La Fiscalía señala en la imputación formal contra Roger Mariaca, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, que este habría formado parte de una estructura de protección institucional que recibía hasta $us 500.000 mensuales del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a cambio de información anticipada y protección.
Entre los elementos que sustentan esta información está la entrevista realizada a Marset el 13 de marzo en el aeropuerto de Viru Viru, cuando fue capturado y posteriormente entregado a la DEA. En esa entrevista, el uruguayo confirmó que Mariaca era su “amigo” y que “le pagaba $us 500.000 para avisarle si había o no operativos de captura contra él”, según informó El deber.
En el documento, señala que los pagos serían parte de un supuesto “alquiler de protección” que habría involucrado al Ministerio de Gobierno cuando estaba a la cabeza de Eduardo Del Castillo, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado.
Además, en la entrevista, Marset señala que el mayor Rubén Aparicio habría sido quien le ayudó a contactarse con Del Castillo. El exministro también habría recibido recursos para brindar información al uruguayo.
El documento describe una red de corrupción que habría alcanzado a diferentes niveles del aparato estatal.
La justicia determinó la detención preventiva por seis meses de Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rúben Aparicio mientras se desarrollan las investigaciones por una presunta organización criminal.
El Ministerio atribuye a Mariaca la protección de Marset desde sus funciones, principalmente como fiscal departamental de Santa Cruz y, posteriormente, como Fiscal General del Estado. A Zeballos le atribuye un papel similar durante su trabajo en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; a Aparicio, tareas de protección y ayuda desde la Policía; y a Irusta, el rol de operador dentro de la Fiscalía General.