El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó hoy ante la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa para catalogar el bloqueo de carreteras y calles como un delito de carácter grave. La propuesta busca incrementar las penas privativas de libertad para los infractores y proporcionar un marco legal más sólido a las fuerzas de seguridad durante las operaciones de despeje de vías.
El proyecto de ley establece que quienes participen en la interrupción del tráfico vehicular afrontarán condenas de tres a seis años de cárcel. Las sanciones se endurecen para los promotores, organizadores, instigadores o financistas de estas medidas de presión, quienes arriesgan penas de cinco a ocho años de prisión. Si los bloqueos desencadenan actos violentos contra la propiedad o las personas, la pena máxima podría incrementarse hasta 20 años, con posibilidad de acumularse a otros delitos hasta el límite constitucional de 30 años.
Un elemento clave de la propuesta es la exención de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria y civil para policías y militares que intervengan de manera legal, necesaria y proporcional en las labores de desbloqueo. Además, el texto permite la actuación conjunta de las fuerzas del orden en áreas de alta conflictividad, garantiza el suministro de equipo adecuado y autoriza el uso de herramientas legítimas si existe peligro para la vida o integridad de los efectivos. La ley también impone la responsabilidad solidaria a los infractores para cubrir los daños y perjuicios ocasionados, y busca anular la Ley 1341 de 2020 sobre la regulación de estados de excepción.
(LA PRENSA)
