Nombre del autor:Rodrigo Villegas

El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentó este lunes el proyecto de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y explicó que busca modificar el marco constitucional para enfrentar la crisis económica y energética, abrir la economía a la inversión, reformar la justicia, reducir la corrupción y fortalecer las autonomías. “Estamos haciendo la presentación de una reforma a la Constitución Política del Estado. Esto es vincular al país con la nueva visión, con la visión que siempre tuvimos”, dijo durante la presentación. Asimismo, Quiroga indicó que el país enfrenta una emergencia económica y energética y afirmó que es necesario salvar Bolivia. Además, recordó que Libre esperaba que el Gobierno impulsara una reforma constitucional, pero cuestionó que hasta ahora no se haya concretado. En ese sentido, el líder señaló que el proyecto presentado contempla cinco ejes que son la apertura económica, reforma de la justicia, reducción de la corrupción, fortalecimiento de las autonomías y digitalización del Estado. Apertura económica y arbitraje internacional Quiroga afirmó que la actual CPE mantiene un esquema que dificulta la llegada de inversiones a sectores como hidrocarburos, minería y electricidad. En ese marco, planteó incorporar mecanismos de arbitraje internacional para brindar garantías a los inversionistas. “Buenas leyes con estatismo codificado en la Constitución, sin arbitraje, no y con arbitraje internacional para las inversiones. Si no se hace eso, es cuento de que vamos a salvar los sectores de hidrocarburos, de minería, de litio y otros”, indicó. Asimismo, advirtió que esta crisis energética está provocará que también haya colas para adquirir el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y se cierren los grifos para la conexión domiciliaria. En ese sentido, Quiroga aseguró que la falta de producción de gas y la reducción de dólares obligan a Bolivia a importar combustibles, situación que podría extenderse al gas destinado al consumo interno. Prohibir financiamiento del Banco Central El expresidente cuestionó que los gobiernos hayan recurrido a la emisión para cubrir el déficit fiscal.  “Cuando haces eso se dispara la inflación. Ese es un crimen contra los bolsillos del pueblo”, indicó. En ese sentido, anunció que el proyecto plantea una modificación constitucional para “prohibir el financiamiento del Banco Central”. Además, cuestionó que se aprobaban presupuestos cuando el Legislativo no los sancionaba dentro del plazo establecido. Propuso que el Presupuesto General del Estado sea aprobado mediante ley y no mediante decretos que incorporen disposiciones con rango de ley. Reforma judicial La propuesta también plantea cambios en Justicia y el funcionamiento de los órganos judiciales. En ese sentido, Quiroga cuestionó la intervención de jueces en decisiones que corresponden a autoridades electas y planteó fortalecer los mecanismos de control sobre las instituciones. “Hay que terminar con esa práctica nociva y hay que impulsar que los órganos independientes rindan informes”, sostuvo y afirmó que las instituciones designadas por la Asamblea Legislativa deben estar sujetas a mecanismos de fiscalización. Fortalecimiento de las autonomías El líder de Libre explicó que el proyecto busca avanzar en la descentralización de áreas como salud, educación y seguridad. Además, destacó que actualmente existen gobernadores, alcaldes y autoridades departamentales y municipales electas con nuevos mandatos que generan mejores condiciones para avanzar en el proceso autonómico. Reforma parcial y referendo Tuto explicó que Libre optó por presentar una reforma parcial debido a los plazos que implica una Asamblea Constituyente. Recordó que el artículo 411 establece límites para este mecanismo y que una reforma parcial no puede modificar las bases fundamentales de la Constitución, los derechos, deberes y garantías. “Los primeros 144 artículos son esa parte primera que una reforma parcial no puede modificar. Limita un poco, sí, pero el tiempo apremia y sí se puede con reforma parcial cambiar lo que es lo más urgente”, explicó. Asimismo, señaló que, independientemente de si se trata de una reforma parcial o de una reforma mediante una Constituyente, el proceso debe terminar sometiéndose a la decisión de la ciudadanía. Por último, indicó que el tratamiento de la propuesta no podría comenzar inmediatamente debido al estado de excepción vigente y estimó que recién podría empezar a ser considerada desde el 20 de septiembre. (URGENTE.BO)

El vicepresidente Edmand Lara exigió este lunes la paralización del Decreto Supremo 5676, que fija un precio de Bs 18 por litro de diésel para quienes superen los 120 litros mensuales, y planteó la apertura de un diálogo con transportistas, productores y trabajadores para encarar la situación de YPFB. Durante una declaración en la que afirmó tener el “corazón apretado”, la autoridad calificó la medida como un “Dieselazo” y advirtió que sus efectos no se limitarán a un sector específico, sino que terminarán trasladándose a la economía de las familias. Según explicó, el encarecimiento del combustible impactará primero en el transporte y la producción, para luego reflejarse en el costo de los bienes y servicios. “Están diciendo que se mantiene el precio para algunos, pero ¿quién mueve este país? Lo movemos los trabajadores, los gremiales, los maestros, las mamás que van al mercado. Y a todos nosotros nos va a golpear”, alertó. Lara cuestionó que una decisión de esta magnitud se haya adoptado sin consulta previa con los sectores involucrados y rechazó los argumentos que minimizan su posible efecto sobre la canasta familiar. “En economía no existe la palabra debería”, sostuvo, al remarcar que medidas de este tipo requieren planificación, medición de impactos y garantías concretas. Si bien reconoció que YPFB enfrenta dificultades, el vicepresidente consideró que la solución no puede basarse en trasladar de forma recurrente los costos a los sectores de menores ingresos. En esa línea, propuso la realización de auditorías, el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y una distribución más equitativa del sacrificio entre distintos actores. Entre sus principales demandas, mencionó “parar ese decreto supremo”, instalar una mesa de diálogo multisectorial y aplicar medidas estructurales para fortalecer la estatal petrolera. Finalmente, Lara afirmó que el país debe apostar por incrementar la producción, proteger sus recursos y distribuir de manera más justa los costos de la crisis. “No vamos a permitir que la crisis de unos pocos se convierta en el hambre de muchos”, concluyó. (ERBOL/CORREO DEL SUR)