Seguridad

La autopsia médico-legal realizada al ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, confirmó que su deceso, reportado el pasado sábado, se debió a una asfixia mecánica por broncoaspiración. Así lo informó este lunes Carlos Cortez, fiscal de Delitos Contra la Vida, quien descartó la intervención de terceros en la muerte de la autoridad. “Murió por una asfixia mecánica por broncoaspiración. Se ha descartado una mano criminal”, declaró Cortez. El fallecimiento del ministro Rodríguez ocurrió en su domicilio en la ciudad de El Alto, La Paz, durante la mañana del sábado. El presidente Luis Arce había solicitado una investigación exhaustiva sobre el suceso. Se espera que en las próximas horas se anuncie la designación de una nueva autoridad para ocupar la cartera de Estado. (LA PRENSA)

La justicia boliviana ordenó este sábado la detención preventiva por cinco meses para el exministro de Justicia, César Siles, en la cárcel de Patacamaya. La decisión se tomó tras una audiencia que duró al menos nueve horas, en el marco de la investigación por el denominado caso consorcio judicial. Siles, exministro del presidente Luis Arce, fue aprehendido el jueves después de presentarse voluntariamente ante la fuerza anticrimen. El viernes, rindió su declaración informativa ante los investigadores. El caso gira en torno a un audio atribuido a Siles, donde supuestamente coordina con el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, para direccionar un fallo judicial. Sin embargo, el abogado de Siles indicó que este material no se presentó a la Fiscalía con el soporte original.  “No se adjunta el soporte (audio), solo se tienen fotos de conversaciones, pero no existe el soporte, por lo tanto, no se puede realizar una pericia. Si quisieran presentar el soporte, ya es tarde, porque ya es una prueba contaminada”, sostuvo el abogado. Antes de su aprehensión, Siles se manifestó ante los medios, negando las acusaciones y afirmando que no se fugaría del país. (LA PRENSA)

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recuperará su libertad de una cárcel en Estados Unidos este sábado 21 de junio. A pesar de esto, el Gobierno boliviano, a través del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que Bolivia ya presentó solicitudes formales a EE.UU. para la extradición de Murillo, con el objetivo de que enfrente a la justicia boliviana por delitos presuntamente cometidos. Ríos informó que existen “avances importantes” y que se realizan “todos los trámites protocolares” para concretar el retorno de Murillo al país. El excolaborador de la expresidenta Jeanine Áñez, de 61 años, dejará el Centro de Detención Federal de Miami, aparentemente beneficiado por su buen comportamiento y una nueva decisión del Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el fiscal general Roger Mariaca indicó que, hasta el momento, la Fiscalía no recibió ninguna notificación formal sobre la extradición de Murillo. Mariaca recordó que en La Paz se investiga el caso “gases lacrimógenos”, que ya cuenta con una sentencia condenatoria, y que en Santa Cruz también existen procesos penales abiertos contra el exministro. (LA PRENSA)

Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía continuarán en el municipio potosino de Llallagua hasta que se garantice la normalidad y no existan amenazas de nuevas movilizaciones o bloqueos de organizaciones sociales “evistas”, anunció el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.    Desde la noche del 12 de junio, un contingente se encuentra en esa población tras la ola de violencia y enfrentamientos que dejó cuatro policías y un civil fallecido entre el 10 y 11 del mismo mes.    “La Policía boliviana de las Fuerzas Armadas van a continuar hasta que se garantice y se tenga certeza de que estos grupos movilizados nuevamente no vayan a generar saqueos sino también generar convulsión”, indicó Ríos. Según la autoridad, el dirigente “evista” Ramiro Cucho es uno de los “autores intelectuales” de los asesinatos de los policías y que se pedirá que se revoque la detención domiciliaria para que sea nuevamente encarcelado. Mientras continúan las investigaciones, la paz retornó a Llallagua, los servicios fueron reanudados paulatinamente, al igual que las labores escolares y de la Universidad Nacional Siglo XX.  (ERBOL)

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que se continuará con los operativos en Llallagua para destruir todas las plantaciones de marihuana, en el lugar denominado Mexico Chico. Hasta el momento el Gobierno habría destruido 64 viveros con 14,5 toneladas de marihuana en este sector, donde sus integrantes los pasados días impidieron el desbloqueo de los policías. Ríos indicó además que en la muerte de los policías se investiga a más de 40 dirigentes de los ayllus entre ellos Ramiro Cucho, detenidos y posteriormente puesto en libertad por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, además de asociación delictuosa. “Se va a dar con los autores de la muerte de los 4 policias no sólo que fallecieron en Llallagua o en la carretera a Cochabamba”, sostuvo. En el tema de los 4 francotiradores, Ríos explicó que se determinó que los mismos tenían formación especializada extranjera, toda vez que se apostaron en lugares donde no se los pudo detectar a simple vista y que los tiros que mataron a los policías fueron precisos .

