Seguridad

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Cancillería, activó el proceso de extradición del exsacerdote salesiano Juan José Sant’Anna Trinidad, detenido recientemente en Uruguay tras permanecer prófugo por 17 años. El exreligioso está acusado de haber abusado sexualmente de al menos 30 menores de edad entre 2005 y 2007, en un internado del municipio de Tapacarí, Cochabamba. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se están cumpliendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de que el acusado sea procesado por la justicia boliviana. “Se tiene la información por parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General, como también de Cancillería y otros, que se está dando cumplimiento al procedimiento para poder tener a esta persona (en Bolivia) ya conforme al procedimiento y cumpliendo con todas las leyes que rigen para que se pueda determinar la culpabilidad”, señaló Mariaca en contacto con los medios. La detención de Sant’Anna en Uruguay fue posible gracias a la emisión de una notificación roja de Interpol, activada el pasado jueves y válida en 196 países. En ese contexto, las autoridades judiciales uruguayas concedieron un plazo de 40 días al Estado boliviano para gestionar formalmente su extradición. “Estamos cumpliendo con el procedimiento conjuntamente con todas las autoridades que correspondan para poder tener ante un tribunal a esta persona y que sean ellos quienes deliberen”, agregó Mariaca. El fiscal general explicó que, si bien algunos aspectos del traslado escapan a las competencias directas del Ministerio Público, la institución seguirá colaborando activamente en todo lo que le corresponda. Apuntes Juan José Sant’Anna Trinidad, ciudadano uruguayo, llegó a Bolivia en 2005, a sus 36 años, y fue designado como responsable del ala masculina del internado salesiano en Tapacarí, una localidad rural de Cochabamba. En ese establecimiento se alojaban al menos 72 niños quechuas, de entre 8 y 17 años, en situación de vulnerabilidad. Las investigaciones señalan que, durante su estadía, el entonces sacerdote habría cometido múltiples agresiones sexuales contra los menores. Las denuncias fueron planteadas en su momento ante el entonces arzobispo Tito Solari, y existen testigos que brindaron declaración. Sant’Anna permaneció oculto durante más de una década, hasta su reciente captura en la vivienda de sus padres en Uruguay. Con el proceso de extradición ya en curso, las autoridades bolivianas esperan que el exsacerdote comparezca ante un tribunal y responda por los delitos que se le imputan. ABI

Un juez de La Paz determinó revocar la detención domiciliaria otorgada a Alejandro Z., principal acusado en el caso “Joker”, relacionado con la muerte de Youssef Montaño, ocurrida la madrugada del 13 de abril en La Paz. Tras la decisión judicial, el acusado deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro. La medida fue confirmada este sábado, tras una audiencia de apelación, en la que se estableció que la detención domiciliaria no se ajustaba a la temporalidad prevista, dado que ya había transcurrido el tiempo máximo para esta medida. “La juez ha revocado esta detención domiciliaria ya que no aplicaba la temporalidad que ellos alegaban. Ya había transcurrido el tiempo que debería estar detenido”, explicó Mauricio Montaño, padre de la víctima. El caso, que inicialmente estuvo en la etapa de recolección de pruebas, está en una fase más avanzada, aunque persiste el riesgo de obstaculización en la investigación debido a que algunos testigos aún no declararon, explicó Montaño. El 12 de septiembre, un Tribunal había otorgado el cese de la detención preventiva para el acusado de 25 años. Sin embargo, hasta el momento de esta nueva decisión, el joven no había salido del penal porque la defensa seguía con los trámites correspondientes. ABI

Lázaro Victor Sotacuro, ciudadano boliviano y con cédula argentina para extranjeros, había cruzado de La Quiaca a Villazón, según reportes preliminares. El sindicado sería propietario de uno de los autos involucrados en la desaparición de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que perdieron la vida el 19 de septiembre. El triple feminicidio De acuerdo con la publicación de algunos medios argentinos, la tortura y asesinato de estas tres jóvenes, una de ellas adolescente, ya era una noticia lo suficientemente terrible. Pero lo que realmente causó conmoción en Argentina fue que los narcotraficantes acusados de llevar a cabo los asesinatos emitieron en directo su crimen en las redes sociales. El viernes pasado, las mujeres fueron conducidas a una casa de las afueras de Buenos Aires donde su tortura y asesinato fueron retransmitidos en una emisión privada en Instagram a una audiencia de unas 45 personas, según las autoridades regionales. Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años. La policía cree que una organización internacional de narcotráfico estuvo detrás del crimen, que, según las autoridades, pretendía transmitir un mensaje tras el robo de un pequeño paquete de droga, al parecer por parte de una de las víctimas. Un boliviano involucrado Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, es señalado como el conductor que dio apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas Brenda, Morena y Lara. El arresto fue anunciado en la noche de este viernes por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Más tarde, la secretaria de esa cartera, Alejandra Monteoliva, precisó que Sotacuro sería «propietario de uno de los vehículos» que participaron en la desaparición de las tres chicas desde La Matanza, y que había logrado cruzar en las últimas horas desde La Quiaca hacia Villazón, en Bolivia. El sindicado había huido al norte argentino. En la búsqueda participaron policías y gendarmes, que montaron controles sobre rutas nacionales, provinciales y pasos fronterizos de Jujuy, bajo la sospecha de que los prófugos intentaban huir hacia Bolivia. Al confirmarse que no estaban en territorio argentino, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de ese trabajo coordinado, este viernes lograron ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana. Mientras que los otros cuatro detenidos son Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado. Según revelaron los investigadores, éstos cuatro incluyen torturas previas a los asesinatos, en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires. EL DEBER