Medio Ambiente

40 animales silvestres son rescatados de un mercado

40 individuos de fauna silvestre fueron rescatados por la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (Felcda). Realizaron un operativo sorpresa en el Mercado Central del municipio de El Torno. La directora de Recursos Naturales, Indiana Ascarruz, destacó la coordinación con la Felcda y señaló que este tipo de operativos continuarán para combatir la comercialización ilegal de especies silvestres y proteger el patrimonio natural del departamento. Entre los ejemplares rescatados se encuentran 14 cotorritas ala amarilla, dos cotorras pecho plomo, individuos juveniles de piyos y una tortuga curichera, especie considerada poco frecuente en el departamento y que se encontraba siendo comercializada. Ascarruz explicó que la extracción de fauna silvestre genera un grave impacto sobre las poblaciones animales, debido a que en muchos casos implica la destrucción de nidos y la muerte de ejemplares adultos. Además, advirtió que una parte importante de los animales no sobrevive al proceso de captura y transporte. “La venta, comercialización y tenencia de fauna silvestre están penadas por ley”, recordó la autoridad, al hacer un llamado a la población a no adquirir estos animales y evitar su mascotización. Los 40 ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Derivación de la Gobernación (CAD), donde veterinarios y biólogos realizan una evaluación para determinar su estado de salud y establecer si están en condiciones de ser reinsertados a su hábitat natural o requieren ser derivados a un centro de custodia. Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, advirtió que toda persona que sea sorprendido comercializando animales silvestres será detenido y puesto ante el Ministerio Público. “Que esto sea un llamado de atención a las personas que se dedican al tráfico de la fauna silvestre, existe una acción penal y esto no quedará como un operativo más, se debe hacer la persecución penal contra estas personas que atentan a nuestra fauna”, acotó Fernández. Ambas autoridades coincidieron en continuar trabajando juntos de manera coordinada en futuras acciones de control y protección de la fauna silvestre. EJU TV

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Indígenas del Tipnis rechazan despido de guardaparques

Las tres organizaciones matrices del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) manifestaron su rechazo a la instrucción emitida por el Gobierno, que obliga al personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a poner sus cargos a disposición. A través de un pronunciamiento extraordinario firmado en la ciudad de Trinidad, las comunidades indígenas salieron en defensa de los guardaparques del parque, remarcando que se trata de comunarios originarios seleccionados por sus propias bases. La postura surge en respuesta a la resolución emitida por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Mario Justiniano, la cual instruye la reestructuración del Sernap y exige la renuncia del personal financiado con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN). Esta medida puso en estado de emergencia a más de 140 guardaparques a nivel nacional y encendió las alarmas en el TIPNIS. LEER: Guardaparques denuncian despido masivos Guardianes oriundos Las autoridades de la Subcentral TIPNIS, la Subcentral del Sécure y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) hicieron hincapié en que los guardaparques asignados a su área protegida no son ajenos al territorio, sino habitantes pertenecientes a las naciones Mojeño Trinitario, Yuracaré y Tsimane. «Aclaramos que la totalidad de nuestros Guardaparques del Sernap TIPNIS son hermanas y hermanos indígenas oriundos de nuestras comunidades, fueron seleccionados con la participación de las tres organizaciones indígenas (…), en el marco de la gestión compartida», enfatiza el octavo punto del pronunciamiento. Las organizaciones advirtieron que la remoción de este personal debilita la capacidad de vigilancia ante amenazas críticas como los avasallamientos, la deforestación, la ganadería, la minería, la cacería ilegal y la expansión de cultivos no autorizados. «La situación de los guardaparques no constituye únicamente un asunto laboral, puesto que su experiencia, conocimiento territorial y presencia en campo forman parte de las capacidades necesarias para la protección efectiva del área protegida», señala el documento. Exigen anular la resolución y consolidar beneficios En el documento, los corregidores y representantes indígenas exigen al ministro Justiniano dejar sin efecto la resolución y garantizar la estabilidad de los trabajadores. «Rechazamos que con el pretexto de cambio de ministerio y una reestructuración institucional se afecten los derechos laborales de las hermanas y hermanos indígenas guardaparques del Sernap TIPNIS», apuntan las organizaciones en su quinto punto. Asimismo, solicitan la institucionalización de los cargos directivos mediante la contratación de un director titular para el área y dos jefes de protección para las zonas norte y sur, puestos que permanecen acéfalos. A ello sumaron el pedido de presupuestos para equipamiento, nivelación salarial y el fin de los contratos anuales sin beneficios sociales. LEER: Demandas de guardaparques «Exigimos la continuidad laboral de los guardaparques (…) y que el instructivo pone en riesgo la integridad territorial de los recursos naturales del área protegida y TCO, lo cual podría ocasionar el incremento de los riesgos al interior del TIPNIS», concluye la resolución, ratificando el respaldo a la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC). El encuentro desarrollado en Trinidad también fue una oportunidad para analizar un proyecto de ley presentado por más de una veintena de legisladores para reponer el proyecto vial entre Cochabamba y Beni. Aunque la propuesta normativa no menciona expresamente que la carretera atravesará el parque, los indígenas manifestaron en un voto resolutivo que el trazo no pasará por su territorio si esa es la intención. VISIÓN 360

