Seguridad

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que grupos de inteligencia de la Policía identificaron a 63 involucrados en los hechos violentos ocurridos en el municipio de Llallagua, Potosí, y desmintió versiones sobre personas desaparecidas. “El Ministerio de Gobierno ya ha dispuesto la conformación de equipos de inteligencia que están trabajando en este tema (…), identificaron a 63 hombres y mujeres que participan del sitiado”, expresó Aguilera, citado en ABI. Según la autoridad, las acciones violentas de los seguidores de Evo Morales no fueron manifestaciones espontáneas, sino actos organizados con motivación criminal y vínculos con el narcotráfico. “Sabemos que se ha pretendido generar un manto de impunidad sobre un acto delictivo de extrema violencia inmotivado, cuya base de actividad es el narcotráfico”, declaró Aguilera en conferencia de prensa, tras recordar que se hallaron 63 carpas de cultivos de marihuana, donde se hallaron 14 toneladas de la droga. Los hechos registrados en Llallagua, incluyendo bloqueos, ataques con dinamita y la toma de instituciones, fueron ejecutados por una estructura organizada, según el Gobierno. Del total de 63 personas identificadas, 40 estarían involucradas en la planificación y ejecución del asesinato de efectivos policiales, mientras que 10 fueron señaladas como autoras intelectuales. “No solamente estamos trabajando en esta estructura que financió, generó logística y planificó, sino también en la autoría material. Tenemos evidencia técnica, incluidos videos que muestran a personas ubicadas a 100 metros de distancia de los objetivos, que son nuestros camaradas asesinados”, indicó el viceministro. En este contexto, la autoridad desmintió que existan personas desaparecidas tras los operativos, calificando esa versión como una “falacia” destinada a encubrir a los responsables. (VISIÓN 360)

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que en su gestión se aprehendió a más de 15.000 personas de clanes familiares vinculados al narcotráfico. “En nuestra gestión se ha aprehendido a 15.126 personas que pertenecen a estos clanes familiares, coyunturalmente, una familia por diversos factores se dedica al transporte de las sustancias controladas”, dijo. El Gobierno dio a conocer estos números, luego del Informe Mundial sobre Drogas, 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y del Delito (Onudd), que reveló que en el país hay clanes familiares a pequeña escala. Mamani expuso que, una vez aprehendidas estas personas, también se desarticula los clanes familiares. Las detenciones ocurrieron en todo el territorio nacional y se identificaron las rutas del narcotráfico. Inicia en Perú, pasa por La Paz y luego Chile. Según la autoridad, hay emisarios que ingresan al país y captan a bolivianos para transportar sustancias controladas a otros países vecinos y luego al continente europeo. Mamani también dijo que el informe sobre las drogas de las Naciones Unidas debe ser motivo de análisis y reflexión para todos los estados. Indicó que se debe trabajar de forma conjunta y unida para desarticular las redes del narcotráfico. (URGENTE.BO)

El exministro de Justicia, Iván Lima, fue citado a declarar este viernes en calidad de testigo en el “Caso Consorcio”. Esta investigación, que busca esclarecer la presunta manipulación en el sistema judicial boliviano, continúa su curso con una serie de declaraciones clave. Lima comparecerá por la mañana. En el mismo cronograma de este viernes también se encuentran los doctores Luis Guillermo Chura, Carlos Vacaflor y José Luis Quiroga, quienes prestarán declaración en diferentes horarios. El “Caso Consorcio” saltó a la luz pública tras la filtración de un audio que involucra al exministro de Justicia César Siles, actualmente bajo detención preventiva e internado por problemas de salud. La investigación apunta a una presunta red destinada a manipular decisiones judiciales, con el objetivo de lograr la remoción irregular de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para beneficiar al magistrado suplente Iván Campero. (LA PRENSA)

