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Avasalladores

A 3 años del caso ‘Las Londras’, hay impunidad y soledad

Cuando se cumplen tres años de uno de los peores agravios que ha sufrido la prensa  boliviana , durante el secuestro y tortura de seis periodistas en Las Londras, provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz; se puede observar impunidad, soledad y el riesgo que el proceso pueda quedar extinguido. Cabe recordar que desde el 28 de octubre de 2021 , cuando hombres y mujeres de prensa realizaban una cobertura sobre avasallamientos de tierras en la zona , fueron atacados por encapuchados armados que los mantuvieron cautivos por seis horas y los sometieron a una calle de la amargura que ahora nubla la memoria de los afectados que están cansados de ver que desde el inicio del hecho, hay una sospechosa falta de intencionalidad del gobierno de turno para esclarecer el caso , pues las fuerzas del orden ingresaron al lugar 48 horas después y luego, durante la tramitación del proceso judicial, en dos ocasiones cambiaron a los fiscales del caso y también a los policías encargados de la investigación Por si ello fuera poco, las autoridades judiciales dejaron en libertad a los principales acusados, sin considerar su alto grado de peligrosidad, situación que posteriormente se demostró cuando, con el mismo “modus operandi”, encapuchados y fuertemente armados, participaron en otros avasallamientos de tierras en la misma zona y que; por más de 15 veces se suspendieron las audiencias , cuando pedimos que se revoque la libertad de los señalados como responsables que fueron beneficiados con arresto domiciliario y sin escoltas, y nos quedamos esperando que las Fuerzas Armadas puedan realizar un barrido en la zona, pues se trata de un grupo de subversivo que actúa al estilo de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) paramilitares de México o el mismo Sendero Luminoso del Perú. Pero la inacción fue el elemento ordenador y los encapuchados se sacaron sus máscaras y se dieron el lujo de convocar a conferencias de prensa en San Julián y a bloquear la carretera durante 4 días, exigiendo que “cese la persecución” hacia ellos y que retiren el libro “Periodismo Vs. Terramafia”, en el que revelamos una cruda realidad: que los avasallamientos de tierras son apadrinados por el gobierno socialista de turno, como parte de una política de otorgar premios a su militancia, como lo denunciara muchas veces, la ONG, Fundación Tierra, institución que también dio otro dato revelador: que el 95% de las tierras que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorga oficialmente en Santa Cruz, tiene como beneficiarios a miembros de sus grupos afines, que son la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de  Bolivia, las mujeres Bartolinas y los llamados Interculturales, dejando apenas un 5% para los comunarios, estantes y habitantes de Santa Cruz Así llegamos a estos tres años de impunidad ,estancados en que, a pesar de la imputación formal contra 5 personas, no se da inicio al juicio oral con el pretexto de que no pueden notificar a los cinco encausados y que incluso se ha llegado al extremo de pedir a las víctimas que lo hagan, sin tomar en cuenta la peligrosidad que eso implica y sin considerar que las autoridades competentes pueden realizar los avisos judiciales, por vía digital o cuando los procesados vayan a estampar su firma a la Fiscalía, pues tienen arresto domiciliario y deben concurrir al Ministerio Público cada semana, como parte del acuerdo para que sean dejados en libertad. Ante esa situación queremos hacer un llamado al gobierno del presidente Luis Arce, al Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Gobierno para que se haga justicia, pues lamentablemente un caso que provocó la unidad de los periodistas, hoy solo tiene a uno de los secuestrados. Percy Suárez, luchando en soledad, enfermo y para colmo de todo, despedido de su trabajo y con plazos judiciales fatales, pues un proceso penal tiene 3 años de duración y corre el riesgo de extinguirse. Queremos reiterar que el periodismo boliviano tiene las heridas abiertas y que insistiremos ante los organismos internacionales hasta conseguir que se haga justicia, pues gracias a la ONG, Unitas, hemos acordado en un reciente Congreso sobre Libertad de Prensa, realizado en Cochabamba, que vamos a replantear el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) que a pesar de haber abierto un caso contra el  Estado boliviano, parece tener congelado el proceso. (Eju.Tv)

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Avasalladores provocan incendios en Guarayos para apropiarse de tierras

