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72 horas después de que se destapó el escandaloso caso del ingreso irregular de 32 maletas por el Aeropuerto Internacional de Viru Viru que involucra a una exdiputada y a un juez, se pronunció el Gobierno nacional, por intermedio del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. El viceministro respondió un cuestionario de preguntas a EL DEBER, en el que aseguró que el silencio que guardó el Gobierno fue “por responsabilidad”, puesto que se evitó interferir en la investigación que desarrolla la Fiscalía y Policía. 1.- ¿Por qué el Gobierno guardó silencio más de 72 horas? Porque hablar antes habría significado interferir en una investigación en curso. El silencio fue responsabilidad, no complicidad. 2.- ¿El Gobierno protegió al juez Heberth Z.? No. Si hubiera protección, no habría declaración, no habría allanamientos y no habría medidas. Los hechos demuestran lo contrario. 3.- ¿Hay más funcionarios involucrados? Eso lo determinará la investigación. Lo que está claro es que no hay intocables. 4.- ¿El caso de las maletas está conectado con el del juez? Esa es una hipótesis que se investiga. No adelantamos conclusiones que corresponden a la Fiscalía. 5.- ¿Por qué recién se pronuncian ahora? Porque ahora hay hechos verificables. Antes hubiera sido una imprudencia. 6.- ¿Este caso afecta la imagen del Gobierno? Lo que afecta a un Gobierno es encubrir. Actuar con la ley fortalece la institucionalidad. 7.- ¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía? Que en este país no hay cargo, pasaporte o fuero que esté por encima de la ley. Pronunciamiento de la Cancillería Este pronunciamiento del Gobierno se da luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la anulación de oficio del pasaporte diplomático de la exdiputada suplente Laura R. A., quien fue citada a declarar en calidad de testigo por el ingreso de las 32 maletas a Viru Viru, proveniente de un vuelo privado desde Estados Unidos. La Cancillería informó este jueves que inició acciones penales por el uso ilícito de documentación diplomática contra la exdiputada, tras detectarse la portación y utilización de un pasaporte diplomático anulado para evadir controles aduaneros en un vuelo chárter privado que arribó al país con 32 maletas. De acuerdo con el comunicado oficial, el pasaporte diplomático fue otorgado el 8 de septiembre de 2022 a solicitud de la Cámara de Diputados y condicionado al ejercicio del cargo. Al concluir su función parlamentaria, la exautoridad debía devolver obligatoriamente el documento; sin embargo, omitió su restitución pese a gestiones formales y a un compromiso firmado, incurriendo en una irregularidad. Ante ello, la Cancillería anuló de oficio el pasaporte y reportó la medida el 13 de noviembre de 2025 ante Interpol y la Dirección General de Migración, dejando el documento invalidado para cualquier tránsito fronterizo o uso oficial. El ministerio remarcó que usar un pasaporte diplomático anulado o invocar prerrogativas estatales inexistentes para eludir controles constituye un hecho sujeto a investigación y sanción, además de las responsabilidades que pudieran derivarse por la carga transportada. La Cancillería instruyó a su Dirección General de Asuntos Jurídicos iniciar de inmediato las acciones penales correspondientes y exhortó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a profundizar la investigación sobre cómo se permitió el ingreso de la exautoridad y de las 32 maletas sin la debida fiscalización en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, pese a una alerta previa emitida por esta cartera de Estado. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia y advirtió que no tolerará el uso de instrumentos oficiales ni privilegios diplomáticos para encubrir intereses particulares o posibles actividades ilícitas. Este viernes, fue aprehendido el juez Heberth Z. por el delito de tráfico de sustancias controladas, pues se lo sindica de ser propietario del galpón de la empresa de seguridad en la que se secuestró varias maletas con 79 kilos de marihuana. Por este mismo caso, debe declarar en calidad de testigo la exdiputada Laura R. el lunes. Las investigaciones continúan bajo dirección fiscal, mientras distintas instituciones del Estado aseguran que coadyuvan para esclarecer responsabilidades y determinar cómo se permitió el ingreso del equipaje sin los controles de rigor. (EL DEBER)

