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La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, destituyó a todos los integrantes de la Junta Nacional de Ciencias de Estados Unidos, conocida oficialmente como National Science Board, un organismo independiente creado hace más de siete décadas para supervisar y asesorar políticas científicas y tecnológicas del país. La información fue confirmada por dos integrantes removidos del organismo en declaraciones difundidas por la agencia Reuters. Según explicaron, los 22 miembros actuales recibieron el pasado viernes un correo electrónico notificando que quedaban fuera del consejo “con efecto inmediato”, sin que se les informara una razón específica para la decisión. La National Science Board fue creada en 1950 como un órgano independiente encargado de orientar la gobernanza de la National Science Foundation (NSF) y asesorar tanto al presidente estadounidense como al Congreso en asuntos relacionados con ciencia, tecnología e ingeniería. El organismo estaba conformado por más de 20 especialistas designados para periodos de seis años. Entre sus integrantes había representación de: La función principal de la junta consistía en emitir recomendaciones sobre investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico en Estados Unidos. Qué dijeron los miembros despedidos por el Gobierno de Trump Una de las integrantes removidas, Yolanda Gil, investigadora del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, confirmó que todos los miembros fueron destituidos simultáneamente. Otro de los miembros separados del cargo, Keivan Stassun, académico de la Universidad de Vanderbilt, afirmó que el movimiento no le sorprendió debido a otras decisiones tomadas recientemente por la administración Trump respecto a organismos federales y científicos. “Al ver acciones similares de la Administración en todo el Gobierno federal y especialmente respecto a la investigación científica, parecía solo cuestión de tiempo”, señaló Stassun. El académico también confirmó que el correo enviado el viernes no incluía explicación alguna sobre la decisión. Expertos hablan de presión sobre instituciones independientes Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, distintos especialistas y analistas políticos han advertido sobre presiones crecientes hacia organismos independientes dentro del Gobierno federal. Expertos citados por medios estadounidenses consideran que la actual administración busca reorganizar instituciones mediante: La salida completa de la Junta Nacional de Ciencias ocurre en medio de debates sobre autonomía institucional, investigación científica y control político en agencias federales. Qué respondió la Casa Blanca tras la destitución de la Junta Nacional de Ciencias Luego de que se conociera la destitución masiva, la National Science Foundation remitió preguntas directamente a la Casa Blanca. Un funcionario del Gobierno estadounidense declaró que las atribuciones otorgadas a la junta cuando fue creada por el Congreso podrían requerir actualizaciones. La administración también aseguró que el trabajo de la National Science Foundation continuará operando sin interrupciones pese a la salida de todos los integrantes del consejo asesor. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado si habrá nuevos nombramientos inmediatos ni cuándo se integrará una nueva junta. La remoción total de la National Science Board ha generado preocupación entre sectores académicos y científicos debido al papel estratégico que desempeña el organismo dentro del sistema de investigación de EEUU. El consejo participaba en discusiones relacionadas con: La decisión también ocurre en un contexto donde Estados Unidos mantiene competencia tecnológica global con países como China en áreas vinculadas con inteligencia artificial, semiconductores, energía y desarrollo científico. Aunque la administración de Donald Trump sostiene que la operación de la National Science Foundation seguirá funcionando normalmente, la destitución de los 22 integrantes de la Junta Nacional de Ciencias ya abrió un nuevo debate en EEUU sobre independencia institucional, ciencia y control político dentro del Gobierno federal. AGENCIAS

El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo plan para obligar a gigantes tecnológicos como Google, Meta o TikTok a pagar por contenidos informativos, mediante un gravamen del 2,25 % sobre sus ingresos locales si no alcanzan acuerdos con medios de comunicación. La medida, anunciada hoy por el Ejecutivo de Anthony Albanese, forma parte del borrador legislativo del denominado Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias (NBI, por sus siglas en inglés), abierto a consulta pública hasta el 18 de mayo, y busca reemplazar el actual sistema de negociación con plataformas digitales, considerado insuficiente por el Gobierno. Según el esquema propuesto, las grandes plataformas podrán evitar el impuesto si firman acuerdos comerciales con editores de noticias, con incentivos adicionales para pactos con medios más pequeños. El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico. El plan responde a la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda, donde, según el Ejecutivo, las plataformas se benefician del contenido periodístico sin compensar adecuadamente a sus creadores. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió en una rueda de prensa que «es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo». El nuevo modelo se aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) y una amplia base de usuarios en el país, lo que actualmente incluye a las principales tecnológicas globales. En caso de que las plataformas opten por no firmar acuerdos, los fondos recaudados mediante el gravamen serían redistribuidos entre los medios, en función de criterios como el empleo de periodistas. El Gobierno sostiene que la iniciativa es clave para garantizar la viabilidad del periodismo y preservar un ecosistema informativo diverso, considerado esencial para el funcionamiento democrático del país. VISIÓN 360

