Nombre del autor:Rodrigo Villegas

La Justicia determinó poner fin al proceso penal que se había iniciado en contra de autoridades y líderes de Santa Cruz por el paro de 36 días, realizado en la gestión 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda. Este caso fue planteado el 11 de noviembre del mencionado año, por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del gobierno del presidente Luis Arce. La denuncia fue planteada por los cargos de racismo y discriminación; asociación delictuosa, y desórdenes o perturbaciones públicas, además de terrorismo. Entre los procesados se encontraban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho; el exrector de la Uagrm, Vicente Cuéllar; el abogado José Luis Santistevan; y el actual rector de la universidad estatal cruceña, Reinerio Vargas. Santistevan, en un contacto con EL DEBER, indicó que recibió con satisfacción la extinción de este proceso judicial y añadió que este fue un “proceso penal armado por el centralismo” y utilizado para “secuestrar” a Camacho durante tres años en el penal de Chonchocoro. “Los cruceños no nos doblegamos ante el abuso y el miedo. Santa Cruz a lo largo de su desarrollo ya vivió procesos de exilios, persecuciones y encarcelamientos. Nuestra mejor herencia será haber luchado por nuestra región”, complementó Santistevan. «Esta lucha contra el centralismo va a seguir, será permanente. Han transcurrido tres años, ocho meses y nueve días desde el 11 de noviembre del 2022 en que se inicia un proceso canalla, un proceso promovido por el centralismo. El proceso fue iniciado primero por resoluciones contrarias a las leyes, alzamiento armado, pero después se incluyó (el delito de) terrorismo, para llevarnos a La Paz. Y con este proceso se lo llevaron a la ciudad de La Paz al gobernador (Luis Fernando Camacho). El proceso era dar un escarmiento a Santa Cruz como siempre ha pasado. Entonces, en este mes histórico de los 216 años de libertad, culmina uno de estos procesos canallas donde se demuestra que la justicia fue utilizada en su momento por el poder político. ¿No es cierto? Solamente para callar a Santa Cruz, para defenestrar a un gobernador y para  seguir con sometimiento a la autoridad cruceña porque Santa Cruz se quedó sin gobernador titular electo por el voto popular», expresó Santistevan. “Lo que sucedió ahora es que este proceso penal canalla, político, armado terminó porque vencieron los plazos. Durante todo este tiempo nunca se pudo demostrar con pruebas que Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan cometieron algún delito. Siempre fueron reivindicaciones sociales, reivindicaciones de derechos fundamentales que están inscritas en la Constitución, pero siempre hubo la reticencia y la negación de esos derechos. Entonces, no había cómo se llegue a un proceso público oral y contradictorio porque no existían pruebas», añadió Santistevan. Y continuó: “Dios es grande. Fíjese que el principal armador de este caso (el entonces presidente Luis Arce) está preso. Con el tiempo Dios se encarga de poner todas las cosas en su lugar. Hay otros que también eran promotores, que están por ahí, pero ya les llegará la hora de la aplicación de la justicia. Culmina un abuso, pero el daño más grande que se le hizo a Santa Cruz, más allá de que nos hubieran encerrado a nosotros, fue el haber despojado a Santa Cruz de su gobernador porque al final de cuentas usaron este caso de los 36 días para llevarse a Luis Fernando Camacho a La Paz. Con eso violaron el derecho político de miles de ciudadanos que aquí votaron por él”. A su vez, Reinerio Vargas, exrector de la Uagrm, dijo la decisión judicial “fue un beneplácito” debido al agobio que significó enfrentar los procesos y lo que estos significaban. “Es una pérdida de tiempo, dinero, salud física y emocional. Esto demuestra que cuando uno persevera y no claudica; Dios da la fuerza a uno para seguir adelante”, concluyó Vargas. Por su parte, Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales escribió: «Con la finalización del proceso judicial tras el paro de 36 días, se pone fin definitivo a cualquier tipo de persecución en contra del exgobernador Luis Fernando Camacho. (…) Esto demuestra una vez más que el objetivo del MÁS era perseguir a nuestros líderes y relegar a nuestro departamento».  (EL DEBER)