Seguridad

Según el experto en seguridad y defensa Omar Durán, en el Chapare germina un foco de insurrección armada que amenaza la democracia en el país porque prácticamente el estado perdió presencia desde el gobierno de Evo Morales. Una prueba fehaciente de la ausencia del Estado se evidenció durante los bloqueos, donde la Policía, entidades bancarias y otras instituciones tuvieron que salir de esa población ante las amenazas de los cocaleros. Recientemente tomaron el aeropuerto y advirtieron que las elecciones no se realizaran si Evo Morales no participa. Ante esa amenaza que pone en riesgo no lo la democracia, sino la estabilidad del país, asambleístas del oficialismo y oposición condenaron estas acciones y responsabilizaron a Evo Morales de ser el autor intelectual. Pese a las denuncias de abusos y atropellos que se comenten contra las personas que no apoyan a Evo Morales, asambleístas justifican estos excesos y se atribuyen la representación y el apoyo de todo el país, cuando solo se trata de un sector reducido. Si el gobierno no actúa de manera inmediata las consecuencias pueden ser fatales, todos los bolivianos debemos respetar y cumplir las leyes en nuestro país. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Raúl Achacata Choquetupa y Milán Mamani Choquetupa, acusados de liderar hechos de violencia registrados en junio en el municipio potosino de Llallagua, estarían refugiados en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bajo protección de redes afines al evismo, según reportes de Inteligencia de la Policía Boliviana. “Estoy en la certeza de la ubicación de estos sujetos, muy cercana a Villa Tunari. Han abandonado sus actividades normales y su núcleo familiar con la intención de evadir la justicia. Ellos sienten algún nivel de protección en esa zona del país”, declaró el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, según ABI.   Achacata y Mamani ocupaban roles de liderazgo dentro de las estructuras comunitarias —como Jiliri Apu Mallku y segundo mayor—, y son señalados como instigadores de los hechos violentos que provocaron la muerte de dos efectivos policiales en junio pasado. Mientras tanto, continúan los operativos para dar con su paradero. “Nos toca trabajar en su aprehensión, lo que no significa que no se vaya a lograr”, aseguró Aguilera. El martes por la madrugada, una operación conjunta entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público allanó diez viviendas en Llallagua, logrando la captura de cinco personas, entre ellas Galo Jorge Chiri, identificado como el francotirador responsable de los disparos que acabaron con la vida del subteniente Brayan Barrozo Rodríguez y del sargento Jesús Mamani Morales. “Este individuo estaba apostado en el cerro Colla. No solo es el autor de los disparos mortales, sino que durante la intervención en su domicilio se encontró munición de guerra utilizada en los hechos”, detalló el viceministro. Según Aguilera, Chiri se había ocultado durante al menos 19 días en la localidad de Catavi, a 20 minutos de Llallagua. Su captura fue posible gracias al cruce de datos de inteligencia y colaboración vecinal. “El trabajo de inteligencia permitió geolocalizar dispositivos celulares. Detectamos tráfico de llamadas entre Llallagua y la carretera a Huanuni que involucró a más de 1.400 líneas”, explicó la autoridad. Actualmente, ya son 13 las personas aprehendidas en relación a estos hechos. En los allanamientos se incautaron explosivos, mechas, municiones calibre 7.65 y 9 mm, además de otros elementos empleados para sembrar el terror. El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, confirmó la incautación de armamento e insumos explosivos y afirmó que la organización operaba con niveles definidos de financiamiento, planificación y ejecución. (BRÚJULA DIGITAL)

Tras el repliegue de la Policía, bancos y otras instituciones del Trópico de Cochabamba, asambleístas del evismo pidieron el retorno de las autoridades policiales, negando que fueron expulsados y, lo que es peor, que no estuvieron en riesgo sus vidas por la amenazas de los cocaleros. Respecto a los pedidos de garantías para los funcionarios de estas instituciones para que retornen a sus fuentes de trabajo, señalaron a la Policía como responsable de precautelar el orden y seguridad en el territorio nacional. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA POPULAR

Dos choferes fueron aprehendidos en inmediaciones del municipio de Caracollo, carretera Oruro–La Paz, transportando de forma ilegal botellas de aceite de origen argentino hacia la sede de Gobierno. El operativo fue ejecutado por personal del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA) y el Control Operativo Aduanero (COA), quienes interceptaron un camión marca Volvo que en su tolva trasladaba el aceite sin documentación que respalde su legal internación al país. De forma paralela, una camioneta que circulaba por la zona realizó maniobras evasivas para interferir con el control aduanero, lo que levantó sospechas sobre una posible coordinación entre ambos motorizados, señala una nota de prensa de la Fiscalía. El fiscal especializado en delitos aduaneros, Peter Arellano, explicó que durante la revisión se encontraron aparatos de comunicación tipo handy, lo que refuerza la hipótesis de que ambos vehículos estaban vinculados en un intento por facilitar el ingreso ilegal de mercancía. Los conductores fueron trasladados, junto a los motorizados, a instalaciones aduaneras en la zona de Pasto Grande. Ambos sujetos fueron imputados por el presunto delito de favorecimiento y facilitación al contrabando. La Aduana Nacional, encargada de cuantificar el aforo de la mercancía incautada, emitirá un informe en los próximos días sobre el valor total del aceite de uso doméstico transportado ilegalmente.  El Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar si existe una red organizada detrás del hecho. (ERBOL)