Por Federico Rios Fue durante mi tercera visita a La Mandinga, una mina de oro controlada por un cartel de la droga colombiano, cuando comprendí hasta qué punto habían fracasado las instituciones que se supone que deben impedir la minería ilegal. La mina colindaba con una base militar colombiana. ¿No les preocupaba operar tan cerca de las autoridades? Después de todo, la mina financiaba al tristemente célebre cartel del Clan del Golfo. A mí, y a mis colegas, un minero nos dijo que la operación se había extendido incluso más allá de la línea del perímetro militar y que los trabajadores extraían oro directamente en la base. “Si quiere vuele el dron y mire”, dijo el minero. Así lo hicimos y las imágenes eran claras: mineros con mangueras de alta presión estaban destrozando una zona boscosa de la base, sede del Batallón Rifles 31, una unidad militar colombiana. Pudimos ver lo que parecía ser un límite, pero no había rastro de una cerca que separara la base de La Mandinga. Tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base. Eso no tenía sentido. Los generadores diésel de una mina en funcionamiento son ensordecedores y, por las imágenes de satélite, pudimos ver que las minas se habían extendido hasta unos 137 metros de la piscina privada y las dependencias de la base. El coronel Echeverry me invitó a la base para hablar, así que fui. Me dijo que en los seis meses que llevaba al mando había tenido conocimiento de los mineros ilegales de al lado, pero señaló que el ejército dudaba en emprender acciones armadas contra civiles, aunque estuvieran cometiendo delitos. Sin embargo, insistió en que los mineros no estaban en la base. Como periodista, no me dedico a conducir a las autoridades al lugar de una actividad delictiva. Nunca quiero formar parte de la historia. Pero estaba frente a un coronel que negaba, oficialmente, lo que había visto con mis propios ojos. Así que le pregunté si podíamos dar un paseo. Podía oír los generadores a lo lejos. Al cabo de cinco minutos, el bosque se abrió a un panorama de tierra removida y pozos fangosos. Mineros con mangueras de alta presión estaban realizando una operación ilegal de extracción de oro a gran escala, tal como habíamos visto desde el cielo. El coronel Echeverry se quedó helado. “Esto es en terrenos de la base”, dijo y les ordenó a los mineros que se marcharan. “Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”, gritó. No sé si los mineros habían estado trabajando allí subrepticiamente o si se habían puesto de acuerdo con alguien de la base. En cualquier caso, esperaba que se dispersaran. En lugar de eso, gritaron obscenidades y siguieron trabajando. Como estábamos en una base militar, los refuerzos estaban cerca. Llegaron soldados con bidones de gasolina. Rociaron el equipo minero y le prendieron fuego. “No, ya nos vamos, no queme el motor, no tienen por qué quemar los motores”, gritó un minero que trabajaba en calzoncillos. Maldijo a los soldados antes de agarrar su oro y salir corriendo. Algunos mineros sacaron machetes. Otros lanzaron piedras. Los soldados empezaron a cortar mangueras con motosierras. Los trabajadores intentaron rescatar su equipo y apagar las llamas con baldes de agua fangosa de los pozos dejados por la misma minería. Los mineros deben pagar al grupo armado ilegal Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga. Estaba claro que, en lo que respecta a muchos de ellos, creían que ese derecho se extendía hasta el lugar donde nos encontrábamos, fuera o no propiedad militar. Un minero amenazó al coronel con un palo. Luego nos roció a los soldados y a mí con gasolina y gritó: “Nos vamos a prender todos, nos vamos a prender”. El coronel dijo que era hora de irse. Los soldados y yo nos retiramos. El coronel Echeverry parecía conmocionado. Supervisa a unos 800 hombres que se encargan de reprimir al clan y a otros grupos armados de la zona. El comercio del oro permite que esos grupos tengan un gran número de armas a su disposición y mantengan el control de la región. No había ido a La Mandinga para informar sobre la base militar. Fui porque me había enterado que el oro del Clan del Golfo estaba llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de las leyes que exigen que la Casa de la Moneda solo compre oro extraído en Estados Unidos. Al principio, Echeverry tuvo ante mis hallazgos la misma reacción que habían mostrado muchos otros en la cadena de suministro de oro. Al igual que la Casa de la Moneda, sus proveedores y los exportadores que envían el oro a Estados Unidos, Echeverry había insistido en que era imposible que el oro ilícito circulara delante de sus narices. Cuando le mostré las pruebas, dijo, como todo el mundo, que estaba sorprendido y prometió tomar medidas enérgicas. Eso me dejó con una duda: para nosotros fue muy fácil localizar ese oro. ¿Quizá los demás ni siquiera lo estaban buscando? REPORTAJE DE NEW YORK TIME