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Diputada: Ministro y AJAM admitieron que no fiscalizan la minería ilegal en La Asunta

La diputada Andrea Ballivián denunció que el Ministro de Minería como el director de la AJAM «nunca hicieron una fiscalización» de operadores mineros en la Asunta, La Paz. «En una Petición de Informe Oral, de 26 preguntas, han manifestado de forma sucinta que nunca hicieron una fiscalización en La Asunta. Se escudan en dos temas, que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y que ellos no tienen recursos, Es un tema muy alarmante. Solamente existen siete cooperativas constituidas legalmente, pero 170 posibles cooperativas mineras que quieren instalarse al borde del río Boopi», dijo la legisladora a RTP Informa. Ballivián informó que según la AJAM solo cuentan con tres oficiales policiales y dos vehículos, Añadió que ese problema se replica en otras instituciones que deben fiscalizar la minería ilegal. Expresó que después de «tocar puertas», logró que le asignen 25 policías para una fiscalización, aunque ahora busca movilidades y gasolina. Dijo que se reunió con más de siete organizaciones para tratar el tema de La Asunta, un conflicto que “lo han dejado pasar por mucho tiempo”. Ballivián afirmó que la actividad minera ilegal operada por ciudadanos chinos crece sin control en la zona de La Asunta. «Usualmente donde encontramos minería ilegal, siempre encontramos ciudadanos chinos. el río ya está de color plata por el mercurio«, expresó la diputada. Recordó que el Boopi se desbordó en agosto y afectó a 15 comunidades. LEER: Crece la minería ilegal También reveló que en una reciente intervención en pleno monte, liderada por la fiscal Magalí Bustamante, se halló un campamento clandestino de súbditos chinos con una caja fuerte de 1,65 metros de altura. «La justicia no procedió a su aprehensión en flagrancia. Los investigados fueron citados a declarar, pero no se presentaron ante la Fiscalía». RTP

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Frenan movimientos irregulares en el área protegida de Bolognia

La Alcaldía de La Paz intervino el bosque de Bolognia tras detectar movimientos de tierra que, según la inspección municipal, no contaban con las autorizaciones técnicas y ambientales correspondientes. Durante el operativo se precintó maquinaria y se notificó a las personas que realizaban los trabajos. La intervención fue ejecutada por la Subalcaldía de la Zona Sur y unidades técnicas del municipio, debido a que el bosque de Bolognia es considerado un área protegida municipal y cualquier movimiento de tierra requiere autorizaciones previas. Durante la inspección, los funcionarios verificaron trabajos que no tenían los permisos respectivos. Como medida inmediata, procedieron al precintado de la maquinaria pesada y entregaron notificaciones a los operadores, con el argumento de precautelar el uso de suelo, la seguridad de los vecinos y la conservación ambiental del sector. “Nuestra prioridad es el bosque de Bolognia. Al tratarse de un área protegida no vamos a permitir intervenciones que pongan en riesgo las especies de fauna y flora que aquí se preservan”, señalaron técnicos municipales durante el operativo. La Alcaldía anunció que continuará con las inspecciones para establecer quién autorizó los trabajos, cuál era su finalidad y si corresponde determinar responsabilidades administrativas por las intervenciones realizadas en el área protegida. El municipio también pidió a los vecinos reportar cualquier movimiento de tierra o intervención que pueda afectar el área mediante los canales de atención de la Subalcaldía Zona Sur y las unidades municipales responsables de control y gestión de riesgos. ERBOL

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Potosí se queda sin agua y piden ley de emergencia hídrica

El gerente general de AAPOS, Sergio Jancko, garantizó agua para Potosí hasta diciembre, con reservorios que reportan un 36,4 %, y pidió una ley de declaratoria de emergencia hídrica ante la llegada del fenómeno del Súper Niño, que amenaza con agravar la sequía en el occidente. “Esta gestión no hay riesgo, vamos a salir”, expresó a RTP Informa al explicar que varía el volumen de agua de los reservorios de Potosí, pero que urge una norma para poder activar planes de contingencia y captar recursos estatales. Reiteró que el suministro para esta gestión está respaldado por la aducción de San Juan, que aporta 150 litros por segundo permanentes, 70 de ellos destinados exclusivamente a la zona alta de Potosí. Jancko alertó que los proyectos concluidos en 2024 de San José-Alto Potosí y Chaluma siguen paralizados. Exigen al Alcalde, como MAE, la transferencia inmediata de su administración para operar el tanque de Alto Potosí y abastecer a los barrios más altos. La autoridad dijo que se trabaja en el rescate de Lackachaca, una laguna con 90% de almacenamiento y cuyo ducto principal cumplió su vida útil. Reconoció conflictos con comunarios para realizar el trabajo, pero tras un acuerdo de respetar el cauda ecológico se inició el cambio de 1.7 kilómetros de tubería para bombear 60 litros por segundo a la zona alta en un plazo de 45 días. MRCM-RTP

