Bolivia

La inspección técnica programada para el 9 de febrero en Chiquiacá y la audiencia pública del 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos han sido postergadas tras la solicitud del Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, quien argumentó que los tiempos no fueron suficientes para que las entidades demandadas y Petrobras presentaran informes en la Acción Ambiental Precautoria que busca detener el proyecto Domo Oso X-3. El 29 de enero, el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero amplió el plazo de 10 a 20 días hábiles para la presentación de informes y dejó sin efecto las fechas de audiencia. La resolución señala que la Procuraduría fue citada el 27 de enero, cuando el plazo original ya estaba vencido, y que las comunidades de Chiquiacá aún no han sido citadas como terceros interesados. León La Faye argumentó que la notificación llegó 11 días después del Auto Interlocutorio, que la sede de la Procuraduría está en El Alto y que el caso es “complejo, de relevancia e interés social”. Solicitó “tiempos razonables” invocando el “principio de igualdad procesal” y el derecho a la defensa. “Una estrategia dilatoria” El Comité de Defensa de Tariquía cuestiona la postergación. “Evidentemente este tipo de accionar genera mucha susceptibilidad en la población. La información en controversia tiene muchas observaciones de legalidad, transparencia y legitimidad”, señala un defensor. “Se diría que es una estrategia para permitir que Petrobras y YPFB Chaco avancen con las obras mientras extienden el proceso judicial”, afirma. “Los documentos que se les solicitaron los tienen a mano. No hay motivo para tardar tanto”. Juan Mendoza, del Comité de Defensa, denunció que, pese a la orden judicial de paralización, “trabajadores de Petrobras llegan en horas de la noche” a comunidades de Chiquiacá para reunirse con dirigentes pro-petroleros, profundizando la división interna. “De momento no están trabajando con maquinaria, pero sí operando con autoridades y dirigentes que apoyan el ingreso de las petroleras”. Medida cautelar cuestionada El Auto Interlocutorio del 16 de enero dispuso pausa de 30 días en el proyecto Domo Oso X-3, ampliada por 10 días más a solicitud del Procurador. Sin embargo, defensores denuncian que vehículos y personal siguen ingresando a la zona. Tras la medida cautelar, los comunarios levantaron el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, aunque permanecen en estado de alerta. Las nuevas fechas de audiencia “serán señaladas una vez las instituciones demandadas remitan sus informes o venza el plazo otorgado”. Contexto La Acción Ambiental Precautoria fue presentada por el Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro contra el Ministro de Hidrocarburos, el Ministro de Medio Ambiente, el Viceministro de Medio Ambiente y el presidente de YPFB. El 6 de enero, un convoy de 13 vehículos de Petrobras escoltado por 40 policías ingresó al pozo Domo Oso X-3 en Chiquiacá, sobrepasando el punto de vigilia comunario. Este hecho desencadenó movilizaciones y la acción judicial. La Fiscalía activó un segundo proceso penal contra 17 personas (16 comunarios y un concejal) por asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo, a denuncia del asesor de Petrobras y YPFB. El 26 de enero, el Ministerio Público emitió resolución de rechazo a favor de todos los procesados. Petrobras tiene cinco días para objetar; si no lo hace, el proceso quedará cerrado. Un primer proceso penal de 2024 está en etapa de juicio. La Reserva de Tariquía (246.870 hectáreas) alimenta con agua al valle central tarijeño. El pozo Domo Oso X-3 está a 1,5 km fuera de los límites formales, pero organizaciones ambientales advierten que impacta el ecosistema completo. Las 22 comunidades resisten desde 2018 y denuncian consulta fraudulenta. EL PAÍS DE TARIJA

