Política

Tras una reunión de evaluación y proyección legislativa, la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ratificó la postulación del senador Diego Ávila para que continúe en la presidencia de la Cámara de Senadores durante el periodo legislativo 2026-2027. “Agradecer a todos los compañeros, hemos sido 23 los que estábamos presentes; tres de ellos, de los ausentes, no están aquí en La Paz, pero sí han manifestado también su apoyo. Yo me siento muy agradecido con los compañeros”, indicó Ávila, luego de que la mayoría de la bancada decidiera repostularlo a la presidencia del Senado. Ávila destacó la unidad de la bancada y la necesidad de fortalecer el trabajo parlamentario durante la próxima legislatura, que contempla importantes desafíos. En el encuentro, se resolvió que Ávila continúe al frente del Senado y que la senadora Paola López asuma la primera secretaría de la Cámara Alta, completando así los espacios que le corresponden al PDC en la mesa directiva. “Sobre todo, hemos mirado hacia el futuro, que son los temas que tenemos que trabajar, garantizar que en el año que viene, obviamente, se materialicen en lo que hace a nuestro rol en el Parlamento”, señaló. Diego Ávila asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2025 para la gestión 2025-2026, con el respaldo de 32 votos de un total de 36 emitidos durante la sesión preparatoria de ese año. (ABI)

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, destacó la lucha frontal del Estado contra el narcoterrorismo, que logró la captura no solo del uruguayo Sebastián Marset, sino de 30 miembros de cárteles y “peces gordos” del narcotráfico de la región. “Estas capturas que se están haciendo no son solamente la de Marset. Por ejemplo, la de este líder del PCC, el fin de semana. En el curso de lo que va del año, hemos capturado a cerca de 30 miembros de diferentes cárteles”, afirmó en una entrevista con radio Fides. El ministro sostuvo que Bolivia está dejando de ser un “santuario” del crimen organizado, gracias a una política de Estado que enfrenta los ilícitos mediante operativos coordinados con otros países, pero gestionados, diseñados y ejecutados en Bolivia por instituciones nacionales. Además, resaltó que los operativos se realizaron sin pérdidas de vidas humanas. “Todos los operativos a la fecha, y a Dios gracias, han sido realmente procesos sin costo de vidas, muy bien pensados, con estrategias muy bien llevadas adelante. Todas hechas en Bolivia, made in Bolivia”, enfatizó. Aramayo señaló que estas actuaciones se desarrollan en ejercicio de la soberanía nacional, con la participación de la Policía y otras instituciones del Estado. Añadió que el trabajo policial contribuye a recuperar la confianza ciudadana mediante resultados concretos. “Bolivia está dejando de ser un santuario del crimen organizado porque hay una decisión política clara y resultados concretos”, remarcó. (ABI)

Después de que el magisterio urbano realizó un paro contra la descentralización, el presidente Rodrigo Paz planteó públicamente un “gran acuerdo” a los maestros, con el objetivo de implementar medidas de superación para la educación boliviana, con modernización y el modelo 50/50, pero aclarando que no contempla la privatización. Los maestros rechazan la descentralización, bajo el argumento de que los gobiernos subnacionales no tendrían suficientes recursos y que, en el fondo, se buscaría privatizar la educación. Sin embargo, el presidente Paz explicó su visión para superar el ámbito educativo, tomando en cuenta a las regiones e implementando incluso medidas para medir la calidad educativa. “Este acuerdo con el magisterio no es como decían algunos dirigentes, para privatizar, todo lo contrario. La educación en Bolivia, mientras este gobierno esté firme, seguirá siendo una educación gratuita, pero tiene que superarse, nuestros hijos nos exigen superación”, dijo el mandatario durante el acto del pago del bono Juancito Bono. El primer objetivo del acuerdo, según explicó Paz, sería implementar mecanismos de medición de la enseñanza y valorar la calidad educativa. “Si no podemos medir no sabemos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal hay; que tener el valor de enfrentarnos a mediciones que tal vez nos digan duramente oiga no estamos yendo bien”, detalló. Otro objetivo señalado es la modernización del Estado, “para que las familias no pierdan tiempo en trámites innecesarios”, dijo el presidente. Como ejemplo, mencionó que ahora el título de bachiller es gratuito y se manejará de forma digital. También planteó que el acuerdo con los maestros incluya el 50/50, enfocándose en mejorar la educación junto con las gobernaciones y alcaldías. Defendió la descentralización comparándola con el acceso a internet mediante antenas de Starlink: “significa descentralizar la información, si no estaríamos como antes volviendo a casa agarrando un teléfono y llamando”. Otro aspecto del acuerdo sería la conectividad, mejorando el acceso a internet. El mandatario recordó su acuerdo con municipios de La Paz para entregar antenas de internet satelital y manifestó su intención de replicar la experiencia con el resto del país.     (ERBOL)

