantes del mercado de valores. Por otra parte, de ejecutarse esta sentencia, Bolivia sería el primer y único país del mundo en incluir el “daño al proyecto de vida” —concepto jurídico exclusivo de la persona humana para resarcir afectaciones a la libertad existencial de un ser humano—, como marco jurídico indemnizatorio en favor de una sociedad comercial, lo cual desnaturaliza la figura y abre una peligrosa compuerta a su aplicación arbitraria en contra de las empresas del país. Este precedente vinculante y obligatorio, que afecta severamente la seguridad jurídica, dificultaría el acceso del país al sistema de inversión y financiamiento internacional. SOBOCE tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como cualquier otra empresa, por lo que rechaza la campaña de amedrentamiento y presión social emprendida con la única finalidad de condicionar el actuar de quienes tienen la gran responsabilidad de resolver los procesos en curso en estricto cumplimiento del marco legal boliviano. A través de esta campaña de desinformación, se busca también sorprender al pueblo boliviano y a los ciudadanos de Chuquisaca con afirmaciones falsas y tergiversaciones de los hechos. SOBOCE lleva 16 años reclamando justicia como consecuencia de la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado de Bolivia, el que incumpliendo su propio Decreto (N° 0616 del 1 de septiembre de 2010), jamás pagó el justiprecio debido. Son 16 años de reclamo por vías legítimas al Estado Boliviano, que ha pagado otras expropiaciones, pero jamás esta. Ahora, con el impulso de FANCESA, a través de un proceso manifiestamente irregular (como ya en un primer momento ha sido confirmado por los tribunales constitucionales), se pretende quebrarnos con una indemnización insólita y carente de respaldo técnico y legal. Pedimos a toda la comunidad jurídica de Bolivia que lea detenidamente todas las resoluciones judiciales que forman parte de este asunto, empezando por la demanda inicial. Cualquiera puede comprobar la ausencia de coherencia y la inexistencia de base para la indemnización que se pretende, además de las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de SOBOCE, ya advertidas en el fallo constitucional pendiente de revisión. El compromiso de SOBOCE con Bolivia es y ha sido inquebrantable. Además, se trata de una de las mayores inversiones extranjeras en el país. La consumación de esta arbitrariedad afectaría de manera irremediable la posibilidad de atraer inversiones extranjeras que posibiliten la anhelada reactivación de la economía del país.  Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a nuestros clientes, proveedores y al sector de la construcción en su conjunto; a todos los profesionales del Derecho de Bolivia; a los agentes del sistema financiero; y a todo el tejido empresarial del país, para que estudien en detalle y con objetividad el grave riesgo al que esta sentencia, de convertirse en vinculante y obligatoria, expone al conjunto de la economía y la sociedad boliviana. SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A.

La comisión legislativa que investigó el caso “gasolina basura” identificó como uno de los principales responsables al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli por haber autorizado la distribución de combustible sospechoso de estar desestabilizado sin que se realizaran los respectivos controles de calidad. El diputado Carlos Alarcón dijo este lunes que el informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración y posterior envío al Ministerio Público, debido a que también se detectó indicios de presuntos sobreprecios en la importación de combustibles y posibles responsabilidades penales. Alarcón señaló que, respecto a la gasolina desestabilizada, el informe concluye que existen presuntas responsabilidades en dos gestiones de gobierno y en dos administraciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026. En el caso de Medinaceli, explicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había ordenado el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a sospechas sobre la calidad del combustible. Sin embargo, aseguró que una resolución ministerial permitió retirar esos precintos y distribuir la gasolina sin que previamente se efectuara los controles técnicos correspondientes. Asimismo, indicó que el informe también atribuye una presunta responsabilidad al exministro Alejandro Gallardo y al expresidente Luis Arce, debido a la emisión de decretos supremos que habrían permitido el ingreso