El médico Jhiery Fernández, protagonista de uno de los casos más emblemáticos de injusticia en Bolivia, denunció un nuevo episodio de encubrimiento judicial luego de que jueces decidieran apartar al exfiscal Edwin Blanco del proceso iniciado en su contra por las irregularidades cometidas en el denominado caso bebé Alexander. Según Fernández, esta decisión confirma la persistencia de un sistema que protege a quienes vulneraron derechos fundamentales desde el poder. “Los pasillos judiciales son pasillos del infierno. Ahí no se busca justicia, se ejecutan decisiones políticas”, afirmó al recordar que Blanco, entonces fiscal departamental de La Paz, “orquestó y armó” el proceso penal que lo llevó a pasar casi cuatro años en prisión por un delito que no cometió. Fernández cuestionó que, pese a las denuncias presentadas ante el Ministerio de Justicia, el sistema terminó “premiando” a Blanco, quien en 2021 fue designado juez de Sentencia. “Mis denuncias evitaron que sea Fiscal General, pero el sistema le devolvió el favor dándole un juzgado”, señaló en el programa Sin Concesiones de radio Fides. Críticas al Ministerio de Justicia El galeno calificó al anterior Ministerio de Justicia como un “brazo operativo de opresión”, que no buscaba esclarecer la verdad sino presionar y hostigar a jueces para que actúen conforme a los intereses políticos de turno. “No era un ministerio para garantizar derechos, era un mecanismo de control”, denunció. Falta de reparación Aunque recuperó su libertad en 2018 tras revelarse un audio en el que la jueza Patricia Pacajes admitía que lo condenó sin pruebas, Fernández lamentó que hasta hoy no ha recibido resarcimiento económico ni reparación integral por los años que pasó encarcelado injustamente. “Mi vida fue destruida y el Estado no ha hecho absolutamente nada para reparar ese daño”, expresó. Acciones internacionales Ante la exclusión de Blanco del proceso y los recientes reveses judiciales, Fernández anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos y la violencia institucional ejercida en su contra. Subrayó que su lucha busca visibilizar la situación de miles de personas que permanecen en detención preventiva sin sentencia, en condiciones precarias y sin acceso real a la justicia. Antecedentes El caso se remonta a noviembre de 2014, cuando murió el bebé Alexander en una casa de acogida de La Paz. Pese a la falta de pruebas científicas, el Ministerio Público, encabezado por Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, acusó a Fernández de violación seguida de muerte. En 2018 fue condenado a 20 años de prisión, hasta que un audio filtrado reveló que la jueza reconocía su inocencia, lo que derivó en su liberación. Posteriormente, se iniciaron procesos contra Blanco y Boyán por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, las audiencias fueron postergadas reiteradamente y ahora, con la exclusión de Blanco, resurgen las denuncias de impunidad y encubrimiento en uno de los casos más graves de la justicia boliviana. ANF

El exviceministro de Régimen Interior y Policía, René Calla, aseguró que no tenía conocimiento del caso maletas hasta que el operativo se hizo público en redes sociales y rechazó la versión de que habría informado sobre el tema el 15 de diciembre. “Yo no le informé a nadie porque no sabía nada. Entonces, ¿qué podía informarle al Ministro (Oviedo)? (…) De ese tema nunca hemos hablado. En algunos momentos, podía tomarme unas cuatro o cinco tazas de café esperando para que me reciba. Y no me recibió”, afirmó la exautoridad a ERBOL. Calla reiteró que recién se enteró del caso cuando la intervención se difundió en redes sociales, que según la Fiscalía, se realizó el 20 de enero y recién el lunes 26 de enero se dio a conocer ampliamente. “Yo esa noche le escribo al Viceministro de Seguridad Ciudadana para decirle que al día siguiente verifique en el sistema que si esa empresa es legal o es ilegal”, reveló. Así Rolando Montaño, quien ocupa el cargo mencionado, confirmó a los medios que la empresa de seguridad vinculada a un juez carecía de registro de funcionamiento. Agregó que cuando ocurrió el ingreso de las maletas, entre el 29 y 30 de noviembre, él se encontraba en Quito en representación del país en la Comunidad Andina de Naciones, y que retornó a Bolivia entre el 4 y 5 de diciembre. Por ello, ratificó que no le llegó información y presume «que todo fue enviado