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló que varios integrantes del gabinete del presidente Rodrigo Paz también recibieron amenazas de distintos índole, en un contexto marcado por las denuncias de intimidación contra el mandatario y su entorno familiar. «Es evidente que sí. Se han recibido este tipo de amenazas de diferente índole, la hemos recibido diferentes actores del gabinete, porque estamos trastocando intereses», manifestó Aramayo durante una entrevista con radio Panamericana. La autoridad sostuvo que las intimidaciones no modificarán las decisiones del Gobierno ni frenarán las acciones destinadas a combatir las organizaciones criminales. Según explicó, las medidas impulsadas por la administración de paz afectan intereses de grupos que operan al margen de la ley y que, presuntamente, mantienen vínculos con diferentes estructuras de poder. Las declaraciones se producen después de que el presidente denunciara amenazas de muerte en su contra y alertara sobre posibles riesgos para su familia. El mandatario señaló anteriormente que recibió intimidaciones antes de viajar a Cobija, Pando, en medio de operativos contra organizaciones criminales. Aramayo insistió en que el Estado debe garantizar la seguridad de las autoridades y de todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y funcionarios que participen en investigaciones contra actividades ilícitas. También remarcó que las amenazas no pueden situarse por encima de la Constitución ni de las leyes. El Gobierno ha señalado que las denuncias deben ser investigadas por el Ministerio Público para identificar a los responsables y establecer el origen de las intimidaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la identificación de los autores de las amenazas denunciadas por los miembros del Ejecutivo. El caso abre un nuevo frente para la administración de Rodrigo Paz, que ha colocado la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado entre sus principales prioridades. Mientras avanzan las investigaciones, el Ejecutivo asegura que mantendrá sus acciones y que las intimidaciones no condicionarán las decisiones gubernamentales. Las autoridades deberán establecer si las amenazas denunciadas están relacionadas entre sí y si existe una conexión directa con los operativos realizados contra organizaciones criminales. ESTRELLA DEL ORIENTE

Tras conocer que los maestros urbanos habrían rechazado la invitación a la mesa técnica en la que se analizará la propuesta de ley para transferir los institutos técnicos a las gobernaciones, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, lamentó que en esta decisión primen “objetivos políticos” por encima de los educativos y reiteró la convocatoria al dialogo. “(Se están basando) fundamentalmente en objetivos políticos y no educativos, para nosotros lo fundamental es lo educativo y no pensamos entrar al juego de lo político”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa este jueves. Sanjinés convocó mediante una nota cursada el miércoles 21 de octubre a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) al diálogo para este jueves 22 de octubre a las 18.00 en instalaciones de esta cartera de Estado; sin embargo, se conoció que “la dirigencia de maestros urbanos dio la instrucción de no recibir ninguna invitación para participar de la mesa técnica”. La convocatoria se realizó luego de que este sector ratificó un paro movilizado de 24 horas para este viernes 23 de octubre por demandas educativas, laborales y salariales. Ante esta situación, el ministro de Educación reiteró el pleno respeto a la educación fiscal única y gratuita, al reglamento del escalafón y afirmó que “de ninguna manera” se piensa privatizar a la educación. “Estas son tres cosas fundamentales que lo aseguramos desde el Ministerio de Educación y que ya las hemos firmado con la dirigencia de los maestros rurales, esperamos que esta tarde ratifiquemos con los maestros urbanos, así que los esperamos en el diálogo”, agregó el titular de Educación. (ABI)