El viceministro de Jhonny Aguilera informó que, tras intervención a 10 domicilios en Llallagua, aprehendieron a cinco personas, entre ellas un francotirador que está relacionada con la muerte de policías en ese municipio. “En el curso de estas acciones se ha logrado la detención de cinco personas que están involucradas por la violación de artículos relacionados con la ley 400, pero sobre todo una de las personas que estaba vinculada directamente con el asesinato de la Policía”, dijo Aguilera. Los aprehendidos estaban en posesión de explosivos, proyectiles de calibres de guerra, 9 milímetros, mechas y otros elementos que fueron utilizados para generar “temor y luto en las familias bolivianas”. La Policía Boliviana desde aproximadamente a las 05:30 realiza operativos en Llallagua para identificar a los responsables. “Se han hecho intervenciones fundamentalmente en aquellas áreas que estaban relacionadas con la criminalidad organizada que ha generado la muerte del talento humano de la Policía Boliviana”. El pasado 11 de junio, tres policías perdieron la vida en conflictos en Llallagua, promovido por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigían la renuncia del presidente Luis Arce. (LOS TIEMPOS)

Tras la publicación del video donde cocaleros afines a Evo Morales estarían presionando a candidatos que se postularon por otros partidos políticos para que vendan sus chacos y abandonen esas tierras en el Chapare, legisladores “androniquistas” condenaron estas advertencias y las calificaron como una muestra de odio, venganza y dictadura sindical. El presidente de la cámara de Senadores y candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, restó importancia a estas advertencias y las califico de especulaciones. Respecto a la prohibición de realizar campañas electorales en la región del Chapare a todas las organizaciones políticas, excepto a la de Morales, los seguidores de Andrónico señalaron que pese a las amenazas visitaran esas regiones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El proyecto de ley modificatoria del Código de Familias y del Proceso Familiar que prohíbe el matrimonio de adolescentes menores de 18 años genera mayor apoyo de la población. El objetivo de esta norma busca proteger la integridad de las niñas y adolescentes de los matrimonios y uniones infantiles. Este anteproyecto de ley impulsado por la senadora Virginia Velasco y apoyado por IPAS plantea la modificación de los artículos 139 y 170 del Código de Familias y Proceso Familiar. Mónica Bayá, abogada experta en derechos humanos, sostiene que existen mecanismos legales planteados por la ONU permitirían adecuar nuestras normas legislativas a parámetros internacionales. En ese sentido el rol que deben cumplir los medios de comunicación es fundamental, porque la práctica de los matrimonios infantiles se ha normalizado en nuestra sociedad y nuestra misión es generar conciencia sobre esta problemática. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Policía investiga a dos efectivos por la fuga de dos reos de la cárcel de San Pedro de La Paz, informó el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel David Machicado. Los dos presos, identificados como Cirilo Reyna Herrera (23, de nacionalidad peruana) y Jader Gilbert da Silva Gaspar (35, de nacionalidad brasileña), escaparon la madrugada del sábado utilizando una cuerda improvisada hecha con frazadas. Lograron descender desde lo más alto del muro de la cárcel hasta la calle. La evasión coincidió con el relevo de los funcionarios investigados, a las 04:00 de la madrugada. Machicado explicó que los reos “planificaron” la fuga, aprovechando este momento y el ruido de una verbena vecinal para escalar por los techos de la sección Álamos y descender por el muro hacia la avenida 20 de Octubre. “La música y el ruido de la fiesta distrajeron al personal”, señaló. Machicado añadió que las fugas carcelarias responden a factores como el hacinamiento y la falta de policías, agravada por la cantidad de detenidos con arresto domiciliario con custodio. La Policía continúa la búsqueda de los prófugos. (LA PRENSA)