al país de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad requeridos. Otro de los hallazgos apunta a fallas en los mecanismos de control de la ANH. Según Alarcón, tres empresas presentaron certificados que no detallaban los componentes esenciales para verificar la calidad del combustible. Posteriormente, los análisis técnicos detectaron un exceso de gomas y, en algunos casos, concentraciones elevadas de etanol. El diputado también cuestionó el procedimiento aplicado durante las importaciones de emergencia. Precisó que, de 20 operaciones revisadas, 12 se realizaron sin contar previamente con los certificados de calidad, ya que la normativa vigente permitía presentar esa documentación hasta 10 días después del ingreso del combustible al país. “Cuando se hacía la verificación documental, el producto ya había sido comercializado. Es decir, la gasolina se distribuía primero y recién después se revisaban los certificados de calidad”, sostuvo. Además de las observaciones sobre la calidad del combustible, Alarcón afirmó que la comisión detectó indicios de un presunto daño económico al Estado por posibles sobreprecios en los contratos de importación de petróleo crudo, gasolina y diésel. Explicó que la investigación también abarca operaciones realizadas durante la gestión de Botrading y contratos suscritos con empresas como Trafigura y Vitol, cuyos costos y condiciones serán puestos a conocimiento del Ministerio Público para determinar si existieron responsabilidades penales. (BRÚJULA DIGITAL)

El Gobierno comenzó la socialización del proyecto de Ley de Inversiones, una iniciativa que pretende modificar las reglas para la inversión privada en Bolivia mediante tres ejes centrales: exigir la aprobación de la Asamblea Legislativa para futuras nacionalizaciones o expropiaciones, reforzar la protección del patrimonio de los inversionistas y habilitar mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias, excepto en el sector de hidrocarburos. El ministro de Economía José Gabriel Espinoza explicó que la propuesta incorpora un mecanismo que limita la posibilidad de que un gobierno ejecute nacionalizaciones de manera unilateral. Según indicó, cualquier decisión de esa naturaleza deberá contar previamente con el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa. La autoridad sostuvo que este requisito busca evitar que decisiones con impacto económico de largo plazo respondan únicamente a intereses políticos coyunturales. En ese sentido, afirmó que el costo de procesos de nacionalización ejecutados en el pasado continúa siendo asumido por las administraciones posteriores. Otro de los componentes de la iniciativa apunta a ampliar la protección jurídica del patrimonio de quienes invierten en el país. Espinoza señaló que la valoración de una inversión no debe limitarse a bienes físicos, sino que también debe incluir activos intangibles, derechos, conocimiento e ingresos proyectados, aspectos que deberán ser considerados en caso de una eventual expropiación. Asimismo, explicó que la propuesta pretende otorgar mayor certidumbre a la inversión privada, definiendo con mayor claridad las condiciones en las que la inversión extranjera recibirá un tratamiento similar al de la inversión nacional, respetando los principios establecidos en la Constitución. El tercer eje del proyecto está relacionado con la solución de controversias. El ministro sostuvo que la normativa permitirá recurrir nuevamente al arbitraje internacional para resolver conflictos vinculados a inversiones en todos los sectores, con excepción de los hidrocarburos, ámbito en el que la Constitución establece restricciones específicas. Espinoza aseguró que la interpretación de que Bolivia no puede acudir a tribunales internacionales en ningún caso es incorrecta y afirmó que el texto constitucional únicamente limita esa posibilidad en materia hidrocarburífera. La futura Ley de Inversiones forma parte de un conjunto de reformas estructurales que el Ejecutivo prevé remitir este año a la Asamblea Legislativa. Junto a esta iniciativa también se encuentran en elaboración los proyectos de Ley de Minería y de Ley de Hidrocarburos, cuyos borradores ya son discutidos con distintos sectores económicos. En el caso de la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno prevé incorporar modelos de contratos dentro de la propia norma con el propósito de reducir los tiempos de aprobación legislativa y disminuir la discrecionalidad política en la autorización de nuevos proyectos. (BRÚJULA DIGITAL)