El expresidente y líder de Libre Jorge “Tuto” Quiroga y el gobernador de Santa Cruz Juan Pablo Velasco exigieron este jueves que el diputado de su alianza Rafael López sea separado de la Cámara de Diputados.  El pedido –formalizado mediante una carta dirigida al presidente de esa instancia legislativa, Roberto Castro– surge poco después de que el gobierno de Estados Unidos incluyó a López en una nueva lista de 15 bolivianos sancionados con la quita de la visa de ingreso a ese país. “Si la asamblea separó a un senador y a un fiscal general con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe de la misma manera”, señala la carta firmada por Quiroga y Velasco, en referencia, aunque no lo detallan, a Nilton Condori y Roger Mariaca. Mariaca y otros 12 ciudadanos bolivianos fueron “desvisados” el 28 de septiembre y tras ese informe de la Casa Blanca, inició la investigación que derivó en la captura, procesamiento y destitución del exfiscal general, que ahora cumple seis meses de detención preventiva, en espera de ser juzgado por delitos ligados a corrupción y vínculos con el narcotráfico Este jueves Estados Unidos impuso restricciones de visa a15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, como parte de una campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región, según informó el Departamento de Estado. Entre ellos figuran los diputados Rafael López (Libre) y Rolando Pacheco (Alianza Popular), este último caracterizado por hacer constantes denuncias contra el gobierno. En la misiva Tuto y Velasco, excandidatos a la presidencia y vicepresidencia en 2025, justifican su pedido en la necesidad de combatir la corrupción y el narcotráfico, así como de evitar que las instituciones estatales protejan a funcionarios o autoridades cuestionados. También instan a Diputados a actuar con rapidez para evitar que las prácticas que critican de anteriores gobiernos se reproduzcan en la actual administración. “Esperamos que la cámara que usted preside actúe con celeridad para demostrar que hoy no seremos lo mismo que el MAS, porque eso termina siendo más de lo mismo. Eso es lo que debemos cambiar”, expresaron en el documento. López pugna por ser jefe de bancada de Libre con el apoyo, según detalló él mismo en días pasados, de legisladores vinculados a Demócratas y al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Se enfrenta directamente a la diputada Lissa Claros, que cuenta con el aval de Tuto. Quiroga y Velasco sostienen en su texto que el narcotráfico y la corrupción debilitan las instituciones y afectan la imagen del país. Por ello, cuestionan que autoridades judiciales, parlamentarios y funcionarios del Ejecutivo puedan contribuir a generar redes de protección e impunidad en lugar de cumplir sus funciones de control y fiscalización. La carta también recuerda que, a fines de septiembre, habían planteado que las medidas contra funcionarios o asambleístas cuestionados se apliquen sin distinciones políticas y que, en el caso de Libre, se comience por integrantes de esa misma organización. Los firmantes aseguran que su alianza recibió el respaldo de casi tres millones de ciudadanos (en las elecciones) con el compromiso de cambiar las prácticas políticas, y rechazan que ese mandato sea traicionado mediante prebendas, contratos, dádivas o protección a personas vinculadas con hechos ilícitos. “No podemos garantizar que cada asambleísta de Libre evite caer en prácticas repudiables que debemos desechar, pero no aceptaremos que manchen nuestro proyecto político impúdicamente”, señala otro pasaje de la misiva. Finalmente, ambos dirigentes pidieron al titular de la Cámara de Diputados que atienda el requerimiento con prontitud y defendieron que los legisladores que actúan con lealtad y legalidad deben respaldar la exigencia, para evitar que las actuaciones de algunos representantes afecten la credibilidad de la política y la imagen del país. (BRÚJULA DIGITAL)

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley 1780, una norma que obliga a las aerolíneas públicas y privadas a otorgar pasajes solidarios a pacientes con cáncer, enfermedades terminales o en situación crítica. El objetivo de la medida es facilitar el traslado nacional o internacional de los enfermos que requieran atención médica especializada en una ciudad distinta a la de su residencia. La normativa extiende la cobertura a los familiares y establece que las empresas aéreas proporcionarán boleto para “un (1) acompañante por paciente para el cuidado del mismo, y dos (2) acompañantes cuando el paciente sea niño, niña o adolescente”. Para acceder al beneficio, la ley advierte que los solicitantes deben “estar debidamente certificados por la autoridad en salud más cercana”. En cuanto a las obligaciones del sector aeronáutico comercial, el documento señala que las empresas deben reservar los espacios necesarios y garantizar las condiciones técnicas para un transporte cómodo y adecuado a la salud del viajero. Asimismo, se prohíbe la burocracia en el trámite, ya que el avión tiene el deber de programar el vuelo a la brevedad posible y no puede negarse a la emisión de los boletos por motivos injustificados. Por otra parte, la validación del estado del paciente prioriza la inmediata. El artículo 4 de la norma aclara que el certificado médico “no requerirá ninguna formalidad para constar su validez” y encarga a la autoridad sanitaria su verificación por todos los medios disponibles. Para equilibrar el impacto financiero en las empresas de transporte, el Estado implementó un mecanismo de compensación. La ley detalla que las aerolíneas “se beneficiarán con la deducción de gastos en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)” por el costo de los pasajes otorgados. No obstante, los beneficiarios asumirán el pago de los tributos adicionales ajenos al boleto, como el costo del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE). Finalmente, el marco legal contempla sanciones para las empresas que impidan la aplicación del beneficio y advierte sobre procesos penales ante la falsificación de documentos. El texto indica que si se detecta fraude en los certificados médicos, los antecedentes pasarán al Ministerio Público para iniciar procesos contra los pacientes, médicos y hospitales implicados. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, cuentan con un plazo de 30 días a partir de la publicación de la norma para elaborar su respectiva reglamentación. (CORREO DEL SUR)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que se reunirá a fines de noviembre con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, para impulsar negocios y fortalecer el comercio entre ambos países, el anuncio fue realizado durante la sesión de honor en Laja, por los 478 años de la fundación de La Paz. Paz adelantó que invitará al encuentro a los gobernadores de La Paz, Luis Revilla, y de Pando, Gabriela De Paiva, con el propósito de promover nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo económico. Entre los temas de interés bilateral se encuentran el puerto de Ilo, el intercambio comercial y la conectividad entre Guaqui y Puno, el mandatario destacó la importancia de fortalecer las relaciones económicas con los países vecinos, incluido Chile, para generar beneficios para la población boliviana. YENNY TICONA-RTP