Desde la cárcel de El Abra, el exgeneral Juan José Zúñiga denunció que ha sido víctima de “ensañamiento, abuso y humillación dentro del penal”, porque se pretende negarle el derecho básico a la visita familiar y a la alimentación. “Mis familiares llegan, tras recorrer largas distancias y sacrificarse, para poder verme una o dos veces por semana. Sin embargo, los policías apostados en el ingreso del penal ocultan sus nombres, les impiden registrarse y me niegan el derecho de verlos. Esto ocurre pese a que existe una acción de libertad ganada judicialmente, que prohíbe expresamente al penal cualquier tipo de restricción a mis visitas”, dice un pronunciamiento del excomandante del Ejército difundido mediante allegados. Señaló que la “crueldad ha llegado a extremos”, como regular la cantidad de agua que puede beber. “La semana pasada, un familiar me trajo tres bidones de agua potable (de 4 litros cada uno). La respuesta del régimen carcelario fue que solo podía consumir uno y que el resto no ingresará”, señaló. Acotó que, en otra ocasión, un familiar le llevo diez naranjas, y de la misma manera la Policía dijo que “tres naranjas por semana son suficientes para el general Zúñiga.” En otro hecho, según Zúñiga, registrado este lunes, un familia fue a visitarlo, pero le hicieron esperar más de dos horas “con el claro afán de impedir que se concrete la visita”. Aseveró que ese familiar intentó dejarle diez limones para aliviar un resfrío, pero le respondieron que “tres limones son suficientes para el general Zúñiga durante la semana.” “Me tienen encerrado en una caja de ladrillo sin ventanas: esto es una muerte lenta Lo que están haciendo conmigo no es un encierro: es una forma de tortura y de matarme lentamente”, denunció. Indicó que está confinado 12 horas al día en una celda de ladrillo, sin ventanas, sin ventilación, sin contacto humano. “Solo puedo ver el sol una hora al día. No respiro aire fresco. No puedo moverme”. “Mis articulaciones se han atrofiado casi por completo a estas alturas. La única hora que me permiten salir, la uso para hacer ejercicios, respirar y ver por un momento el rostro de las personas”, acotó el exgeneral a tiempo de denunciar que “es una muerte lenta y premeditada”. Aseveró que no tiene acceso a tiendas ni a puntos de venta dentro del penal, sino depende totalmente de sus familiares para alimentación, hidratación y tratar sus dolencias. “Me restringen el agua, la comida, la fruta, la medicina, la luz, el aire. Están atentando contra mi integridad física, psicológica y moral. Lo denuncio con firmeza: esto es trato cruel, inhumano y degradante. Exijo trato digno como boliviano y soldado de la patria”, agrega su denuncia. Responsabilizó a las autoridades penitenciarias y a los policías del ingreso por cualquier deterioro en su salud. (CORREO DEL SUR)

Richard Mamani Martínez, hoy de 28 años, fue liberado este viernes tras pasar nueve años en la cárcel de Morros Blancos de Tarija por un delito que no cometió. Tenía solo 19 años cuando fue detenido y procesado por la supuesta violación a una menor de edad. Esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia determinó su inocencia y ordenó su libertad inmediata. “No tengo palabras, pero estar aquí (en la cárcel) nueve años fue muy doloroso para mí, para mi familia, llegué aquí a mis 19 años. Ahora estoy recuperando mi libertad después de nueve años tarde, injustamente. Ahora todos estos años, mi juventud, quién me devuelve”, dijo Mamani entre lágrimas. El ciudadano fue acusado de violación a una niña, pero después de este tiempo la víctima llegó a la mayoría de edad y decidió contar la verdad, según reportó Tarija Conecta. Mamani ahora pide que el verdadero autor, que sería familiar de la víctima, pague la condena, porque ahora está tranquilo en libertad. Un caso marcado por la injusticia En febrero de 2016, Tredina M. denunció a Richard Mamani ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Villa Charcas, Chuquisaca, por supuestamente haber violado a su hermana de 12 años. Mamani fue detenido el 28 de julio de ese año y trasladado al penal de Morros Blancos en Tarija al día siguiente. El caso fue llevado ante el Tribunal de Sentencia de Camargo, que, tras un juicio que duró dos años, emitió una sentencia de 20 años de prisión. Sin embargo, años después, la presunta víctima, ya mayor de edad, confesó que había sido presionada por su hermana mayor para declarar falsamente contra Mamani. Esta revelación motivó una revisión extraordinaria del proceso. El fallo que devolvió la libertad La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, explicó que el caso cumplía con todos los requisitos legales para su revisión. “Queremos humanizar la justicia. Este es un ejemplo claro de que debemos revisar los fallos con responsabilidad y sensibilidad”, indicó. Ruiz también cuestionó el uso indebido de normas como la Ley 348 para casos de violencia contra la mujer: “La ley es un avance, pero debe analizarse con mayor rigurosidad para evitar que sea instrumentalizada”. Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, llamó a reflexionar sobre el sistema judicial: “Hay normas que deben ser revisadas con enfoque en derechos humanos y en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado boliviano”. “Gracias a Dios, pude resistir” Durante su tiempo en prisión, Richard participó en talleres de carpintería, programas de apoyo psicológico y actividades religiosas. Agradeció especialmente al padre Miguel Sotelo, quien le brindó contención emocional: “En los primeros años pensé en quitarme la vida. Si no fuera por el padre Miguel, no sé qué hubiera pasado”, confesó. Hoy, Richard solo piensa en reencontrarse con sus padres. “Lo primero que haré es ir a buscar a mi familia. No tengo rencor, pero sí deseo que el verdadero culpable cumpla su condena”, expresó, en alusión a su excuñado, hoy condenado por el delito que injustamente le atribuyeron a él. (LOS TIEMPOS)