Después de presentar una denuncia ante la Autoridad de Bosques y Tierra, la mañana del 11 de septiembre, tras ingresar a su propiedad, René Castedo -junto a acompañantes y representantes de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)- vieron cómo la infraestructura en su propiedad había sido dolosamente vandalizada e incendiada de manera intencional. Los avasalladores hicieron boquetes en los cielos falsos de los dormitorios de sus trabajadores, y allí aplicaron diésel mezclado con aceite quemado para prender fuego a los techos de las viviendas. “Por protección divina, yo creo, no ardieron los techos y tampoco todos los horcones y más bien quedó toda la evidencia de los actos dolosos causados por los delincuentes”, expresa el ganadero que tiene derecho propietario sobre las tierras que ocupa para sus labores productivas desde hace 25 años. En los últimos años, los incendios forestales en Bolivia aumentaron de forma alarmante, devastando inmensas áreas del territorio. Sin embargo, cada vez más reportes indican que muchos de estos incendios no son simplemente el resultado de fenómenos naturales o accidentes, sino que están siendo provocados con fines específicos. En muchos casos, el fuego se ha convertido en una herramienta para tomar el control de tierras de forma intencional, facilitando la apropiación ilegal. A pesar de haber obtenido un fallo favorable en el año 2008 del Tribunal Agroambiental Nacional, que reconocía sus derechos sobre el terreno, de manera inexplicable su proceso de saneamiento en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se prolongó desde entonces y no concluye hasta la fecha con artimañas procesales que dilatan la titulación de la propiedad. Castedo narra que estos actos solo fueron el inicio de otros hechos graves y delictivos. Asimismo, tuvo que comenzar a monitorear su propiedad mediante imágenes satelitales y, gracias a ello, logró detectar incendios provocados de manera intencional cerca de sus tierras. Los grupos delictivos tomaron su propiedad en diversas oportunidades; lo que lo llevó a presentar denuncias ante las autoridades competentes hasta la emisión de una orden de desalojo, que se ejecutó en diciembre de 2022. Pero en los últimos años, la situación se ha vuelto más crítica, puesto que los grupos irregulares comenzaron a amenazar a sus trabajadores y a obstaculizar el acceso a la propiedad, derribando árboles para impedir el ingreso. Los avasallamientos de tierras han aumentado con un modus operandi claro y agresivo que deja a los propietarios legítimos en situaciones de gran vulnerabilidad. Estos actos suelen comenzar con la ocupación física de los terrenos, que a menudo incluyen la construcción de cercas, y siguen con la quema de cultivos y bosques existentes, en un intento por legitimar el control sobre la tierra tomada. Santa Cruz ya lleva tres meses asediado por el humo de los incendios, que han formado líneas de más de 100 kilómetros. También caciques y comunarios de pueblos indígenas señalan a los avasalladores como causantes de los incendios que dañan los ecosistemas en la Chiquitania y la zona de Guarayos, que son las más afectadas por el fuego. La Central Indígena de Bajo Paraguá se declaró en estado de emergencia, tras verificar desmontes y quemas que dan paso al fuego descontrolado en el Área Protegida Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco. Marcos Tomichá, gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), indicó en diversas oportunidades a los medios de comunicación que la gente combate el fuego, pero que los incendios continuarán mientras no se ponga freno a los avasallamientos. “Lamentablemente, siguen las quemazones; continúan quemando los cordones en los lugares de asentamiento. Siguen destrozando nuestros pulmones verdes. Es gente que viene de otro lado, tal vez no sabe cómo manejar (el monte) y hace desmanes”, manifestó. En Ascensión de Guarayos se verificó que el fuego es generado en chaqueos que comienzan en cordones de asentamientos. “Hemos recorrido lugares donde hay asentamientos, desmontes y quemas que preocupan bastante”, dijo a los medios el alcalde Pablo Guaristi y  lamentó que las alcaldías y la Gobernación no tengan tuición en la dotación de tierras ni en la autorización de desmonte y chaqueos. Dijo, además, que es urgente hacer ajustes en la normativa actual, porque los gobiernos municipales son los que conocen el plan de uso de suelo en su jurisdicción y pueden identificar las áreas agrícolas y las de reservas forestales. René Castedo no duda. La quema en su propiedad no fue producto de un incendio forestal, sino un daño intencional, diseñado para que parezca accidental o como si fuera consecuencia de un incendio forestal. Después de la visita ocular con funcionarios de la ABT, aportó múltiples pruebas y solicitó que se investigue a los cabecillas involucrados, quienes -se sabe- incluso son propietarios de tierras y poseen maquinaria. Sostiene que el INRA, especialmente su área de saneamiento, está coludido con estos hechos y actúa “como una mafia de traficantes de tierra”. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades y la lentitud del proceso judicial han generado un perjuicio económico considerable, además de dificultar el desarrollo de sus actividades ganaderas. “No puedo desarrollar mis actividades con normalidad y ni qué decir del gasto económico, no puedo mantener una ganadería con esos gastos extraordinarios fuertísimos en abogados, denuncias, inspecciones, todos esos son gastos que no vuelven y que no tienen nada que ver con la producción ganadera, y más bien me quitan la posibilidad de hacer otras inversiones con esos recursos para mejorar mi ganadería, además le quitan a uno tiempo, salud y tranquilidad”, afirma. René, como otros propietarios de tierras ubicadas en la provincia Ñuflo de Chávez y Guarayos, ha decidido continuar su lucha legal, presentando nuevas demandas y pruebas con la esperanza de que se tomen medidas efectivas para resolver el conflicto y evitar mayores daños. La misma situación afecta a otras áreas, como en el manejo forestal Vasber (Área Transitoria Especial en Urubichá), donde mediante un sobrevuelo se verificó al menos seis asentamientos. Estos avasallamientos están en tierras para uso forestal y según la categorización establecida por el INRA son