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Diputada: crece la minería china ilegal y la justicia los deja libres

La diputada de Unidad Nacional (UN), Andrea Barrientos afirmó que la actividad minera ilegal operada por ciudadanos chinos crece sin control en la zona de La Asunta, en el departamento de La Paz. «Usualmente donde encontramos minería ilegal, siempre encontramos ciudadanos chinos, En el río Boopi, hay siete cooperativas legales y 170 en las riberas. el río ya está de color plata por el mercurio«, expresó la diputada a RTP Informa. Recordó que el Boopi se desbordó en agosto y afectó a 15 comunidades. Reveló que en una reciente intervención en pleno monte, liderada por la fiscal Magalí Bustamante, se halló un campamento clandestino de súbditos chinos con una caja fuerte de 1,65 metros de altura. «La justicia no procedió a su aprehensión en flagrancia. Los investigados fueron citados a declarar, pero no se presentaron ante la Fiscalía». Ballivián reprochó al Ministro de Minería y el Director de la AJAM por falta de fiscalización, cronograma de trabajo y que se escuden en que la Fiscalía debe actuar en el caso. MRCM-RTP

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Súper Niño provoca anomalías térmicas en tres regiones de Bolivia

En la comunidad Candelaria, ubicada a 20 kilómetros de Concepción, la preocupación crece en medio del intenso calor. Estas  familias indígenas chiquitanas ruegan por lluvias que permitan recuperar los atajados que comienzan a secarse y que los incendios forestales no vuelvan a golpear. Zulma Camargo, vicepresidenta de la Organización Territorial de Base (OTB), señala que los comunarios saben que los pronósticos no son alentadores, considerando que ya están siendo golpeados por las altas temperaturas y que la falta de lluvias está afectando los reservorios de agua. El Servicio Nacional de  Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que el país comienza a sentir los efectos del fenómeno del Súper Niño, que está generando “anomalías térmicas” en distintas regiones. El director de esta institución, Kevin Campos, alertó que este calentamiento ya se manifiesta en diferentes zonas del país y anticipó que sus efectos podrían alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre septiembre de este año y enero de 2027. Los datos del Senamhi muestran que distintas zonas ya sienten los efectos de este fenómeno. En julio, 45 de las 50 estaciones meteorológicas monitoreadas registraron máximas medias por encima de lo normal. San Javier, por ejemplo, alcanzó 29 grados centígrados, cuando su promedio para ese mes es de 25 grados. En Camiri, la temperatura llegó a 26,48 grados, frente a una media de 23,70 grados. Pero tres estaciones alcanzaron temperatura récord, al superar sus extremas históricas para ese mes. Puerto Suárez llegó el 30 de julio a 44,3 grados centígrados, por encima del récord de 37,4 grados registrado en julio de 2024. En Oruro se alcanzaron 22,4 grados, superando el registro histórico de 21,5 grados para ese mes. Mientras que Sarco, en Cochabamba, llegó a 34 grados, por encima de los 33,8 registrados en 2022. Campos explicó que esta anomalía térmica provocó un calentamiento superior a 1,8 grados en La Paz y que otras regiones también experimentan incrementos. Ante este panorama, el Senamhi pidió a las autoridades subnacionales y a los pobladores tomar previsiones para enfrentar los periodos de sequía y reforzar las acciones destinadas a prevenir incendios forestales. En Candelaria, por ejemplo, los comunarios ya concentran sus esfuerzos en la prevención. Una de sus principales tareas es vigilar para evitar quemas y chaqueos. Sin embargo, también necesitan preparar sus terrenos para garantizar la producción de alimentos. Camargo explica que la comunidad  tiene listo un plan de contingencia que contempla quemas controladas que será presentado al municipio para su visto bueno.  Camargo recuerda que en años anteriores la falta de lluvias y los incendios impidieron la siembra y algunas familias tuvieron que “comerse” hasta las semillas que habían guardado para la siguiente campaña. El año pasado, la comunidad tuvo que recurrir a instituciones para volver a sembrar.  Para responder a cualquier contingencia por incendios, la comunidad cuenta con dos brigadas de bomberos comunales, cada una integrada por 10 personas. Para mitigar los efectos de la sequía, la dirigencia presentó una solicitud a la Alcaldía para que los atajados sean abastecidos con agua mediante cisternas, debido a que algunas familias dedicadas a la cría de ganado ya enfrentan dificultades para garantizar el suministro de agua para sus animales. EL DEBER

