Medio Ambiente

Exdirectorios de El Ceibo R.L. ratificaron modelo agroecológico libre de minería en Rurrenabaque En el marco del 13º Encuentro Consultivo, los exdirectorios de El Ceibo R.L. se reunieron en Rurrenabaque entre el 19 y el 21 de noviembre con el objetivo de impulsar el modelo agroecológico y reafirmar su compromiso de mantener municipios libres de minería. El evento generó un espacio de análisis, reflexión y proyección institucional. Durante las tres jornadas, representantes de las 48 cooperativas afiliadas participaron activamente en mesas de trabajo destinadas a debatir, evaluar y formular propuestas estratégicas en áreas productivas, administrativas y sociales. ÁNGEL LOZANO-RTP

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Dirección de Apoyo al Norte Amazónico (DANA) organizaron el conversatorio “Comunidades, Sostenibilidad y Desarrollo Local”, donde representantes de unas 50 comunidades indígenas del Bajo Madidi expusieron sus experiencias y desafíos para construir un modelo de desarrollo sostenible que preserve el ecosistema amazónico. Durante el encuentro, el Comité de Gestión del Área Municipal de Conservación y Manejo del Bajo Madidi reiteró la necesidad de fortalecer la protección de esta región, considerada estratégica para la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Las comunidades plantearon un modelo de gestión que articule saberes locales y académicos, con énfasis en la preservación de los recursos naturales y la autonomía territorial. El conversatorio permitió visibilizar las demandas y abrir camino hacia un pacto territorial por la sostenibilidad, que combine innovación, participación comunitaria y respaldo institucional. ÁNGEL LOZANO-RTP

Santa Cruz y La Paz viven una tragedia ambiental con un denominador común: la minería ilegal sin control. Las lluvias torrenciales provocan inundaciones, deslizamientos y riadas que cada año son más intensas y provocan mayores desastres. Para el docente e investigador de la UMSA, Vladimir Gutierrez, estos hechos generan tres impactos que están relacionados directamente con la actividad minera. Si no controlamos la actividad minera y continuamos con este nivel de destrucción de los bosques y las fuentes de agua, los expertos advierten que este tipo de fenómenos serán devastadores en los próximos años. Según la Gobernación de Santa Cruz, al menos 1.000 personas resultaron afectadas y 560 familias quedaron damnificadas con sus viviendas destruidas tras el rebalse de las aguas y la riada en Samaipata. En total, se cuantificaron 112 hectáreas de producción agrícola afectadas, además de 30 kilómetros de caminos dañados, entre ellos tramos de la carretera Santa Cruz–Samaipata y diversas rutas intercomunales. Las comunidades más golpeadas por las intensas lluvias son Achiras, Alto Florida, Alto La Yuruma, Bella Victoria, Monteagudo, San Antonio Bermejo, La Coca Sur, La Coca, Palermo, San Juan del Rosario, Vallecito, Chacras, Paredones, La Misca, Bella Vista, además de la carretera hacia El Fuerte y otras zonas rurales. En La Asunta, en La Paz, los habitantes se vieron afectados por las últimas lluvias. La Gobernación paceña dijo que activará la ayuda a pedido de las alcaldía. ÁNGEL LOZANO-RTP

El activista ambiental Francisco Prada revela un crecimiento de la actividad minera ilegal en la parte posterior del Illimani, donde se establecieron por lo menos 40 empresas mineras ilegales dedicadas a la explotación de oro. Pero ahí no acaba la cosa, toda la tierra con mineral extraído de esa región, es trasladada en volquetas todos los días a la ciudad de Viacha donde existen plantas que procesan y refinan el mineral para obtener oro. Aparentemente, existe una conexión ilegal que contamina estos dos sectores. Lamentablemente, la actividad minera ilegal crece en varias regiones del país, sin ningún tipo de control y en este caso la contaminación afecta a dos regiones y sus poblaciones. ÁNGEL LOZANO-RTP

El Movimiento Ecologista Boliviano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, colectivos ambientales, plataformas juveniles, centros de rescate de fauna silvestre, colegios profesionales y organizaciones indígenas; se declara en estado de emergencia nacional ante la posible fusión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como por la designación de Óscar Mario Justiniano Pinto como Ministro de Medio Ambiente y Agua e interino de Desarrollo Productivo. Advierten que estas medidas debilitan la institucionalidad ambiental, reducen capacidades técnicas y presupuestarias y profundizan un modelo extractivista basado en la expansión agroindustrial, la deforestación y el uso de agroquímicos tóxicos. El reciente informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH sobre los incendios de 2024 estableció que estos fueron el resultado de “condiciones estructurales” vinculadas al avance ganadero y sojero. En este contexto, las organizaciones consideran que la designación de Justiniano, representante del sector agroindustrial, constituye un conflicto de intereses incompatible con el mandato ambiental del Estado. El Movimiento demanda al Presidente de Bolivia: – Destitución del ministro Óscar Mario Justiniano.  – Nombramiento de una autoridad con solvencia ética, trayectoria técnica y compromiso ecológico. – Restitución de la autonomía institucional y presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. – Auditoría independiente a la gestión ambiental del periodo 2020–2025, incluyendo ABT, SERNAP, INRA y AAPS. – Mesa de diálogo multisectorial y vinculante con sociedad civil, pueblos indígenas, academia y juventudes. Bolivia enfrenta un deterioro ambiental acelerado: pérdida de bosques, contaminación por agroquímicos y mercurio, reducción de fuentes de agua y afectaciones a la salud pública. En 2024, el país fue el segundo con mayor pérdida de bosque en el mundo. Finalmente, el Movimiento solicita una reunión directa con el Presidente para presentar las demandas de la ciudadanía organizada, señalando que no representan intereses empresariales ni partidarios, sino la defensa del agua, los bosques y la vida en el país. A continuación, la carta enviada al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira: REVISTA NÓMADAS

El Ministerio Público formalizó la imputación contra dos personas por tráfico de vida silvestre y biocidio, tras el hallazgo de 581 cadáveres de vizcachas y decenas de sullus (fetos de llama) en una vivienda particular de la ciudad de Oruro. Pide 60 días de detención preventiva, para los involucrados. «El Ministerio Público ha acumulado todas las evidencias. Estas vizcachas están en el Libro Rojo, que no permite su caza porque están en peligro de extinción. Con base en los actos investigativos, se ha presentado la imputación formal solicitando la detención preventiva por 60 días», explicó el fiscal Willians Paredes. El caso se encuentra en etapa preparatoria y el Ministerio Público acumuló suficientes evidencias, junto a la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y el Gobierno Departamental. El operativo, ejecutado por la Fiscalía de Medio Ambiente y Pofoma, permitió el secuestro de 581 cadáveres de vizcachas y 89 sullus de llama, hallados apilados en el patio y el techo del inmueble. Según el informe oficial, algunos de los animales estaban en estado de análisis, evidenciando un proceso de secado ilegal. Las primeras investigaciones establecieron que los restos serían utilizados en rituales y ofrendas a la Pachamama, práctica cultural que –recordó la Fiscalía– debe realizarse bajo las normas de protección de fauna silvestre. «Del informe y las entrevistas se advierte que estas vizcachas estaban destinadas a mesas rituales. Los implicados, que se hacían pasar por curanderos, traficaban estos animales entre La Paz y Cochabamba», indicó el fiscal. La audiencia de medidas cautelares fue fijada para las 17:00 de este miércoles, donde la Fiscalía buscará demostrar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales para sustentar su solicitud de detención preventiva. CORREO DEL SUR