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Con violencia y avalados por la Justicia, mineros cooperativistas avasallan Zongo

Los avasallamientos y tomas de tierra ejerciendo violencia, al parecer se han convertido en una práctica muy común, que utiliza la minería corporativizada, para ingresar a tierras no autorizadas. Hace una semana fue Yanacachi, en Sud Yungas, ahora los pobladores de Zongo, denunciaron este tipo de atropellos que lamentablemente están avalados por la justicia ordinaria. La cotización del oro a nivel internacional estimula la actividad minera en nuestro y por consiguiente la conformación de cooperativas ilegales que se dedican a la explotación del oro sin ninguna regulación. La problemática de la minería del oro es trasversal y sus efectos son multidimensionales porque sus impactos son ambientales y socioeconómicos. Ante este tipo de irregularidades, el investigador del CEDLA Alfredo Zaconeta, plantea la urgente necesidad de que el estado elabore un registro actualizado para establecer si todas las actividades mineras son legales o ilegales. ÁNGEL LOZANO VARGAS

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Con acciones criminales, cooperativistas avasallan tierras en Yanacachi y crean comunidades ficticias

Yanacachi, una población amenazada por la explotación ilegal de oro. Las denuncias de pobladores de comunidades en el Municipio de Yanacachi, demuestran como la minería corporativizada expande sus actividades a la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. Asentamientos en áreas de cultivos, ataques con dinamita, amedrentamiento a pobladores y la creación de comunidades ficticias son mecanismos de presión que usan los mineros para apoderarse de terrenos con el único objetivo de explotar el oro sin medir las consecuencias. En los últimos 10 años las cooperativas crecieron de 800 a más de 2000 en la gestión 2023 por lo que es necesario crear un registro para controlar y normar su funcionamiento, según los expertos. En el caso del municipio de Yanacachi, los impactos que ocasiona la explotación aurífera son múltiples porque no solo se afecta la producción agrícola, sino que también está en peligro el camino precolombino del Takesi. ÁNGEL LOZANO VARGAS

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Avasalladores en San Felipe de Seque, enfrentamiento deja más de 12 heridos

Vecinos y comunarios de Exfundo Seque del Distrito 4 que tiene dos urbanizaciones se enfrentaron con avasalladores para cuidar sus tierras, loteadores ingresaron a 114 hectáreas. La madrugada de este 27 de septiembre cientos de familias se organizaron para defender sus tierras, recuerdan como hace más de seis meses un “clan familiar” ingresó a tomar predios de la Urbanización Valle Grande Sur y San Felipe de Seque de la Comunidad Ex fundo “Seque”. Ante constante amedrentamiento por personas presuntamente contratadas para atemorizar y no permitir ingreso a estas urbanizaciones que fueron loteadas, esa mañana se enfrentaron por más de dos horas, resultando más de 12 vecinos heridos con policontusiones que fueron trasladados al Hospital El Alto Sur. Desde horas de la madrugada se registró enfrentamientos con uso de agentes químicos, incluso se presume armas de fuego por avasalladores, se destrozaron las casas momentaneas del sector, el caso será investigado, indicó el coronel Gunther Agudo comandante Regional de la Policía de El Alto. Cartuchos de Dinamita, palos, ondas, petardos, gases lacrimógenos fueron usados por personas presuntamente contratadas, vecinos en su afán de defenderse aprehendieron a tres, ellos fueron evacuados por personal de la Unidad de Bomberos por las heridas que registraban a un centro hospitalario. AVASALLADORES USAN DOCUMENTOS FALSOS “Avasalladores utilizan documentos falsos para lotear, intituciones del Estado no responden por irregularidades, desde el Viceministerio de Régimen Interior y Policía aseguran que desarticularán “mafia de loteadores”. Así se refirió la abogada de víctimas de Avazallamiento vecinos y comunarios de Exfundo Seque, Hilda Laura, que señaló que Derechos Reales realizó manipulación de información con documentos falsos que presentaron los avasalladores de los municipios de Mecapaca y Achocalla pese a que estas 130 hectáreas están en el municipio de El Alto. Este clan de avasalladores logró lotear 114 hectáreas, incluso vendieron terrenos en el 60% de estos predios con documentos falsos, identificaron a este grupo irregular de más de cinco personas a la cabeza de Víctor Hugo Hjalmar Ramos. El derecho propietario de los comunarios de Exfundo Seque es de 1965, presentaron los ducumentos y piden investigaciones a las autorodades. El viceministerio de Régimen Interior y Policia, Jhonny Aguilera, aseguró que lucharán contra avasallamientos para desarticular esta y otras “mafias de loteadores” que utilizando documentos falsos vendieron a otras personas y ellos se convirtiéron en otras víctimas. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que desde asesoría jurídica se asumirán acciones por loteamientos en San Felipe de Seque, El Ingenio, y otros distritos rurales, exhortó sentar precedente. POR YENNY TICONA

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