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Tarija impulsa foro científico ante un «grave» fenómeno de El Niño

En la Alcaldía de Cercado (Tarija) impulsan un foro con expertos para conocer la magnitud del fenómeno climático ‘El Niño’ y definir un plan de contingencia destinado a mitigar sus efectos. El secretario municipal de Medio Ambiente, Fernando Castellanos, dijo que no se tiene una información cabal de lo que sucederá en el Valle Central de Tarija. «Se habla de que habrá sequía, algunos mencionan lluvias y otros dicen que va ser la combinación de los dos. Por eso estamos organizando un foro con la participación de expertos climatólogos para tener una información científica a fin de definir las acciones a ser incorporadas en el plan de contingencia», afirmó. Castellanos declaró que al parecer el fenómeno El Niño se avecina con consecuencias muy graves. Sin embargo, aseveró que es fundamental que las entidades subnacionales, el sector productivo, juntas vecinales y otros estén unidos para coordinar las acciones y enfrentar esta alteración climática originada por el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico. El economista Juan Carlos Cuenca mencionó que a nivel mundial comienzan a sentirse los efectos como sucedió hace poco en territorio entre China y Nepal, en Chile y otros países. «Este es un fenómeno que ya se manifiesta porque es global, en todo el mundo. El problema que tenemos en Tarija es una economía débil que, si no tenemos precaución, va afectar al sector agropecuario por la sequía», comentó. Cuenca consideró que las autoridades del departamento y de los municipios deben priorizar acciones con el sistema de almacenamiento de agua si hay sequía y proyectos de defensivos en caso de generarse lluvias. EL DEBER

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Solón alerta que solo 10% tiene contrato legal minero en el país

El investigador Pablo Solón advierte que solo 10% de operadores mineros tienen contratos legales y que la mayoría inicia la explotación ilegal amparados en una simple solicitud que no les otorga ningún derecho, principalmente en el departamento de La Paz. «Con la simple solicitud de iniciar un trámite ya consideran que tienen los derechos mineros y empiezan a sacar su maquinaria o hacer acuerdos con inversionistas extranjeros o nacionales también para explotar. Y esto está generando un profundo caos”, expresó el experto en RTP Informa Solón calificó como la «punta del iceberg» el conflicto de La Asunta, La Paz donde hubo toma de un campamento, retención de maquinaria y quema de instalaciones en el río Boopi por comunarios contra supuesta actividad minera ilegal. Solón aclaró que el mapa minero no es homogéneo. Según sus datos hasta principios de 2025, en el país habría alrededor de 12.540 trámites mineros, desglosados en tres grupos. 10% con contrato real, 30% en Autorizaciones Transitorias Especiales, es decir derechos en proceso de adecuación “desde hace ya más de una década”. Además, de 7.400 nuevas solicitudes. Ponderó que la Gobernación de La Paz pida a la AJAM un informe sobre quiénes son los actores mineros en cada municipio y el Estado debe transparentar esos datos a la población para conocer quienes tiene contrato real, autorización transitoria o solo trámite. Aseveró que «este caos» se da al margen de la norma ambiental y de los derechos territoriales. “Muchas de ellas no cumplen con los trámites de una licencia ambiental, no tienen un plan de mitigación y de remediación de daños, no han realizado una consulta previa, libre e informada, o si lo han hecho ha sido de manera muy formal, sin cumplir con los estándares internacionales. Entonces esta situación es muy grave”. Solón acotó que algunos municipios paceños tienen casi el 80% de su territorio ya solicitado. Dijo que el mismo patrón aparece en Palos Blancos y Alto Beni, La Asunta, aunque sostuvo que pueden declararse libres de actividad minera en ciertas áreas o en todo su municipio para no afectar otras actividades productivas sostenibles, como ser la producción de cacao o de café o la producción agroecológica. Solón adviertió que el peor error sería una ley escrita solo por actores mineros ya que el resultado sería una norma permisiva contra el medio ambiente, la naturaleza y los pueblos afectados por el mercurio. Dice que la legislación actual es un “laberinto” con atajos para operar sin cumplir toda la norma. Aseveró que la AJAM no tiene capacidad de control y depende de otras entidades, por lo que urge su autonomía con mando real y multidisciplinaria para que nadie enfrente de manera integral a la minería ilegal. Insistió en una reforma total de la ley minera porque si no se adoptan medidas, “la situación va a continuar y se va a agravar cada vez más”. MRCM-RTP

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