La aparente calma y tranquilidad en la población de Llallagua continúa bajo amenaza, es por eso que la diputada Lissa Claros pidió al Gobierno que mantenga la presencia de policías y militares hasta después de las elecciones. Respecto a los casos relacionados al narcotráfico en la población de Llallagua, donde los expertos en seguridad alertaron de la presencia de narco-campesinos, la asambleísta solicito la conformación de una comisión de fiscales especializados para llevar a cabo las investigaciones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La tarde de este martes, la Policía procedió con la aprehensión de Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien debía asumir la titularidad en caso de concretarse la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira. Según informes preliminares, Campero acudió de forma voluntaria a la Fiscalía para brindar su declaración, sin embargo, fue aprehendido en ese mismo momento. El magistrado enfrenta denuncias por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y consorcio entre jueces, fiscales y abogados. De acuerdo a la denuncia presentada por la Unidad de Transparencia del TSJ, Campero habría sido favorecido por un fallo judicial del juzgado de Coroico, cuya finalidad era la destitución de Coaquira. Este proceso judicial, según las investigaciones, habría sido manipulado con la intervención de la vocal de la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, y el presidente del mismo tribunal, Yván Córdova. Además, se investiga la posible protección de estas acciones por parte del exministro de Justicia, César Siles, lo que abre una nueva línea de indagación sobre una presunta red de poder dentro del sistema judicial. (CORREO DEL SUR)

Gregorio Lanza, experto en resolución de conflictos, sostiene que los 14 días de bloqueo, 5 personas fallecidas, más de 200 heridas y los millones de bolivianos de pérdida económica para el país muestran el final del MAS y la figura de Evo Morales. Lanza advierte que Morales no se dará fácilmente por vencido y no descarta que pese a la pausa humanitaria continúen los bloqueos, busque otras alianzas o simplemente esté preparando su salida del país. Analistas, asambleístas y la ciudadanía en su conjunto esta conscientes de que esto no se puede repetir por ello es necesario crear una ley para sancionar los bloqueos que solo perjudican al desarrollo del país. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La tensión llegó al límite este lunes en el municipio de Colomi, en el Chapare, a 45 kilómetros de Cochabamba, donde un bloqueo que ya cumple este lunes 15 días sobre la carretera al oriente mantiene a decenas de conductores atrapados, cansados, enfermos y sin recursos. La situación, que afecta tanto a transportistas como a comunarios, ha escalado con enfrentamientos verbales y amenazas, según un reporte de la red Uno. “Ese compañero quiere quemar los camiones”, expresó uno de los conductores en medio de la tensión que se vive en el lugar y al miedo constante por posibles actos de violencia. Transportistas denuncian que han sido víctimas de amedrentamientos constantes, y que incluso se ha prohibido a los pobladores brindarles cualquier tipo de ayuda. La falta de alimentos, medicamentos está afectando gravemente la salud de varios conductores que continúan varados sin una salida clara al conflicto. Tras dos semanas de bloqueos de vías estratégicas en las carreteras bolivianas, los sectores movilizados afines a Evo Morales decretaron realizar una “pausa humanitaria” para permitir el paso de los transportistas que están retenidos en los puntos de conflicto. Sin embargo, este lunes los cortes continúan, con 7 bloqueos, todos en Cochabamba. A pesar de la instrucción del llamado “pacto de unidad” de Morales, los sectores que son afines al exmandatario mantienen cerradas las rutas que conectan a Cochabamba con el oriente, con el valle alto, el cono sur y Chuquisaca. “El bloqueo en Colomi, además de generar pérdidas económicas millonarias, se ha convertido en un foco de tensión social donde el cansancio, la desesperación y la impotencia amenazan con estallar”, reporta esa televisora. El diario de Cochabamba Los Tiempos informa este lunes que “los transportistas que imploran que se les permitan pasar los bloqueos, porque no tienen alimentos y varios tienen enfermedades de base como diabetes, denunciaron a través de redes sociales que el bloqueo persiste en Colomi, en la vía al trópico de Cochabamba”. (VISIÓN 360)

l Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha acusado públicamente al ministro saliente de Justicia, César Siles, de planificar y proteger un ataque para destituir magistrados electos, en una actitud que ha calificado como un “golpe al Órgano Judicial”. El pronunciamiento surgió por el caso de consorcio, donde un juez de Coroico intentó destituir a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira, aparentemente inducida por una red de vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz protegida por Siles. “Todo esto venía protegido por el exministro César Siles, quien a nombre personal ya título personal, planifica todo este ataque al interior del Órgano Judicial con todas las personas que han sido detalladas”, dijo el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en conferencia de prensa.   Saucedo recordó que Siles actuó de forma personal y agradeció que el Órgano Ejecutivo haya accionado con “mano dura” haciendo que renunciara al cargo. “Así como hay malos jueces, también hay malos ministros”, comentó. Como prueba contra Siles, se tiene un audio donde supuestamente el Ministro ofrece protección al juez de Coroico para que emita el fallo contra la magistrada Coaquira. Ahora el juez está detenido y pidió ampliar su declaración. El magistrado Saucedo implicó en este caso también al presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova.  Dijo que Siles impuso a Córdova como presidente del TDJ y se empezó a gestar la arremetida. Según Saucedo, el vocal Córdova delegó este tema a la vocal Claudia Castro (ahora aprehendida) y ella, a su vez, indujo al juez de Coroico a emitir el fallo irregular para destituir a la magistrada Coaquira. El presidente del TSJ involucró también a Iván Campero, quien era decano del TDJ y ahora es suplente de la magistrada Coaquira, es decir que habría asumido como magistrado titular de consumarse el fallo del juez de Coroico. Pidió que el Ministerio Público iniciara acciones legales también contra César Siles. “Los audios ustedes lo han conocido son bastante claros, la comunicación que él ha tenido con cada uno de los participantes y además los chats que han sido publicados que ustedes”, agregó. Otros procesos similares Saucedo alertó que en otros juzgados del país se habrían instaurado otras acciones similares, con la intención de destituir magistrados electos. “Se está intentando otras acciones constitucionales similares en los diferentes distritos del país, con acciones ya presentadas contra algunos magistrados del Tribunal Agroambiental y contra el Consejo de la Magistratura, tratando nuevamente de dar un golpe a la democracia ya la institucionalidad del Órgano Judicial”, dijo. Alertó que si estos intentos tienen éxito, el día de mañana se abre la posibilidad de que se desconozca también a las autoridades electas en las urnas el 17 de agosto. (CORREO DEL SUR)