Víctimas de avasallamiento exigen justicia en Fiscalía para que imputen formalmente a miembros del “Clan Villca”; denuncian que con documentos falsos vendieron 89 lotes en Milluni Bajo, del municipio de El Alto. Ante la “falta de seguridad jurídica” para las víctimas del “Clan Villca”, que luego de avasallar 32,816 metros cuadrados en Milluni Bajo del Distrito 13 de El Alto vendió 89 lotes con documentos falsificados, afectados decidieron protestar en puertas de la Fiscalía en busca de justicia. Denuncian que la fiscal contra Delitos Patrimoniales, Paulina Fernández Patzi, presuntamente estaría dilatando el proceso; este 25 de junio venció el plazo para que la autoridad emita la imputación formal contra acusados entre ellos: Blanca Villca Quispe, Victor Hugo Hjalmar Ramos, Santiago Ticonipa Quispe, Seit Israel Montes Alberto, Brayan Montes Alberto, Jaime Paredes Capquiqui y Meliza Estefany Ticonipa Maquera. Las pruebas y elementos de convicción se presentaron, observan obstaculización en el caso que inició en enero de 2025, señaló la abogada de la principal víctima, Claudia Ruiz. La jurísta explicó que Ignacia Arcani viuda de Vargas falleció el 16 de abril de 2022 a los 86 años, sin embargo, su hijo Zenón Vargas Arcani, al realizar el registro de su herencia se enteró que fue víctima de avasallamiento en 2014 pero hasta la muerte de la titular, Victor Hugo Hjalmar Ramos, avasallador, transfirió las tierras a Blanca Villca Quispe, ella con esos documentos falsos registró 89 lotes en Derechos Reales de El Alto, funcionarios también incurrieron en delitos al omitir documentos de fraccionamiento porque no cuentan con planimetrías de la Alcaldía, mucho menos del Concejo Municipal, y lo más extremo el testimonio, documento de compra venta y la cédula de identidad de la presunta vendedora son falsos hay un centificado de SEGIP que corrobora que la difunta no firmaba y ellos argumentan legalidad en una cédula con firma pero con otra fotografía, aspecto cuestionado también por Zenón Vargas. Las víctimas piden al Consejo de la Magistratura Departamental de La Paz iniciar proceso disciplinario contra funcionarios de Derechos Reales implicados, más aún, cuando hay una denuncia en Sucre que esperan también se agilice, además el control jurisdiccional está a cargo del Juzgado Cuarto Instrucción en lo penal de El Alto, el 17 de junio presentó una conminatoria, el plazo se venció este 25 de junio; ahora debe enviar una queja pero presumen que apuntan a archivar el caso. Continuarán “buscando justicia y su voz no será callada”, sin embargo, dejan precedente de que en reiteradas oportunidades recibieron amenazas por estos avasalladores, piden al fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, cumplir con el compromiso institucional y permitir que víctimas del “Clan Villca” encuentren justicia, sancionar a operadores que dilatan procesos que cuentan con documentos de convicción que prueban el delito. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La mañana de este miércoles la defensa del exministro de Justicia César Siles informó que la exautoridad continúa siendo atendido en una clínica de la zona de Miraflores, donde se esperará la resolución de la Justicia a la apelación a la detención en el penal de Patacamaya. “Primero esperaremos la apelación, luego pediremos la sustitución a la detención”, señaló Alberto Morales, abogado de Siles. Con relación a la vocal del TDJ Claudia Castro, ésta habría sido trasladada al penal de Obrajes el fin de semana, según informó su abogado Marco Mostajo, quien señaló que “la salud de Castro aún es delicada y apelaremos a su detención en un centro penitenciario”. Después de esperar cuatro días en celdas judiciales, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova, fue llevado a audiencia cautelar dentro del caso ‘Consorcio’, que involucra a altas autoridades de Gobierno, magistrados y vocales. El juzgado 17 de Instrucción determinó detención domiciliaria para Córdova, quien está acusado de haber participado directamente en el plan para quitar del cargo a la magistrada Fanny Coaquira, esta determinación judicial fue asumidala noche de este martes.