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este miércoles 28 de enero a un ampliado nacional con el objetivo de evaluar el proyecto de ley antibloqueos que se tramita la Asamblea Legislativa Plurinacional. El encuentro se desarrollará en la ciudad de Sucre y reunirá a representantes de distintas organizaciones afiliadas a la COB. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Marcelo Torres, confirmó la realización del ampliado tras una reunión con el ejecutivo nacional de la COB, Mario Argollo. Asimismo, Torres indicó a Urgente,bo que los bloqueos y movilizaciones forman parte de las conquistas históricas del pueblo cuando no encuentra respuesta del Estado a sus demandas. Torres advirtió que no permitirán que estas formas de protesta sean criminalizadas y cuestionó que se pretenda penalizar la movilización social. “Esta intención refleja la falta de capacidad de diálogo por parte de las autoridades” dijo y planteó que el tema sea sometido a un referéndum para que la población decida. De acuerdo con la convocatoria, el ampliado iniciará a las 8:00 en el auditorio de la Villa Bolivariana, con la participación de confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales. En el Legislativo se analizan tres proyectos de ley relacionados con los bloqueos, cuyo tratamiento fue postergado para la primera semana de febrero, con el fin de socializar la propuesta ante el rechazo de varios sectores. (CORREO DEL SUR)

Luego de que la Cámara de Diputados observara en dos oportunidades a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz por la elevación de ternas para la designación de vocales electorales, desde esta instancia departamental se rechazó y criticó dichas observaciones, señalando un trato desigual en comparación con otros departamentos. La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz expresó su molestia ante las observaciones realizadas por la Cámara de Diputados, las cuales derivaron en el rechazo de las ternas remitidas para la designación de vocales electorales departamentales. Según la ALD, La Paz sería el único departamento sometido a una revisión exhaustiva en cuanto a los puntajes obtenidos por los postulantes. Desde la instancia departamental señalaron que las observaciones carecen de fundamento y advirtieron que este proceso estaría generando retrasos innecesarios en la conformación plena del Tribunal Electoral Departamental. Asimismo, cuestionaron que no se aplique el mismo criterio de evaluación a otras asambleas legislativas del país. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Son 15 convenios con seis diferentes países que se habrían firmado por parte de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) durante las gestiones de Luis Arce Catacora y el último periodo de Evo Morales, con el fin de generar explotación de este mineral en cuatro salares de nuestro país, entre ellos Uyuni y Coipasa; sobre esto las y los legisladores exigen al Ministerio de Hidrocarburos que transparente la información de estos acuerdos. El problema radica en que desde este ministerio se informó que se mantendrían los contratos y convenios que fueron realizados en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para las y los diputados, además de senadores de las distintas fuerzas políticas, se debe aclarar bajo qué términos se llegaron a estos acuerdos y cuál el beneficio para nuestro país. Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), las Alianzas Unidad y Libre, afirman que todos los datos, debe ser emitidos por las diferentes carteras de Estado; sin embargo, acceder a ese tipo de información se hizo muy difícil en el último tiempo. Solo desde la Comisión Economía Plural, en Senado, se remitieron 140 Pedidos de Informe Escrito (PIE) a diferentes instancias del Estado, además del central, también a los gobiernos subnacionales, de los cuales solo dos alcaldías han respondido a los requerimientos, lo que mostraría una falta de acceso a información de las y los legisladores ante instancias como los ministerios de Economía, Gobierno y Presidencia. Antes del cambio de gobierno, en noviembre de 2025, algunos legisladores de la entonces alianza entre Comunidad Ciudadana y Creemos cuestionaron los contratos y los convenios para la explotación de litio, asegurando que no representaban beneficios para Bolivia en términos económicos. RAMIRO CHARCAS PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Justiniano, y su hermano presentaron una acción de protección a la privacidad en contra del vicepresidente Edmand Lara por sus declaraciones y este jueves la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concedió tutela en favor del ministro. “Se ha dañado la honra reputación y dignidad de los accionantes. Por ello, considero que se debe conceder la tutela en este primer punto”, señaló el vocal de la Sala Constitucional Alain Núñez y explicó que la tutela se concede debido a las declaraciones que hizo Lara en sus redes sociales. Asimismo, la vocal Carla García pidió responsabilidad a las autoridades por lo que se publica en redes sociales. “Debemos ser responsables por el impacto de las redes sociales, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada en la presente acción de protección de privacidad”, dijo. (URGENTE.BO)