El presidente Rodrigo Paz firmó este martes convenios con alcaldes de 85 municipios del departamento de La Paz para instalar antenas Starlink en unidades educativas, en el marco del programa Aulas Conectadas. En el acto, el Mandatario anunció que se instalarán 4.700 antenas en todo el país, con prioridad para los municipios del área rural. Paz afirmó que “conectar es descentralizar” y sostuvo que la red de antenas permitirá abrir la información, que según dijo hasta ahora “solo la mantienen unos cuantos”. Indicó que esta llegará a los municipios de todos los departamentos y no solo a los del eje central. El ministro de Educación, Erik Sanjinés, señaló que la iniciativa responde a la instrucción del Presidente de reducir las brechas educativas. Explicó que el Ministerio articula esfuerzos entre el nivel central y los municipios para llevar conectividad a las unidades educativas fiscales y convertir el acceso a internet en una herramienta para fortalecer la educación. Según Paz, la primera etapa del programa es una fase piloto que se ejecutará en las gestiones 2026 y 2027. Entre 2027 y 2030 se conectará todo el programa Aula Conectada, que definió como un “enfoque de pedagogía digital”. El Jefe de Estado aprovechó el acto para referirse a la propuesta del 50/50 que planteó como candidato, aplicada a la descentralización de la educación. “No va a ser fácil, pero llegaremos a un momento donde la educación en Bolivia tenga la participación de un gobierno central, sí, pero también de alcaldías y gobernaciones”, afirmó. Según explicó, así quienes atienden de forma directa al ciudadano podrán ofrecer un mejor servicio. Paz detalló que la mitad de la currícula, que incluye matemáticas, geografía e historia, entre otros, sería igual para todo el país, mientras que la otra mitad se definiría en cada región. Como ejemplo, citó el desarrollo vitivinícola de Tarija y el potencial turístico del norte de La Paz. “Hay gente que no quiere eso, hay gente que solo quiere que se defina todo desde el gobierno central”, dijo, y agregó que por primera vez un presidente “no quiere quedarse con todo”. Por su parte, el alcalde de Desaguadero, Henry Mamani, valoró la firma de los convenios. “Los alcaldes estábamos esperando esta firma de convenio, es importante para los niños”, afirmó, y planteó que se habilite una nueva fase para completar la conectividad en las demás unidades educativas. (CORREO DEL SUR)

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, posesionó a Jorge Vaca Navajas como nuevo director general de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), quien asumió el compromiso de continuar impulsando los programas y proyectos de vivienda social para garantizar el acceso a una vivienda digna, segura y adecuada para la población. “Asumo este desafío convencido de que lograremos mejores días para nuestra gente a través de la Dirección Nacional de la Agencia Estatal de Vivienda, una nueva responsabilidad que recibo con compromiso y la convicción de seguir trabajando por las familias bolivianas”, señaló Vaca a través de sus redes sociales. La nueva autoridad anunció que se enfocará en mantener la cercanía con la población, abrir espacios de diálogo y acompañar las iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. Vaca señaló que, si bien los nuevos desafíos amplían sus responsabilidades, su compromiso con la población se mantiene. Antes de asumir el cargo, la nueva autoridad se desempeñaba como delegado presidencial en Tarija, labor desde la cual, según afirmó, mantuvo el compromiso de coordinar y dialogar con barrios, comunidades y autoridades de diferentes sectores de esa región. (ABI)