El Hospital de Tercer Nivel Chuquisaca emitió este miércoles un nuevo reporte sobre el estado de salud del gobernador Damián Condori, quien permanece internado desde hace varios días. Según el parte médico oficial, “tras haberse realizado exámenes complementarios en la presente jornada, entre ellos, una tomografía craneoencefálica, se evidencia una notable mejoría en su condición general en comparación con estudios previos”. El informe también destaca que la “función hemodinámica continúa respondiendo adecuadamente al tratamiento” y que la función renal del gobernador “afortunadamente, se mantiene dentro de los parámetros normales”. El equipo médico multidisciplinario que lo atiende continúa brindando cuidados permanentes en el marco de su recuperación.  (CORREO DEL SUR)

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, fue aprehendido este martes cuando se presentó a declarar ante la Fiscalía por el caso “Consorcio”. Tras su audiencia de medidas cautelares, un juez de El Alto determinó que Córdova deberá cumplir detención domiciliaria. Córdova llegó a las oficinas del Ministerio Público acompañado de su abogado y bajo un fuerte resguardo policial, defendiendo su inocencia ante los medios de comunicación. La Fiscalía había ampliado la investigación contra Córdova por la presunta comisión de delitos de uso indebido de influencias y consorcio. El caso “Consorcio” se refiere a una supuesta red de autoridades judiciales que, según denunció el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, buscaba beneficios particulares y un “golpe” al Órgano Judicial. La trama se destapó con la difusión de un audio en el que presuntamente se escucha al exministro de Justicia, César Siles, coordinando un fallo para la destitución de la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. (LA PRENSA)

El juez Cuarto de Instrucción en lo Penal y Violencia hacia las Mujeres determinó este martes medidas cautelares contra M.B.C., la mujer acusada de haber provocado la caída del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. La audiencia, que se prolongó por más de dos horas, concluyó con la disposición de detención domiciliaria, arraigo y presentación periódica ante el Ministerio Público. Cimar Campos, abogado de la familia del gobernador, informó que el juez dio curso a la solicitud del Ministerio Público luego de que se presentaran elementos suficientes que vinculan a la imputada con el incidente ocurrido en su domicilio, donde supuestamente se celebraba un cumpleaños. Según la investigación preliminar, M.B.C. habría empujado a la autoridad departamental, lo que derivó en su caída y posterior hospitalización.  (CORREO DEL SUR)

Marcelo Lea Plaza, Claudia Castro, Cesar Siles e Iván Campero son los cuatro acusados en el caso consorcio que sufrieron descompensaciones en su salud, cuando enfrentaban a la justicia que ellos impartían hace algunas semanas. Para el exjuez Roger Valverde, en Bolivia prácticamente se ha normalizado que los acusados utilicen la estrategia de simular enfermedades para evitar comparecer ante la justicia. MencionÓ en contrapartida el caso del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien murió con 256 procesos en su contra y con una total vulneración a su derecho a la salud. Valverde apuntÓ también contra el IDIF porque es la institución encargada de verificar el estado de salud de los procesados, pero que lamentablemente no están cumpliendo su trabajo. Finalmente y ante las dudas sobre el trabajo del IDIF, él es juez planteo la necesidad de contar con una institución independiente que verifique la veracidad y legalidad de los informes del IDIF. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El fiscal Coordinador de delitos contra la vida, Carlos Cortez, informó que las autoridades procedieron con la aprehensión del cónyuge de Rogelia, una mujer de 40 años que fue encontrada sin vida en el municipio de Sica Sica, departamento de La Paz. Cortez explicó que, tras la recolección de pruebas y testimonios, el Ministerio Público identificó al esposo de la víctima como el presunto autor del hecho. “Hemos recolectado declaraciones testificales, registro del lugar del hecho y hemos podido identificar como autor del hecho y por quien se tiene varios elementos de ser autor es su cónyuge”, precisó. En principio, el hombre intentó desligarse del caso proporcionando versiones distintas, pero las investigaciones posteriores revelaron contradicciones en su relato. “El cónyuge en un primer momento nos daba información como queriendo deslindar su responsabilidad”, afirmó Cortez. La revisión de los testimonios, junto al análisis del lugar del crimen, reforzó las sospechas de la Fiscalía. De acuerdo con la autopsia médico-legal, Rogelia falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por dos heridas de arma punzocortante a la altura del cuello. Según los antecedentes, la víctima, vecina del municipio de Patacamaya y dedicada al comercio de verduras, estaba desaparecida desde el pasado 19 de junio. (CORREO DEL SUR)