directamente al ministro de Gobierno». El 28 de enero, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la destitución del viceministro de Régimen Interior y Policía, René Calla, por una “estructuración” en esa cartera de Estado. Y ese mismo día también confirmó a los medios que se conocia del caso maletas, pero que no se divulgó por «silencio institucional», “Efectivamente, el Gobierno, el Ministerio de Gobierno, recibió esta información la primera semana del mes de diciembre. Producto de eso es que se instruyó a los organismos dependientes de la Policía Boliviana, Inteligencia y FELCN para que hagan las investigaciones correspondientes (…) Nosotros hemos conservado una reserva del caso por responsabilidad, para que las investigaciones vayan avanzando y den resultados”, dijo Oviedo «Con respecto al exviceministro Calla, él indica que el 15 de diciembre me había dado esta información (sobre el caso maletas). Es mentira. Es mentira, mentira porque el 15 de diciembre de la investigación ya estaba en curso. Debe ser que se ha sido desafectado por razones de estructuración y que estamos iniciando en todo el ministerio”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa. Oviedo posesionó el 29 de enero a Hernán Paredes Muñoz como nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, reveló el 27 de enero , en declaraciones a Radio Panamericana, que su Gobierno manejaba información del caso maletas tiempo atrás, antes que estalle el bullado tema. La Fiscalía de Santa Cruz investiga al menos a siete personas, entre ellas tres con detención preventiva. El caso además salpica a instituciones como la Aduana Nacional, cuyos funcionarios también son investigados por el rol de control que tuvieron para verificar las 32 maletas que fueron objeto de evasión de controles y que hasta el momento, según varios medios de prensa, «no se sabe dónde están y que contenían en su interior». ¿CÓMO NACIÓ EL CASO? Una alerta interna detectó que un vuelo chárter que arribó a Viru Viru, en Santa Cruz, procedente de Los Ángeles/Miami (Estados Unidos), ingresó al país con 32 maletas que evitaron los controles rutinarios en ese aeropuerto. El arribo se produjo el 29 de noviembre de 2025. Las maletas fueron declaradas como de propiedad de Laura Rojas, exdiputada de Creemos. Se informó que las maletas fueron retiradas del aeropuerto el 30 de noviembre por la mencionada, quien evitó los controles utilizando un pasaporte diplomático. “Nunca pasaron por el escáner. Ni el día de su llegada ni el día de su retiro”, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La autoridad relató que Rojas retiró las maletas con apoyo de un agente de una empresa privada y que estas fueron llevadas a un galpón perteneciente a una empresa en esa urbe. ¿CUÁNTOS SON LOS INVESTIGADOS? Uno de los primeros aprehendidos fue el juez Hebert Zeballos, propietario del galpón. Se informó que las 32 maletas fueron llevadas a ese lugar, aunque allí no se encontraron, sino más de 70 kilos de marihuana e incluso una máquina procesadora de esta sustancia controlada. Zeballos cumple detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola por el caso maletas. Roy Rony P. R., encargado de vigilancia de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., de propiedad de Zeballos, también fue enviado con detención preventiva por 180 días a Palmasola. Rojas es la tercera persona con detención preventiva. La exdiputada declaró en las últimas horas y, tras su audiencia, se dictó 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola por tres delitos: tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Asimismo, se conoce que hay otras personas aprehendidas vinculadas al juez Zeballos que esperan su audiencia cautelar. En la jornada fueron puestos a disposición de la justicia un representante legal y un socio capitalista de Zeballos. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el ciudadano extranjero Gabriel Giuliano, acompañante de la exdiputada Laura Rojas en el vuelo chárter donde se transportaron 31 maletas cuyo paradero no se conoce y cuyo contenido no fue aclarado. ERBOL, URGENTE BO Y OXÍGENO