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El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó hoy ante la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa para catalogar el bloqueo de carreteras y calles como un delito de carácter grave. La propuesta busca incrementar las penas privativas de libertad para los infractores y proporcionar un marco legal más sólido a las fuerzas de seguridad durante las operaciones de despeje de vías. El proyecto de ley establece que quienes participen en la interrupción del tráfico vehicular afrontarán condenas de tres a seis años de cárcel. Las sanciones se endurecen para los promotores, organizadores, instigadores o financistas de estas medidas de presión, quienes arriesgan penas de cinco a ocho años de prisión. Si los bloqueos desencadenan actos violentos contra la propiedad o las personas, la pena máxima podría incrementarse hasta 20 años, con posibilidad de acumularse a otros delitos hasta el límite constitucional de 30 años. Un elemento clave de la propuesta es la exención de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria y civil para policías y militares que intervengan de manera legal, necesaria y proporcional en las labores de desbloqueo. Además, el texto permite la actuación conjunta de las fuerzas del orden en áreas de alta conflictividad, garantiza el suministro de equipo adecuado y autoriza el uso de herramientas legítimas si existe peligro para la vida o integridad de los efectivos. La ley también impone la responsabilidad solidaria a los infractores para cubrir los daños y perjuicios ocasionados, y busca anular la Ley 1341 de 2020 sobre la regulación de estados de excepción. (LA PRENSA)

Después de la detención de Luis Arce, la Fiscalía continúa con las diligencias investigativas por el caso Fondo Indígena y tiene previsto convocar a declarar a la exministra Nemesia Achacollo.     “Se le va a citar (a Achacollo) en principio en calidad de testigo. Posterior a las investigaciones y a la documentación que está llegando al Ministerio Público, se va a determinar su situación jurídica”, dijo el fiscal Miguel Cardozo. Achacollo fue ministra de Desarrollo Rural cuando estalló el caso Fondioc, donde se describieron desembolsos a cuentas particulares de dirigente para obras que resultaron inexistentes o “fantasma”. Estuvo con detención preventiva, pero luego recibió el arresto domiciliario. (CORREO DEL SUR)

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, fue víctima de un asalto a mano armada mientras vacacionaba con su familia en Brasil. El hecho ocurrió en el hotel Canto do Atlântico, situado en la playa Enseada de Guarujá, en la costa del estado de São Paulo, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la denuncia, tres delincuentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo, anunciaron el robo y actuaron con rapidez. Las imágenes muestran a uno de los asaltantes acercándose armado al ingreso del hotel y amenazando a las personas presentes. Uno de ellos, que vestía una camiseta azul, apuntó con un arma de fuego a un empleado del hotel, quien terminó entregándole su anillo de bodas. En la escena también se encontró una mujer con un niño en brazos, mientras otros testigos observaban el asalto en estado de shock. El atraco se desgasta poco más de un minuto. Según el informe policial, a Saucedo le robaron un reloj marca Bulova, valorado en unos 600 dólares, dos teléfonos celulares, una llave de automóvil, 500 dólares en efectivo y otras pertenencias, tanto suyas como de su familia y de otras personas que se encontraban en el lugar. Tras el incidente, el magistrado cuestionó la situación de seguridad en Brasil y el impacto del asalto en su familia. “Tengo mucho cariño por Brasil, pero el gobierno ha desatado la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. La criminalidad no tiene fronteras. Me tocó, frente a mis hijos, ser víctima y que tres niños tengan que soportar tener enfrente a un cobarde con un arma de fuego”, manifestó. Saucedo también criticó la respuesta de las autoridades brasileñas y afirmó que, pese a la existencia de cámaras de seguridad, aún no se ha dado una respuesta concreta.  La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo (SSP-SP) informó que el caso es investigado como robo por la Comisaría de Guarujá, aunque hasta el momento no se logró identificar a los autores. En tanto, la Alcaldía de Guarujá indicó que no fue notificada oficialmente sobre la presencia del presidente del TSJ en la ciudad, confirmando que se trataba de un viaje de carácter privado y no de una visita oficial. Los jueces y funcionarios judiciales de Bolivia iniciaron el viernes su período de vacaciones de fin de año, que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026. (CORREO DEL SUR)

El municipio de Porongo, ubicado a unos 18 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se declaró este domingo como zona de desastre, como consecuencia de los destrozos ocasionados por las lluvias y la crecida del río Piraí, que dejó al menos una persona fallecida y un desaparecido. La determinación fue anunciada por el alcalde, Neptaly Mendoza Durán, en una conferencia de prensa en la que informó sobre las graves perdidas que sufre este municipio y la necesidad que tiene de recibir el apoyo del gobierno departamental y del gobierno nacional para atender a los damnificados, lo que será posible con la declaratoria. “Ya hay pérdida de vidas humanas. Tenemos ya el fallecimiento de un compañero nuestro, de un comunario en la comunidad de Agua Dulce, y también tenemos un desaparecido en la comunidad de Nueva Pelestina. Es lo que nos ha permitido que, después de todo el análisis y habiendo conocido todos los problemas que hay en nuestra región, se ha decidido declarar zona de desastre al municipio de Porongo”, informó. Anunció, además, que ya se realizan los operativos para llevar ayuda a los habitantes de las zonas afectadas, algunas de las cuales quedaron sin los servicios de luz y de agua potable. En redes sociales, la cuenta denominada “Jovenes de Porongo”  informó que la matriz de agua potable fue afectada en unos 70 metros. “Un dato esencial, estuvimos coordinando con el Comité de agua de la Comunidad y aún falta cuantificar con precisión los metros exactos, pero hasta ahora, explorando los lugares donde el río destrozó la matriz de agua, hay un cálculo de 70 metro de matriz de agua por reparar”, se lee en un post publicado en este grupo. La crecida de aguas del río Piraí afectó otros municipios de Santa Cruz, como El Torno, que también se declaró como zona de desastre luego de reportar que habrían al menos cuatro muertos y unas 600 familias afectadas. (VISIÓN 360)